A ambos lados de la línea que separa a Ecuador y Colombia se batalla contra organizaciones criminales ligadas al tráfico de drogas. El aumento de personal militar decretado por los dos Gobiernos es el mayor en área fronteriza alguna en Sudamérica, y ha afectado gravemente la vida cotidiana de las comunidades de zonas rurales de uno y otro lado.
“Aquí los policías y los soldados parece que brotaran de la tierra”, bromea un alto oficial del Ejército colombiano desplegado en Tumaco, un puerto sobre el océano Pacífico en el sur de Colombia, que se ha convertido en los últimos meses en el epicentro de un gigantesco operativo contra el tráfico de drogas. La frontera con Ecuador está a menos de 40 kilómetros, donde la respuesta al auge del comercio de cocaína ha sido la misma: cubrir el territorio con miles de soldados.
En una región binacional tan grande como el país de Gales, cubierta de selva y manglar, más de 13 000 policías, soldados, agentes de fuerzas especiales, marinos y pilotos combaten contra ocho grupos armados diferentes que pelean por el control, la producción y exportación de cocaína, pero las comunidades a ambos lados de la frontera han terminado en medio de un fuego cruzado, padeciendo la militarización de su territorio, que es usado como base operacional y que ha puesto sus vidas en riesgo.
En Colombia, en octubre de 2017, dos semanas después de que fueran asesinados ocho campesinos cultivadores de hoja de coca en un área rural del municipio de Tumaco, el Gobierno colombiano movilizó cerca de 9 000 uniformados. La campaña, bautizada Atlas, tenía como uno de sus propósitos —según el entonces ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas— “una lucha frontal” contra la coca, el lavado de dinero, impedir “la ilegalidad” en los ríos del departamento, proteger la infraestructura petrolera y eléctrica y “luchar contra el crimen organizado”.
En Ecuador, mientras las tropas colombianas eran desplegadas, los poblados fronterizos comenzaban a sentir con rigor los estragos de una guerra desbordada. En la madrugada del 27 de enero pasado en San Lorenzo, una pequeña ciudad de la provincia costera de Esmeraldas, un carro bomba explotó en la parte posterior de un cuartel policial. El atentado —atribuido al Frente Oliver Sinisterra (FOS) — dejó heridas a 28 personas, causó graves daños a la edificación y a, por lo menos, 37 casas en un radio de 50 metros.
El ataque dinamitero llevó al presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, a decretar por 60 días el estado de excepción, que le da poderes especiales a la fuerza pública, y suspendió cuatro derechos ciudadanos: la inviolabilidad de domicilio, de correspondencia, la libertad de tránsito y la de asociación o reuniones en las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Las medidas de excepción y el fortalecimiento de la seguridad no detuvieron las acciones del FOS, liderado por el exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Walther Arizala, alias Guacho. Entre el 17 de febrero y el 4 de abril de 2018 fue responsabilizado de ataques contra fuerzas militares y la infraestructura eléctrica de Ecuador. Según las autoridades ecuatorianas, esa arremetida se debió al incremento de operativos antidroga en la zona, implementados desde octubre de 2017.
Pero la acción que enardecería a todo el Ecuador fue el secuestro del equipo periodístico del diario El Comercio, de Quito. El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron retenidos en el poblado fronterizo de Mataje el 26 de marzo. El FOS buscaba, supuestamente, canjearlos por tres hombres que estaban detenidos en cárceles ecuatorianas.
Un día después de conocerse el plagio, el presidente Moreno anunció la creación del Comité Nacional de Seguridad Fronteriza, amplió el estado de excepción y reiteró que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para liberar a los periodistas.
Poco a poco, la frontera del lado ecuatoriano se fue poblando de tropas del Ejército y de unidades especiales de la Policía. No solo pretendían hallar al equipo de El Comercio, sino contener al Frente Oliver Sinisterra en esfuerzos conjuntos con sus pares colombianos. A la provincia de Esmeraldas llegaron 3 500 uniformados.
