Un grupo de campesinos del norte, centro y sur del Cesar se reúne periódicamente para discutir qué tanto han avanzado las solicitudes de restitución. En medio de amenazas, hacen veeduría a los funcionarios, jueces y magistrados que se encargan de los procesos.
Voceros de las víctimas se reunieron con los representantes de la oenegé holandesa Pax y de la Organización de Estados Americanos, Mapp OEA, el pasado 5 de noviembre, para discutir qué tanto se ha avanzado en los objetivos de la asamblea. Foto: Jesús Fragozo.Que las comunidades del Cesar están cada vez más solas, que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en ese departamento no hace bien su trabajo y que parte de los opositores es aliado del gobierno municipal, son algunas de las denuncias que hizo Miguel Ricardo Serna, líder de víctimas de la parcelación El Toco (San Diego), durante un encuentro de la ‘Asamblea de Campesinos del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir’, realizado el pasado 5 de noviembre en Valledupar.
Ante otros campesinos y representantes de la oenegé holandesa Pax y de la Organización de Estados Americanos, Mapp OEA, habló sobre los procesos de restitución que están “paralizados” como los de la parcelación El Caimán, Santa Isabel y La Concordia, en Agustín Codazzi, y algunas veredas de los municipios de El Copey y Becerril. “Los ‘paras’ nos han perjudicado, pero también los entes del Estado como la Fiscalía, que no investigan a las personas que están detrás de las amenazas a los reclamantes de tierra”, dijo Serna.
La ‘Asamblea de Campesinos del Cesar por la Restitución de Tierras y el Buen Vivir’, es un mecanismo creado en marzo de 2013, luego de que varios reclamantes de Aguachica, La Gloria, Pelaya y Tamalameque, denunciaran que eran víctimas de amenazas por impulsar la restitución. Casi tres años después, se convirtió en una muestra real de los reclamos de los campesinos y las deudas históricas por parte del Estado. Hoy más de 3600 víctimas de 14 comunidades del norte, centro y sur del departamento, hacen parte de ella. “Es un mecanismo que busca oxigenar la participación de las víctimas con el Estado”, sostuvo Angélica Arias Preciado, miembro de Pax.
A pesar de que a las asambleas han sido invitados representantes de varias instituciones del Estado para comprometerlos con lo exigido por los campesinos, los problemas de seguridad, por ejemplo, son permanentes. Ricardo y una líder de El Copey, Deyis Carmona Tejeda, también vocera de la Asamblea, fueron declarados “objetivo militar”, y la Unidad Nacional de Protección apenas les ha provisto un celular. “Mientras tanto, en tres predios de la vereda San Miguel, en el Copey, han amenazado a varios campesinos este año”, afirmó Carmona, quien también es presidenta de la Asociación Veredal de Víctimas (Asovervic). Esta asociación está al frente de los procesos de restitución de otras cuatro comunidades: ‘Entre Ríos’, ‘Piedras Blancas’, ‘La Mano de Dios’ y ‘El Indio’.
Deyis Carmona Tejeda se desplazó en dos ocasiones de la vereda Entre Ríos, en 1996 y 1999, y su hermana fue asesinada por un grupo de paramilitares que la engañó para sacarla del pueblo. Foto: Jesús Fragozo.“En junio (de este año) dos hombres que no eran del pueblo y se movilizaban en una moto, me persiguieron hasta una Estación de Policía, donde me refugié por un tiempo”, contó Carmona, quien desde 2012 ha sido blanco de amenazas por parte de un grupo de ganaderos y opositores que se ubicaron en las parcelas que fueron despojadas por el Frente Resistencia Chimila de las Autodefensas.
La Policía del Cesar, sin embargo, sostuvo que solo ha conocido dos denuncias por amenazas en lo que va de 2015: una en el corregimiento de Casacará, en Agustín Codazzi; y otra en el municipio de San Diego.
Por su parte, Luis Alfonso Ruiz, director de la URT en el Cesar dijo que: “a la Unidad le han echado la culpa de todo lo malo del proceso de restitución”, y sostuvo que esta entidad no hace investigaciones de tipo judicial, pero sí corrobora -en un periodo de dos meses- que los solicitantes sean víctimas de desplazamiento forzado. “Hasta el pasado 23 de octubre se resolvieron 2.064 solicitudes; más de la mitad fueron este año. Y se espera que en las próximas semanas se conozcan 67 fallos”, agregó. Y sobre los opositores que al parecer son aliados del gobierno municipal o testaferros de exparamilitares, Ruíz pidió a quienes han puesto esta denuncia que presenten pruebas porque hasta el momento no se ha conocido ni una.
La Asamblea de Campesinos del Cesar planea realizar un encuentro en Valledupar el próximo 10 y 11 de diciembre con funcionarios del gobierno para poner sobre el tapete lo que está pasando en los municipios de El Copey, Bosconia y Becerril principalmente. Durante esa jornada se realizará, además, un conversatorio en el que se harán propuestas para mejorar la situación de miles de campesinos y alertar sobre los riegos de un departamento clave en el posconflicto. La aplicabilidad de los acuerdos que se firmen en La Habana será una labor titánica en esta región.
