Las turbulencias del programa de Paz y Reconciliación de Medellín

1) ¿Quién gobernó Medellín durante el cuatrienio 2004- 2007, Sergio Fajardo o “Don Berna?

2) ¿Fue el Programa de Paz y Reconciliación de Medellín un factor de consolidación del Estado (nacional y municipal) en la ciudad o en realidad le sirvió al paramilitarismo para mimetizarse en la legalidad y, de paso, canalizar las ambiciones políticas de Salazar?

¿Cuáles eran las alternativas que se desplegaban ante el Alcalde Fajardo para enfrentar, durante su administración, ese factor de poder llamado “Don Berna“? Hipotéticamente eran tres: 1) erradicarlo violentamente; 2) coexistir con él de manera complaciente o 3) minimizar gradualmente su poder e influencia. Visto en perspectiva, consideramos que el Alcalde Fajardo escogió esta última.

La erradicación violenta era inviable e indeseable. Se hubiera traducido en una multiplicación de operaciones “Orión”, que ni la ciudad ni el Gobierno Nacional, titular de la facultad represiva, hubieran secundado. Aparte del enorme costo humano, su eficacia hubiera sido muy limitada cuando nocontraproducente para disminuir la violencia.

En cuanto a la coexistencia complaciente, expresada en la celebración de un soterrado acuerdo de gobernabilidad compartida, hubiera podido serle útil a Fajardo para obtener réditos inmediatos, pero hubiera sido catastrófica para su proyección política futura. En primer lugar, le habría pulverizado la coalición política que lo apoyaba. En segundo lugar, puede uno preguntarse: ¿Acaso es concebible construir un proyecto político de alcance nacional, como lo pretende Sergio Fajardo, a partir de una alianza con ese hibrido espantoso de narcotráfico, paramilitarismo y delincuencia organizada? La respuesta más probable es que no.

Consideramos que Fajardo escogió una estrategia de erosión gradual y progresiva del poder de “Don Berna“, de su estructura de poder. En esa decisión tuvo influencia determinante el proceso de paz que el gobierno del Presidente Uribe había iniciado con las AUC. Los acuerdos de Santafé de Ralito implicaban la desmovilización del paramilitarismo, que debía iniciarse antes de finalizar el año 2003. El bloque Cacique Nutibara fue el primero en desmovilizarse para cumplir con el compromiso adquirido por las AUC con el gobierno nacional. ¿Porqué fue este bloque el primero en desmovilizarse? Ciertamente porque Medellín era el primer escenario que cumplía las condiciones de seguridad necesarias para la desmovilización exitosa de una estructura paramilitar.

No obstante, la decisión de tal desmovilización, concretada en noviembre del año 2003, no fue pactada con la administración municipal. El Acuerdo de la Ceja que enmarcó ese proceso fue suscrito entre el Gobierno Nacional, representado por el Alto Comisionado para la Paz, y la Corporación Democracia, organización calificada en ese mismo documento como representante de los desmovilizados del ex bloque Cacique Nutibara. La participación de Luis Pérez (alcalde saliente) y Sergio Fajardo (alcalde entrante) en la firma de tal acuerdo se hizo a título de testigos.

Pero la alternativa de gradualidad escogida por la administración municipal no estaba exenta de riesgos. El primero de ellos era que al iniciarse el año 2004 no existía política nacional para enfrentar las desmovilizaciones colectivas. Hasta ese momento se había venido implementando, bajo la coordinación de los Ministerios del Interior y de Defensa, el Programa para la Reintegración a la Vida Civil (PRVC), diseñado para atender a quienes abandonaban voluntaria e individualmente los grupos armados. De manera que, en enero del año 2004, la administración municipal debía resolver el problema de 868 desmovilizados del BCN (equivalente a la desmovilización total del M-19), para los cuales sólo se establecía en el Acuerdo de la Ceja que el municipio les daría empleo por un periodo de 12 meses prorrogables por 6 meses adicionales. Después de estos 18 meses quedaban librados a su suerte, aunque acompañados por unas imprecisas actividades de reconciliación. A pesar de ello, el Gobierno municipal asumió la responsabilidad de llevar a cabo tal proceso de desmovilización. De ahí nació el programa de Paz y Reconciliación que ha trabajado durante cuatro años y medio para reintegrar a la sociedad a 4.200 excombatientes (menos el 20% que han reincidido o han sido asesinados).

