Aunque un estudio desmitifica la afirmación de que los campesinos no pueden hacer productiva las tierras de Meta y Vichada; varios expertos en el tema agrario sostienen que el gobierno está en deuda de lograr un equilibrio en el desarrollo de la economía agroindustrial y campesina.
El estudio de las Universidades Javeriana y de los Llanos concluyó que las fincas familiares estudiantes desarrollan un modelo productivo que conserva la diversidad ecológica de la región. Foto: archivo Semana
El Proyecto de Ley 223 o de Baldíos, que fue aprobado en plenaria en la Cámara de Representantes, se sustenta en que la región de la Altillanura es potencial para desarrollar las llamadas Zonas de Desarrollo de Interés Económico y Social (Zidres), grandes extensiones de tierra que explotarán empresarios en sociedad con campesinos para hacer productiva a esa región y superar la pobreza.
La propuesta se basa en la visión del gobierno de que la agroindustria es la fórmula para el desarrollo del campo, pues como indica en la motivación del Proyecto “el nivel de desarrollo y progreso de las comunidades campesinas no es el más óptimo, y ello se debe a la baja productividad de la tierra, lo que se traduce en bajos ingresos para los trabajadores del campo”.
No obstante, un reciente estudio publicado por la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Llanos deja sin piso tal afirmación, tras estudiar 10 casos de familias campesinas que fueron tituladas en 2006 por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en predios de Puerto López, Meta.
Los investigadores, que presentaron los resultados de este estudio a finales de mayo de 2015, concluyeron que la agricultura familiar es sostenible y sobre todo rentable, de manera que el campesino para sobrevivir no requiere arrendar sus tierras ni depender del pago de un jornal. “Lo cierto es que la descalificación de este modelo productivo, para esta región, no cuenta con soportes de estudios y análisis basados en evidencia sino que corresponde a prejuicios que emplean entre sus argumentos centrales la acidez de suelos que demandan alto empleo de agroquímicos”, señala el estudio (Lea la investigación aquí).
Para contrarrestar esos prejuicios, los investigadores analizaron los casos de las parcelaciones Las Delicias, El Rodeo, Las Leonas y Los Caballeros, tierras que en el pasado estuvieron en manos de narcotraficantes como Leonidas Vargas y a las que el Estado les extinguió el dominio para adjudicarlas a campesinos desplazados o sin tierra. Según el estudio, en ocho de los diez casos analizados las familias desarrollan un modelo productivo basado en la agroecología; en el noveno impulsan una empresa familiar tecnificada, y en el décimo desarrollan ganadería-semiextensiva. Las familias en promedio explotan 26 hectáreas cada una.
En los nueve casos, a excepción del último, los campesinos demostraron que podían lograr más ganancias que las que les ofrece el modelo agroindustrial, en el que están sujetos a contratos de arrendamiento y al pago de una mesada fija. El estudio advierte que si estas fincas estuvieran sujetasa este tipo de contratos sólo recibirían al mes una ganancia promedio por hectárea que oscila entre los 36 mil y 152 mil pesos por hectárea; cuando con su modelo de economía campesina esta rentabilidad puede llegar a ascender a 300 mil pesos por hectárea.
Los investigadores concluyeron que nueve familias lograron eficiencia económica, que sus modelos promueven la sostenibilidad al proteger y albergar biodiversidad; que pese a las condiciones adversas del clima y el suelo, construyen capital social a partir de sistemas de producción familiares y, sobre todo, que hacen agricultura sin la tutoría de empresarios o alianzas productivas.
El estudio señala que el progreso de estas familias campesinas es producto de las estrategias que desarrollaron utilizando de forma ingeniosa los recursos disponibles. También por la solidaridad entre vecinos al compartir conocimientos sobre el uso del suelo y los cultivos, y la creación colectiva de conocimiento y de tecnologías. “Podría afirmarse que las mujeres convencieron a los hombres de introducir una alta variedad de especies vegetales y animales y también que el trabajo conjunto de estas familias ha construido un conocimiento profundo sobre cómo manejar los humedales”, indican los investigadores.
El análisis reconoce que las familias campesinas en la región de la Altillanura han tenido que enfrentarse a varias presiones, como que el Incoder se ha rehusado en muchos casos a legalizarles la propiedad rural o que empresarios insisten en que les compran las tierras, incluso transgrediendo la Ley Agraria. Los investigadores advierten en que no ha sido el Estado el que ha apoyado a los campesinos para cultivar y progresar en sus parcelas, sino que la cooperación internacional e iniciativas propias que los impulsan a seguir con sus proyectos.
