Morales y Arenal: la larga espera para impulsar el campo

Aunque en 1999 el antiguo Incora aprobó en estos municipios una Zona de Reserva Campesina, son escasos los esfuerzos del Estado por impulsar proyectos que permitan superar las condiciones de pobreza. Para la comunidad, esta es la clave de la paz.

Paz territorialLa Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal es una de las seis únicas figuras agrarias de este tipo creadas en el país y la primera de la región del Magdalena Medio. Foto suministrada Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

En el campo necesitan tantas oportunidades como los granos de arroz de una cosecha. Ese es llamado de los campesinos de Morales y Arenal, dos municipios bañados por el río Magdalena, en el sur de Bolívar, que tienen una Zona de Reserva Campesina (ZRC), pero en el papel. Hace 17 años el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) les entregó un título por 29 mil 110 hectáreas; no obstante, los proyectos y recursos para impulsar la economía local han sido escasos y fragmentados.

En esto coinciden Cecilia Rodríguez, Carlos Eduardo Pérez y Zeneth Mójica, líderes de las asociaciones que dieron impulso a la constitución de la ZRC. Ellos esperan que el gobierno nacional concentre su atención en estos municipios que están lejos del radar de las noticias nacionales. Los habitantes de Morales y Arenal han sido testigos de las secuelas y de la persistencia del conflicto.

Según datos del Registro Único de Víctimas (RUV), durante los últimos 30 años el conflicto armado desplazó a 14 mil 307 personas de Morales y a 7 mil 196 de Arenal. Ambos municipios son vecinos de la Serranía de San Lucas, una cadena de montañas que actores armados ilegales utilizan como escondite y ‘cocina’ para el procesamiento de cocaína.

La zona ha sido disputada desde los setenta por la guerrilla del Eln; en los noventa por el Ejército Revolucionario Popular (Erp); y a finales de esa década y hasta 2006 por grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia. En los últimos 10, años la violencia ha continuado por cuenta del Eln y de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’.

Desde que la ZRC fue creada, los campesinos esperaban contar de forma constante con subsidios o proyectos productivos que les permitieran superar las condiciones de pobreza y progresar. Aunque ésta fue la tercera Zona creada en el país, los líderes de la comunidad consideran que urge su aplicación de cara a los Acuerdos de Paz de La Habana. El 26 de mayo de 2013, los negociadores del gobierno y las Farc anunciaron precisamente los logros sobre el primero de los seis puntos de la negociación, titulado Política de Desarrollo Agrario Integral.

En este punto, las partes consideran que para garantizar la llamada “paz territorial”, el Estado debe garantizar el acceso y uso de la tierra, formalizando la propiedad rural a comunidades que históricamente las han solicitado o que carecen de ella. Para concretar ese propósito, tanto gobierno como insurgencia estimaron que es clave la protección de las Zonas de Reserva Campesina y el desarrollo de un Fondo de Tierra para la Paz.

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Ahora que recién se ha liquidado el Incoder, la comunidad sólo espera que la nueva Agencia Nacional de Tierras asuma la reactivación no solo de la Zona creada para Morales y Arenal, sino de las otras cinco que ya existen – Calamar (Guaviare), Cabrera (Cundinamarca), El Pato (Caquetá), el valle del Río Cimitarra (Antioquia y Bolívar) y en el alto Cuembí y Comandante (Putumayo)-, sino las que podrían constituirse en el futuro. Hasta junio de 2015, el recién liquidado Incoder tenía en su base de datos tres ZRC en estudio de viabilidad, seis solicitudes más en diversos estados administrativos y otras 15 sin que haya siquiera comenzado su estudio (ver documento).

Paz territorialEl conflicto armado de las últimas tres décadas desplazó a 21 mil habitantes de los municipios de Morales y Arenal, en Bolívar. Foto suministrada Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Pedaleando proyectos

Las ZRC fueron creadas por la Ley 160 de 1994 con el fin de “fomentar y estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan”. Sin embargo, esta figura agraria ha sido altamente estigmatizada. En julio de 2013, durante el Encuentro de Dirigentes del Suroeste de Antioquia, el ex presidente Álvaro Uribe aseguró que estas Zonas “son emporios del terrorismo”. Su discurso no fue distinto al de sus ocho años de gobierno, cuando intentó fracturar la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

A los campesinos de Morales y Arenal les ha tocado ‘remar’ contra ese estigma, buscando respaldo de las instituciones agrarias y organizaciones no gubernamentales. Cecilia Rodríguez cuenta que la constitución de la Zona fue impulsada por Asoreserva, que logró el título del Incoder tras “marchas y éxodos campesinos”cuando la violencia alcanzaba las cifras más altas en la región. El título indica que las 29 mil hectáreas que componen esta ZRC fueron sustraídas de un Área de Reserva Forestal que ya estaba siendo explotada por campesinos y que debía destinarse precisamente para el cultivo de alimentos. Para ese entonces se proyectó beneficiar a unas 3 mil 500 familias.

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Después de Asoreserva, el proceso lo asumieron las organizaciones campesinas Asohonda y Coomoarenal. Rodríguez relata que fue en 1999 que recibieron el primer impulso cuando la Unión Europea financió un Laboratorio de Paz para fortalecer el movimiento campesino. La apuesta de la comunidad fue mejorar los sembradíos de arroz, el principal alimento que se cosecha en la zona dada la riqueza hídrica del Magdalena y los complejos cenagosos.

