Mientras que en el Catatumbo esa guerrilla está a la ofensiva, con el más reciente paro armado que decretó en esa región del Pacífico pretende defender su control territorial ante el avance de las AGC.
Una vez más la población civil de Chocó amaneció, el 18 de febrero, bajo un paro armado ordenado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante 72 horas. Esta grave situación vulnera los derechos de las comunidades de los municipios que conforman la subregión del San Juan: Cantón de San Pablo, Cértegui, Condoto, Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Río Iró y San José del Palmar.
Pese a la espiral de violencia ascendente que viene desatando el ELN a lo largo del país, la guerra en Chocó viene cocinándose a fuego lento desde hace más de cinco años, como lo confirmaron expertos consultados por VerdadAbierta.com.
De hecho, este es el octavo paro armado en menos de dos años que hace el ELN en el departamento. Y, antes de que iniciara, el secretario del Interior de Chocó, Francisco Vidal, informó que 3.500 personas se habían desplazado.
Detrás de esta ofensiva militar por parte el ELN hay un interés por conservar su dominio territorial en zonas estratégicas para el control de economías ilícitas ante la arremetida de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo, quienes desde la dejación de armas de la extinta guerrilla de las Farc, vienen disputando zonas de control territorial al ELN desde el norte hacia el sur del departamento.
Contrario a lo que se vivió con la arremetida del ELN en el Catatumbo el pasado mes de enero, esta es una maniobra defensiva de esta guerrilla que no cuenta con la capacidad militar suficiente para contrarrestar el ataque de su adversario en este escenario de guerra.
Andrés Aponte, consultor del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (Giatoc), señala que “ese es uno de los repertorios (de violencia) que particularmente ejerce esta organización en este departamento cuando está en disputas con las AGC. Si uno lo ve en otros lugares cuando lo ha hecho, por ejemplo, en Arauca, es para demostrar fortaleza, pero en este caso puntual sí tiene una lógica militar mucho más defensiva”.
Esto concuerda con los planteamientos de otros expertos consultados, quienes aseguran que esta es una respuesta del ELN que busca frenar el avance de las AGC sobre su territorio. Con el agravante de que “tratan de frenar la expansión de las AGC utilizando las comunidades como una especie de escudo”, como enfatizó Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla.
“El ELN está tratando de defender el último territorio que le queda en el Chocó”, dice Trejos.
Mientras tanto, las llamadas para que el gobierno nacional afronte esta situación no se han hecho esperar. La más reciente ocurrió ayer, cuando la gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba, en un encuentro de mandatarios regionales con el Presidente de la República, hizo un sentido llamado de atención.
“He alzado la voz en los últimos días, en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de Derecho Internacional Humanitario; porque yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. He insistido que es injusto que estos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y del sufrimiento del territorio”, indicó la gobernadora.
La mandataria aprovechó el espacio para hacer una propuesta: “La crisis humanitaria que vive el departamento de Chocó y por la cual yo debo hablar, ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo del Estado en los tres niveles (local, regional y nacional). Hagamos una estrategia estructurada, planificada, excepcional, extraordinaria, para plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia”.
¿Qué se disputan los actores armados?
En este sentido, pese a las lógicas nacionales que adquiere el conflicto con sus diferentes matices y escaladas de violencia, las dinámicas locales que este adquiere en las diferentes regiones presentan una gran variación en concordancia con múltiples factores que están en juego.
En el caso particular de Chocó, es fundamental tanto el control de las económicas ilegales (minería ilegal de oro y platino, narcotráfico y extorsión) como el control sobre los accesos y corredores estratégicos (por vía fluvial y terrestre) para el suministro de activos ilegales de toda naturaleza, desde estupefacientes ilegales, hasta armamento y material de guerra, pasando incluso por el tráfico de migrantes. Esto último se presenta más hacia la parte noroccidental del departamento, sobre las subregiones del Bajo Atrato y el Darién.
El gobierno de Gustavo Petro inició negociaciones con las AGC en agosto del año pasado y reconoció a los voceros de la mesa, mientras que los diálogos con el ELN se suspendieron luego de los ataques en Catatumbo, que han dejado más de 53.000 civiles desplazados.
Aponte señala que el paro armado impacta la negociación, “pero lo que uno mira es que estas batallas obedecen más a dinámicas territoriales que a un reposicionamiento en la mesa. Si uno mira la situación del Catatumbo, obedece más a discrepancias en torno a los acuerdos que ellos habían establecido con las disidencias”.
“Si bien la guerra tiene una dinámica de negociación nacional porque siempre las negociaciones son entre la élite del grupo armado y la élite que designe el gobierno nacional para negociar, las dinámicas de guerra territoriales muchas veces son independientes de la dinámica nacional”, dice Trejos.
Como mecanismo para buscar detener esta expansión del Clan del Golfo sobre sus territorios estratégicos, algunos analistas como Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), prevén que “es que es muy posible que el ELN vaya a entrar en cierta campaña de fortalecimiento, de parárseles un poquito más duro ahí y en el sur de Bolívar. El propósito es controlar la frontera e intentar que no vaya a llegar el Clan del Golfo a la zona donde ellos están”.
En buena medida, esto también quiere enviar un mensaje de fortaleza a sus adversarios, al igual que al gobierno nacional y a las administraciones locales, señalando que tiene la capacidad militar suficiente para ‘disciplinar’ a la población que se encuentra en medio de estos dos actores armados ilegales.
