La defensa del ex jefe paramilitar aseguró ante el juez estadounidense que se entregó y renunció a bienes en forma voluntaria y que ha demostrado una extraordinaria aceptación de responsabilidad y remordimiento.
Por IPC especial para Verdad Abierta
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| Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’ pidió al juez que lo procesa en Estados Unidos una menor condena. Foto Semana |
Con falsedades y contorsiones de la información, la defensa del otrora poderoso jefe paramilitar colombiano Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido con el alias de ‘Don Berna’, espera convencer a la justicia estadounidense para que lo sentencie a 27 años de prisión y no a 33 años y 7 meses, como lo ha pedido la Fiscalía de ese país, tras acusarlo de conspirar para exportar cocaína desde Colombia.
La defensa dijo que las actividades de narcotráfico realizadas por las Auc eran “cobro de impuestos” sobre la producción de cocaína. También aseguró haberse entregado voluntariamente, olvidando que las autoridades lo tuvieron que perseguir luego de que se escapara de Santa Fe Ralito cuando supo de una orden de captura en su contra. Y presentó como “renuncia voluntaria”, la incautación que hizo el Estado de sus propiedades, que además había negado poseer durante sus audiencias de Justicia y Paz. Todo ello para convencer al Juez que ‘Don Berna’ merece una rebaja de la sentencia pedida por la Fiscalía.
Así se desprende de una lectura detallada del Memorándum Suplementario de Sentencia enviado el pasado 19 de febrero al Juez Richard M. Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por la abogada Margaret M. Shalley, apoderada de el ex jefe paramilitar. En éste la defensa respondió a los argumentos de la Fiscalía del pasado 9 de febrero de este año con los cuales pidió que se le aplicara a ‘Don Berna’ la máxima pena que se le puede imponer a un ciudadano colombiano extraditado a ese país.
La solicitud de rebaja de pena también la solicita de manera directa Murillo Bejarano, quien en un escrito anexo al Memorándum Suplementario de Sentencia, le expone al juez Berman las duras condiciones de prisión que tuvo que soportar durante tres años en Colombia, antes de ser extraditado a Estados Unidos el 13 de mayo de 2008, junto a otros 14 comandantes de las Auc. (Ver anexo alias don Berna apela a la piedad)
Ambos documentos, a los cuales tuvo acceso la Agencia de Prensa IPC, no poseen ningún tipo de reserva judicial, se encuentran archivados en la base de datos de las cortes federales y se pueden consultar libremente.
El primer argumento de la defensa para pedir la disminución de la sentencia propuesta por la Fiscalía se relaciona con el origen del dinero proveniente del narcotráfico. Según el escrito, era producto del cobro de un “impuesto” a la producción de cocaína y, en ese sentido, su cliente “no estuvo a cargo de todas las actividades de tráfico de estupefacientes, incluidas allí los transportes de cocaína y las operaciones financieras de las AUC”, como lo había asegurado la Fiscalía. Él era responsable de recoger ese impuesto entre de los bloques Héroes de Tolová, Cacique Nutibara y Héroes de Granada, que operaron bajo su mando en Antioquia y Córdoba.
No obstante, el pasado de este jefe paramilitar está ligado con estructuras mafiosas de Antioquia y el Valle del Cauca. Según registros judiciales, fue jefe de seguridad de los hermanos Fernando y Mario Galeano, reconocidos narcotraficantes de Itagüí asesinados el 4 de julio de 1992 por Pablo Escobar; en venganza, se alió con el Cartel del Norte del Valle para perseguir al capo del cartel de Medellín; tras la muerte de Escobar, se vinculó con la llamada Oficina de Envigado, desde donde articuló diversas bandas sicariales del Valle de Aburrá para ponerlas al servicio del paramilitarismo, y se articuló a las Auc gracias a las conexiones que le quedaron tras las operaciones contra Escobar para legitimar sus acciones criminales.
Un segundo argumento de la defensa precisa que su cliente se entregó voluntariamente a las autoridades, “mostrando extraordinaria aceptación de la responsabilidad”. Pero la realidad muestra que fue bajo presión, y tras una intensa discusión de tres días entre las autoridades colombianas y los jefes paramilitares reunidos en el corregimiento Santa Fe Ralito, de Tierralta, Córdoba, que se logró su entrega el 27 de mayo de 2005.
Alias don Berna se había fugado del sitio de concentración de los jefes paramilitares de las Auc tras conocer una medida de aseguramiento en su contra por el asesinato del diputado de Córdoba Orlando Benítez, su hermana y el conductor, cometidos el 10 de abril de 2005, lo que lo pondría fuera del proceso y perdería sus beneficios. En esos tres días, estuvieron detrás de sus huellas más de 2.000 policías.
