Casi la mitad de los combatientes de la columna móvil ‘Arturo Ruiz’ de las Farc fueron menores de edad reclutados durante el proceso de paz del Caguán y ahora ese es uno de los casos más emblemáticos por los que investigan al grupo insurgente.
En pleno corazón del parque del corregimiento de Turbay, los grupos armados planeaban sus ataques contra la población. Para ello, utilizaban el salón comunal que aparece al costado izquierdo de la imagen. Foto: Cortesía Unidad para las Víctimas.
Uno de los cinco frentes creados en la Zona de Distensión. Decenas de niños reclutados para engrosar las filas. Una travesía de cinco meses rumbo al Magdalena Medio. Un operativo militar inesperado en Santander. Así se resumen los inicios de la columna móvil ‘Arturo Ruiz’ de las Farc.
Esta facción nació en Caquetá en julio de 2000, bajo el mando de Israel Martínez, alias ‘Rogelio’, según informes de la Quinta Brigada del Ejército Nacional a los que tuvo acceso VerdadAbierta.com. Casi la mitad de sus combatientes eran niños y niñas, a pesar de que en los estatutos guerrilleros se comprometen a no tener jóvenes menores de 15 años.
“‘El Mono’ (Jojoy) nos trasladó pal’ secretariado, pa’ donde está el camarada ‘Manuel (Marulanda)’, el Estado Mayor de todas las guerrillas. Entonces allá llegamos y ‘El Mono’ nos habló a todos. Nos dijo que íbamos para el Norte de Santander, íbamos a pelear y que estuviéramos preparados para todo”, le dijo Ramón a Human Rights Watch (HRW) en 2002, quien fue reclutado por la columna ‘Arturo Ruiz’ cuando tenía 13 años.
En su informe ‘Aprenderás a no llorar’, este organismo internacional asegura que de 400 combatientes que tenía esa columna móvil, por lo menos 150 eran menores de edad. Y es que en varios de los puertos en los que se detuvieron, las Farc incorporaron más jóvenes a sus filas. Así ocurrió en Mesetas, Uribe, Villavicencio y Puerto Concordia, en Meta, y en la vereda La Reforma, de Miraflores, Guaviare, como lo anotó en su momento la Fiscalía.
Esa información fue respaldada por los testimonios de los menores de edad que se desvincularon de la columna móvil y que fueron entrevistados por el Ejército. Por ejemplo, Luz Adriana López fue reclutada por un miliciano del Frente 7 de las Farc en junio de 2000. Ella tenía 13 años cuando la reclutaron y la ubicaron en el caserío Puerto Cachicamo, en el río Guayabero, entre Caquetá y Meta.
“Recibió adiestramiento delictivo por espacio de20 días, que consistía en efectuar ‘patrullas’ de día y noche, instrucción de armamento, charlas políticas y técnicas de combate. Agrega que el entrenamiento fue muy corto, al cabo del cual fue enviada con aproximadamente 40 antisociales para la zona de distensión”, apunta la entrevista de la Quinta Brigada.
Ella le aseguró a la Fuerza Pública que Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, hoy máximo jefe de las Farc, les explicó a los nuevos integrantes de la ‘Arturo Ruiz’ que en el lugar al que se dirigían “existe mucho enemigo y es posible que todos los días se tenga que combatir”, por lo que debían estar preparados.
Por su parte, Ramón aseguró que Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, sacó 350 guerrilleros de los frentes 40, 43, 44 y 67 para conformar la columna móvil. A su vez, ésta tenía cuatro compañías: la ‘Javier Ramírez’, al mando de alias ‘El Negro Luis’; la compañía ‘José Parménides Castro’, comandada por alias ‘Milton’; la ‘Rafael Vargas’ y su comandante alias ‘Ubaldino’ y, por último, la ‘Germán González’, bajo el mando de alias ‘Fredy’.
El objetivo de esta columna era recuperar espacios militares y políticos en el Magdalena Medio y como no podían trazar un camino directo por razones de seguridad, planearon un viaje con los lugares donde ya había otros frentes subversivos. En cada puerto al que llegaba la columna, otros guerrilleros los guiaban debido a la falta de conocimiento de la zona de aquellos, tal como lo explicó el general Jorge Enrique Mora en el 2000, entonces comandante del Ejército. Pero jamás contaron con un golpe militar a mitad del camino.
La travesía comenzó desde Uribe, en el Meta. Un mes y medio después estaban en Guaviare con el Frente 1, la misma que tenía secuestrados a varios de los militares que cayeron en tomas como las de Miraflores y El Billar, en 1998.