Del lado colombiano, se alertaron las unidades de la Fuerza de Tarea Hércules para dar con los secuestradores de los periodistas. Según el comandante del Comando Especial de Policía del Pacífico Sur, coronel Jhon Aroca, Tumaco es “uno de los municipios más densamente cubiertos por la fuerza pública”.
La Fuerza de Tarea Hércules está integrada por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Tiene 8 304 hombres distribuidos en una fuerza de despliegue rápido, un comando operativo de estabilización y consolidación, cuatro batallones de operaciones terrestres, dos compañías de fuerzas especiales urbanas y un batallón de acción integral y desarrollo, una brigada de infantería, dos batallones de infantería y un batallón fluvial, y un helicóptero de ataque. Su presupuesto en 2018 supera el medio millón de dólares. Hay además 1 300 agentes del Comando Especial del Pacífico Sur de la Policía desplegados en Tumaco.
Según contestó en un derecho de petición el general Juan Bautista Yepes, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia, tras conocerse el secuestro, “se llevó a cabo una reunión binacional con el objetivo de coordinar y poner en marcha un plan dirigido a combatir las amenazas comunes en la frontera” con dos componentes: “intercambio de información de inteligencia” y “ejecución sostenida de operaciones militares de control territorial en toda la zona de frontera”.
Sin embargo, los efectos de las medidas tomadas por ambos países fueron adversos para los empleados de diario El Comercio. El 13 abril, 20 días después del secuestro, el Frente Oliver Sinisterra emitió un comunicado declarando que el aumento de las fuerzas de seguridad en la frontera y la “respuesta militar” produjo la “muerte de los tres periodistas ecuatorianos”.
En los primeros meses del despliegue, las fuerzas de seguridad colombianas han perdido cinco hombres y el FOS asesinó a tres investigadores judiciales en julio. En sus primeros tres meses, la fuerza de tarea hizo más de 100 operaciones en la frontera, destruyó 130 laboratorios e incautó más de 59 toneladas de cocaína. Y en menos de diez días, en septiembre, dieron dos grandes golpes: la muerte de Víctor David Segura, alias David, líder de las Guerrillas Unidas del Pacífico, y un operativo contra Guacho.
Lo paradójico es que paralelamente al incremento de pie de fuerza del lado colombiano se ha generado un drástico aumento de los homicidios en la región. Entre julio de 2017 y el mismo mes de 2018, según la Gobernación de Nariño, los homicidios aumentaron 34 %, al pasar de 248 a 332. Con 147 asesinatos registrados en los primeros seis meses de 2018, Tumaco es el municipio más afectado por ese delito en todo el departamento, reportando un incremento de 55 %.
En Ecuador, al 15 de agosto, la fuerza de tarea conjunta en Esmeraldas había desarrollado 1 613 operativos militares, que incluyó 995 misiones de vigilancia y 558 operaciones de control de armas. Los militares decomisaron 4 000 galones de gasolina y 710 canecas de acetona, ambos usados en los laboratorios de cocaína. Confiscaron además 3 000 cartuchos para fusiles. Y desde enero, la fuerza aérea ha adelantado 1 378 horas de patrullaje en la frontera.
La Policía, por su parte, reportó en lo que va del año la incautación de 5,1 toneladas de cocaína, 19 toneladas de precursores químicos, la aprehensión de 141 armas de fuego y 797 explosivos. Además, afirma haber desarticulado 48 grupos delictivos y haber detenido a 1 064 personas en 13 operaciones de alto impacto.
Aunque las cifras de violencia de la provincia de Esmeraldas son menores a las de Nariño, los homicidios también han crecido a pesar de la presencia reforzada de las fuerzas de seguridad. Entre enero y agosto de 2017 se registraron 44 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2018 la cifra alcanzó los 58, un aumento de 31 %. Con 10,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, Esmeraldas tiene la tasa más alta de Ecuador, cerca de tres veces el promedio nacional.