El tercer argumento de la defensa para convencer al juez Berman se centra en que Murillo Bejarano “le ha dado un enorme apoyo y financiación al proceso de Justicia y Paz” y continúa colaborando con ese proceso “a pesar de haber sido extraditado a los Estados Unidos”. La defensa rebate la afirmación de la Fiscalía estadounidense que advierte que el jefe paramilitar “no ha presentado evidencia que sugiere que habría terminado su voluntariamente las actividades del tráfico de drogas si no fuera por su extradición a los Estados Unidos”.
Son tres los aspectos que, en ese sentido, contrapone la apoderada del jefe paramilitar para contrarrestar los argumentos del ente acusador.
Inicialmente, según la defensa, alias don Berna financió proyectos de erradicación de cultivos de uso ilícito adelantados por desmovilizados del Bloque Héroes de Tolová de las Auc entre los años 2005 y 2006. La realidad muestra que si bien hubo erradicación manual de cultivos de uso ilícito, se limitó a un trabajo de dos días en las veredas Alto de San Juan, el Yayo y la Culebra del municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia.
Esos trabajos labores de finales de 2005 se hicieron bajo la orientación de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Defensa, el Programa Presidencial de Acción Social y el Programa de Reincorporación a la Vida Civil del Ministerio de Interior y Justicia. Participaron en ellos 106 personas, entre reinsertados de los bloques Bananero, Calima, Héroes de Tolová, Catatumbo y Suroeste antioqueño de las Auc. En esa ocasión sólo se eliminaron 57 hectáreas de hoja de coca.
Luego, la abogada defensora destaca la “renuncia voluntaria” que ha hecho el otrora Inspector General de las Auc a propiedades en 47 poblaciones del país valoradas en US$12 millones de dólares. “La entrega de estas propiedades demuestra una extraordinaria aceptación de la responsabilidad por parte del señor Murillo Bejarano”, reitera la defensa. Pero tal afirmación riñe con la verdad.
En sus primeras versiones ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz en julio de 2007, Murillo Bejarano aseveró que sólo tenía “una finca y una casita”, lo que fue percibido como una manera de evadir la responsabilidad de reparar a las víctimas. Los bienes que registran las autoridades han sido incautados por las autoridades colombianas en procedimientos policiales y no por la decisión del jefe paramilitar de entregarlos. Incluso, no es seguro que esos bienes pasen al Fondo de Reparación creado en la Ley de Justicia y Paz para compensar a las víctimas de la barbarie paramilitar, pues allí no se admiten propiedades que estén en proceso de extinción de dominio.
Finalmente, la defensa centra su alegato en la participación de alias don Berna “en varios proyectos comunitarios de gran escala, algunos de los cuales fueron una iniciativa conjunta con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”. Sin embargo, no es clara la defensa a qué proyectos se refiere y si aún siguen siendo productivos, sobre todo si se tiene en cuenta un informe divulgado por la Procuraduría General de la Nación en mayo de 2008, que concluye que el 99 por ciento de esos proyectos eran inviables, entre otras razones porque presentaban formulación técnica insuficiente, sin metodología, sin operador, sin proponente identificado; en otros, faltaba de claridad en la tenencia de los predios, había pérdidas de insumos y manejo inadecuado de productos.
En resumen, la abogada manifiesta que su cliente “ha mostrado claramente el remordimiento y la rehabilitación”, al aceptar semanas después de haber sido extraditado a ese país los cargos por narcotráfico. Pero tal aceptación contradice sus actuaciones procesales en Colombia. En el juicio que se le siguió por los hechos criminales ocurridos en la comuna 13 de Medellín entre los años 2003 y 2004, negó cualquier relación con este delito, a pesar de que hombres bajo su mando tenían en ese sector de la ciudad un laboratorio para el procesamiento y producción de cocaína, con lo cual financiaban su consolidación urbana.
En su escrito al juez Berman, la defensa de ‘Don Berna’ concluye que dado que su cliente es “un hombre de mala salud”, la sentencia solicitada por la Fiscalía de 33 años y siete meses de prisión, y más aún, la solicitada por su apoderado, de 27 años, “es presumiblemente una sentencia de muerte”.
Los alegatos finales ante el juez Richard M. Berman, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, han sido programados para el próximo lunes 9 de marzo. Sólo entonces se sabrá qué peso le dio el juez a los argumentos de la defensa y de la fiscalía y dictará su sentencia.
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