En un país en donde sus asesinatos se cuentan por pares cada semana, los dos últimos ministros de Defensa han tenido fatales pronunciamientos sobre ellos. ¿Son ‘metidas de pata’ ante los micrófonos o una muestra del desconocimiento de la tragedia que padecen quienes se dieron a la tarea de defender los derechos humanos? Sea cual sea la respuesta, incrementan el alto nivel de riesgo que llevan sobre sus hombros.
“(…) Y con los dineros ilícitos corrompen, y en tercer lugar financian la protesta social. Entonces, cada vez que ustedes ven que cerraron la (vía) Panamericana, o ayer que me cerraron unas carreteras en Nariño, detrás de eso siempre hay mafias organizadas. ¡Pero mafias de verdad, mafias supranacionales!”, dijo el actual ministro de Defensa, Guillermo Botero, ante los asistentes al congreso de la Confederación de Cámaras de Comercio, celebrado el pasado jueves en Cartagena.
De manera similar, sin dimensionar las consecuencias que pueden generar sus palabras en la persecución que sufren los líderes sociales, se expresó su antecesor, Luis Carlos Villegas. “La inmensa mayoría de muertes de líderes sociales se deben a peleas de vecinos, faldas y por rentas ilícitas”, declaró el pasado 16 de diciembre en una entrevista con Noticias UNO. (Leer más en: Ligerezas verbales del Ministro de Defensa exponen a líderes sociales)
Si esas palabras de Villegas causaron indignación en amplios sectores de la sociedad, las de Botero generaron un repudio generalizado que se expresó en las redes sociales, en una declaración de la Defensoría del Pueblo, en comunicados de sectores políticos y en el Congreso de la República, que citará al actual encargado de la seguridad nacional a un debate en la Comisión Segunda del Senado.
Para Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, que antes de dedicarse de lleno a la actividad parlamentaria realizó movilización social desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) para reclamar justicia, las palabras del ministro Botero son perversas porque constituyen una abierta violación a los derechos de la legitima protesta y movilización de los ciudadanos en Colombia.
Además, señala que, aunque desafortunadas, no se pueden comparar con las declaraciones de su antecesor: “Una cosa va de decir que hay líos de faldas y otra que hay gente fletada por el narcotráfico para hacer protesta social. Una es una aseveración ligera que trivializa un hecho muy grave, que es el asesinato, y la otra es una acusación de estar incurriendo en un delito y homologarlo a todas las personas que protestan por distintas razones en el país, y decir que están siendo instigados por el narcotráfico nacional e internacional para llevar a cabo esas acciones. Eso es un ataque y una violación de derechos humanos. No es simplemente una ligereza”.
Y es que el tema no se puede tratar con indelicadeza, especialmente en las altas esferas del gobierno nacional, porque los defensores de derechos humanos padecen una terrible crisis humanitaria. Según registros de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero de 2016 y el 22 de agosto del año en curso, fueron asesinados 343 de ellos. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
La protesta, en la mira
Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, organización no gubernamental que desde 2002 ha documentado toda clase de agresiones que sufren los líderes sociales en el país, recalca que para analizar las palabras del ministro Botero se debe tener en cuenta que es la segunda ocasión en la que se refiere a la protesta social y su eventual regulación.
“Es una continuación de esa situación que comenzó antes de posesionarse y ahora plantea interrogantes sobre quienes se movilizan para reclamar derechos”, afirma Guevara. “De los indígenas Nasa de Cauca que están en una clara disputa territorial con gamonales del departamento, ¿se dirá que son financiados por el narcotráfico? Igualmente, con los Awá si bloquean la vía a Tumaco para protestar porque les han matado a 60 personas en menos de dos años, ¿van a decir que están financiados por alias ‘Guacho’? Y habría que preguntarle si los bloqueos que se han anunciado en la costa norte por diversos factores, de violencia y ausencia estatal, también obedecen a eso”.
Para Feliciano Valencia, histórico líder Nasa que estuvo al frente de grandes mingas en Cauca antes de convertirse en senador de la República, las cuales lo llevaron a estar en prisión y ser declarado inocente por la Corte Suprema de Justicia tras el juicio que la comunidad le realizó a un cabo del Ejército Nacional que pretendió infiltrar una movilización de 2008, las palabras de Botero prolongan la estigmatización y la respuesta violenta que han recibido del Estado cuando reclaman sus derechos.
Por esa razón, indica, “es muy lamentable que un gobierno que empieza su periodo, que convoca a la oposición y dice que trabajará de la mano con la gente para reconciliar al país, ponga a su ministro o salga su ministro, a hacer este tipo de declaraciones. Siempre hemos dicho que cada que nos movilizamos es porque nos toca, porque no encontramos respuestas del gobierno frente a sus responsabilidades estatales. En vez de darnos soluciones nos da un trato militar, nos acusa, nos estigmatiza y nos señala de manera permanente”.