Los civiles están atrapados entre la fuerza pública y los grupos ilegales. Desde que los dos Estados decidieron declararle la guerra total al tráfico de drogas; instituciones públicas, líderes comunitarios y organizaciones campesinas y étnico-territoriales han denunciado que, en su afán por imponerse en la región, la fuerza pública ha puesto en grave riesgo a la población civil.
Civiles, impactados en Colombia
La militarización se ha vuelto una pesadilla para los tumaqueños que viven en densas zonas rurales fronterizas con Ecuador. La situación fue descrita por la Defensoría del Pueblo colombiana al Ministerio del Interior de ese país el 6 de mayo de 2018 solicitando atención de diversas entidades del Gobierno nacional para proteger a las comunidades. Según el organismo, tras el secuestro y asesinato de los periodistas, las operaciones de la fuerza pública colombiana, y también ecuatoriana, se incrementaron en la zona de frontera, afectando a 22 comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Según la Defensoría, en la región se han presentado dificultades para ingresar a los territorios, abusos de algunos militares e incluso se registró la captura de ciudadanos en Colombia a manos de soldados ecuatorianos. Sin embargo, según el documento, la situación no fue denunciada por temor a retaliaciones.
El pueblo Awá es uno de los más afectados. La Guardia Indígena, encargada de proteger el territorio y su identidad, ha discutido con distintas unidades militares que, sin consultar con la comunidad, acampan en sus tierras. La presencia de efectivos, en opinión de los indígenas, los pone en riesgo frente a posibles combates.
Un dirigente de la Guardia Indígena de la comunidad de Piguambí Palangala dice, bajo petición de proteger su identidad, que desde junio de 2018 se incrementó el tránsito de fuerza pública en la zona. Ese mes los soldados instalaron campamentos al lado de dos escuelas de la comunidad. Los profesores suspendieron las clases por temor a ataques armados hasta que la Guardia convenció a los efectivos de abandonar esas áreas.
“El Ejército anda haciendo daños. Yo mismo los he visto (a los soldados) sacando los pescados de los estanques y cogiendo las gallinas para cocinar. Para hacer eso, ellos miran que no esté el dueño de los animales, que es especialmente los domingos, cuando la gente sale porque son días de mercado”, explica el líder indígena.
Otro guardia indígena narra, bajo anonimato también, que varios integrantes de la comunidad han sido víctimas de señalamientos por parte de la fuerza pública, por el solo hecho de usar botas de caucho o por su manera de vestir. Dice que a unos compañeros suyos que estaban guadañando les dijeron: “Muestren las manos, que ustedes tienen cara de guerrilleros, y si son guerrilleros, los vamos a prender a plomo”.
Los soldados habrían señalado como guerrilleros a quienes se dedican a la cacería: “Ahora lo coge a uno la fuerza pública y dice: ‘este es revolucionario’ porque uno anda con escopeta. Pero la costumbre del indígena siempre es su (calibre) 16, su ‘chimenea’, su horqueta, porque uno siempre ha sido de monte y ha vivido de la cacería”.
El gobernador de ese resguardo —territorio colectivo indígena con autonomía—, Segundo Jaime Cortés, dice que la situación se ha agravado porque los militares desconocen a las autoridades ancestrales, pese a que están amparadas por la Constitución Política: “A mí me han dicho: ‘¿usted quién es? Nosotros aquí nos vamos a meter’. Ellos no entienden que yo soy ley en el territorio y que cuando dialogamos estamos de igual a igual”. Según el gobernador, los soldados los han presionado para obtener información sobre los grupos armados ilegales.
Henry Marín, consejero de Organización y Territorio de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), dice que desde el asesinato del equipo del diario El Comercio arreciaron las operaciones militares en nueve resguardos. Según Marín, como respuesta a las operaciones militares, las organizaciones armadas ilegales han sembrado minas antipersona en territorio indígena y proferido amenazas contra las autoridades tradicionales, tal como ocurrió con el gobernador y otros tres dirigentes del Resguardo Gran Rosario, quienes tuvieron que desplazarse de la región por temor a ser asesinados.
