Los esfuerzos de la justicia para desenmascarar la infiltración de las AUC en la Costa ya están dando sus primeros frutos, desde Sucre a Barranquilla.
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| En las grabaciones encontradas en el computador de ‘Jorge 40’ quedó al descubierto la relación del jefe paramilitar con políticos de Sucre. Foto: Semana. |
La captura de cuatro diputados en Sucre, la vinculación formal de Rodrigo Tovar Pupo ‘Jorge 40’ a la investigación por el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andreis en Barranquilla y el llamado a juicio por extorsión de Édgar Ignacio Fierro Flórez, ‘Don Antonio’, son las primeras decisiones que toma la Fiscalía, apoyada en la información encontrada en poder de este último, mano derecha de ‘Jorge 40’ en la Costa. En particular, lo que se encontró en dos computadores, varias memorias y discos compactos con grabaciones, nóminas, contratos y documentos secretos sobre los cuales SEMANA ha informado ampliamente en sus últimas ediciones.
Las pruebas en poder de la Fiscalía son escalofriantes. Tal como lo publicó esta revista, demuestran cómo se asesinó a líderes sociales, cómo se urdió una estrategia para las elecciones de marzo pasado, y el interés inusitado de los paras en un megaproyecto de Barranquilla, el puerto de Palermo.
SEMANA revela parte de las evidencias que llevaron a la acción decidida de la Fiscalía. La captura de los cuatro diputados de Sucre y sus nexos con otros ‘caciques’ de la región. También, la increíble, sistemática y generalizada manera como las AUC extorsionaban a los comerciantes y habitantes de Barranquilla. Y la investigación que dio origen a la captura de ‘Don Antonio’ y que involucra a empleados de importantes empresas de la Costa.
La infiltración paramilitar llegó a tal punto en la Costa, que sin temor a caer en un error se puede decir que ‘Jorge 40’ construyó un verdadero imperio sobre el que apenas se conoce la punta del iceberg. El 8.000 de la Costa involucra a decenas de políticos, empresarios y funcionarios en varios departamentos. Las investigaciones que se adelantan en las fiscalías de derechos humanos y de corrupción apenas están dando sus primeros resultados tangibles.
Falta mucho, pero hay indicios de que este esfuerzo judicial para desenmascarar a los paramilitares en la Costa -iniciado en octubre de 2003- no será en vano.
Tiemblan los políticos
La captura de los cuatro diputados de Sucre es la punta del iceberg de los políticos vinculados a los paramilitares en la Costa.
Sucre está en revuelo. El martes pasado un grupo de la Fiscalía que viajó desde Bogotá hasta Sincelejo entró a la sede de la Asamblea Departamental y capturó a cuatro diputados: Ángel Villarreal Barragán, presidente de la duma; Johny Villa, vicepresidente, y los diputados Nelson Stamp Berrío y Walberto Estrada. Sin demasiados preámbulos los fiscales les explicaron que estaban sindicados de concierto para delinquir.
Por lo menos uno de los indicios que tiene el ente investigador es la grabación de una reunión a la que asistieron el jefe paramilitar ‘Don Antonio’, mano derecha de ‘Jorge 40’, y varios diputados de Sucre. En esta cita, previa a las elecciones de Congreso, se definió la estrategia para ese departamento. Las conversaciones probaban que ‘Jorge 40’ y otro jefe paramilitar de la región, Eduardo Cobos ‘Diego Vecino’, se disputan a los políticos que hasta hace poco eran leales a Rodrigo Peluffo ‘Cadena’. Este temido paramilitar y narcotraficante estuvo por más de una década al servicio de políticos y terratenientes. El año pasado desapareció misteriosamente de Santa Fe de Ralito, donde se había concentrado después de la desmovilización. En la investigación que se sigue por este hecho también aparecen implicados poderosos y muy nombrados políticos de Sincelejo.
En las grabaciones que tiene la Fiscalía también se menciona a varios congresistas, algunos de los cuales son considerados ‘padrinos’ de los diputados que desde la semana pasada están en manos de la justicia.
¿Quiénes son?
El rasgo común que une a los diputados detenidos es que sus carreras políticas se han hecho bajo el amparo del senador Álvaro García Romero. El presidente de la Asamblea, Ángel Villarreal Barragán, del movimiento Nacional Progresista, es oriundo de La Mojana, uno de los municipios que, junto con San Onofre, son los grandes fortines electorales de García Romero. Villarreal llegó por primera vez a la Asamblea apoyado por el ex gobernador Salvador Arana, quien también está vinculado a la investigación que se sigue por el asesinato del alcalde de El Roble, Sucre.
