Los campesinos que huyeron a principios de 1997 de esta parcela en San Diego, Cesar, piden que se les restituyan sus tierras. La mayoría de las demandas está en el Tribunal Superior de Cartagena hace más de un año.
La Quinta era el punto donde se reunían los campesinos de El Toco. Ahí celebraban las fiestas patronales y hasta discutían sobre cómo el Incora (hoy Incoder) les titularía los predios.
El Toco está a más de 30 minutos en moto desde Los Brasiles, un corregimiento de San Diego, Cesar. Hay que atravesar ese caserío- mitad pueblo mitad fantasma-, donde no ha retornado más de la mitad de la población que huyó tras una incursión paramilitar hace 15 años. La vía de acceso está en mal estado, y la mayoría de las 65 familias desplazadas que forma parte de la Asociación Comunitaria de Parceleros de El Toco (Asocomparto), está asentada en el municipio de Agustín Codazzi, a la espera –la larga espera- de un fallo que les restituya sus tierras.
La gente de El Toco se queja, entre otras cosas, porque algunas sentencias, que ya se han conocido, solo favorecen a los opositores. Hace dos meses organizaron una manifestación a las afueras de las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras en Valledupar, en la que pidieron al director de esa entidad, Luis Alfonso Ruíz Alegría, que entregara las solicitudes que hacían falta, “para ver si por fin restituyen los predios”.
“No hay coherencia en el tema jurídico. En Cartagena hay varias solicitudes que se enviaron hace más de un año y todavía no han fallado, y hay otros procesos que están en la etapa administrativa. Nos están bailando el indio”, dice Miguel Antonio Ricardo Serna (55 años), presidente de Asocomparto, y asegura que está intranquilo, sobre todo después de que a principios de julio de este año robaran dos computadores del Juzgado Segundo de Restitución de Tierras en Valledupar, en los que había información confidencial de las víctimas.
En 2011, cuando se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno escogió a El Toco como un caso emblemático de restitución. Pero han pasado cuatro años y los campesinos todavía denuncian que no ha pasado nada. Lo único que permanece son los recuerdos de cómo los hombres de ‘Jorge 40’ llegaron a la parcelación en 1997, después de que el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, hoy Incoder) adquiriera la hacienda El Toco de Alfonso Murgas, un hacendado que sembraba palma africana. El 22 de abril de ese año, el Frente Juan Andrés Álvarez –que fue comandado por John Jairo Esquivel, alias ‘El Tigre’- mató a Daniel Cogollo Badillo, presidente de la junta de acción comunal, y a Darío Enrique Parada Ortega, un parcelero, porque supuestamente eran guerrilleros. Y al mes siguiente, después de que volvieran los campesinos que se habían desplazado tras el doble homicidio, mataron a cinco hombres más. Las víctimas habían vuelto porque no tenían a dónde ir y estaban esperando los títulos de propiedad que el Incora les había prometido. (Ver: El Toco, la historia de una reforma agria).
“Queremos volver a El Toco porque nosotros fundamos la parcelación. No estamos de acuerdo con una sentencia que nos compense en otro lugar”, dice Elver Estrada (50), un campesino que se desplazó con su esposa y sus tres hijos a Codazzi, donde trabaja como albañil. Cuatro solicitudes -hasta el momento- han fallado a favor de los opositores, que llegaron al parecer en el año 98. Las cuatro familias víctimas, mientras tanto, han sido compensadas en una finca de 92 hectáreas llamada La Argentina, que está en la vereda El Faro del municipio de Aguachica, al sur del Cesar.
Más fallos para septiembre y octubre
Zuleine Mosquera es una de las pocas campesinas que se negó a perder su parcela, retornó junto con su esposo en 2006.
Una casona de paredes agrietadas y tejas rotas que está al lado de una pequeña escuela, es la primera casa que hay en El Toco. La Quinta, como se llama ese lugar, era el punto donde se reunían los campesinos. Ahí estuvo Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’, cuando utilizó entre 2000 y 2006 cerca de 27 parcelas para pastar ganado. Él era quien se encargaba de las ‘finanzas’ del Frente Mártires del Cesar. Y ahí también estuvo Zuleine Mosquera (45), una de las pocas campesinas que retornó sin tener título de propiedad, cuando asistió en 2006 -después de que se desmovilizaran las AUC- a una reunión para coordinar los detalles de un retorno al que no estaba invitada, pese a que se desplazó en 1997.
“El gerente del Incora por aquel entonces, Carlos Reyes, me dijo que sólo retornarían los dueños de las parcelas que habían sido adjudicadas después del primer y segundo desplazamiento, un grupo de familias que no residía en El Toco; y que si quería retornar, tenía que hacerlo por mi cuenta”, recuerda Mosquera.
El director de la Unidad de Restitución en el Cesar dice que los campesinos que participan como opositores en los procesos, también fueron reconocidos como víctimas; y que los miembros de Asocomparto están mal informados. “Los jueces y los magistrados de tierra son los que restituyen, más no la Unidad, como ellos creen. Son 31 solicitudes y 7 sentencias que ya están por producirse en el Tribunal Superior de Cartagena”, agrega.
Sin embargo, la magistrada Ada Lallemand, de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras de la capital de Bolívar, asegura que los procesos de El Toco son complicados, en especial porque algunas demandas vienen con problemas de investigación desde Valledupar, y el tema de segundos ocupantes hay que analizarlo con mucho cuidado.
“La idea es resolver entre septiembre y octubre 8 solicitudes; de esas, 7 forman parte de una solicitud de acumulación. El Consejo Superior de la Judicatura profirióel año pasado un acuerdo para descongestionar los despachos de Cartagena, es así como otros procesos de esa parcelación pasaron a Cucutá y Cali”, sostiene.
Los desplazados de El Toco, mientras tanto, seguirán protestando por las promesas incumplidas. Ellos siguen a la espera del retorno a la tierra que perdieron por la violencia.
