Las intimidaciones se produjeron en febrero de este año en una calle de Apartadó, donde los comunicadores fueron abordados por un sujeto en una moto que les entregó dos sufragios con sus nombres. El diario regional ha guardado silencio sobre el tema.
El tema de despojo de tierras en Antioquia, y particularmente en la región de Urabá, está pasando de castaño a oscuro, no solo por las tensiones que se vienen generando entre reclamantes que alegan que fueron despojados de sus predios de manera forzada y empresarios que los ocupan y que alegan buena fe en las compras, sino porque ahora las intimidaciones alcanzaron a los periodistas que investigan esos temas.
El caso más reciente involucró a un periodista y a un reportero gráfico del diario El Colombiano, de Medellín, cuyos nombres se reservan por respeto a los involucrados. Ambos estaban en una misión de campo en el Urabá antioqueño haciendo varias entrevistas para escribir un informe a profundidad sobre lo que pasa en esa región agroindustrial del departamento.
De acuerdo con fuentes consultadas al respecto, que VerdadAbierta.com se reserva por razones de seguridad, los dos comunicadores viajaron en la mañana del 17 de febrero a Apartadó con una agenda de trabajo para seis días. Una vez llegaron al hotel, llamado ‘William Sánchez’, uno de los periodistas recibió una llamada del ganadero Jorge Andrés Hernández de la Cuesta, quien lo citó a las 4 de la tarde de ese mismo día para que hablaran del tema de la investigación.
Una vez se encontraron en el hotel, Hernández de la Cuesta le recordó al periodista y al reportero gráfico que él era “su patrón”, en razón de pertenecer a la familia que hoy posee el 50% de la propiedad del diario antioqueño, y que debían ser ecuánimes en sus investigaciones, pues se le estaba dando mucha relevancia a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, y a los campesinos reclamantes de tierras que apoya esta organización no gubernamental, con sede en Medellín.
En ese encuentro, Hernández de la Cuesta le exigió al periodista que debía ir al otro día, en la mañana, a una reunión en la sede de Suganar, en Chigorodó. Fuentes consultadas en Urabá corroboraron que los comunicadores y el empresario llegaron a una reunión de ganaderos que hacen parte de la Asociación de Víctimas… pero notaron que los periodistas de El Colombiano se fueron a los pocos minutos de haber llegado.
En ese encuentro se estaban discutiendo varias de las inquietudes que tiene el gremio ganadero con relación a las reclamaciones que vienen haciendo campesinos que alegan que fueron despojados por grupos paramilitares en la década del noventa y comienzos del dos mil aprovechando su hegemonía armada, la cual, según ha quedado demostrada en diversas sentencias condenatorias, fue puesta al servicio de intereses de inversionistas agroindustriales.
Una vez se fueron de la reunión, los periodistas siguieron con su agenda de trabajo y así concluyó el segundo día en Apartadó. A la mañana del tercer día y cuando se dirigían a hacer labores de reportería, fueron abordados por un hombre en motocicleta que les entregó un sobre, diciendo que era para ellos. Al abrirlo, se sorprendieron con su contenido: dos sufragios con sus nombres.
No había duda de que el periodista y el reportero gráfico estaban en grave riesgo y decidieron llamar a la dirección del diario para narrar lo sucedido y recibir instrucciones. La orden fue regresar ese mismo día a Medellín en el vuelo de la tarde. Una vez en la capital antioqueña, se fueron directo a la sede del periódico, en el municipio de Envigado, y contaron lo sucedido a las directivas.
En esa reunión se acordó guardar silencio sobre el asunto y no hacerlo público, dada la delicadeza del tema. Del caso supo la Unidad Nacional de Protección, que designó un agente de policía como medida de protección para el periodista. La compleja situación llevó a dos periodistas más de El Colombiano a renunciar a sus cargos.
El caso no fue informado de manera oficial a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que atiende este tipo de casos en el país. Pedro Vacca, director ejecutivo, le explicó a VerdadAbierta.com que supieron del caso desde la última semana de febrero a través de una fuente que solicitó guardar la reserva de la identidad. “Eso fue parte de lo problemático porque es un caso atípico. Generalmente los casos que conoce la FLIP suelen llegar por el mismo periodista afectado y éste no fue así. Para que nosotros actuemos debe haber consentimiento del periodista afectado”.
Vacca también confirmó que han intentado hablar con las directivas de El Colombiano para documentar el caso, pero hasta el momento no ha sido posible.
Poco se sabe de quiénes podrían estar detrás de estas amenazas. Lo cierto es que la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras en el Urabá antioqueño se está convirtiendo en un polvorín por el alto nivel de tensión al que ha llegado entre los reclamantes de predios y aquellos empresarios que reclaman la posesión de la tierra y defienden la buena fe de sus compras en el pasado.