Nelson Stamp Berrío es un abogado de San Onofre, célebre por haber actuado en varias ocasiones como defensor de personas vinculadas a las autodefensas. Su cliente más célebre es el alcalde de Magangué e hijo de Enilse López, ‘La Gata’. La votación para llegar a la Asamblea por primera vez, en el período pasado, rebasó todas las expectativas, a pesar de que el único cargo público que había ocupado era el de inspector de policía.
Los otros dos diputados están ejerciendo por primera vez en este cargo. Walberto Estrada, conservador, representante de los indígenas de Sucre y que hizo parte de la coalición que respalda García. Johny Villa Uparela proviene a su vez del municipio de Galeras y es liberal.
El temor que hay entre la clase política de Sucre es que las capturas continúen. El computador de ‘Jorge 40’ y la agenda de ‘Don Antonio’ están llenas de nombres, de contratos y han aportado pruebas para vincular al jefe paramilitar a múltiples delitos no sólo en Sucre. También en Bolívar, Magdalena, Cesar y en Barranquilla donde sus nexos con la política son también profundos.
Todos ‘vacunados’
La AUC se manejaba como cualquier empresa.
Aunque para muchos es conocido que las autodefensas del Bloque Norte tenían una amplia red de extorsiones en Barranquilla, entre otras ciudades, pocas veces se ha conocido públicamente qué tan extendido y cómo funcionaba el cobro de estas ‘vacunas’. SEMANA tuvo acceso a los libros de contabilidad de ese grupo paramilitar que hacen parte de la investigación que por esos delitos adelanta la Fiscalía desde el año 2003. Sorprende que, desde los vendedores más humildes de Barranquilla, todos los sectores tenían que pagar mensualmente a los hombres bajo el mando de ‘Don Antonio’. Los libros son excesivamente detallados no sólo en cada peso que ingresaba a las arcas, producto de estas extorsiones, sino que justifican cada centavo que hace parte de los egresos. A continuación, la relación de algunos de los sectores ‘vacunados’ y cuánto tenían que pagarles a los paras.
Lento, pero seguro
Treinta meses se demoró la justicia para armar el rompecabezas de las AUC.
El 2 de octubre de 2003, ante los jueces promiscuos del circuito de Sabanalarga se abrió un proceso con base en un informe de la Sijin, en el que se relacionaban una serie de asesinatos selectivos y de extorsiones en el Atlántico. En los municipios de Repelón, Malambo, Soledad, Sabanalarga y Barranquilla, en un fin desemana se registraban un promedio de 15 muertes violentas. Al principio parecían crímenes sin conexión. Pero con el tiempo quedó claro que había algo más: las víctimas ya no sólo eran ladronzuelos o viciosos de barrio, sino también líderes comunitarios, comerciantes y ganaderos. Y lo más escalofriante, no eran hechos aislados sino parte de una estrategia de una organización criminal.
Hoy, esa investigación judicial se ha transformado en un voluminoso expediente con más 10.000 páginas, en las que reposa la historia del Bloque Norte de ‘Jorge 40’ en el Atlántico: 1.500 personas asesinadas, pruebas de la infiltración en todos los estamentos legales y judiciales y evidencias de cómo la “longa mano” de las autodefensas, como la define el procurador delegado para los derechos humanos, contaba con el apoyo de políticos, comerciantes, ganaderos, industriales, empresas y gente del común.
Como resultado de la actuación de la fiscalía quinta de derechos humanos, fueron identificados a los cabecillas y fueron detenidos Teófilo Rey Linero, jefe de seguridad de la empresa Camagüey y accionista de Asis Ltda. (empresa de vigilancia y seguridad), Manuel Combariza Rojas, ex gerente de Palmeras de la Costa y de Coolechera, una cooperativa con 75 años de tradición en la Costa, y Jorge Enrique Palacio Salas. Este último fue asesinado -ya libre- en enero de 2006, después de que decidió delatar a sus ex colegas.
Gracias a ese testimonio, entre otros, se logró identificar el hombre a quien llamaban ‘Don Antonio’. Con esa información fue posible ordenar el allanamiento de marzo de 2006 en el que se encontraron el computador de ‘Jorge 40’ y los archivos de la organización en el Atlántico, las piezas que faltaban del rompecabezas.
Publicado en Semana.com 09/30/2006 -1274