Por otro lado, el ministro Botero cuestionó directamente a los Nasa y sembró un halo de duda sobre ellos, sin mencionarlos, pues esa comunidad se caracteriza por ser la que más bloquea la vía Panamericana durante sus movilizaciones.
“Recibimos esa declaración con mucha preocupación y queremos decirle al país que nos pone en alto riesgo, dado a que los asesinatos de líderes sociales van en aumento, las amenazas son contantes y se da la presencia de gente armada que no es de la Fuerza Pública en altas horas de la noche en nuestros territorios”, replica Valencia.
“Y ahora -agrega- para rematar, se da esta aseveración del Ministro de Defensa. Queremos decirles que acá no hay mafias ni grupos armados, al contrario, nos hemos expuesto a la presencia de esas organizaciones al margen de la ley y hemos pagado costos con vidas humanas por antevernos a decirles ‘váyanse de nuestros territorios y no los desarmonicen’. Nos da mucha preocupación”. (Leer más en: “Estamos quedando atrapados en el cruce de disparos de unos y otros”)
Además, este debutante senador, que ingresó el pasado 7 de agosto al Congreso de la República con el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Maís), recalca que “cada que llega un gobierno, sale con un tema para deslegitimar nuestras exigencias a través de la protesta social y la movilización, que están fundamentadas en la Constitución Política. No creemos que sean palabras sueltas, la situación siempre ha sido así: salen a señalar, se vienen los asesinatos y las amenazas, y después salen a decir que son líos de faldas como el anterior ministro. Ahora dicen que las marchas nuestras están permeadas por grupos al margen de la ley y mafias. Eso es descabellado”.
Por eso reitera que están muy preocupados por las afirmaciones del jefe de la cartera de Defensa, “porque jamás hemos financiado nuestras movilizaciones con plata del narcotráfico o platas que nos manden grupos armados ilegales. Cuando hacemos una movilización, la preparamos con antelación; la gente que sale apoya con recursos, con víveres o la logística, porque preparamos esto con años de antelación”.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombia de Juristas (CCJ) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el pacto de paz que suscribió el gobierno Santos con la entonces guerrilla de las Farc, en vez de hacer ese tipo de declaraciones, le pide resultados al ministro Botero para garantizar la protección de los líderes sociales y su derecho a la protesta, ya que es una obligación internacional y constitucional del Estado colombiano, y “es lamentable que haya actitudes contrarias al respecto”.
“Si el Ministro tiene información precisa de la intervención de organizaciones criminales en las marchas de protestas, más que dar declaraciones públicas al respecto debería formular la denuncia penal correspondiente”, sugiere Gallón. “Y si no las tiene, debería abstenerse de las declaraciones públicas. Esperemos que no le ocurra lo mismo que a otras personas que durante el avance hacia el logro de la paz, que permite que el conflicto social, que tiene múltiples factores, se desarrolle civilizadamente a través de la protesta, y no como a esa gente, no digo que él lo sea, que se acostumbró a tratar las cosas como si estuviéramos en guerra”.
Impactos de las declaraciones
Las personas consultadas para este artículo coinciden en señalar que el primer efecto que puede desencadenar las palabras del Ministro de Defensa es un incremento de violencia hacia organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en las regiones, pues son ellos quienes llevan la batuta para convocar protestas y movilizaciones. Sin embargo, también hay otros impactos adyacentes.
Para Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en representación de la sociedad civil, las palabras del ministro Botero son irresponsables por los mensajes que le envía a los miembros de la Fuerza Pública que tiene bajo su conducción y a las personas que viven en las regiones más golpeadas por la violencia y el abandono estatal.
“Las fuerzas del Estado a su cargo tendrán esas palabras como una conducción operativa y eso es gravísimo porque significa que a las movilizaciones sociales les colocó el inri de esa supuesta financiación de grupos ilegales. No hay presunción de inocencia ni derecho a la protesta, sino todo lo contrario: da orientación que conduce a un abuso de autoridad y toda clase de acciones violentas desde el Estado mismo”, plantea.
Además, señala que, en medio de la violencia contra líderes sociales, el Estado tiene una responsabilidad grave por omisión y falta de prevención: “Acude a la respuesta fácil que es decir que no son líderes, que se trata de conflictos interpersonales, que son influenciados por agentes criminales, que no hay sistematicidad. De esa manera ocultan el verdadero problema ante la incapacidad de responder efectivamente”.
En cuanto a las comunidades vulnerables, González cree que estarán o se sentirán más desprotegidas: “Si el Estado dice que no están amenazadas sino incluidas por la criminalidad, se alejarán cada vez más. El Estado se convierte en un antagonista de las comunidades y no en su protector ni defensor de los derechos humanos”. Por eso advierte que las palabras del Ministro de Defensa pueden crear distanciamiento entre la población y la institucionalidad.
