El asesinato de Víctor Castillo, quien lideró el proceso de desmovilización de un grupo de milicianos no reconocidos por las Farc profundizó la desconfianza de la población en el Estado. Las comunidades reclaman acciones rápidas e integrales. Para calmar la situación, Vicepresidencia de la República anunció medidas.
Desde la salida de las Farc de Tumaco la violencia aumentó y muchos milicianos quedaron por fuera del proceso de paz. Foto: archivo Semana.
La noche del pasado jueves fue de zozobra en algunos barrios de Tumaco; en pocas horas sicarios asesinaron a cinco personas, entre ellas a Víctor Segundo Castillo, un mediador comunitario que estaba trabajando para que el gobierno nacional atendiera a 128 milicianos que entregaron sus armas tras ser rechazados por la guerrilla de las Farc y se vincularan a ese proceso otros jóvenes más.
El crimen de Castillo se perpetró a eso de las 8:30 de la noche frente a su casa, en una de las callejuelas del barrio Panamá, donde residía con su familia. Por lo menos cinco hombres lo abordaron y le propinaron sendos disparos. Con su muerte, se frenó, por ahora, la posibilidad de que otros milicianos de las Farc dejen sus armas y se reincorporen a la vida legal.
“Anoche la esposa me contó que Víctor se levantó al terminar la cena para darle los restos de su comida a un perro de la calle. Cuando se dieron cuenta, escucharon 15 disparos, pero no se sabe quiénes fueron”, aseguró una defensora de derechos humanos de la zona que pidió la reserva de su nombre.
¿Quién segó la vida de Castillo? “Pueden ser desadaptados que están en contra del proceso, porque están en otro cuento”, respondió a VerdadAbierta.com un líder comunal que acompaña el proceso de reinserción de los 128 jóvenes. Y es que en el puerto nariñense sobre el Pacífico las balas que acabaron con la vida de este mediador pudieron venir de cualquier lado: grupos disidentes de las Farc, narcotraficantes o delincuencia organizada.
Castillo llevaba la vocería del grupo de siete líderes comunales que adelantaron gestiones para que los milicianos, decenas de ellos pobladores del populoso barrio Humberto Manzi, dejaran las armas, pese a que no fueron reconocidos por las Farc, y por ende no podían entrar a las zonas veredales ni recibir los beneficios del proceso de paz. El proceso comenzó el pasado 28 de marzo.
Víctor Castillo había mediado entre ‘Don Y’ y las Farc y luego en la desmovilización de 127 exmilicianos. Foto: Tomada de Noticias UNO.
Los mediadores lograron sentar en una misma mesa a representantes de la Alcaldía de Tumaco, la Fuerza Pública, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Diócesis de Tumaco y la Defensoría del Pueblo, entre otros, y los convencieron de que les abrieran las puertas a la vida civil a los milicianos que querían dejar las armas.
En ese proceso se vincularon 128 hombres, entre ellos 19 menores, quienes están a la espera de los beneficios que supone integrarse a los programas de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR).
Por tales tareas, Castillo había recibido amenazas hace varias semanas. Se las hicieron llegar con alguien que lo conocía. Aquellos que tienen el dominio de algunos barrios marginales de Tumaco y de sus zonas rurales no estaban contentos con la idea de promover la desmovilización. “Le dijeron que lo iban a matar por el proceso, por lo que él estaba haciendo”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Esas amenazas llevaron a Castillo, y a otro líder comunal, a gestionar ante a Unidad Nacional de Protección (UNP) medidas de protección. Su solicitud fue atendida y le dieron un chaleco antibalas, que no usaba al momento de su muerte.
“Yo decía aquí que el chaleco no tenía presentación, porque aquí le tiran a uno a la cabeza, no al pecho; un celular,de aquí a que se llame y atiendan, tampoco. No estoy diciendo que sea malo, pero no es la solución”, reclamó Luis Alfredo Vásquez, un líder comunal.
La tarea de Castillo y de líderes como Vásquez era buscar la desmovilización de por lo menos otros 343 hombres, quienes no se acogieron al proceso de paz firmado por las Farc y el gobierno nacional, y continúan con sus actividades ilegales en diversas zonas urbanas y rurales de Tumaco.
Quienes también están en riesgo son los jóvenes que dejaron sus armas y decidieron confiar en las políticas de reintegración del Estado. En el último mes han sido asesinados tres de ellos, incluido un menor de 16 años de edad.
