El portal Rutas del Conflicto, que se especializa en periodismo de datos y de investigación sobre el conflicto armado, le entregó a la Comisión de la Verdad la producción que ha realizado durante ocho años de trabajo. VerdadAbierta.com habló con su director sobre la trayectoria de ese medio que combina diferentes saberes para darle voz a las víctimas de la guerra.

En su corta existencia, el portal Rutas del Conflicto, bajo la dirección de Óscar Parra, ingeniero de sistemas que fue ‘seducido’ por el periodismo, se ha convertido en un referente para entender la relación entre el conflicto armado, el despojo de tierras, la participación de civiles y empresas privadas en la guerra y, sobre todo, para visibilizar los impactos que sufrieron decenas de víctimas de crímenes atroces como masacres, desapariciones forzadas y despojo de tierras.

Este viernes, ese medio de comunicación, que además de combinar lo mejor del periodismo y la visualización de información, es un gran semillero de jóvenes periodistas, le entregó a la Comisión de la Verdad una vasta cantidad de información categorizada en bases de datos.

En parte, también es una distinción para los miembros de su equipo periodístico, informático y audiovisual, a quienes les ha costado seguimientos ilegales por parte de agentes de Inteligencia del Ejército Nacional. Este es el diálogo que tuvimos con Óscar Parra, su fundador y director.

VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo surgió el portal Rutas del Conflicto?

Óscar Parra (OP): Hace ocho años entré a trabajar a Verdad Abierta, venía de Vote Bien (portal web que se ponía en línea con motivo de elecciones populares) y tenía experiencia en uso de bases de datos para mostrar información. En ese tiempo las usamos para mostrar candidatos que estuvieran investigados.

Le dije a María Teresa Ronderos, fundadora y directora de Verdad Abierta, que tenía la intención de retomar ese tipo de trabajo con la información del portal, que se basaba en las audiencias de los desmovilizados ante Justicia y Paz. La idea fue hacer una base de datos sobre las masacres confesadas en esas audiencias de la Fiscalía.

VA: ¿Y cómo se desarrolló la idea?

OP: Saqué de mi bolsillo una plata para hacer un prototipo. Para ese entonces ya era profesor de la Universidad del Rosario y le propuse a los estudiantes que veía más pilos e interesados en el tema que me ayudaran a revisar la información publicada en Verdad Abierta y otros medios.

Con cinco estudiantes documentamos 80 masacres y construimos el prototipo. A finales de 2012 se lo presenté a María Teresa Ronderos y le gustó mucho; luego ella buscó financiación y ayuda editorial en el Centro Nacional de Memoria Histórica y el proyecto comenzó en forma en abril de 2013.

Finalmente, la página web y su aplicación móvil se pusieron en línea en marzo de 2014, con 740 masacres documentadas y después agregamos otras más. En ese momento, el Centro Nacional de Memoria Histórica todavía no había publicado sus grandes informes: el ¡Basta Ya! ni el final de hace dos años, entonces era la única base de datos que había de esa dimensión.

El informe de cierre que hizo Andrés Suárez, quien fue el director del observatorio de Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, estimó que ocurrieron 3.500 masacres entre 1982 y 2012. Ese decir que nosotros documentamos alrededor de la quinta parte.

La diferencia con esa base de datos es que es mucho más estadística y cuantitativa. Cada registro de la nuestra tiene tres o cuatro párrafos con información descriptiva, sobre los victimarios y el contexto de violencia. Esa es la diferencia entre una base de datos periodística y una producida por el Estado.

VA: Seis años después de publicar esa gran base de datos, Rutas del Conflicto sigue en línea realizando investigaciones a profundidad y de largo aliento; a la par, diversos proyectos de periodismo de datos. ¿Cómo fue esa transición?

OP: Durante 2014, por falta de recursos y cambio en la Dirección de Verdad Abierta, le solicité a los dos padrinos de Rutas del Conflicto, este portal y el Centro Nacional de Memoria Histórica, la posibilidad de continuar el proyecto por mi cuenta.