“¿Cómo tratará de ahora en adelante el Estado a los 400 mil campesinos pequeños productores que han vivido atrapados en la economía de sembrar coca? Los tratará como criminales y no como víctimas que deben ser recuperadas de las mafias”, responde González y plantea un escenario dramático: “Hay 48 asesinados entre líderes y personas en planes de sustitución de cultivos, que protestan cuando hay erradicación forzada. Esas serán las primeras víctimas porque van a ser señaladas de narcotraficantes y la orden de la Fuerza Pública será entrar a garrote; por otro lado, va a justificar las aspersiones con químicos ante la incapacidad de darle una respuesta integral al problema. Entonces, las peores de las consecuencias traen las palabras del Ministro”.
Guevara, de Somos Defensores, considera que las palabras del ministro Botero pueden ser una forma de provocar a ciertos sectores sociales que tienen respuesta real y poder de movilización, lo cual permita justificar siguientes pasos que tome el gobierno nacional: “El mensaje que envía es que este país no puede tener más protestas ni diferencias porque vino a reconciliar, y si vemos a un montón de gente en las calles discutiendo y pidiendo cambios, significa que este no es el país que soñamos y que está vendiendo el gobierno de Duque hacia afuera”.
Otro efecto es el de seguir endemoniando la movilización social, a pesar de la desaparición de las Farc como organización alzada en armas, que fue usada recurrentemente por diferentes gobiernos para descalificar los reclamos provenientes desde regiones marginales, al señalar que eran instrumentalizadas o infiltradas por ellas.
“El expresidente Uribe salió a decirnos eso, después generales del Ejército salieron a decir que nuestras marchas estaban infiltradas por las Farc y que éramos proclives. Como las Farc ya no están, ahora salen a vincularnos con grupos mafiosos, residuales de disidencias y hasta con el Eln. Siempre buscan un pretexto para golpearnos, para perseguirnos y para exterminarnos. No aceptamos ese tipo de declaraciones. Lamentablemente el Ministro de Defensa lo anunció así y seguramente los que quieren hacernos daño se están preparando para actuar sobre nosotros, argumentando que estamos involucrados en el narcotráfico y que por eso nos están ajusticiando”, señala el senador indígena Valencia.
Para su homólogo, Iván Cepeda, las palabras del ministro Botero no son casuales porque trae una agenda que va descubriendo poco a poco, que busca hacerles daño a los líderes sociales. “Veo que está inaugurando un nuevo lenguaje y una nueva variante de ataques contra los movimientos sociales en Colombia. Lo que dice es que es prácticamente homologable el pertenecer a un movimiento social, a una especie de organización criminal o de narcotráfico”.
Por otro lado, Guevara y González le piden a la Procuraduría que tomen cartas en el asunto, pues su Directiva para la Protección de los Derechos de los Defensores de Derechos Humanos, emitida en julio del año pasado, consigna que “los servidores públicos deberán abstenerse de realizar conductas que los deslegitimen, descalifiquen, hostiguen o inciten al hostigamiento o estigmaticen su labor”. (Leer más en: “No habrá tolerancia ni impunidad para crímenes de líderes sociales”: Procuraduría)
Mientras tanto, Valencia señala que las autoridades indígenas se reunirán en los próximos días para ver qué caminos toman, porque esto se les “vino esto encima”: “Por un lado está el ataque a la consulta previa, por otro el ataque a la restitución de tierras, por otro el asesinato de líderes sociales, y ahora este tipo de señalamientos a las actividades colectivas legalmente reconocidas que no sólo las hacemos los pueblos indígenas sino todos los desatendidos por el Estado colombiano, que tenemos que usarlas para exigir nuestros derechos”.
Tras un día de polémica y rechazo por parte de diferentes sectores, el presidente de la República, Iván Duque, sin referirse a las palabras de su Ministro de Defensa, señaló que “hay que respetar las expresiones de la ciudadanía”; y que “la protesta social es un derecho, que se tiene que hacer siempre en estricto apego a la ley y que se debe hacer pacíficamente”. Asimismo, indicó que “si hay un diálogo fraterno, sincero, de confianza, de pronto la protesta no es el camino, la primera opción. Me complace que el diálogo social se construya como una herramienta para que en Colombia encontremos soluciones y no agresiones”.
Las salidas de tono de los ministros de Defensa con los líderes sociales ponen en tela de juicio la idoneidad de empresarios para manejar la seguridad nacional, pero también exponen el choque visiones de país que existe entre los gobernantes y las comunidades más golpeadas por la violencia y la ausencia estatal. Parece ser que en los tiempos del posconflicto se darán otro tipo de conflictos, partiendo, como siempre, por la dialéctica.