En agosto del 2000, la columna móvil ya estaba en Guainía. “Un día mientras el camarada ‘Rogelio’ nos estaba hablando, una muchacha que estaba enamoradísima de un comandante y él no le ponía cuidado, la mandaron a prestar guardia e iba con una pistola y se la puso acá, se voló todo esto así. Se puso la pistola acá, apretó el gatillo y ella misma se suicidó. Tenía 14 o 15 años”, recuerda Ramón sobre lo que ocurrió mientras estaban en Puerto Inírida.
Cuando ya habían atravesado más de la mitad de los 1.100 kilómetros del recorrido, empezaron las primeras fisuras de la ‘Arturo Ruiz’. Ya estaban en el páramo de Berlín, entre Santander y Norte de Santander. Allí hacía presencia el Frente 20 de las Farc desde los años setenta, específicamente en los municipios de Suratá, El Playón, Sabana de Torres, Puerto Wilches y Lebrija. Pero también estaba el Eln con el Frente Claudia Isabel Escobar Jerez y el Epl con el Frente Ramón Gilberto Barbosa.
Los militares ya habían combatido con estas estructuras guerrilleras y los vuelos de los helicópteros de la Fuerza Pública eran constantes. Algunas veces, incluso, arrojaban volantes desde el aire para incitar a los insurgentes a que dejaran las armas, con mensajes alusivos a la importancia de “reencontrarse con su familia” y a “recibir los beneficios que la Ley les da”.
Muchos de los desertores tenían de esos papeles en los bolsillos de sus camuflados,incluido el primer informante. Un menor de edad se entregó al Ejército el 16 de noviembre de 2000 y contó cómo estaba conformada la columna móvil, detalló la existencia de jóvenes subversivos y aseguró que estaban dotados con AK-47.
Del joven, Ramón dice que se llamaba Jairo y que se escondió en un “matorrito” cuando ya estaban pasando el páramo, para entregarse al Ejército.
Esa misma semana, la Fuerza Pública capturó a otros dos guerrilleros que detallaron cómo se estaba desplazando la ‘Arturo Ruiz’. A partir de entonces, los militares de la Segunda División, la Quinta Brigada y la Fuerza de Reacción Rápida siguieron de cerca los movimientos de la guerrilla, hasta que ocurrió el primer combate con el que comenzó la llamada ‘Operación Berlín’, el 26 de noviembre de 2000.
“Fue cuando el camarada ‘Rogelio’ nos dijo que el Ejército ya nos tenía, nos tenía rodeados, que ya lo único que nos tocaba era enfrentarlos hasta morir. Entonces fue cuando escuchamos helicópteros, escuchamos que con la 150 nos ametrallaban, nos volvieron nada. Nosotros nos pusimos muy tensos, pues a todo el mundo le da miedo cuando siente la muerte cerca, entonces, yo con ese miedo tan berraco que tenía”, dijo Ramón a HRW.
Ramón asegura que una de las unidades que combatió por primera vez al Ejército eran 25 personas, todas menores de 18 años, acompañados por el comandante alias ‘El Toro’. Luego, combatieron las demás unidades móviles.
“A nosotros también nos detuvieron rapidito allá, también nos dieron pata y culatas. Con cuchillos nos cogían así, nos daban en el estómago. Nos cogieron a 100. Casi la mayoría eran menores de edad […] (el Comité de la Cruz Roja Internacional) prácticamente fue el que nos salvó porque los soldados decían que a nosotros nos iban a matar quemados. Que nosotros no merecíamos, no merecíamos vivir, nosotros éramos una basura para la comunidad”, explicó el desvinculado.
Darío, quien también perteneció a la ‘Arturo Ruiz’ cuando era menor de edad, le detalló a HRW en 2002 que “había una chica que le habían herido, le colocaron un tiro, entonces la china estaba viva todavía, estaba bien, entonces el Ejército la mató, la acabó de matar. Se llamaba Juanita. Tenía como 18 años”.
A él lo patearon en el estómago para que diera información de la guerrilla. Se negó hasta que un sargento ordenó trasladarlo a una guarnición militar, donde no lo maltrataron más. Un día después, lo enviaron a Bienestar Familiar en Bogotá.
“Según otras versiones de la Operación Berlín, parece que los mandos superiores detuvieron el maltrato a los prisioneros guerrilleros, tanto adultos como menores”, explicó Human Rights Watch en su informe de 2003.