La situación es similar en tierras del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, territorio de comunidades afrodescendientes, limítrofe con Ecuador. La personera de Tumaco, Anny Castillo, admite que han tenido problemas con el Ejército y con la Policía Antinarcóticos por ocupación de bienes civiles. “Militares están ocupando viviendas de las comunidades y se niegan a reintegrarlas. También hemos tenido reportes de hurtos por parte de las fuerzas militares a bienes de personas civiles”, dice.
Juan Carlos Angulo, representante legal de la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas), reitera que esos y otros hechos han puesto en riesgo a las comunidades: “La comunidad depende del estigma que le pongan los militares o los grupos armados. Los soldados acusan a la gente de ‘delincuente’ y ‘guerrillera’, mientras los ilegales dicen ‘este tiene que ser gobiernista’. Aparte, en el caso del Ejército, parece existir la idea de que todo lo que se haga para ir detrás de Guacho nos lo tenemos que aguantar”. Para evitar que continúen las afectaciones, Angulo ha solicitado a los mandos militares de la campaña Atlas que no presenten resultados operacionales como productos de “la colaboración de la comunidad” porque incrementa sus riesgos.
La situación de los indígenas la padecen también los colonos. La Asociación de los Ríos Mira Nulpe y Mataje (Asominuma), compuesta por personas del sur de Colombia y asentados en territorios de las comunidades afro, también presentó una denuncia pública por supuestos atropellos del Ejército. En agosto de 2018, la asociación aseveró que uniformados que hacen presencia en Llorente “realizan señalamientos, acusaciones y empadronamientos a líderes”.
Según la denuncia, varios soldados estuvieron buscando a la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Vallenato, Alicia Torres, a quien señalaron como integrante de un grupo armado. Los hechos, según Asominuma, son “demasiado graves y elevan la situación de riesgo en la que se encuentra la líder comunitaria”.
La asociación, además, ha denunciado ocupación de casas de familias desplazadas, allanamientos y detenciones sin orden judicial, presiones contra presidentes de juntas, sustracción de documentos de censo y contabilidad y ubicación de la fuerza pública en cercanías a los centros poblados para “resguardarse” de posibles ataques.
Para atender la situación y teniendo en cuenta las múltiples denuncias de la población civil, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Tumaco trabajan en el diseño de una propuesta de protocolo de relacionamiento entre la fuerza pública y las comunidades. Mientras tanto, los dirigentes de las organizaciones étnico-territoriales, la iglesia y el Ministerio Público le transmiten constantemente las denuncias al Comando Conjunto con quien, según ellos, se han encontrado algunas soluciones, sobre todo en el tema de ocupación de escuelas. Consultado —por escrito y reiteradas veces— para este reportaje sobre su versión, el general del Ejército Jorge Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, nunca contestó.
El coronel Aroca asegura que, aparte de la investigación criminal, los mayores desafíos del Comando son la “aceptación de la comunidad” y la mitigación de los impactos que generan los operativos policiales en la población civil. Según el alto oficial, “acá (en Tumaco) hay que tener mucha mano dura, pero sabemos que también hay que tener un acercamiento (con la comunidad), porque la mayoría no son bandidos y también se ven afectados por el procedimiento. Es un reto muy grande poner la fuerza y el acercamiento dentro del mismo uniforme”.
En Ecuador, pueblos desplazados
El Pan es una pequeña comunidad de agricultores al borde del río Mataje, en el lado ecuatoriano, y comenzó a alarmarse cuando la guerra se desbordó al otro lado de la frontera y los grupos armados ilegales comenzaron a trasegar por sus veredas. Los primeros ruidos llegaron el 17 de febrero de este año, cuando patrullas del Ejército fueron atacadas por hombres armados, y se repitieron dos días después.