Con ese aval, sumé al resto de estudiantes que estuvieron en la fase de prototipo y de producción. Empezamos a evaluar otras cosas y a sumar muchas voces de víctimas en un proyecto que llamamos Yo Sobreviví. Ese fue el comienzo de una nueva fase que nos permitió evaluar otras investigaciones y hacer más bases de datos.

VA: Luego de ese trasegar, este viernes le entregaron a la Comisión de la Verdad la producción periodística que han realizado. ¿Cuáles bases de datos e investigaciones suministraron?

OP: El primer producto que entregamos fue la base de datos sobre las masacres; después se sumaron los relatos de 60 víctimas que ayudaron a rectificar información y aportaron testimonios sobre lo que ocurrió en esas masacres, que es el proyecto Yo Sobreviví. Básicamente esos dos proyectos están fundidos en uno sólo.

Entre el conjunto de bases de datos y reportajes que entregamos también está Tierra en Disputa, que es un proyecto con Verdad Abierta, pues gran parte de la información de la base de datos sale de su portal y cada caso, que son alrededor cien, de historias de tierras y violencia en el país, están relacionados con personas y empresas clave para entenderlos. Entre personas y empresas creo que hay 300 registros. Tienen unas gráficas que buscan relacionar a empresas y personas con los casos, que son de despojo de tierras, de reclamos para formalización de títulos y de relación entre propiedad y violencia.

Mapa de relación entre un caso de despojo y no combatientes. Imagen: Comisión de la Verdad.

Otra base de datos es La Paz en el Terreno, que es realizada con el diario El Espectador y el portal Colombia 2020, que tiene información de 220 líderes sociales asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc; y además tiene una serie de reportajes relacionados con la reincorporación de excombatientes y la violencia que sufren los líderes sociales actualmente.

Otras es Ríos de Vida y Muerte, que tiene casos de 45 ríos del país en donde se han encontrado cuerpos de desaparecidos. Se hizo con Consejo de Redacción y es un proyecto con mucha profundidad y trabajo forense.

Hay otra más que se llama Convenios de Fuerza y Justicia, donde mostramos los convenios que tienen empresas mineroenergéticas con el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía. Creemos que muestra un compromiso ético muy complicado porque resulta que empresas que tienen conflictos con comunidades, terminan pagándole a militares, policías y fiscales que, a veces, también están involucrados en judicializaciones de sus líderes. Esa base de datos se hizo con La Liga Contra el Silencio.

Hay otra pequeña que se empezó a trabajar con la Universidad del Rosario: Pueblos en el Olvido, que es sobre poblados en Colombia que están total o parcialmente en el olvido estatal. Por último, no a nivel de bases de datos sino de una serie de reportajes relacionados con efectos ambientales, acaparamiento de agua y destrucción de recursos ecológicos, está la realizada con Mongabay Latinoamérica.

VA: ¿Cuál es la contribución que esas bases de datos y artículos periodísticos pueden realizar en la construcción del futuro informe de la Comisión de la Verdad, que debe establecer las causas y los efectos del conflicto armado en Colombia?

OP: Primero, hay una contrastación de fuentes en bases de datos. Es un ejercicio novedoso que fuentes primarias, documentales, víctimas y testimonios estén sistematizados en una base de datos, clasificados por hechos y otras categorías. Además, hay un trabajo fuerte, siguiendo el camino que comencé desde Verdad Abierta y que Verdad Abierta también ha seguido, y es tratar de demostrar la relación que hay entre actores políticos y actores económicos, con esa violencia.

Esas herramientas le apuntan a eso. Tanto la base de datos de Tierra en Disputa, como las que se hicieron con Mongabay y La Liga Contra el Silencio, buscan mostrar cómo, desde empresas privadas, hay vínculos directos con la violencia y sectores políticos. Eso me parece muy importante y es clave que esa parte de la historia haga parte del relato del mismo Estado.

VA: Rutas del Conflicto ha combinado la experiencia de grandes editores y reporteros, con el trabajo de estudiantes de la Universidad del Rosario. ¿Cómo ha sido esa relación?

