En este corregimiento de Turbo, donde se registró un despojo masivo de tierras a finales de los años 90, se vienen registrando una serie de hechos preocupantes: campesinos que invaden tierras acusando lentitud de la justicia; decisiones de la justicia que se contradicen y, recientemente, intimidaciones y amenazas por parte de hombres armados contra los reclamantes.
Por su ubicación geoestratégica, pues permite conectar fácilmente con el Bajo Atrato chocoano y el Eje Bananero, el corregimiento de Macondo fue objeto de fuertes disputas entre guerrillas y paramilitares.
En la mañana del pasado 11 de febrero no se hablaba de otra cosa en Turbo, Urabá antioqueño. Se comentaba, por boca de campesinos que habían acudido a las autoridades municipalesa denunciar los hechos, que un grupo de 80 hombres que se movilizaban en camionetas y a caballos, ingresó la noche del 9 de febrero al predio Monte Verde de la vereda Bella Rosa, en el corregimiento Macondo.
Los labriegos dijeron que se trató de un comando armado y aseguraron que unos llevaban fusiles, otros portaban pistolas y revólveres, varios más blandían sus machetes. Unos usaban overol negro mientras que otros cubrían sus rostros con ponchos y pañoletas. Que a punta de insultos, amenazas y gases lacrimógenos expulsaron a 14 familias que semanas atrás habían invadido el predio y levantado ranchos de plástico y madera.
Denunciaron que los armados llegaron preguntando por Beatriz Elena Mestre, campesina que adelanta ante la justicia la reclamación de un predio que le fue despojado en época en que los paramilitares eran “Dios y Ley” en Urabá. Y que en la confusión generada por la incursión armada, los insultos y el humo espeso del gas lacrimógeno su paisana, compañera y líder desapareció. Por fortuna, en la tarde de ese mismo 11 de febrero, Beatriz reapareció diciendo que permaneció escondida en un matorral, sin más protección que sus plegarias.
Pero, según los mismos campesinos, a pesar de la gravedad de sus denuncias nadie les creyó y quienes lo hicieron solo atinaron a decir: “ustedes mismos se lo buscaron”. “Esa fue la respuesta que nos dio la Fiscalía en Turbo, que ellos no iban a recibir las denuncias de los campesinos simplemente que porque ellos eran invasores y los que estaban fuera de la Ley eran ellos”, señaló Carlos Páez, integrante de la organización Tierra yVida, que acompaña y asesora a campesinos del Urabá que, como él, alegan ser víctimas del masivo despojo de tierras que hubo en esta región.
Desde instancias oficiales declararon desconocer los hechos con exactitud. Eduard López Vélez, secretario de Gobierno de Turbo, le dijo a VerdadAbierta.com no tener información precisa sobre el particular. “Apenas me estoy enterando, porque hasta el momento no conozco bien los hechos”, respondió el funcionario el pasado jueves 19 de febrero a este medio. Por su parte, el comandante de la Policía Urabá, coronel Raúl Antonio Riaño, dijo públicamente que no tenía ninguna denuncia oficial sobre los hechos en cuestión.
No es la primera vez que desde las montañas del corregimiento Macondo llegan noticias que involucran a campesinos que reclaman tierras marcadas como despojadas; ganaderos que alegan ser legítimos propietarios y un Estado que no sabe cómo arbitrar este conflicto. Lo que comienza a preocupar a organizaciones no gubernamentales como Forjando Futuros, es el calibre de las denuncias formuladas por los reclamantes.
“Un día antes de la incursión llegó la Policía a quitarles los machetes a los campesinos que estaban en (predio) Monte Verde”, dijo Gerardo Vega. “Al otro día llegan estos hombres armados. ¿Cómo va decir la Fuerza Pública que no sabía? ¿Por qué los campesinos, todos, hablan de gases lacrimógenos si los únicos que los utilizan son los policías? El problema grave es que ya se habla de estructuras armadas, patrullando y atentando contra los campesinos”.