Contrario a estas versiones, el Ejército aseguró en su momento que le respetaba la vida a todos los desmovilizados y desvinculados. “Se les ofrece todas las garantías y protección”, señaló el mayor Eduardo Santos, comandante de Segunda División del Ejército. Mientras que el general Martín Orlando Carreño indicó en el 2000 que los militares estaban dispuestos a recibir a los guerrilleros que dejaron las armas, darles “un buen trato” y guiarlos hacia “otra vida diferente a la que llevan”.
Y es que a raíz de esta operación, se desvincularon decenas de jóvenes. La Unidad para las Víctimas asegura que de los 90 guerrilleros capturados, 72 eran menores de edad; mientras que los militares hablan de 32 niños que desertaron de las filas. Asimismo, la Unidad dice que en los enfrentamientos murieron 100 insurgentes y el Ejército señala que fueron 46, de las cuales 20 eran menores de edad.
Algunos de los jóvenes le explicaron a HRW que desde su desvinculación, ingresaron al programa de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). VerdadAbierta.com intentó en múltiples ocasiones obtener información de parte de esta entidad sobre qué había sucedido posteriormente con los jóvenes, pero la respuesta de Olga Inés Chiguasuque, del equipo de comunicaciones de la entidad, fue que nadie del Instituto podía detallar nada de los procesos de menores de edad que habían estado bajo su protección, ni siquiera si ya cumplieron los 18 años, como es el caso de los desvinculados de la columna móvil ‘Arturo Ruiz’.
Este medio de comunicación también habló con el Comité de la Cruz Roja Internacional (CICR) para rastrear el paradero de los menores reclutados, pero la respuesta fue que no tenían archivos sobre la operación, a pesar de que el informe de HRW especifica que ese organismo de socorro intervino para proteger a los adolescentes. Por otra parte, la Agencia Colombiana de Reintegración, que sigue con el proceso de los menores de edad desvinculados cuando cumplen 18 años y que surgió en 2003, sostuvo que sin los nombres de las personas es muy difícil consultar los casos.
Lo cierto es que con la ‘Operación Berlín’ la Fuerza Pública frustró el propósito que tenía la guerrilla de utilizar la zona montañosa como un corredor de armas y personas entre el Catatumbo y el Magdalena Medio. Así lo reveló un informe del Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República en 2006.
Estos golpes también debilitaron a la columna móvil ‘Arturo Ruiz’, pero no la acabaron por completo. Una década después de que terminara el operativo militar, que fue hasta 2001, la estructura operaba en Chocó, Magdalena Medio y Norte de Santander, según un estudio del Observatorio de procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional.
En cuanto al comandante, alias ‘Rogelio’, desapareció desde la ‘Operación Berlín’. La información de la Fuerza Pública de principios de 2000 aseguró que el guerrillero había perdido una pierna y que en compensación, las Farc le habían organizado su estadía en el municipio de Uribe, Meta, específicamente en el corregimiento de La Julia. Posteriormente, fue él quien comandó la ‘Arturo Ruiz’ y desde los combates en Suratá, no se ha sabido nada más de su paradero. El general Carreño dijo en aquella época que “dejó botados” a los demás guerrilleros y por eso se desmovilizaron.
Aun así, en 2004 el Gobierno ofrecía 179 millones de pesos de recompensa por información que condujera a él. Incluso, en 2011 el Juzgado Primero Adjunto Penal de Cúcuta decretó la nulidad de un proceso contra este comandante a pesar de que estaba ausente. Pero luego el Tribunal Superior de Cúcuta revocó la decisión y condenó a ‘Rogelio’ a 480 meses de prisión y a una multa de 3.750 salarios mínimos por los delitos de homicidio en persona protegida en el grado de tentativa, terrorismo y rebelión agravada.
Pero el mayor resultado de la ‘Operación Berlín’ fue que develó la debilidad institucional para recibir a los menores de edad que dejaban las armas. La cantidad de jóvenes desvinculados fue tanta que impulsó un tratamiento diferencial por parte del Programa de Reinserción del Ministerio del Interior en el 2000, cuando para la Ley del Menor ellos eran infractores.
Las cruces representan personas asesinadas. Esta es en la vereda el Silencio y al fondo se ven los corregimientos de Turbay y El Mohán. Foto: Cortesía Unidad para las Víctimas.
“En 1996 aparecen los primeros menores de edad certificados por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas (CODA), acreditándolos como beneficiarios de los programas de Reinserción, perosólo hasta noviembre de 2000, con la Operación Berlín en Suratá (Santander), la Dirección General para la Reinserción decide focalizar la atención especial a esta población, razón por la cual crea una oficina conformada por dos asesores, una psico-pedagoga y un instructor cultural y artístico”, recalcó el Departamento Nacional de Planeación en su diagnóstico de la reinserción en Colombia en 2002.
