En su informe anual, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo duros cuestionamientos al Estado colombiano y propuso varias recomendaciones para superar las situaciones críticas que podrían afectar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
En su más reciente informe sobre derechos humanos, la ONU hace una radiografía actual de la situación en las regions afectadas por el conflicto armado, y a la vez hace un llamado de alerta de cara a la desmovilización de las Farc. Foto: archivo Semana.La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, expresó su preocupación por la presencia de grupos armados ilegales surgidos tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y consideró que sus acciones en diversas regiones del país ponen en riesgo la consolidación de la paz.
Sus preocupaciones fueron expuestas en el informe anual esta agencia multilateral que fue presentado este martes en Bogotá. La columna vertebral de este documento es el proceso de paz con la guerrilla de las Farc.
Tras evaluar las oportunidades y riesgos para los derechos humanos que traería la paz para Colombia, la Oficina llamó la atención sobre varios aspectos sensibles que podrían afectar la consolidación de los procesos de negociación que adelanta en La Habana, Cuba, con la guerrilla de las Farc y la que podría darse con el Eln en un eventual acuerdo.
Inicialmente estableció que “los grupos armados post-desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras”.
Pero los riesgos van más allá, de acuerdo con la ONU. Una eventual desmovilización de estructuras guerrilleras podría generar nuevas confrontaciones en los territorios. En ese sentido, alertó que “es posible prever que el fin de las hostilidades y la desmovilización de la guerrilla podría generar vacíos de poder y disputas por controlar las rentas ilícitas (ganancias derivadas del narcotráfico, extorsión, trata de personas, prostitución, minería, captura de recursos estatales, entre otras)”.
Lo preocupante del informe de la ONU es su afirmación sobre lo que ya viene ocurriendo en algunas zonas del país: “Diversos intereses locales y grupos que se oponen a los cambios que promueve el proceso de paz ya están empleando la violencia y la intimidación para proteger sus intereses”. Muestra de ello es el asesinato de líderes en departamentos como Cauca, Putumayo, Cundinamarca y Córdoba. A juicio de este organismo multilateral, este tipo de acciones carecen de “una respuesta estatal suficientemente efectiva”
Al respecto, esta Oficina conceptuó que las “garantías de seguridad y trasformación de la realidad política son esenciales para que este tipo de situaciones no se repitan”, e insistió en advertir que la “desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz”.
En cuanto a las economías ilegales, otro de los riesgos al proceso de paz, abordó dos temas concretos: los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y la minería ilegal. En el primero de ellos, sobre los cuales hay un preacuerdo en la mesa en La Habana, consideró que el “éxito de los programas de sustitución voluntaria depende del acompañamiento técnico y la creación de mercados para productos, lo cual implica, entre otros, el desarrollo de infraestructura rural”.
Sobre lo acordado entre el gobierno nacional y las Farc sobre las drogas ilícitas, la Oficina del Alto Comisionado de ONU sostuvo que apoya “las premisas del acuerdo”, las cuales hacen referencia al impacto de los cultivos de uso ilícito “en los derechos humanos y su relación con la pobreza, marginación, débil presencia estatal y las actividades criminales”.
En cuanto a algunos detalles de ese ese preacuerdo, la Oficina “valora la decisión de desarrollar una respuesta participativa, con base en los derechos de las personas, con enfoque territorial, reconociendo usos ancestrales de la coca y diferenciando entre el consumo, el cultivo y el crimen organizado”.
Al aludir al tema de la minería ilegal, consideró que la fuerte expansión de esa actividad en la Costa Pacífica fue “especialmente perjudicial”. En consecuencia, aseguró que esas labores ofrecen retos complejos que requieren respuestas integrales, similares a las planteadas para solucionar el tema de los cultivos de uso ilícito: “Es esencial diferenciar entre el crimen organizado y otros actores, garantizar los derechos humanos incluyendo el derecho a la participación y enfrentar la relación entre la corrupción y la omisión por parte de algunas autoridades”.
Crítica institucional
En su análisis de la situación colombiana, la Oficina abordó de manera crítica el tema de la institucionalidad estatal y expuso algunas consideraciones, varias de las cuales representan retos a superar en una etapa de posconflicto. Dos asuntos nodales fueron abordados en el informe anual.
De un lado, la Oficina aseveró que “ha observado dificultades persistentes de las instituciones estatales para materializar de manera efectiva sus mandatos legales y traducir su acción en el cierre de la brecha entre lo dispuesto en la ley y en la política pública, así como en el disfrute real de los derechos, especialmente en zonas afectadas por el conflicto”. Y agregó que esas dificultades son más notorias “cuando requieren coordinación interinstitucional”.
Al hacer una valoración del trabajo de asesoría que realiza con poco más de 50 entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, concluyó que “diferencias de visión y de intereses entre estas entidades neutralizan la implementación y diluyen la responsabilidad y la rendición de cuentas, generando frustración y desempoderamiento de las víctimas”.
De otro lado, la Oficina aseveró que “la efectividad, eficiencia y credibilidad institucional también es minada por la percepción de corrupción, falta de transparencia y por el impacto de los 50 años de conflicto armado en la cultura institucional que ha contribuidoa la estigmatización de defensores de derechos humanos y líderes sociales, étnicos y políticos”. Asimismo, dijo que esa falta de transparencia “es desproporcionada y socava la rendición de cuentas el derecho a participar en asuntos públicos”.