Pero, al fin de cuentas ¿qué pasó en el corregimiento Macondo? Para responder este interrogante, primero hay que echarle una mirada al pasado.
Años de reclamación 
A la complejidad que representa para el proceso de restitución el Auto Interlocutorio, se suma la declaración de reserva forestal que pesa sobre varias veredas de Macondo, medida adoptada por el gobierno nacional en el año 2000.
Macondo conecta fácil al occidente con el municipio de Riosucio (Chocó), al sur con Belén de Bajirá (Mutatá) y al norte con Nuevo Oriente, Blanquicet y Lomas Aisladas (Turbo). Por esa posición geoestratégica, útil a la guerra, desde principios de los años 80 la guerrilla de las Farc (y la extinta Epl), el Ejército y los paramilitares se disputaron a sangre y fuego el control del territorio.
A partir de 1995, la balanza de poder se inclinó a favor de los ‘paras’. La violencia ejercida por ellos produjo sendos éxodos forzados en corregimientos como Macondo, Blanquicet, Nuevo Oriente y del vecino territorio chocoano. Luego vinieron las compras masivas de tierras por parte de ganaderos, terratenientes, comisionistas e inversionistas.
En 2007, un grupo de campesinos de estos corregimientos denunció cómo fueron presionados por comisionistas para que malvendieran sus tierras. Sus reclamaciones pasaron primero por los juzgados civiles; luego porvtribunales de Justicia y Paz y, tras la expedición de la Ley 1448 (de Víctimas y Restitución de Tierras) fue la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la que recibió sus casos. En esta entidad estatal reposan 186 solicitudes de restitución solo del corregimiento Macondo, conformado por diez veredas.
Aunque el Estado los ha escuchado, las respuestas no han tenido la celeridad que demandan los reclamantes. En otros casos, las acciones estatales han sido contradictorias. En abril de 2014, por ejemplo, Olimpo Castaño, magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz de Medellín, les negó a siete familias campesinas la restitución de 12 predios ubicados en la vereda Guacamayas, que hace parte de Macondo.
Para este magistrado, ni los labriegos ni la Fiscalía lograron demostrar ni su condición de víctimas de desplazamiento forzado ni las presiones para que vendieran sus tierras a bajos precios a comisionistas cercanos a los ‘paras’. Los predios objeto de disputa jurídica hoy hacen parte de un complejo ganadero que pertenece a la empresa ASA Ltda.
Con la agria sensación de que la justicia estaba contra ellos, decenas de familias reclamantes decidieron invadir las fincas que dicen les fueron despojadas, incluso mucho antes de conocer el fallo proferido en el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.
“Nosotros tenemos un censo de más o menos 400 familias que han retornado, por su cuenta, a Macondo, Nuevo Oriente y Blanquizet en los últimos dos años”, relató Páez, el líder de los reclamantes en Urabá, quien añade que lo único que le queda al campesino, tras la lentitud de la justicia, es invadir: “no se ve ningún avance, pese a lo que se ha dicho en Justicia y Paz. Varios paramilitares han confesado que en la finca que está reclamando Beatriz (Mestre) funcionó una base paramilitar. ¿Qué más hay que esperar?”.
Pero, funcionarios de la URT consultados por VerdadAbierta.com, manifiestan que estas invasiones no son justificables toda vez que los corregimientos Macondo y Nueva Colonia, donde hay mayor número de casos de despojo en Turbo, ya están microfocalizadas y varios casos ya fueron presentados ante los jueces. Lo que sí preocupa a estos funcionarios es que en más del 90% de los predios reclamados en las 186 solicitudes de Macondo se registra ocupación por vías de hecho.
Acciones vs acciones
De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras, los corregimientos de Macondo y Nueva Colonia de Turbo ya fueron microfocalizados y construyen casos de la mayor prioridad para la entidad estatal.
