La decisión de la Fiscal 5 Especializada ante el Juez Único Penal de Valledupar involucra a 16 personas señaladas de asociarse para quitarles las tierras a un grupo de campesinos de la parcelación Santa Fe. También pide capturar a Edgardo Percy Diazgranados, exgerente de la mina La Jagua.
Las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en la parcelación Santa Fe, del municipio de Becerril, y que generaron un despojo masivo de tierras, comenzaron a dar sus frutos: el pasado 31 de octubre la Fiscal 5 Especializada ante el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar encontró méritos para investigar a 16 personas, entre ellas a Edgardo Percy Diazgranados, contra quien se libró orden de captura, como coautores de los delitos de homicidio en personas protegida, en concurso con el delito de desaparición forzada, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado, y concierto para delinquir agravado. (Lea la orden aquí)
Los crímenes están relacionados con el desplazamiento forzado y posterior despojo de sus predios del que fueron víctimas por lo menos 21 familias, de las 30 que el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) tituló en 1991. Este portal realizó un detallado reportaje publicado en agosto pasado bajo el título Las empresas ‘tiznadas’ por las tierras de Santa Fe.
Con base en archivos públicos, bases de datos, mapas y entrevistas, este medio documentó la violencia de la que fueron víctimas los campesinos beneficiarios del Incora. Las familias fueron afectadas por varios actores armados: primero por el Ejército y las Farc; y luego por paramilitares del Frente Juan Andrés Álvarez, adscrito al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
La historia reciente registra que 1991 y 2004 fueron asesinados en esa región cinco parceleros y la comunidad desplazada de forma reiterada; asimismo, en veredas y corregimientos cercanos se perpetraron tres masacres.
La investigación que ahora reanuda la Fiscalía corresponde al periodo 1997-2006, época de gran actividad paramilitar que azotó esta región. En versiones ante estrados de justicia ordinaria y transicional, varios exparamilitares desmovilizados le contaron al Ente acusador que altos directivos de la empresa Carbones del Caribe aprovecharon el conflicto armado para comprar tierras de la parcelación Santa Fe y pagar al grupo paramilitar para evitar el retorno de los labriegos.
De acuerdo con esas confesiones, dicha tarea fue delegada a Edgardo Percy Diazgranados, gerente de la mina La Jagua, por su jefe Alfredo González, gerente general, quien a su vez le respondía a Juan Manuel Ruiseco, presidente en aquella época de la junta directiva y accionista minoritario de la empresa.
Los nombres de los tres empresarios son relacionados en la reciente orden de la Fiscal, que solicita además a las autoridades allegar a su despacho los antecedentes penales de los sindicados, la identificación e individualización de Gloria Otero Espitia [esposa de Percy Diazgranados], así como las de alias ‘Cristian’ y ‘Escorpión’, dos paramilitares al mando de Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’, quien comandó el Frente Juan Andrés Álvarez.
En sus órdenes, la Fiscal 5 también solicitó a la Fiscalía 58 de Justicia y Paz allegar los clips de las versiones libres que hayan dado desmovilizados de las Auc sobre los desplazamientos y asesinatos ocurridos en Santa Fe entre 1997-2006.
Pidió, además, a la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Cesar-Guajira, los procesos administrativos que avalaron la “microfocalización” para documentar el despojo y desplazamiento de la parcelación, y las resoluciones que permitieron el ingreso de las reclamaciones de restitución en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas (Lea: La fallida restitución en el Cesar).
Lupa al título minero
Tres de las 30 parcelas que componen la parcelación Santa Fe aparecen a nombre de Carbones La Jagua. En la entrada a las fincas está el letrero que anuncia “propiedad privada”. Foto: VerdadAbierta.com.Juan Manuel Ruiseco Vieira, quien fue presidente de la junta directiva y representante legal de Carbones del Caribe entre 1997 y 2005, así como Presidente de Cementos Argos entre 1999 y 2003, logró un contrato de concesión minera sobre 5.963 hectáreas, en Cesar, área que se traslapa y sobrepasa la parcelación Santa Fe.
Según el registro del Catrastro Minero, este contrato fue concedido por 29 años y abarca no sólo el municipio de Becerril sino el vecino de La Jagua de Ibirico. Después de varios años de desplazamiento, los campesinos creen que esta es la razón de fondo por la que fueron desterrados de sus predios.
Como varias de las reclamaciones de campesinos despojados de la Santa Fe hacen trámite ante jueces de restitución de tierras, en febrero de 2017 el Juzgado Segundo Especializado de Restitución de Tierras de Cesar ordenó a la Agencia Nacional Minera suspender parcialmente el título minero, justo en el área donde este se superpone con el territorio reclamado por las víctimas.
Lo anterior explica por qué la Fiscal 5 le solicitó al Ministerio de Minas y Energía enviarle una relación de los títulos mineros que afectan la parcelación, así como un informe sobre la entidad que ejecuta el contrato de concesión, “teniendo en cuenta la exploración y explotación sobre los predios a restituir”. (Ver contrato de concesión).
En la actualidad, 21 de los campesinos desplazados de Santa Fe reclaman la restitución de sus fincas en aplicación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Sin embargo, afrontan varias situaciones: tres de los predios fueron convertidos en un botadero de residuos de carbón y transferidos a Carbones La Jagua; y otros 13 fueron sembrados con 18.165 plántulas de palma de aceite.
Como quedó consignado en varios documentos públicos y empresariales, la que sembró estas parcelas fue la antigua firma Carbones del Caribe [en la actualidad Sator, filial del Grupo Argos], la misma que, en febrero de 2005, le entregó las tierras cultivadas a la empresa Carbones Sororia en contraprestación a un acuerdo económico firmado una década atrás (Vea acta de entrega).
Varias fuentes le aseguraron a VerdadAbierta.com que los campesinos temen sobre las repercusiones de la restitución de tierras, pues dos hijastros de Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias ‘Barbie’, ingresaron en 2005 como socios de Carbones Sororia. Y su temor no es infundado: este ganadero, prófugo de la justicia tras ser condenado por patrocinar la llegada de las Auc a Valledupar, es señalado de amenazar a los campesinos “por reclamar el patrimonio de sus hijos”. Lo mismo ha ocurrido con otras comunidades víctimas en el departamento de Cesar. (Lea: Hugues Rodríguez, ¿el eslabón perdido del paramilitarismo en el Cesar?)
Aunque Carbones Sororia y Sator libraron un pleito por la transferencia de las tierras, ninguna de las empresas se opuso al proceso de restitución, una decisión que puede estar relacionada con su preocupación por daños en su reputación empresarial, caída de las acciones en la bolsa o, en efecto, un eventual llamado a juicio.
La decisión de la Fiscal 5 marca un precedente en el proceso de restitución de tierras en Santa Fe, que sigue a la espera de la primera sentencia y sobre el que la Unidad de Restitución asegura “avanza positivamente”, y contrasta con lo fallado por la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que acaba de eliminar la obligatoriedad de que los “terceros responsables” en el conflicto armado acudan al Tribunal para la Paz. (Lea: ¿Corte Constitucional dejó a medias la justicia transicional?)
