Minas antipersonal: una amenaza que persiste en el país

Aunque el Acuerdo de Paz redujo temporalmente los incidentes, el repunte reciente, la expansión de los grupos armados, el uso de drones y el riesgo en zonas rurales mantienen vigente una de las huellas más graves del conflicto armado. Esa clase de armamento ha dejado 12.600 víctimas en los últimos 36 años.

El 13 de febrero de este año, dos niños de nueve y 10 años y su madre iban camino a una reunión comunitaria en una zona rural de Tibú, Norte de Santander, cuando activaron una mina antipersonal, causándoles graves heridas a los tres. A los pocos días, un hombre quedó atrapado en un campo minado en otra zona de Tibú. El 20 de abril, cuatro niños que jugaban fútbol cerca de sus casas pisaron un campo minado en Olaya Herrera, Nariño. Días después, en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, pobladores denunciaron la presencia de supuestos cilindros bomba ubicados en una escuela y en la conexión principal de gas del corregimiento de Timba.

Estos hechos, ocurridos en menos de tres meses, son un cruel recordatorio de que las minas antipersonal y las municiones sin explotar siguen siendo una de las expresiones más persistentes del conflicto armado colombiano. Aunque tras el Acuerdo de Paz con las Farc hubo una caída marcada en el número de víctimas e incidentes, distintas fuentes coinciden en que el problema volvió a crecer por la fragmentación armada, las disputas territoriales y las dificultades para desminar. 

Según la organización Acción contra las Minas Antipersonal y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, durante los primeros cuatro meses de 2026, se han reportado al menos 18 víctimas. 

Hoy, estos artefactos continúan presentes en zonas rurales, muchas veces cerca de escuelas, viviendas y caminos comunitarios, afectando de manera desproporcionada a niños, niñas y comunidades étnicas. Su persistencia no sólo deja un saldo de lesiones y muertes, sino que también perpetúa un ciclo de miedo y afectaciones psicológicas en territorios donde las capacidades institucionales y de desminado aún resultan insuficientes para contener el problema.

Del alivio por el Acuerdo de Paz, al repunte reciente

Según cifras citadas por la Fundación Barco con base en datos oficiales, entre 1990 y febrero de 2026 se registraron 12.673 víctimas por minas antipersonal y otros explosivos en Colombia. El impacto histórico se ha extendido a 499 municipios del país. InSight Crime reportó, además, que sólo en 2024 hubo 998 incidentes relacionados con minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), un aumento del 11 por ciento frente a 2023 y muy por encima de los 316 eventos reportados en 2021. 

Entre los departamentos con mayores registros históricos de víctimas figuran Antioquia, Nariño, Meta, Norte de Santander y Caquetá. A nivel de municipios, los más afectados son Tumaco, Vistahermosa, Tame, Tarazá y San Vicente del Caguán, según la Defensoría del Pueblo.

Gerson Arias, investigador asociado del área de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), sostiene que el repunte reciente de accidentes está directamente vinculado a la reconfiguración del conflicto armado en el país. Explica que hoy existen entre 13 y 14 zonas de disputa entre grupos ilegales, donde la baja presencia del Estado y la competencia por corredores estratégicos han llevado a que las minas se consoliden nuevamente como un mecanismo de control territorial, defensa y protección de economías ilícitas.

Actualmente, según datos de la FIP, el número total de integrantes de los grupos armados ilegales ha vuelto a niveles similares a los registrados en 2011, cuando comenzaba a estructurarse el proceso de paz con las Farc. 

El centro de pensamiento InSight Crime, identifica como factores centrales de la expansión reciente la intensificación de disputas entre estructuras criminales que promueven la resiembra de minas, la fragmentación de las disidencias de las Farc y la facilidad para fabricar artefactos explosivos improvisados con insumos de bajo costo y fácil acceso. En regiones como Cauca, Nariño, Arauca, Catatumbo y algunas zonas de Antioquia, estos dispositivos siguen siendo parte de la lógica operativa de los grupos armados.

En esa misma línea, Alejandra Uscátegui, gerente del área de asistencia a víctimas de la Campaña Colombiana Contra Minas, advierte que Antioquia conserva el mayor registro histórico de afectación, aunque Norte de Santander, Nariño y Meta también presentan niveles críticos de riesgo. Para 2026, su mayor preocupación se concentra en Catatumbo, donde se ha registrado un incremento reciente de incidentes y donde la mayoría de las víctimas serían civiles.