Aunque la URT ha rechazado las invasiones adelantadas por los campesinos, diversas acciones jurídicas emprendidas por la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de derechos humanos han postergado desalojos solicitados por los actuales propietarios de la tierra.
Pero fue el Juez Primero del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó quien sentó un precedente al establecer, en octubre de 2014, que no se trataba de campesinos invasores sino víctimas de la violencia y, por tanto, las autoridades municipales, administrativas, policiales y judiciales de Riosucio (Chocó), Turbo y Mutatá (Antioquia) debían abstenerse de ordenar y realizar diligencias de lanzamientos y desalojos en contra de estas comunidades, hasta tanto el proceso en la jurisdicción de tierras se resolviera.
La medida, que quedó en firme en el Auto Interlocutorio No 08 del 12 de diciembre de 2014, protegió a 39 familias afro y mestizas que ocuparon predios ubicados en la comunidad La Madre, perteneciente al territorio colectivo de comunidades negras de la Larga y Tumaradó, que abarca tierras antioqueñas y chocoanas. Las tierras ocupadas fueron abandonados por los labriegos a mediados de los años 90 por culpa de la violencia y hoy figuran como propiedad de un grupo de cuestionados empresarios ganaderos como Elí Gómez, Jaime Uribe, Fabio Moreno y Adriano Palacios, alias ‘El Negro Pino’, quien fue capturado en marzo de 2014, acusado de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
El Consejo Comunitario de La Larga-Tumaradó se encuentra compuesto por 38 comunidades y siete de ellas se encuentran en el corregimiento Macondo de Turbo: Guacamayas, Eugenia Arriba, Eugenia Abajo, Eugenia Medio, Cuchillo Blanco, Cuchillo Negro y Bella Rosa. De ahí que hay quienes afirman que la medida, bien intencionada, fue como atizar un fuego con gasolina. Todo porque entre diciembre de 2014 y enero de 2015, un número aún no determinado de familias invadió variasfincas en estas veredas que son reclamadas ante los jueces de tierras.
Uno de los predios invadidos fue precisamente Monte Verde, de propiedad de Juan Carlos Moreno, hijo de Fabio Moreno. Según pudo constatar VerdadAbierta.com con fuentes conocedoras del territorio, la finca se encuentra en terrenos no cobijados por la protección del Auto Interlocutorio. VerdadAbierta.com también pudo establecer que el 23 de enero, Juan Carlos Moreno envió misiva a las autoridades de Turbo exigiendo una acción de desalojo de los campesinos, so pena de actuar por su cuenta.
“Lo que denunciaron los campesinos es que desde finales de enero llegaban vaqueros, administradores de las fincas, a tumbarles los ranchitos que estaban levantando”, aseguró Carlos Páez. El punto máximo de tensión se alcanzó en febrero, con el desalojo violento de las 14 familias campesinas. Funcionarios públicos consultados por VerdadAbierta.com y que pidieron reserva de su identidad, confirmaron que un piquete de hombres armados con revólveres, pistolas y machetes, al parecer provenientes de Chigorodó, ingresó al predio la noche del 9 de febrero y, tras intimidar a los labriegos, los expulsó violentamente y quemó sus enseres.
Aunque la organización no gubernamental Forjando Futuros acusa directamente a ganaderos como Jaime Uribe y Fabio Moreno de participar en estos hechos, no existen evidencias que permitan afirmarlo. Lo que sí es claro es que, de acuerdo con los funcionarios consultados por VerdadAbierta.com, lo ocurrido en Macondo se replicó en otras veredas aledañas.
Las 14 familias que invadieron el predio Monte Verde se encuentran en Turbo recibiendo ayuda humanitaria de emergencia mientras que la líder Beatriz Elena Mestre abandonó la región. Los ánimos siguen bastante caldeados. Por ello, ya se escuchan muchas voces que piden al gobierno nacional que preste atención a lo que pasa en Macondo, donde la realidad supera lo que la imaginación pudiera concebir.