Sin embargo, estas demostraciones de fuerza no son bien recibidas por la población ya que, como los señala Aponte, “la mayoría de población del Chocó ha visto con recelo sus intentos de regulación, no están acostumbrados, no les gusta y quienes han sido realmente exitosos son las AGC”.
Este es un reflejo de lo que se vive en buena parte del departamento. Las comunidades experimentan una ruptura de su tejido social y de sus vínculos comunales en medio del fuego cruzado entre actores legales e ilegales, mientras la estrategia de seguridad languidece sin los recursos suficientes en los municipios más pobres donde la institucionalidad parece no llegar del todo.
La escala del paro armado
Si bien el paro armado ha tenido impacto en todo el departamento, los municipios más afectados son los que se encuentran en el sur. Es ahí donde el ELN ejerce un férreo control territorial, mientras que cerca a la capital del departamento y hacia el norte, el control territorial ejercido por las AGC ha impedido que el paro tenga un mayor efecto.
No obstante, en estos territorios operan toda suerte de fronteras invisibles, en donde, señala una lideresa social, existen dificultades para que los hombres jóvenes y de mediana edad puedan transitar libremente por ciertos sectores de Quibdó. En medio de la confrontación y los altos índices de desconfianza de los grupos armados y las bandas delincuenciales, los jóvenes en particular se arriesgan a ser declarados objetivos militares si entran a ciertos barrios sin el reconocimiento o recomendación de algún poblador.
Pese a esto, la afectación a la población en medio de este confinamiento es incalculable, tal como lo confirma un líder social de la subregión del San Juan.
“Hay una vulneración de derechos humanos en términos de la misma alimentación, la falta de atención en salud, falta de medicamento, falta de acceso para estos servicios primarios. No hay cómo llegar a las comunidades más inmediatas cuando es un río grande y todo se navega es con motores y cuando no hay combustible, no hay cómo sacar enfermos. La educación misma se interrumpe constantemente por estos hechos, lo que se traduce es que nosotros, las poblaciones ribereñas de estos ríos tanto indígenas como afros, pues vivimos frente a esa vulneración de derechos desde todo punto de vista”, dice.
Esto está estrechamente relacionado con lo expuesto por el profesor Trejos, quien advierte de los problemas que tienen las comunidades al no contar con corredores humanitarios para evacuar a algún poblador que esté herido o que tenga problemas de salud.
Fuerza pública, Clan del Golfo y ELN
Uno de los ‘argumentos’ del ELN para iniciar este paro armado es la supuesta existencia de “una connivencia entre la fuerza pública y el Clan del Golfo”. Sin embargo, especialistas, académicos y líderes sociales en el territorio, concuerdan en afirmar que no hay evidencias sólidas para tal aseveración.
Bonilla sostiene que aunque en el pasado las relaciones entre miembros de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de la fuerza pública fue un hecho probado y suficientemente documentado tanto por la justicia como por la academia, en el presente lo que se puede observar es que las fuerzas del Estado han priorizado el ataque a un actor armado en específico, mientras sincroniza estratégicamente los diferentes recursos de los que dispone para combatir a todos los actores armados ilegales en el territorio.
Esto no se traduce en que haya algún tipo de alineamiento entre la fuerza pública y el Clan del Golfo. En efecto, como lo señala Aponte, esta ha sido una narrativa que ha intentado construir el ELN sin mucho éxito para justificar acciones armadas como la que está teniendo lugar en el departamento.
Un aspecto a tener en cuenta son los señalamientos realizados por Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien alertó que las disidencias de las Farc, comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, en una suerte de alianza contraintuitiva, estaría acordando combatir al ELN en conjunto con el Clan del Golfo, para sacarlo de territorio.
“La lectura de la situación que hacemos es que hay una expansión también de estos grupos de las disidencias hacia el San Juan y eso nos dice que es posible que más adelante también vengan por su antiguo territorio, porque las Farc eran quienes dominaban esos territorios”, dice el líder social del Chocó que pidió anonimato.
Elecciones y violencia
Falta poco más de un año para que se celebren los próximos comicios. Sin embargo, en el actual periodo preelectoral, los actores armados buscan llegar en las mejores condiciones tanto a una mesa de negociación como a la confrontación armada dependiendo de quién quede como presidente y de los políticos regionales con que se puedan relacionar exitosamente para sacar adelante su agenda y sus diferentes intereses, como señala Bonilla.
No obstante, aunque es un poco temprano para que estas dinámicas se desarrollen en su totalidad, ciertamente es algo que los actores tienen en cuenta a la hora de operar, así como de buscar el control de territorios más amplios. Por lo tanto, es de esperar un recrudecimiento paulatino de la violencia a medida que llegan las elecciones nacionales del próximo año, tal como ha venido sucediendo históricamente desde mediados del siglo pasado en el país.
En resumidas cuentas, la confrontación que está viviendo el sur del departamento responde a las lógicas de los reacomodos criminales en donde la población es quien paga la consecuencias de la guerra que se libra en distintas regiones del país: desde el Catatumbo, pasando por Putumayo, hasta llegar a Chocó. Lo único que pide la población de San Juan es que sus voces sean escuchadas en medio del silencio y que su clamor de paz y tranquilidad se pueda algún día hacer realidad.