La situación se ha complicado debido a la decisión que han tomado algunos reclamantes de tierras de ocupar, por las vías de hecho y sin mediar ninguna decisión judicial, aquellas fincas que consideran suyas, pero que están en estrados judiciales en proceso de aclaración de la propiedad para que sea un juez de la República el que defina la situación. Los solicitantes de la restitución alegan que el trámite ha sido muy demorado y eso los afecta, pues no tienen tierras donde trabajar y consideran legítimo ocupar las tierras que consideran suyas.
El problema es que los predios están siendo ocupados por empresarios que también consideran legítima su permanencia, pues consideran que fueron compradores de buena fe y hasta tanto una decisión judicial no defina quién es el dueño, seguirán explotando la tierra.
Esas tensiones no son nuevas ni las ocupaciones por las vías de hecho tampoco. Esa estrategia se remonta al 2008 cuando se creó la Mesa Nacional de Trabajo Campesina para el Programa de Recuperación de Tierras, que lideró Benigno Gil, una víctima del despojo en el municipio de Mutatá. En agosto de ese año se tomaron las primeras fincas, El Jardín y El Diamante, englobadas materialmente en la finca Montecarlo.
La situación se fue tornando más y más agresiva, pues la toma de fincas era rechazada con medidas policivas y desalojos que enfrentaban a los labriegos con piquetes de Policía. Además, aparecieron las amenazas contra Gil, las que se concretaron el 22 de noviembre de 2008 en Chigorodó, donde fue asesinado.
Con esa muerte se disolvió la Mesa Nacional de Trabajo Campesina para el Programa de Recuperación de Tierras, pero los reclamantes no perdieron el ímpetu y continuaron con esa estrategia de ocupación de fincas, la última de las cuales fue el pasado 7 de abril. Los reclamantes se tomaron Monteverde, una gran hacienda de propiedad de Fabio Moreno que abarca varias veredas de los corregimientos Bajirá, de Mutatá, y Nuevo Oriente, en Turbo, donde, según organizaciones de la región, varias de las familias reclaman la restitución de 28 predios que fueron despojados de manera violenta en los años 1995, 1996 y 1997. (Ver: La mala hora de Macondo)
Las decisiones judiciales sobre restitución de tierras no han seguido una misma línea. En unos casos, los fallos han favorecido a empresarios agroindustriales y en otros a campesinos reclamantes. En el primero de los casos, la medida más emblemática la representa la Sociedad Guacamayas Ltda., que le ganó un pleito a siete reclamantes que solicitaron la restitución de predios ocupados por esa firma en la vereda Guacamayas, de Turbo. (Ver: Justicia niega restitución a campesino de Urabá y Niegan restitución a reclamantes de tierras de Guacamayas)
En el segundo de los casos, el hecho más significativo ocurrió el pasado 8 de abril, cuando la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia decidió restituir a seis familias campesinas reclamantes de cinco predios en el corregimiento Macondo, de Turbo, que en total suman 245 hectáreas, y estaban en posesión de la firma A. Palacios S.A.S., Oscar Mosquera y Rafael Peniche.
En la decisión quedó consignado que los compradores “demuestran actividades o comportamientos repetidos a pesar del contexto con lo cual puede sospecharse de aprovechamiento masivo de la situación de violencia”.
No obstante, ganaderos y bananeros de la región vienen alertando sobre los posibles efectos que tendrá en su contra la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, para lo cual crearon una asociación a través de la cual harán una fuerte oposición jurídica. (Ver: El polvorín desatado por la Ley de Tierras en Necoclí)
Socios de El Colombiano
En medio de todas estas tensiones emergen los hermanos Jorge Andrés, Juan Carlos y Ricardo Hernández de la Cuesta, socios del 50% del diario El Colombiano y con un paquete de acciones en el diario económico La República. Ellos tres le compraron la finca Flor del Monte, de 736 hectáreas, en el corregimiento Blanquicet, de Turbo, a Raúl Mora Abad, un reconocido ganadero antioqueño.
VerdadAbierta.com consultó con la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) sobre la manera cómo se constituyó esa propiedad. De acuerdo con un informe preliminar elaborado para VerdadAbierta.com, la finca Los Guayabales creció a partir del englobe que involucra diez predios más adquiridos por Mora Abad entre los años 1997 y 1998, según los registros de tradición y libertad de los terrenos.