Cecilia Rodríguez

Cecilia Rodríguez

Según Rodríguez, durante la siguiente década recibieron apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, de la Alcaldía de Morales y del entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para ejecutar un proyecto de distrito de riego con el fin de mantener la producción de los cultivos.

Carlos Eduardo Peña, otro líder que conoce el proceso de constitución de la ZRC, cuenta que el distrito fue instalado entre 2008 y 2009, y comenzó a funcionar en 2010. Desde entonces, entre unas 150 y 200 hectáreas de la vereda Arcadia están sembradas con arroz y cuentan con la infraestructura para tener un sembradío permanente.

“El distrito está operando bien. Gracias a Dios no ha tenido un daño. Solamente que por época de verano los cultivos se tienden a atrasar. Pero con la infraestructura que hay se puede seguir sembrado arroz o cualquier otro alimento”, explica Peña.

Producir más alimentos hace parte de la necesidad de esta comunidad que propuso hace dos años el funcionamiento de un molino y una despulpadora de frutas y hortalizas. Peña explica que recibieron asesoría del recién liquidado Incoder y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, la iniciativa quedó en veremos porque, según el líder, se requiere de una alta inversión para hacerlo posible.

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Carlos Eduardo Peña

Otra de las necesidades de la ZRC es la reactivación de las actividades propias de la vida campesina. “Nos hace falta fortalecer proyectos productivos, de lo que siembra el campesino, de la ganadería y de la piscicultura… que eso que cultivamos tenga valor y sirva para el sustento de nuestras vidas”, indica Peña, quien considera que urge el funcionamiento de un molino de gran capacidad para poder comercializar las cosechas de arroz.

Para Bernardo Manuel Rivero, líder también de la ZRC, el gobierno nacional debe concentrar su atención, además, en recuperar las ciénagas y humedales que de a poco han ido desapareciendo. Son los casos de las Ciénagas de Tirabuzón y Simoa, afectadas por varios fóraneos y colonos que han sedimentado los reservorios de la diversidad de  fauna y flora de la zona. “Esas son áreas de protección de la Zona de Reserva y se están secando. Hemos denunciado lo que está pasando, pero nadie nos escucha”, asegura.

Bernardo Manuel Rivero

Bernardo Manuel Rivero

Rivero expresa indignación al reconocer que intentaron presentar un proyecto para la producción de lácteos, pero su iniciativa se quedó en una propuesta. Quienes sí lograron sacar adelante una bufalera y una producción comercial de lácteos, pero con el apoyo de la cooperación internacional, fueron los campesinos de la Zona de Reserva del Valle del Río Cimitarra, que cobija a unas 25 mil familias de Yondó y Remedios, en Antioquia, y de Cantagallo y San Pablo, en Bolívar, pero su proceso es una muestra de cómo han tenido que luchar a pulso sus iniciativas.

Desde la política local, las voces para promover la ZRC son pocas. Por ahora la concejal Osmeida Manrique propone el diseño de un Proyecto Ecoturístico en Morales, que permita a nacionales y extranjeros conocer los complejos cenagosos, las cavernas de San Miguel y la Casa de Piedra.

“Lo que he podido notar es que el Estado no ha invertido en estas zonas ni las ha cuidado. La Sociedad Colombiana de Geología ha realizado estudios en la zona y ha encontrado que tenemos un tesoro natural. Queremos que entre todos nos unamos y cuidemos esas riquezas”, dice Manrique.

Concejal Osmeida Manrique

Concejal Osmeida Manrique

Sigue la guerra

Sin embargo, el sur de Bolívar requiere atención especial, dado que el conflicto persiste. El 16 de enero de este fue noticia nacional el secuestro de por lo menos 15 pescadores y dos menores a manos del Eln.

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Desde octubre de 2015, los combates han sido persistentes en el corregimiento de Mico Ahumado, mientras en la parte baja del municipio, en la cabecera de Morales, se han incrementado los casos de asesinatos y disputa territorial entre bandas paramilitares.

Cuando en marzo de 2016 el gobierno nacional anunció un proceso de paz con el Eln, grupo armado ilegal que tiene amplia influencia en la región, el optimismo volvió al territorio, donde esperan que los diálogos se concreten con acciones concretas, como la del cese al fuego.

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Los campesinos de Morales y Arenal aspiran q que termine esa larga espera de impulsar el campo y que su Zona de Reserva supere esa condición de estar únicamente en la lista de pendientes de la institucionalidad agraria.

Cecilia Rodríguez, Carlos Eduardo Peña y Bernardo Manuel Rivero creen que existe, además, una deuda con la formalización de la propiedad rural. En la ZRC de Morales y Arenal, los campesinos trabajan la tierra sin títulos de propiedad, llevan casi dos décadas pidiéndole, primero al Incora, y luego al Incoder, que fueran diligentes con la adjudicación, y en este momento están a la expectativa de que la nueva Agencia Nacional de Tierras (ANT) cumpla con la promesa agraria de la Ley 160 de 1994.

*Periodista comunitario de Morales, Bolívar

Este artículo hace parte del proyecto GIZ con VerdadAbierta.com