Con pocos animales, pequeños préstamos y la construcción de viviendas, los campesinos de las fincas Teempac, Costa Azul, La Sonrisa, Marayal, Losada Manantial, Mi Fortuna, La Unión y La Maporita desarrollaron un modelo que integra como trabajadores a los mismos integrantes de la familia para producir miel, fertilizantes, caldos minerales, ají, yogurt, cacao, quesos, ajonjolí y vino de flor de Jamaica, además de criar aves, ganado y cerdos. En la finca Los Mangos, la familia optó por un modelo que incorporó tecnificación para el impulso de un cultivo de piña.
“El canje no monetario, de semillas, plántulas, productos de pancoger, leche, abonos, pero sobre todo, el intercambio de aprendizajes acerca del manejo de los cultivos, plantas y animales, y de las posibilidades de comercializar sus productos en los mercados locales, en Villavicencio o en Bogotá, fue el eje de su estrategia”, señala el estudio.
Los investigadores reiteran que hasta hace unos 15 años era impensable que una familia pudiera sobrevivir en la Altillanura con menos de 800 hectáreas, pues esa es la extensión de tierra que el Estado consideró en los años 90 como mínimo para que un campesino pudiera sobrevivir con la ganadería. En los casos analizados, la mayoría de las familias sobrevive en menos de 30 hectáreas con sus proyectos, y precisamente el único caso en el que la rentabilidad es baja, es el de la finca Castañeda, donde hay ganadería semi-extensiva.
La Altillanura es apetecida por su extensión y riqueza. El estudio señala que es una región de 380 mil kilómetros, con recursos hídricos y biodiversidad, y donde viven 1,7 millonesde personas, que incluyen a comunidades étnicas, entre ellas, por lo menos 140 resguardos indígenas. Durante la última década en la región se desarrolla agricultura tecnificada con cultivos de caucho, palma de aceite, arroz, maíz y soya, y producción de agrocombustibles con caña, palma de aceite y yuca.
Esos cultivos extensivos se concentran en los municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, en Meta, así como en Cumaribo, Santa Rosalía, La Primavera y Puerto Carreño, en Vichada. De acuerdo con el nuevo plan nacional de desarrollo en esta región de la altillanura “se proyectan nuevos espacios para el desarrollo agrario en donde, en otros planes, se proyecta una extensión de 274 mil hectáreas en siembra agroforestal para el año 2020”.
La agroindustria es necesaria, pero…
Juan Camilo Restrepo, Miriam Villegas y Alejandro Reyes. Expertos en el tema agrario aseguran que la agroindustria y la economía campesina son necesarias para impulsar el desarrollo del país, pero que lo clave es definir en qué territorios deben funcionar. Foto: archivo Semana
Alejandro Reyes, asesor del Alto Comisionado para la Paz e integrante de la Misión Rural, y Juan Camilo Restrepo, exministro de Agricultura (2010-2013) y también miembro de la Misión, coinciden en que tanto la economía campesina como la agroindustria son necesarias para promover el desarrollo del país. Sin embargo, consideran que la propuesta del gobierno para la Altillanura, planteada en el Proyecto de Ley 223, es equivocada, y que es urgente resolver los problemas de la propiedad de la tierra. Miriam Villegas, exgerente del Incoder (2012-2013) e
integrante del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena, considera que la agroindustria no sólo puede ser desarrollada por empresarios sino por campesinos.
Reyes explica que el asunto de fondo es el enfoque territorial, es decir, que el gobierno decida con claridad que hay unos territorios donde se puede desarrollar economía empresarial a gran escala y que hay otros en los que es necesaria hacer una redistribución de la propiedad rural para la economía campesina. Según el experto, esta idea ya fue acogida en Planeación Nacional, está pendiente de que el Ministerio de Agricultura la implemente y permitió llegar a la firma del acuerdo agrario en los diálogos de paz. “Las Farc, que proponen fortalecer la economía campesina, aceptan explícitamente también las economías agroindustriales en el campo. Esto fue un avance político importante”, dice Reyes.
El académico cuestiona la propuesta que tiene el gobierno para la Altillanura. A su juicio, por la fertilidad de los suelos, el acceso a agua y transporte, los cultivos extensivos en regiones como ésta requieren de un fuerte músculo financiero. Por los costos, la economía campesina entonces necesita de altos subsidios del Estado para progresar. “La pregunta es cuál es el costo-beneficio de asentar campesinos en la Altillanura si resulta muy costoso; en lugar de hacerlo en lugares como el Valle del Sinú, a un costo menor y con una mayor productividad para el campesino”, cuestiona.
Reyes afirma que el gobierno ha fallado con su Proyecto 223, de Zidres o de Baldíos, en que no ha puesto en una balanza los problemas que hay en la distribución de la propiedad. “Si el gobierno propusiera redistribuir entre campesinos esas tierras que están concentradas en los valles fértiles y que además están comunicadas con la infraestructura que tiene el país, la opinión pública aceptaría que se destinen tierras marginales, de difícil habilitación productiva como las tierras de la Altillanura, para el gran capital”, comenta.
