Víctimas de este grupo que dirigió alias ‘Don Berna’ aseguran que varios crímenes cometidos por este grupo armado en Medellín y municipios vecinos pueden quedar en la impunidad.
Para su conformación, el Bloque Cacique Nutibara reclutó a las bandas delincuenciales de Medellín y su área metropolitana. Foto Semana.Muchos de los crímenes cometidos por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que delinquió en Medellín entre 1998 y 2003 bajo las órdenes de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’, podrían quedar en la impunidad.
Así lo advierten organizaciones de víctimas y de derechos humanos de Medellín tras aseverar que, ocho años después de la desmovilización de este bloque, realizada el 25 de noviembre de 2003 en esta ciudad y que se constituyó el primer acto de dejación de armas de bloque paramilitar en el país, a la fecha solo 16 exintegrantes de este grupo están rindiendo versiones ante fiscales de Justicia y Paz.
Para los defensores de derechos humanos Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, y Fernando Quijano, director de Corpades, lo anterior se sustenta, además, en hechos como que el máximo comandante de este bloque, alias ‘Don Berna’, fue extraditado a los Estados Unidos en mayo de 2008 y condenado posteriormente en 2010 a 31 años de cárcel por narcotráfico y desde entonces, su colaboración con Justicia y Paz ha sido poca.
Asimismo, según la Fiscalía 45 de Justicia y Paz, encargada de la documentación de los crímenes de este bloque, el Gobierno Nacional ha negado en los últimos ocho meses la postulación a la justicia transicional de 17 desmovilizados del Cacique Nutibara recluidos en diferentes cárceles del país, situación que dificulta aún más la reconstrucción de lo que pasó enlos últimos 10 años de conflicto urbano en la capital antioqueña.
Los que aparecieron
Las cifras señalan que el 25 de noviembre de 2003 se acogieron al proceso de paz con el Gobierno Nacional 868 combatientes del Bloque Cacique Cacique Nutibara. Tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, en mayo de 2005, el Gobierno Nacional postuló a 33 desmovilizados de este grupo paramilitar. Pero en el transcurso de la aplicación de esta norma fueron excluidos 13 miembros tras incumplir los compromisos estipulados en la justicia transicional. Cuatro más fallecieron y tres fueron trasladados a otros departamentos.
La pregunta entonces es: ¿dónde están los demás hombres que dejaron sus armas en el Palacio de Exposiciones? Según informes de Policía Judicial recopilados por la Fiscalía 45, de los 868 desmovilizados han fallecido a la fecha 140. Del universo restante, unos 364 enfrentan procesos judiciales y de estos últimos, unos 190 ya han sido condenados, 70 más se encuentran en etapa de juicio y 135 tienen procesos activos.
De acuerdo con este despacho, los hoy postulados por el bloque Cacique Nutibara han confesado alrededor de mil crímenes. A ellos se les imputarán delitos que van desde el concierto para delinquir, acceso carnal abusivo, desplazamiento, falso testimonio, narcotráfico, hurto agravado hasta lesiones personalesy homicidio.
Sin embargo, Fernando Quijano, director de Corpades, señaló que “aquí no se ha esclarecido ni la mitad de los hechos cometidos por este bloque ni por las bandas que estuvieron bajo su servicio. Los comandantes paramilitares hoy por hoy son los máximos capos de la mafia en la ciudad y eso no se ha investigado. Tampoco se ha investigado la relación de sus comandantes con la Fuerza Pública”.
Igual postura asumió la abogada Adriana Arboleda, integrante de la Corporación Jurídica Libertad, quien recalca que “habrá que seguir presionando socialmente para que salga a flote esa verdad del Cacique Nutibara, porque en Justicia y paz no se verá”. Su preocupación, al igual que la del director de Corpades e, incluso, el propio Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, es que cientos de asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados e incluso, actos terroristas cometidos por esta estructura paramilitar en la capital antioqueña y los municipios del Valle de Aburrá durante sus años de operación, queden en la más completa impunidad.
