Se formuló hace ya diez años, fue seleccionado por el gobierno nacional para arrancar con su implementación y son pocos los logros alcanzados. La impaciencia embarga a los labriegos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare.
Durante las conmemoraciones del Festival del Río, la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) elaboro balsas alusivas a la paz como un mensaje del anhelo por el que lucha esta comunidad. Foto suministrada ATCC.
Ha pasado casi una década desde que se formuló el Plan de Reparación Colectiva de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y hasta el momento no hay avances significativos en su ejecución. A los labriegos les ha tocado armarse de paciencia para esperar que el Estado cumpla.
Propuestas fundamentales en temas políticos, ambientales, sociales y productivos se están quedando en el papel porque hasta el momento son pocas las acciones que se han concretado. En esa apreciación coinciden Luis Fernando Serna y Rebeca Cano, quienes hace diez años participaron de la formulación de ese plan.
Si bien en 2006, los campesinos hicieron los primeros acercamientos con el Estado para exponerle su plan, construido sobre la base de la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, solo fue dos años después que el gobierno nacional mostró interés en realizar un primer diagnóstico de los daños que causó el conflicto armado a esta comunidad, incrustada en la región del Magdalena Medio.
La iniciativa de esta asociación recibió un respiro tras ser seleccionada por el gobierno nacional para realizar un proyecto piloto, junto con seis propuestas más, sobre reparación colectiva, siguiendo los lineamientos de la Ley 1448 de 2011, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012 y a través de la cual se creó la Unidad Nacional de Víctimas, cuya misión es reparar a las víctimas del conflicto armado.
La ATCC entonces fue integrada a las iniciativas de El Tigre y El Placer, en Putumayo; la Universidad de Córdoba, en Montería; La Gabarra, en Norte de Santander; La Libertad, en Sucre, y El Salado, en la región de los Montes de María.
Serna explica que hay mucha expectativa con los proyectos formulados porque esperan que a través de su ejecución se supere la condición de pobreza que padece la comunidad. “Cuando el Gobierno nos dijo que cómo querían que nos repararan, las expectativas fueron muy grandes”, reitera.
Sin embargo, los únicos avances que existen se deben, según Cano, al impulso que le ha dado la comunidad. Lo que falta, dice, es el compromiso del Estado, pero con respeto. “Para nadie es un secreto que las instituciones quieren imponer sus planes o sus diseños, y la principal exigencia que hemos hecho es que respeten nuestra autonomía”, agrega la líder de ATCC.
Fuente: ATCC
Ejemplo de resistencia
La ATCC nació el 14 de mayo de 1987en el corregimiento La India, en Landázuri, Santander, y tiene influencia en cinco municipios más: Cimitarra, Bolívar, El Peñón, Sucre y La Belleza. En total, son 36 veredas en tierras colindantes al río Carare. Según los datos de la organización, a la fecha cuentan con 480 socios y sus objetivos están enfocados en la resistencia civil, la promoción de la convivencia pacífica, el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento organizacional y funcional en un territorio de 94 mil hectáreas.
Como lo documenta el libro El orden desarmado, del Centro Nacional de Memoria Histórica, esta asociación es un ejemplo de resistencia. Padeció los ataques de grupos guerrilleros y paramilitares, que ocasionaron asesinatos y desplazamientos, buscando destruir la médula de la comunidad: su organización social. De los 7 mil habitantes que estimaban componían su territorio, 3 mil 600 lograron aguantar los embates en sus veredas; el resto se desplazó a otras regiones del país.
Sus pobladores llevan a cuestas la guerra desde la década del setenta, cuando llegó la guerrilla de las Farc a esa región, no solo imponiéndose con sus armas, sino con sus actividades políticas a través del movimiento conocido como Unión Nacional de Oposición (UNO).
Luego sus padecimientos empeoraron una década después cuando el Ejército desarrolló en aquella región una fuerte represión contrainsurgente ejecutando acciones como la carnetización de sus habitantes, la instalación constante de retenes viales, el toque de queda en las poblaciones, las detenciones masivas, los allanamientos sin orden judicial y las torturas aplicadas contra supuestos guerrilleros capturados.
La situación empeoró desde mediados de la década del ochenta, cuando irrumpieron grupos de autodefensas, conformados por hombres que fueron entrenados por militares ingleses e israelitas en fincas de Puerto Boyacá, Magdalena medio boyacense; y se agravó, cuando todos ellos se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en julio de 1997.