Arias, por su parte, llama la atención sobre «el escenario de Norte de Santander y del triángulo entre Tame, Araucanía y Puerto Jordán. Allá no podemos entrar, (por la situación de orden público), técnicamente allá no hay forma y entonces no sabemos el orden de magnitud de la gente que está cayendo por minas».

Con la firma del Acuerdo de Paz, se aceleraron las labores de desminado humanitario, con la participación de exmiembros de las Farc en proceso de desmovilización. Sin embargo, según Acción Integral contra las Minas, estas labores sólo se desarrollan en territorios seguros, donde la comunidad puede proporcionar información sobre posibles zonas contaminadas sin exponerse a riesgos, y donde el personal de desminado no es susceptible de ser objetivo de grupos armados. 

Clara Wilches, exdirectora del Programa Especial de Apoyo a Víctimas de Artefactos Explosivos de la Pontificia Universidad Javeriana, afirma que desde 2022 se ha evidenciado un aumento en los casos de víctimas asociadas a minas y artefactos explosivos improvisados. Esto debido a que  la expansión del control territorial ha venido acompañada de un aumento en la instalación de artefactos explosivos. “Al incrementarse la presencia de estos grupos (…) también están dejando mucho más arsenal, mucho más artefactos explosivos improvisados y obviamente minas antipersonal”. 

Este incremento, añade, se refleja en hechos recientes como los reportados por la organización Vivamos Humanos, que en una misión humanitaria en Catatumbo alertó sobre la presencia de minas en bienes civiles y entornos escolares, en medio de la prolongada confrontación entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN.

También se ve en la persistencia de estos artefactos se suma una nueva amenaza: el uso de drones cargados con explosivos. Arias señala que varios grupos armados han incorporado esta tecnología como complemento de las minas sembradas en tierra. Se estima que desde 2024 hasta hoy ha habido 471 eventos de ataques con estos artefactos. “Ya no toca estar únicamente pendiente del dispositivo en tierra, sino que en cualquier momento hay un sobrevuelo de un dron con explosivo que puede caer”, explica Uscátegui. Esta transformación dificulta la prevención, pues el peligro deja de estar fijo en caminos o zonas rurales y puede llegar desde el aire.

La aparición de esta tecnología plantea nuevos retos para las autoridades y las organizaciones humanitarias, que ahora deben adaptar sus estrategias de protección y respuesta frente a amenazas cada vez más cambiantes.

Niños y comunidades rurales, los más expuestos

En el informe de la Defensoría del Pueblo se asegura que, entre las víctimas de minas antipersonal se encuentran civiles, campesinos, niños, niñas y adolescentes, además de integrantes de la fuerza pública. En muchos casos, las secuelas incluyen amputaciones, lesiones permanentes y afectaciones psicológicas que transforman la vida de familias y comunidades enteras.

De acuerdo a los datos más recientes publicados por Unicef, los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de artefactos explosivos pasaron de ocho en 2023 a 23 en 2024. Más de la mitad eran de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Para Wilches, la situación se presenta porque, al igual que en los casos de los menores que jugaban fútbol y de los que caminaban con su madre cerca a la escuela,  “los artefactos explosivos no solamente los dejan donde hay poca afluencia de población, sino que quedan en los patios de las casas, cerca de las carreteras o en las raíces del árbol donde los niños van a jugar”.

Un problema mayor al que muestran las cifras

Hace unas semanas, el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, aseguró que 912 municipios del país ya están libres de sospecha de minas antipersonal. De ellos, 349 han sido liberados mediante procesos de desminado humanitario, 186 no presentan reportes de sospecha y 404 no registran afectación. Sin embargo, los datos oficiales de la entidad reportan que aún 118 municipios están en proceso de intervención.

Sin embargo, Arias, de la FIP, advierte que los registros disponibles probablemente no muestran toda la dimensión del fenómeno. Muchos accidentes con explosivos ocurren en enfrentamientos entre grupos ilegales y no quedan registradas de manera precisa. En varias zonas no es posible ingresar por razones de seguridad y, en otros casos, los propios actores armados retiran cuerpos o heridos antes de cualquier verificación oficial.