La población civil, atemorizada por estos enfrentamientos, comenzó a abandonar la zona. Se calcula que, inicialmente, salieron 69 familias. Hombres y mujeres cargaron a sus hijos en brazos y algunos tuvieron que llevar a sus enfermos hasta San Lorenzo, a dos horas de El Pan. Atrás quedaron, como testigos silenciosos, herramientas de trabajo, animales domésticos y algunos electrodomésticos.
A ese desarraigo se unieron familias de sectores vecinos como Mataje Alto y Tobar Donoso, a las que también atemorizaron los sonidos de la guerra. También hubo desplazamientos en el recinto Las Delicias. En total 98 familias huyeron de esta región. Se amontonaron en casas, cuartos y áreas de atención de emergencia en el puerto de San Lorenzo, una ciudad con alrededor de 40 000 habitantes, golpeada por actividades de narcotráfico.
En abril se sumarían 52 familias de Mataje Nuevo que dejaron sus tierras tras la incursión militar y policial de por lo menos 3 500 uniformados, que arribaron a la región luego del secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio. La balacera que expulsó a todas aquellas familias aún la recuerda, con angustia, María Reinalda Tenorio, desplazada de El Pan, quien vive en San Lorenzo, en medio del hacinamiento en una casa de dos pisos a medio construir, junto con su esposo, ocho de sus 13 hijos, 11 nietos y sus nueras.
La mujer rememora que estaba cocinando cuando escuchó los disparos. Corrió fuera de su casa, atemorizada. Los militares les dijeron que mejor se fueran de allí, sin dar explicaciones. “Pero, ¿cómo salimos? Mi esposo no puede caminar, él es enfermo”, les dijo. No hubo respuestas. María Reinalda y Jesús Caicedo, así como sus hijos y nietos, huyeron sin preguntar más. Una volqueta los recogió en el camino y los trasladó hasta San Lorenzo. La balacera, asegura ella, es la primera que había escuchado en los 51 años que llevaba viviendo en El Pan.
Durante los enfrentamientos hubo tres detenidos, entre ellos Albeiro, uno de los hijos de los esposos Caicedo-Tenorio. Un grupo de militares lo interrogó durante cinco horas y luego lo dejaron ir. “Me arrestaron, me amarraron y me tuvieron botado en el monte. Me decían que dijera que quién disparaba y yo no sabía. Como no decía nada, sacaron un cuchillo como queriendo cortarme las piernas para ver si yo hablaba, pero no sabía nada”.
Varias semanas después de su huida a San Lorenzo, los Caicedo-Tenorio lograron regresar en busca de algunas pertenencias a El Pan, convertida en un área restringida por el Ejército, y fue poco lo que encontraron: guadañas, machetes y animales habían sido robados. También sus electrodomésticos y los dos cilindros de gas que la mujer usaba en su pequeño restaurante.
“La vida en El Pan era bien”, dice la matrona, sentada junto a la mesa que usaba para exhibir su comida, y rodeada de sus hijas y esposo. “Vivíamos tranquilos, no pasaba nada. Nosotros nos manteníamos de nuestros animales, de la agricultura. Hemos estado cuidando la frontera como comunidad y ahora nos tocó salir desplazados desde allá para acá”. El anhelo del retorno flota en la conversación. Le preocupa que su finca esté hecho “monte”, pero, a pesar del dispositivo militar y policial, los frena el temor a salir corriendo otra vez, como aquel febrero.
Su hijo Albeiro, aquel que fue interrogado y retenido, ahora labora en una empresa palmicultora y no recibe más de 266 dólares al mes. Con ese dinero, cuentan, adquieren alimentos para dos comidas diarias, pero no alcanza para todos los gastos básicos. De la alcaldía solo recibieron un almuerzo, que les dieron el día que llegaron desplazados de El Pan. Nada más.
Guadualito, un pueblo Awá a 45 minutos de San Lorenzo, también ha sufrido los embates de la guerra. En febrero de 2018 llegaron 180 militares ecuatorianos que acamparon durante más de dos meses en la aldea. “Sin el consentimiento ni la autorización de la comunidad utilizaron centros educativos, la casa comunal, el puesto de salud y otros espacios para quedarse… nos invadieron”, le dijo a un periodista de esta alianza Olindo Nastacuaz, un líder de esa comunidad.