Los campesinos del Carare estuvieron en medio del ‘sánduche’ del conflicto. Fueron quienes tuvieron que soportar combates, hostigamientos y amenazas, y por eso se bautizaron como una “comunidad de paz”. Según el recuento histórico de la Asociación, el 24 de mayo de 1987 lograron que las los frentes 11 y 23 de las Farc firmaran una acuerdo para no violentar más a la comunidad.
La ATCC, ya constituida legalmente ese año, se fue fortalecimiento con la creación de instituciones educativas como el Colegio INSAI (Instituto Agrícola de La India) y escuelas en las veredas La Zarca, Mate Guadua y La Pedregosa. Elaboraron pronto un Plan de Vida y desarrollaron trabajos de cultura de paz en todas las veredas y corregimientos a orillas del Carare.
Este ejemplo de resistencia fue el que quiso mostrar la periodista Silvia Margarita Duzán cuando viajó el 26 de febrero de 1990 hasta Cimitarra, Santander, para entrevistar a varios líderes de la ATCC, cuyas voces incluiría en el documental que preparaba para el Canal 4 de la BBC. Al momento de su muerte, estaba reunida en el restaurante La Tata con los campesinos Josué Vargas, presidente de la Asociación, y Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, líderes de la organización social. Todos fueron masacrados por los paramilitares de la región sin que hasta la fecha haya una condena por estos crímenes.
Pese al intento por desvertebrar la Asociación, los campesinos lograron que las Autodefensas de Puerto Boyacá no volvieran a atacar la población. La ATCC se ha caracterizado por el diálogo directo con los actores armados ilegales, un mecanismo que les ha permitido sobrevivir y que les fue reconocido, además por el trabajo comunitario, con el Premio Nobel Alternativo de Paz, concedido en septiembre de 1990 en Suecia.
La Asociación fortaleció su proceso organizativo y luchó porque se protegiera una zona conocida como La Cuchilla del Minero, afectada no solo por la deforestación provocada por la explotación de madera, sino por los cultivos de amapola que comenzaron a proliferar con la presencia de la guerrilla. Tras las múltiples peticiones, el antiguo Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) declaró en 1993 La Cuchilla como Zona de Reserva Forestal, protegiendo unas 10 mil hectáreas.
Este es el río Minero, uno de los afluentes clave que protege la comunidad del Carare como parte de la riqueza de su territorio. Foto suministrada ATCC.En 1995, la Asociación recibió un nuevo galardón, el premio Nosotros el pueblo, 50 comunidades, otorgado por Naciones Unidas en Nueva York. Y continuó con su trabajo social apoyada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
No obstante el reconocimiento internacional, las comunidades del Carare vivían tiempos difíciles. Con el fortalecimiento de las Auc al finalizar la década de los 90, los cultivos de amapola fueron reemplazados por los de hoja de coca para la producción de clorhidrato de cocaína. Y la guerra empeoró.
En 2001 otros 2 mil campesinos se desplazaron tras los constantes enfrentamientos entre el frente 23 de las Farc y comandos paramilitares de las Auc. Ambos se disputaban la riqueza del territorio, marcada por montañas y conectada por ríos, queriendo, además, controlar la producción de coca y las rutas del narcotráfico.
La situación empeoró cuando llegó una ‘lluvia’ de glifosato para contrarrestar los cultivos de hoja de coca, siendo el año más grave el 2004. Esta acción estatal obligó a muchos labriegos a abandonar sus tierras, pues el químico echó a perder sus cultivos de plátano, cacao, maíz, yuca, arroz y ajonjolí, con lo que sostenían a sus familias.
En medio fragor del conflicto, los campesinos siguieron resistiendo y actualizaron su Plan para la Vida y la Paz, la hoja de ruta de la comunidad para gestionar proyectos que mejoraran su calidad de vida, reafirmaran su voluntad política de impulsar la paz, fortalecieran el liderazgo comunitario y potenciaran su acción como parte de la sociedad civil. En esencia, como lo documentó la Asociación, “para trabajar en equipo y transformar la cultura lindividualista, paternalista y dependiente”.
Los campesinos de la ATCC se caracterizan por realizar procesos comunitarios de capacitación permanente. La comunidad suma unos 10 mil habitantes a lo largo de 36 veredas en seis municipios. Foto suministrada ATCC.
¿Pocos logros?
Pese al empuje de la comunidad, de la visibilidad que han logrado dentro y fuera del país y a la institucionalidad que desde hace ya varios años existe para sacar a flote a comunidades como la que ella lidera, “el proceso de reparación colectiva ha sido muy largo y desgastante”, opina Isabel Cristina Serna Rentería, representante legal de ATCC.