“Realmente lo que tenemos es un uso desmesurado que no estamos viendo en las estadísticas. Diariamente hay reportes de que caen combatientes, en su mayoría no los podemos registrar, obviamente se registran cuando es población civil”, explica el Arias. 

Wilches cuestiona la falta de atención histórica hacia las víctimas rurales de minas antipersonal y otros artefactos explosivos. “Ese tema no importa. Nunca ha importado”, afirma. A su juicio, esta indiferencia está ligada a que la mayoría de las víctimas son campesinos: “Acá no hay un respeto real hacia los campesinos, hacia la parte rural”. 

La experta agrega que, mientras los hechos ocurran lejos de los grandes centros urbanos, suelen recibir menor atención pública e institucional: “Si pasó allá, pero no está pasando en una ciudad importante, entonces le pasó al campesino o al hijo del campesino… y no pasa nada de ahí en adelante”. Además, denuncia demoras prolongadas en los procesos de reparación administrativa, con personas que, según señala, llevan más de diez años esperando respuesta por parte de la Unidad para las Víctimas.

Arias también cuestiona la debilidad institucional del programa estatal de acción contra minas, que hoy funciona dentro de la estructura de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. A su juicio, el país necesitaría una entidad con mayor autonomía, recursos y capacidad operativa, especialmente en un momento en que las regiones con mayor presencia de minas coinciden con zonas donde el Estado enfrenta más dificultades para intervenir.

El panorama se complejiza también por la reducción de la cooperación internacional. Uscátegui explicó que parte de los recursos externos se han desplazado hacia crisis como las de Ucrania y Medio Oriente, lo que dificulta sostener programas de desminado, prevención y acompañamiento a víctimas en Colombia.

Sobrevivir no termina la tragedia

Las consecuencias de una mina antipersonal no terminan con la explosión. Quienes sobreviven suelen enfrentar amputaciones, lesiones permanentes, trauma psicológico y graves afectaciones económicas que impactan a todo el núcleo familiar. Desde la Campaña Colombiana Contra Minas advierten que, aunque el país lleva décadas enfrentando este problema, muchas víctimas aún desconocen a qué instituciones acudir, qué rutas de atención existen o qué derechos les asisten, por lo que organizaciones sociales terminan asumiendo las primeras labores de orientación y acompañamiento.

Las barreras para acceder a atención médica siguen siendo especialmente críticas en las zonas más apartadas. En departamentos como Chocó, donde gran parte de la movilidad depende de ríos y trayectos extensos, Uscátegui explica que “el traslado de la persona desde el lugar donde ocurre el accidente hasta donde requiere su atención puede tardar hasta horas o días”. Esa demora reduce significativamente las posibilidades de salvar extremidades y complica los procesos posteriores de rehabilitación.

Incluso cuando la víctima logra llegar a una cabecera municipal, las dificultades persisten. Según Uscátegui, “los centros de salud que tienen más alto nivel para atender a los sobrevivientes están en las ciudades capitales. Entonces, trasladar al sobreviviente hasta allá siempre es un poco más complejo”. Esto implica nuevos desplazamientos, mayores costos y más tiempo de espera para personas que requieren atención urgente y especializada.

A ello se suma una herida menos visible: la salud mental. Estrés postraumático, culpa, rabia, ansiedad y síndrome del miembro fantasma aparecen con frecuencia entre los sobrevivientes. Sin embargo, la atención psicológica continúa siendo limitada y, en muchos territorios, insuficiente para procesos de recuperación sostenidos. En ese sentido, Uscátegui advierte que “si la afectación psicológica no se trata desde el inicio, es muy difícil que el sobreviviente tenga un proceso de rehabilitación integral”.

Uscátegui concluye que “Colombia sigue siendo uno de los cinco países a nivel mundial con mayor afectación por el uso de minas antipersonal y tristemente sigue pasando (…) A pesar de que haya un acuerdo de paz y a pesar de que las hostilidades cesen, las minas antipersonal siguen presentes en el territorio y siguen con esa posibilidad de generar daño”.

Diez años después del Acuerdo de Paz, el país logró disminuir el impacto de las minas antipersona, pero no eliminarlas. Los recientes casos de niños heridos, comunidades confinadas y regiones donde aún no se puede entrar muestran que el problema mutó junto con la guerra. Las minas siguen enterradas en caminos, fincas, escuelas y montañas. También siguen presentes en una deuda histórica con las poblaciones rurales que aún viven con miedo.