Discriminados por año, se observa que el 22 de octubre de 1997, este reconocido ganadero registró en la Notaría Única de Pueblo Nuevo la compra de las fincas El Cedro, Si Dios Quiere, El Delirio y El Intermedio, que fueron englobados bajo la matrícula inmobiliaria 034-39299 y dando origen a la finca Flor de la Selva. El 4 de noviembre de ese mismo año Mora Abad acudió a la Notaría Única de Chigorodó para registrar la compra de las fincas Las Brisas, Santa Fe, El Regalo y La Gira. El 19 de enero de 1998, nuevamente el ganadero acudió a la Notaría Única de Chigorodó para registrar la compra de las fincas La Siberia y Los Guayabales.
Con todas estas propiedades adquiridas, Mora Abad las registró como una sola propiedad mediante escritura pública No 2888 del 08 de agosto 2000 de la Notaría 20 de Medellín, predio al que llamó Flor del Monte.
“El citado acto de englobe, cambió las características del predio por su agregación a otros, convirtiéndose en un nuevo predio y unidad catastral, el cual se identifica con el folio 034-50882- Predio Flor del Monte que posee una extensión superficiaria de 736 hectáreas + 3158 metros”, precisa el documento de la SNR.
Ya en el 2001 el predio Flor del Monte fue adquirido por los hermanos Hernández de la Cuesta, quienes ostentan la propiedad en porcentajes similares: Jorge Andrés (34.6%), Ricardo (33.6%) y Juan Carlos (31.6 %).
Dos problemas podrían afrontan los actuales propietarios de esta finca del corregimiento Blanquicet, de Turbo. De un lado, y según la valoración realizada por la SNR, Mora Abad habría incurrido en una acumulación indebida de tierras, puesto que la ley indica que aquellos predios que fueron adjudicados como baldíos no pueden exceder la Unidad Agrícola Familiar (AUF), que para el municipio de Turbo es oscila entre 14 y 68 hectáreas.
De acuerdo con los registros de las propiedades, los predios que conforman la finca Flor del Monte tuvieron como origen adjudicación de baldíos por el Incora entre los años 1979 y 1995 a campesinos de la región, lo que podría estar violando las restricciones contempladas en la Ley 160 de 1994, entre ellas las incluidas en el parágrafo 9 del artículo 72, que establece que “ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente adjudicados como baldíos, sí las extensiones exceden los límites máximos para la titulación señalados por la Junta Directiva para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo municipio o región”.
Asimismo considera que “también serán nulos los actos o contratos en virtud de los cuales una persona aporte a sociedades o comunidades de cualquier índole, la propiedad de tierras que le hubieren sido adjudicadas como baldíos, si con ellas dichas sociedades o comunidades consolidan la propiedad sobre tales terrenos en superficies que excedan a la fijada por el Instituto para la Unidad Agrícola Familiar”.
De otro lado, varios de los predios que conforman la finca Flor del Monte podrían ser objeto de reclamación por parte de algunos de los campesinos que le vendieron a Abad Mora entre 1997 y 1998, cuando en la región ya estaba consolidado el proyecto paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), liderado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño Gil, y época en la cual comenzó la estrategia de despojo de tierras para favorecer a empresarios, inversiones e inversionistas. (Ver: La estrategia de despojo de tierras de los hermanosCastaño)
VerdadAbierta.com consultó el tema con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien aseguró que a Blanquicet aún no han llegado los funcionarios a adelantar los estudios respectivos sobre las posibles solicitudes de restitución que hayan presentado campesinos que consideran que fueron despojados de sus tierras. “Por el momento estamos acabando en el corregimiento Macondo y ese mismo equipo pasará a Blanquicet a estudiar los casos y definir si hubo buena o mala fe en las compras”. Entre los casos a corroborar está el de los hermanos Hernández de la Cuesta.
Serán los jueces especializados de tierras quienes determinen si hubo o no despojo de tierras y si se presentó una acumulación indebida de predios, violando la Ley 160 de 1994.
En uno de sus últimos editoriales sobre el tema del despojo de tierras, publicado el pasado 11 de abril, El Colombiano concluyó que “mientras no se produzcan esas sentencias continuarán conflictos que pueden ir desde el reclamo vecinal y el malestar cotidiano hasta las vías de hecho, las amenazas y, por supuesto, la intimidación, la presión o la eliminación para desalojar modestas parcelas o considerables extensiones de tierra en áreas estratégicas del país, como Urabá”.
Nota editorial: VerdadAbierta.com intentó en varias oportunidades y a través de diversos medios hablar con Marta Ortiz, directora de El Colombiano, y Juan Carlos Hernández, gerente de La República, pero al momento de cierre de esta nota no obtuvo respuesta alguna. Queda, eso sí, el espacio para conocer sus puntos de vista sobre este delicado tema.