Quien se siente a conversar con los líderes de la comunidad puede invertir horas y horas reconstruyendo la historia de las reuniones y promesas que han recibido del sector oficial y revisando decenas de documentos que han acopiado para hacer seguimiento al proceso.
El archivo original del proceso de reparación colectiva suma 104 páginas. La ATCC lo ha ido depurando y le hace chequeo en un Excel organizado en las casillas de inversión, funcionamiento, y gestión y articulación. Es quizá la comunidad que en el país ha hecho el trabajo más juicioso de memoria histórica. Todo lo registran, todo lo documentan.
El Plan está organizado en tres grandes medidas de reparación redactadas como Programa de Estrategia de Rehabilitación Psicosocial Comunitaria, Programa Agrofestal de Restitución del Medio Ambiente y Programa de Restitución de Bienes Colectivos. Entre los tres ejes, hay por lo menos 38 acciones de reparación formuladas por la comunidad y aprobadas por el gobierno, de las cuales solo tres han sido cumplidas hasta el momento, según tiene registrado la ATCC.
“De las medidas, hemos logrado que se concrete la entrega de maquinaria, el desarrollo de la finca integral campesina y el apoyo al Instituto Agrícola de La India (INSAI). La idea es que este sea un colegio piloto que impulse prácticas agrícolas que puedan replicarse al interior de las comunidades”, explica Isabel Serna.
Testimonio sobre las expectativas
La medida más atrasada es la de tierras, pues su implementación dependió en parte de la diligencia del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, en liquidación), ahora Agencia Nacional de Tierras, la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), y la implementación de proyectos de mejoramiento de vivienda, polideportivos y construcción de escuelas.
Pese a la lentitud, Luis Fernando Serna Rentería, Rebeca Cano Taborda e Isabel Serna Rentería coinciden en que “no han tirado la toalla” porque son años de trabajo conjunto y no olvidan que fueron la primera comunidad campesina que se asoció en la región del Magdalena Medio en la defensa de los derechos humanos.
“Si el proceso más antiguo de reparación colectiva del país va a esta ‘velocidad’, qué puede proyectarse para otras comunidades”, cuestionan en la Asociación. “La experiencia adquirida en nuestra reparación debería replicarse rápidamente en otras comunidades víctimas”, sugiere la Represente Legal de la ATCC.
Sin embargo, los campesinos reconocen que la responsabilidad del Estado no sólo recae en la Unidad Nacional de Víctimas, requiere la voluntad política y celeridad que le impriman la Gobernación de Santander, las alcaldías de los seis municipios de la zona de influencia de ATCC, varios ministerios, el Departamento de Planeación Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf),por nombrar algunas de las instituciones responsables, sin contar la Agencia de Tierras y la corporación ambiental.
“Las comunidades tendremos que seguir teniendo mucha paciencia porque sentimos que el Estado no tiene un camino claro de dónde y cómo avanzar hacia el posconflicto, hacia la reconciliación y la reparación”, afirma Luis Serna.
Lyda Camacho, coordinadora del Programa de Reparación Colectiva para la Zona Centro de la Unidad de Víctimas, reconoce que la comunidad tiene razón en que el proceso ha tardado más de ocho años, pero argumenta que la principal dificultad radica en la ausencia de un marco legal que obligue a las autoridades locales a asumir responsabilidades y cumplir los compromisos adquiridos.
Testimonio sobre el posconflicto
“Hemos tenido que hacer una apuesta por lograr acuerdos políticos para que las instituciones se comprometan”, agrega Camacho. Por ejemplo, para la entrega de maquinaria, tuvieron que emitir una resolución para que fuera la comunidad la que la recibiera y administrara; y no las alcaldías o la Gobernación.
Según es funcionaria, la Unidad Nacional de Víctima tiene el compromiso institucional de sacar adelante éste y los otros seis procesos piloto de reparación colectiva, de tal manera que para junio de 2016 tienen planeado convocar a una “mesa de alto nivel para verificar qué medidas están pendientes y reformular algunas si es necesario”.
Camacho asegura que no son tres sino diez las acciones que ya han cumplido, y que los temas relacionados con tierras, como la Zona de Reserva Forestal, la informalidad de la propiedad y las necesidades de infraestructura han tenido obstáculo por “relaciones políticas tensas” en el territorio.
Por su parte, los campesinos de las ATCC esperan que el gobierno le imprima acelerador a las deudas históricas del campo, sobre todo cuando se ha avanzado tanto en las negociaciones con las Farc. “¿Cómo aterrizar la paz si las necesidades básicas siguen siendo insatisfechas?”, se preguntan en el Carare.
*Periodista comunitaria de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (Atcc), aspirante al título de Psicóloga.
Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com