“En estos contextos y en etapas tan tempranas, la población de desmovilizados es muy vulnerable, más cuando persisten grupos armados de diversa índole. Llama la atención que el Estado colombiano, con toda la experiencia acumulada que tiene, reedite medidas como las del chaleco antibalas que realmente son pañitos de agua en contexto tan frágiles como el de Tumaco”, opinó un investigador que pidió la reserva del nombre.
Hace poco menos de dos meses, VerdadAbierta.com advirtió el riesgo que corrían los mediadores de Tumaco que promovían la desmovilización. “En Tumaco puede ocurrir cualquier cosa. Tumaco es polvorín de dimensiones incalculables”, declaró en aquel momento Harold Ruiz, asesor de paz y responsable del tema de sustitución de cultivos en la Gobernación de Nariño. Lamentablemente la alerta se cumplió. (Leer más en: Grupos armados ilegales de Tumaco, en un callejón sin salida)
Vicepresidente, en Tumaco
Acompañado de autoridades locales y nacionales, el vicepresidente Óscar Naranjo anunció acciones integrales para contrarrestar la violencia en Tumaco. Foto: Juan Diego Restrepo E.
En este contexto violento aterrizó ayer en la mañana en Tumaco el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo. Su agenda incluyó participar en un consejo de seguridad con las autoridades locales, así como con oficiales del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, y funcionarios de la Fiscalía.
Momentos antes de reunirse con el Vicepresidente, el líder comunal Vásquez fue enfático en explicar qué necesita Tumaco para superar sus problemas: “No queremos más policías, no queremos más soldados, queremos más inversión social verdadera, justicia social a todas las comunidades. Y que todo lo que prometa se cumpla”.
Tras finalizar el consejo de seguridad, Naranjo entregó declaraciones a la prensa en las cuales destacó que junto a las autoridades pretendía dar “una respuesta clara, nítida, prioritaria, sobre los hechos que acontecen en Tumaco”.
Inicialmente anunció la puesta en marcha de un centro integral para la inclusión social y la convivencia, “con la participación directa de funcionarios del nivel central, de la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas, del Departamento de la Prosperidad Social, la Consejería de Derechos humanos y Coldeportes”.
En su explicación de este centro, precisó que “estamos notando en Tumaco unos movimientos de ciudadanos que estuvieron instalados en culturas de ilegalidad que necesitan ser incluidos social y legalmente, pero que necesitan ser asistidos de manera integral, y allí la conclusión de esta reunión es la necesidad de dar una respuesta integrada”.
Luego destacó la necesidad de atender los problemas de seguridad del puerto y para ello dijo que se avanzará en dos capacidades: inteligencia e investigación judicial, y prevención y disuasión policial. “He sido informado que se ha puesto en marcha todo un procedimiento para garantizar un incremento de una unidad especial de intervención policial que se sumará a las capacidades ya existentes en Tumaco”, declaró Naranjo.
Por último y con respecto al asesinato de Castillo, destacó que “es un caso donde no permitiremos impunidad”. Y anunció la constitución de un grupo especial de investigación a cargo de funcionarios de alto nivel de la Fiscalía, apoyado por investigadores del CTI e investigativas de la DIJIN de la Policía Nacional.
Las medidas anunciadas pretenden, también, generar confianza entre la población, circunstancia que está profundamente afectada, de acuerdo con Arnulfo Mina, vicario de la Diócesis de Tumaco, quien expresó su temor ante las consecuencias que se deriven del asesinato de Castillo.
“Sabemos que hay un grupo de jóvenes bastante considerable que están armados, ellos estaban en ese proceso de dejar las armas y el líder que mataron era el que más hablaba con ellos. Pero mire los resultados, esto lo que hace es generar desconfianza. Tal vez los que tenía intención de desmovilizarse ahora lo estarán pensando”, indicó Mina.
El sacerdote también llamó la atención sobre el papel que está cumpliendo la ACR con los jóvenes desmovilizados: “La ACR está trabajando, es cierto, pero las acciones son muy paquidérmicas; los jóvenes tienen buena voluntad, dicen que quieren estudiar, que quieren trabajar, pero llevamos dos meses en la caracterización y no pasa nada, y eso los cansa”. Y ese cansancio, según el prelado, puede ser aprovechado por aquellos ilegales que tienen una oferta en dinero superior a la ofrecida por el Estado, lo que puede generar mayores expresiones de violencia.
Bajo la responsabilidad de la Vicepresidencia de la República quedan las estrategias para generar confianza entre la población, que espera hechos concretos, rápidos y eficaces que contribuyan a superar la violencia que vive Tumaco, que por lo visto se le salió de las manos a las autoridades.