El esclarecimiento de varios de los capítulos más oscuros y dolorosos de la historia reciente del conflicto urbano en Medellín es otro de los puntos que más inquieta a los defensores de derechos humanos y las víctimas del accionar paramilitar.
Operación Orión
Un ejemplo de lo anterior lo constituye la Operación Orión, acción ejecutada en octubre de 2002 por fuerzas combinadas de Ejército, Policía, Fuerza Aérea, CTI y DAS y mediante la cual se retomó el control de la Comuna 13, dominada hasta ese momento por milicias de las Farc, ELN y Comandos Armados Populares (CAP).
Meses después del operativo, organizaciones no gubernamentales de la ciudad, como la Corporación Jurídica Libertad, denunciaron públicamente cómo miembros del Bloque Cacique Nutibara retuvieron y desaparecieron a varios jóvenes de esta populosa zona del occidente de Medellín, acusándolos de pertenecer a las milicias. Esta organización logró documentar 72 casos de desapariciones forzadas ocurridos entre noviembre de 2002 y febrero de 2003.
Se presume que estos y otras personas más reportadas como desaparecidas en la Comuna 13 estarían enterradas en el sitio conocido como ‘La Escombrera’. Y si bien en varias versiones libres alias ‘don Berna’ y varios de los pocos postulados del Cacique Nutibara a Justicia y Paz han reconocido la existencia de fosas comunes en ese lugar, en la cual reposarían cerca de 300 cadáveres, es poco lo que la Fiscalía ha logrado avanzar en este tema.
Paradójicamente, exintegrantes de este bloque actualmente recluidos en centros penitenciarios del país han manifestado su deseo de aportar a la búsqueda de verdad y reparación en este caso en particular, pero desde el Gobierno Nacional se ha negado su ingreso a Justicia y Paz. Tal es el caso de Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, recluido actualmente en la cárcel de mediana seguridad del municipio de La Dorada, Caldas, quien envío una carta a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín pidiendo que intercedieran por él en su postulación ante Justicia y Paz.
“Fui comandante en Medellín, sector Comuna 13, y tengo muchos eventos que quiero esclarecer, para colaborar con la historia del país y solucionar mi situación jurídica”, dice en sus apartes la carta que fue leída en audiencia de imputación de cargos contra seis postulados del Cacique Nutibara.
Cabe destacar que en el capítulo de la Operación Orión, alias ‘don Berna’ ha salpicado en sus versiones libres, tanto las que alcanzó a rendir en Colombia como las que ha entregado desde su sitio de reclusión en Estados Unidos, al general (r) del Ejército Mario Montoya, por aquellos años comandante de la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín; y al general (r) Leonardo Gallego Castrillón, excomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. En sus declaraciones, el exjefe paramilitar ha señalado que el operativo de retoma de la Comuna 13 fue coordinado entre los generales Montoya, Gallego y varios de sus lugartenientes.
¿Falsa desmovilización?
Otro de los aspectos sobre los cuales aún hay más sombras que luces es, precisamente, la desmovilización del Cacique Nutibara. El pasado 26 de marzo, el Juzgado Segundo Adjunto Penal del Circuito Especializado de Medellín condenó en primera instancia a cinco integrantes de una banda criminal que opera en el corregimiento San Antonio de Prado, sur del Valle de Aburrá y le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara la supuesta falsa desmovilización de este bloque paramilitar.
El Juzgado basó su petición en testimonios recopilados y aportados al proceso por la Fiscalía en los que se afirma que la desmovilización de este bloque fue una farsa. “Llegaron unos buses, se montaron unas personas del barrio que iban para La Ceja tres meses. Les habían traído uniformes que ni les servían, que las botas ni eran los números de ellos, o sea, una opinión muy personal, la desmovilización fue como una especie de montaje y de farsa”, dijo uno de los testigos aportados por el Ente Investigador.