Elexperto indica que con el Proyecto de Ley 223 el país no ve ninguna intención de distribuir la tierra para campesinos ni tocar al gran latifundio ganadero. “El Proyecto está profundamente contaminado de demagogia y de eufemismos. Es mentiroso porque en su exposición de motivos asegura que mejorará el acceso a tierras para campesinos y que promoverá las economías rurales; cuando lo que promueve es el acceso dela tierra a grandes empresarios”.
Reyes critica que mediante artículos como que el Incoder supervisará las asociaciones entre empresarios y campesinos, el gobierno “oculta las intenciones del Proyecto para hacerse perdonar de que haya economías de escala en la Altillanura”, dice, explicando que además el Incoder no tiene la eficiencia administrativa ni burocrática para estar en las tierras de la Orinoquía, con una extensión ocho veces la de Suiza, y donde sólo hay una diminuta oficina en Puerto Carreño.
Otro cuestionamiento de Reyes al proyecto es que este obliga a que haya una asociación empresarios-campesinos, que no será fácil pues es una relación que dependerá de asistencias a asambleas, derecho a consulta y búsqueda de financiación. “Eso es un enredo para el empresario, que está acostumbrado a tomar sus decisiones y asumir riesgos financieros. Y para el campesino también, que no tiene por qué saber de tasas de retorno o plazos de amortización de la deuda”.
Con la producción de alimentos y cría de animales, las familias campesinas analizadas en el estudio demostraron que podían obtener una mayor rentabilidad que los contratos o jornales que ofrecen las agroindustrias. Foto: archivo Semana
Un problema adicional, sostiene, es que legislar sobre la Altillanura no solucionará el problema de baldíos en todo el país, pues cualquier norma de esta índole tendrá impacto en el Urabá, Magdalena, Cesar y Nariño. “El enfoque territorial es la clave para comprender el problema… Pensar que la falta de tierras se solucionará en la Altillanura es una mentira, pues allí funcionarán granjas de 20 mil y 30 mil hectáreas que requieren de gran capital. Economías de 3, 4 y 5 hectáreas son muy prometedoras, y con costo-beneficio más eficiente, en las tierras fértiles del Sinú, del Cesar, del Magdalena Medio, Cauca y el piedemonte de la cordillera oriental”, concluye.
El exministro Juan Camilo Restrepo explica que es clave entender que la economía de escala y la campesina no deben contraponerse porque son necesarias, y ambas pueden desarrollarse en la Altillanura, incluso la segunda en ciertas circunstancias. “Lo que no puede ocurrir es el falso dilema de que la única manera de concebir la agroindustria en el Llano es acumulando baldíos, violando la Ley Agraria”. Restrepo cree que la economía a gran escala puede desarrollarse en tierras privadas o que fueron adjudicadas antes de 1994, año en que fue aprobada la Ley 160 o Ley de Desarrollo Rural que prohíbe la acumulación de predios de origen baldío.
Restrepo considera que las propuestas del gobierno no han sido claras en respetar esa Ley, “han sido ambiguas”, lo que explica por qué ni siquiera por la vía política o técnica han salido a flote a los cinco proyectos que ha presentado. “Seguirán fracasando si quebrantan la Ley Agraria”, dice.
La exgerente del Incoder Miriam Villegas cree que la agroindustria no sólo puede ser concebida como la capacidad que tienen los grandes empresarios para desarrollar economías de escala, sino que considera que ésta también puede ser impulsada por campesinos. Según Villegas, para que esto ocurra es clave que en efecto los proyectos sean asociativos pero con las condiciones de que las reglas entre empresarios y campesinos sean claras, de manera que los segundos no estén en desventaja. Es decir, que no funjan sólo como arrendatarios.
“Lo que ocurre en el Magdalena Medio es un ejemplo de ello. Los campesinos están desarrollando un cultivo de palma que ya suma 9 mil hectáreas, suficientes para tener una propia extractora de aceite”, dice. Villegas considera que las tierras de extinción de dominio, por ejemplo las que está en el Valle del Cauca, deberían ser entregadas a campesinos para que ellos puedan desarrollar cultivos que les garantice la seguridad alimentaria y también para que cultiven otra parte en caña, asociándose con empresarios para también obtener rentabilidad. “Pero lo importante es que estas condiciones de asociación sean transparentes”, reitera.
Esta semana el Proyecto de Ley 223 pasó el debate en plenaria en la Cámara de Representantes y está a pocos pasos de surtir trámite en el Senado para convertirse en una Ley de la República. La pregunta es si el Congreso en realidad ha reflexionado sobre la necesidad de resolver los problemas de la propiedad rural y cómo y dónde debe ser el desarrollo agrícola del país.