Impunidad
María Sanabria (derecha) lleva ocho años esperando que lleven a juicio a los militares que asesinaron a su hijo. Foto: Asociación Minga.La rama judicial no se escapó a los cuestionamientos de la Oficina del Alto Comisionado de ONU. Sobre ella dijo que continúa “enfrentando serias dificultades para superar sus deficiencias y demostrar resultados”.
Una de las entidades cuestionadas fue la Fiscalía General de la Nación. Si bien resaltó cambios como la política de priorización y un nuevo sistema metodológico de investigación criminal para avanzar en casos de graves violaciones de derechos humanos, la Oficina “constató que la ausencia de logros en estas áreas se debe a fallas en la estrategia como: la no aplicación de metodologías de investigación criminal en contexto para vincular investigaciones y desarticular estructuras criminales, así como un sistema inadecuado de incentivos internos. Los avances aislados obedecieron más al compromiso individual de funcionarios”.
El informe también destaca lo ocurrido procesalmente con las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como muertos en combate, también conocidoscomo “falsos positivos”. Al respecto, la Oficina consideró que “un indicador significativo en la lucha contra la impunidad en Colombia sería, por lo tanto, el éxito de la acción judicial respecto a los más altos mandos responsables de esta práctica sistemática entre 2002 y 2008”, años en los que fueron más recurrentes esas prácticas criminales.
También se consignó en el informe que “la investigación judicial de las ejecuciones no avanza con suficiente celeridad” debido, entre otras razones, a “maniobras dilatorias de la defensa y laxitud de jueces que impidieron el avance de varios procesos penales por homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública”. Para la Oficina es preocupante “la ausencia de acciones disciplinarias contra los abogados que realizan estas prácticas o los jueces que las toleran mina la no-repetición”.
También inquietó a esa agencia multilateral la falta de aplicación de la “responsabilidad por omisión” en los casos de ejecuciones extrajudiciales, consagrado en el derecho internacional, y el incumplimiento de obligaciones internacionales cuando no actúa en materia penal, disciplinaria, operacional o de mando y control para asegurar la no repetición”.
Derechos de las víctimas
La Oficina también observó falta de articulación entre las distintas entidades encargadas de atender la reparación de las víctimas. Destacó, en ese sentido, lo que viene ocurriendo con la política de reparación colectiva. Al respecto observó que, a pesar de los esfuerzos estatales, “no ha logrado sus principales propósitos de reparar los daños colectivos; brindar herramientas para transformar la desigualdad, violencia, estigmatización, desconfianza y dolor; y brindar oportunidades para reconstruir memoria, tejido social, identidad y condiciones de no repetición en las comunidades afectadas”.
También se observaron, según la Oficina, “dificultades para articular la reparación de los derechos territoriales con los demás derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrocolombianos”. Según las cifras consignadas en el documento, de 153 comunidades indígenas y afrocolombianas en proceso de reparación colectiva, sólo 24 están en la fase de consulta previa.
El tema de reclamación de tierras también fue incluido en el informe, desde la perspectiva de las víctimas. Sobre este tema, se dijo que “las principales dificultades para los reclamantes incluyen: presupuestos institucionales inadecuados a nivel local, la desarticulación institucional, y la disparidad de capacidad y voluntad de las hasta 20 entidades responsables para el cumplimiento de las órdenes de los jueces para la restitución”.
Buena parte de las dificultades que hoy tiene el Estado colombiano para lograr una eficaz restitución de tierras se debe, según la Oficina, a la “histórica falta de acceso a la justicia en el campo”, lo que ha originado “capas de inseguridad jurídica que hoy dificultan llegar a soluciones, particularmente en Santander, Norte de Santander, Cesar, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Nariño y Tolima”.
Otros desafíos
El año pasado 682 líderes sociales fueron víctimas de ataques que pusieron en riesgo su vida, su integridad y su trabajo. Foto: archivo Semana.No solo aspectos relacionados con el conflicto armado y el proceso de paz fueron incluidos en el informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. En el documento también fueron valorados asuntos como derechos sociales y económicos, la situación de los defensores de derechos humanos, la diversidad de género, la violencia sexual, las personas privadas de la libertad y los pueblos indígenas y afrocolombianos. Desde su perspectiva, “la construcción de una sociedad justa y equitativa sólo es posible a través de la progresiva realización de los derechos y de la erradicación de discriminación y exclusión”.
La situación de los derechos económicos y sociales en el país llevó a la Oficina a concluir que la acción conjunta del Estado “sigue siendo precaria”. Y toma como referencia el sector de la salud, donde se reflejan las circunstancias más complejas en materia de acceso eficaz y oportuno de los ciudadanos.
Asimismo, el Estado también sale mal librado en el tema de protección a los defensores de derechos humanos, puesto que no logra “garantizar plenamente el respeto y protección de sus derechos y labor”.
Para asuntos como el género, violencia sexual, situación carcelaria y poblaciones indígenas y afrocolombianas, la Oficina también reclamó mayor atención del Estado por cuanto considera que la acción institucional aún es muy limitada y no logran altos niveles de eficiencia en sus acciones para prevenir la vulneración de derechos humanos.