Este no ha sido el único pronunciamiento al respecto. A principios del presente año, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, declaró como testigo ante los magistrados de Justicia y Paz que en el proceso de desmovilización del Cacique Nutibara hubo muchas irregularidades, entre ellas, la incongruencia de las listas en las que aparecían los nombres de los paramilitares que se iban a desmovilizar y los que realmente se desmovilizaron.
“Hubo un grupo de hombres que se encontraban en La Ceja pero que no aparecían en los listados o gente que estaba en altos rangos y que no aparecían en la lista y que luego aparecieron en la lista del Bloque Héroes de Granada. Lo que no es comprensible es que la gente que estaba en la zona urbana de Medellín termine desmovilizándose con un grupo rural”, señaló Salazar en aquella ocasión.
Ya en 2011, otro exjefe paramilitar, Fredy Rendón, alias ‘El Alemán’, manifestó en versión libre rendida en Justicia y Paz que la desmovilización del Cacique Nutibara “fue un montaje para darles beneficios políticos a los jefes de la Oficina de Envigado y bajar los índices de violencia en Medellín”.
Al respecto, declaraciones conocidas por Verdadabierta.com y entregadas a la Fiscalía 45 de Justicia y Paz por parte de los postulados Yuan Arley Mena, alias ‘Gordo’, Edgar Alexander Erazo Guzmán y Francisco Antonio Arias Quintero, alias ‘Bonito’, quienes estuvieron bajo las órdenes de alias ‘don Berna’ en el corregimiento San Antonio de Prado, manifiestan al unísono que ni hubo colados, ni reclutamiento para la desmovilización.
“¿Para qué nos íbamos a poner camuflado si nosotros éramos urbanos? No tiene sentido”, declaró Erazo Guzmán, desmintiendo de paso que se hubiera reclutado gente en los barrios en los días previos a la desmovilización.
“Mi comandante era alias ‘El Cuñado’ y cuando se vino la desmovilización me dijo que le pasara la lista de mi gente. Yo le entregué un listado con 14 personas, que éramos los de San Antonio de Prado. Él la completó con otra gente de Itagüí: de los barrios Calatrava, La Unión, El Rosario. Esa gente pertenecía, directa o indirectamente, a las Autodefensas. Recuerdo que días antes de la desmovilización nos concentramos en el barrio El Limonar de San Antonio de Prado como 30 personas. Y esas personas fuimos las que entregamos las armas en el Palacio de Exposiciones. Entramos al evento de camisetas blancas”, narró el postulado.
Y continuó: “yo no puedo hablar por los comandantes de las otras comunas. Cada comandante tenía su forma de operar y de combatir, dependiendo la comuna. Cada comandante era autónomo de llevar su gente. Entonces, no sé por qué llegaron unos en camuflado, que los hubo, ni tampoco tengo conocimiento si reclutaron gente días antes. Sí hubo gente de más o que no era de las Autodefensas, no tengo conocimiento”.
Su respuesta deja en el aire varios interrogantes: ¿por qué la mayoría de combatientes presentes en el evento de desmovilización vestían camuflados? ¿Podría uno de los bloques más fuertes del paramilitarismo operar con armas hechizas, oxidadas y en mal estado, como lo concluyó el informe técnico realizado por el Grupo Interinstitucional de Análisis Terrorista (Giat) al armamento entregado ese día por el Cacique Nutibara? Si los cálculos hechos por la Fiscalía, basados en las versiones de los desmovilizados, apuntan a que este bloque estaba compuesto por 600 hombres, ¿de dónde salieron los otros 268?
Desafortunadamente, todo indica que aún no hay quien responda estas y otras preguntas a los fiscales y magistrados de Justicia y Paz y, más que a ellos, a las cientos de víctimas que dejó el accionar de esta estructura paramilitar en Medellín y sus municipios vecinos.