El otro riesgo evidente de la alternativa gradualista, era que su potencial ambigüedad creaba las condiciones para que fuera interpretada como un soterrado acuerdo de gobernabilidad con la delincuencia organizada. No dudamosque en el “muñequeo” entre la administración y la Corporación Democracia se incurrió en excesos que llevaron a pensar en la gobernabilidad compartida. Los socios de “Don Berna” se dieron mañas para incrementar la percepción de que su patrón era el que mandaba. Algunos sectores de la coalición política de Fajardo se lo echaron en cara. Algunos sectores ciudadanos han acogido la idea como cierta. Hoy sus enemigos políticos intentan, a través del escándalo mediático contra Alonso Salazar, imponer dicha interpretación en la opinión pública local y nacional.

En nuestra opinión, hay algunos hechos que pueden demostrar lo equivocado de esa lectura. Cuando Murillo Bejarano fue extraditado a los Estados Unidos, en mayo de 2008, no se produjo en la ciudad de Medellín una perturbación similar a la ocurrida en el año 2005 cuando el gobierno ordenó la captura de ese mismo capo, tras sindicarlo del asesinato de un candidato político en Tierralta, Cordoba. Es decir, después de tres años de aplicación de la estrategia gradualista, se había mellado el control de Murillo Bejarano sobre la vida de la ciudad de Medellín.

En segundo lugar, algunos investigadores de Medellín sostienen que Alonso Salazar no tuvo buenos resultados electorales en aquellas comunas con alta presencia de población desmovilizada. De hecho, a los desmovilizados les ha ido mal cuando se han presentado a cargos de elección popular. De las 14 Juntas Administradoras locales a las que aspiraron enel 2007, solo obtuvieron un edil (hoy preso) y fracasaron en su proyecto de obtener dos curules del concejo municipal. El triunfo de Salazar no se explicaría por el presunto apoyo de ese grupo social. De hecho, en los días previos al certamen electoral, se afirmaba que los desmovilizados estaban con Luis Pérez.

En tercer lugar, consideramos que el escándalo político que se ha querido montar contra Alonso Salazar refleja la ruptura de la correlación de fuerzas que existió al inicio del gobierno de Fajardo. Las elecciones municipales fueron el termómetro de esa ruptura. El carácter inesperado del resultado electoral (solo cambió la tendencia negativa de Salazar en las últimas semanas), explica que el escándalo se haya demorado algunos meses en estallar. La derrota cogió de sorpresa a los sectores que pensaban que el cambio en la administración abriría las puertas, ahora sí, a un conveniente pacto de gobernabilidad con la ilegalidad. Salazar entendió el mensaje en sentido contrario. No es que haya cambiado el gradualismo de la estrategia. Lo que ha cambiado es la composición de las medidas que involucra dicha estrategia: ya se ha practicado, con buenos resultados, mucha negociación y diplomacia para el regreso a la legalidad de la población desmovilizada. Con un poder debilitado, ahora es posible incrementar la intensidad del componente coercitivo y represivo para continuar la erosión de poder del viejo paramilitarismo. Así lo planteó Alonso Salazar al inicio de su gobierno y así lo ha practicado. La única limitación de este cambio de énfasis es que ahora depende de instituciones que se salen de la órbita de su competencia: la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales de Justicia y, en cierto modo, la Policía Nacional. No obstante, la salida del Fiscal Valencia Cossio, el traslado del General Naranjo a Medellín para dirigir operaciones contra la delincuencia organizada y el explícito apoyo ofrecido por el Alto Consejero de Reintegración, Frank Pearl, al Programa de Paz y Reconciliación, demuestran que el Gobierno Nacional recibió el mensaje y está actuando en consecuencia.