Según el hombre, la comunidad rechazó la militarización pues sabían que la construcción de retenes en su centro poblado los pondría en riesgo “porque el grupo de disidentes que está del otro lado de la frontera podría atacar, echar bomba o cualquier otra cosa que afectara la seguridad y la vida de nosotros”.
Los militares bloquearon las vías y esto afectó a los habitantes que acostumbraban ir a San Lorenzo a comprar víveres y regresar por la tarde o noche. Ya no podían salir porque después de las 16:00 los militares decían que “no respondían”. “Eso es violar el derecho de libre circulación”, dice. Y agrega que cuando reclamaban a los soldados por la invasión, ellos siempre decían que tenían una disposición “de arriba”.
Nastacuaz cuenta que en abril los militares les dijeron que tenían tres horas para desalojar el pueblo e instalarse temporalmente en el parque de San Lorenzo. “Pero allá no hay transporte para tanta gente y no pudimos salir todos, entonces nos quedamos, nadie se movió”.
Menos tropa, más inversión
Para mucha gente, tanto en Ecuador como en Colombia, las pocas veces que saben que hay presencia del Estado es cuando ven un uniforme militar. En Tumaco, el índice de pobreza alcanza 84,5 %. Solo 5 % de la ciudad tiene alcantarillado, la mortalidad infantil alcanza 65 por 1 000 y el desempleo casi 70 %. Y los habitantes de Tumaco han sido fuertemente golpeados por las distintas olas de violencia: más de 99 000 personas, la mitad de la población, están registradas como víctimas del conflicto armado.
En la provincia de Esmeraldas (Ecuador), 78 % de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas, 54 % no tiene acceso a agua potable, 21 % no tiene electricidad, y en cantones de esa provincia como San Lorenzo y Eloy Alfaro la pobreza llega a 85 % y 95 %, respectivamente. Y la guerra dificulta aún más las cosas. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales y funcionarios no pueden entrar a las comunidades sin ser escoltados por patrullas armadas y en El Pan la profesora huyó tras la ola de violencia.
Funcionarios locales y dirigentes sociales de Tumaco consideran que la intervención policial y militar está lejos de solucionar los problemas de seguridad, entre otras razones por la presión del narcotráfico. La personera Castillo explica que este negocio ilegal “tiene sus causas estructurales en el desempleo, las pocas alternativas para acceder a la educación superior, la insatisfacción de las necesidades básicas y la falta de servicios públicos. Es un municipio que no genera las condiciones sociales adecuadas para que las personas puedan encontrar en la legalidad alternativas de vida”.
“Si no hay inversión social, es muy poco probable que esta guerra se gane. Usted puede capturar a Guacho y a los comandantes de cada uno de los grupos, pero si los problemas de Tumaco siguen siendo los mismos, van a surgir muchos ‘guachos’ más”, sentencia Castillo.
En ese mismo sentido se expresa el sacerdote Arnulfo Mina, vicario general de la diócesis de Tumaco, un gran conocedor de las vicisitudes de las comunidades: “Hay que crear fuentes de trabajo, oportunidades para los jóvenes y mejorar la calidad educativa para ir disminuyendo el conflicto. Si no hay acompañamiento (del Estado), vamos a seguir enterrando gente”.
Parte de las soluciones, según Mina, estaría en la reactivación del puerto y la creación de empresas de transformación de productos locales como atún, cacao, coco, camarón, piangua y plátano. Sin embargo, hay un gran escollo: la debilidad de la institucionalidad local.
En Ecuador, el Gobierno asegura que las cosas están bajo control y que los desplazados de El Pan ya volvieron a sus tierras. Pero para muchas familias como los Tenorio, la realidad es muy distinta. Siguen hacinados en San Lorenzo, aún recuerdan las balas, aún recuerdan el miedo.