Este caso también sirvió para demostrar la escala a la que llegó el reclutamiento forzado por parte de la guerrilla. Hasta antes de que se acordara el modelo de justicia transicional en el proceso de paz en La Habana, la Fiscalía iba a formular las primeras imputaciones por crímenes de guerra contra el Estado Mayor y el Secretario de las Farc, sus máximos organismos de poder, por el reclutamiento forzado de la columna ‘Arturo Ruiz’, entre otros delitos.
Los otros efectos del operativo militar
“Como comandante del Ejército, estoy seguro de que los resultado de esta operación serán uno de los mejores desde lo militar y seguridad”. Esas fueron las palabras del general Mora en 2000 cuando apenas anunciaba qué estaba ocurriendo en la ‘Operación Berlín’.
Casi 20 años después es el mismo Gobierno quien cataloga de otra manera el operativo. “‘La mayor victoria’ del Ejército Colombiano se hizo sobre la base de múltiples violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Muchos fueron desplazados de sus tierras, señalados de ser auxiliadores de la guerrilla, otros vieron como sus pertenencias, labradas por años, fueron destruidas por las bombas”, detalló la Unidad para las Víctimas en su informe de caracterización sobre las poblaciones de Turbay y El Mohán, de Suratá, en 2014.
La institución rastreó que los pobladores opinan que el operativo militar también fue la puerta de entrada de la violencia paramilitar que llegó con el Frente Alfredo Socarras del Bloque Central Bolívar.
“Después de los bombardeos de la ‘Operación Berlín’ fue que los paramilitares empezaron a hacer las matazones. Ellos hicieron una masacre grande en El Mohán y Turbay. Fue de casi toda una familia, como de tres o cuatro hijos. Fue bastante. Ya después a la guerrilla le tocó salir, el Ejército empezó a patrullar más para allá y ya cambió”, sostuvo a VerdadAbierta.com una líder de víctimas de Suratá, que tuvo que desplazarse del corregimiento de Turbay en 2003 a raíz del aumento de la violencia y del riesgo de reclutamiento para sus hijos.
Ella, quien pidió la reserva de su nombre, narró que las bombas militares caían en cualquier parte, incluso cerca de las casas. “Tocaba salir y esconderse. Casi todos los de las veredas se iban para el pueblo”, puntualizó.
“Yo no sé quiénes hacían los bombardeos porque por allá había de todo: guerrilla, Ejército y paramilitares, y uno no se ponía a ver quién era quién. Pero las bombas, cuando no era por el aire, era por el piso. Cuando cogían a plomo”, precisó una víctima de El Mohán, quien recordó que las amenazas para que salieran de su vereda las escribían en los árboles y en las piedras.
Un habitante le contó a la Unidad para las Víctimas que después del operativo comenzaron las fumigaciones aéreas y que además un comandante del Ejército les decía que mejor no cosecharan cultivos “pues estos terminaban favoreciendo a los guerrilleros”.
El terror se esparció de tal manera que entre el 2000 y el 2001, que se disparó la cantidad de víctimas en Suratá. De 33 desplazamientos que hubo en 1999, se pasó a 433 en 2000 y a 442 en 2001, según el Registro Único de Víctimas. Solo en ese lapso, ocurrieron el 42% de los desplazamientos que ha habido en ese municipio en los últimos 30 años.
Para el Ejército, la razón de este pico de violencia no fue la ‘Operación Berlín’ sino la presencia de los grupos armados ilegales. Como prueba, cita el Plan Integral Único de población desplazada en 2008 de la Alcaldía de Suratá: “debido al hostigamiento provocado (por grupos alzados en armas) el desplazamiento de algunos de los habitantes del Municipio de Suratá, fue inminente, convirtiéndose en expulsor de habitantes q (sic) por miedo a las amenazas constantes prefirieron abandonar su lugar de residencia”.
Cada quien señala hacia los militares, las autodefensas o la guerrilla, dependiendo del caso. Lo cierto es que los corregimientos de Turbay y El Mohán se convirtieron en pueblos fantasmas luego de que la mayoría de sus habitantes huyeran hacia Bucaramanga, el casco urbano de Suratá u otras regiones del país.
Y no sólo fue cuestión de dejar los predios, sino que a raíz de ese conflicto, los tejidos sociales se rompieron completamente, como lo explica la Unidad para las Víctimas, y además el impacto psicosocial que generó la guerra en los habitantes de Turbay y El Mohán fue tal que esta institución los consideró merecedores de reparación colectiva.