OP: Es muy interesante porque por un lado hay gente con mucha experiencia como María Teresa Ronderos, Juan Diego Restrepo e Ivonne Rodríguez en Verdad Abierta; Ginna Morelos en La Liga Contra el Silencio; Dora Montero en Consejo de Redacción; Constanza Bruno que ha trabajo en región; y gente que tiene muchos años de carrera en investigación y producción narrativa.

Y juntar a esas personas con ‘pelados’ que son brillantes y que proponen mucho, que están en un entorno digital y audiovisual nuevo, ha servido un montón para tener una narrativa diferente con elementos de rigor e investigación, que pueden encontrarse en base de datos. También ha permitido la construcción de herramientas que permitan graficar y tener piezas audiovisuales nuevas, como drones y recorridos 360.

Debido a la contingencia del Covid-19. la ceremonia de entrega de documentos a la Comisión de la Verdad se realizó por teleconferencia.

VA: Ese es el lado positivo de hacer innovación en investigación periodística, pero recientemente Rutas del Conflicto recibió un fuerte golpe al descubrirse que su equipo de trabajo estaba siendo espiado ilegalmente por agentes de Inteligencia Militar. ¿Qué impacto tuvo esa revelación dentro de su redacción, teniendo en cuenta que está compuesta por un buen número de jóvenes que apenas se inician en este oficio?

OP: Fue bastante duro. En lo personal, me parece que es una situación que está muy normalizada y década tras década van saliendo casos como este; hay muchos periodistas veteranos que dicen “eso me pasó a mí hace rato y no es nada nuevo”. Pero es muy crítico ver que ‘pelados’ de 23 años, empezaron a hacer una carrera de personas señaladas y estigmatizadas.

El equipo se afectó mucho y es una situación que no se entiende. Da miedo el hecho que Inteligencia Militar te señale y el alcance que eso puede tener; están los peligros de tener ese estigma entre los militares y los antecedentes que han ocurrido en el país.

También está la preocupación por nuestras familias porque no sabemos con exactitud hasta dónde llegaron esos perfilamientos, eso genera angustia y zozobra. Esperamos que algún día el Estado nos responda y sepamos cuál es la información nuestra que recopilaron, por qué, para qué y quién dio la orden de esos seguimientos.

VA: Hace un par de semanas ustedes abrieron convocatoria para elegir nuevos practicantes. ¿El número de solicitudes ha mermado por el espionaje que sufrieron?

OP: Al contrario, va a ser un ‘complique’ hacer la selección porque hay mucha gente. En eso sentimos un espaldarazo; se pudo pensar que no le caminarían a la convocatoria porque dentro del equipo hay varios practicantes que fueron perfilados.

Estamos en un momento clave del país en el que muchas personas se están involucrando y enganchando con temas de producción de información. La gente joven es mucho más actor político que antes.

No sabemos si con ese episodio buscaban amedrentar o censurar, pero a veces terminan dándole la vuelta al asunto y el medio termina siendo más conocido por un evento de estos. Creo que de alguna manera nos ha echado una mano con la gente que se solidarizó con nosotros.

VA: ¿Rutas del Conflicto ha recibido alguna respuesta por parte de la Fuerza Pública, del Ministerio de Defensa o de la Presidencia de la República ofreciéndoles excusas, explicándoles qué pasó y, lo más importante de todo, garantizándoles las condiciones para realizar su trabajo?

OP: Nada. Sólo las respuestas que se han hecho públicas: que es una cuestión de algunos militares, que no es una política de Estado. No hay nada más allá de eso.

VA: ¿Qué viene para Rutas del Conflicto?

OP: Trataremos de consolidar las bases de datos que tenemos y seguir haciendo nuevos reportajes de profundidad; seguir evaluando la posibilidad de usar nuevas tecnologías. Más allá de seguir creando nuevas bases de datos, que puede llegar a ocurrir, nos interesaría que la información que estamos produciendo, termine por ayudarle a las entidades que tienen un compromiso histórico: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Las historias de tierras por contar están por montones y queremos seguir construyendo mapas de relación para mostrar los vínculos entre poderes económicos y políticos locales con la violencia. Si en algún momento pensamos que a lo mejor íbamos a tener unos años para cerrar y dedicarnos a otra cosa, lamentablemente no ha sido así, porque las violencias se están reciclando en las regiones.