En la noche del jueves 9 de febrero atentaron contra la vida de un líder sindical en Valledupar, quien resultó ileso del ataque. Las organizaciones de derechos humanos están preocupadas por el incremento de la violencia en la región.
Alfonso Barón Sánchez fue abordado por dos motociclistas, quienes le dispararon justo cuando iba llegando a su casa. El líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) e integrante del Congreso de Pueblos resultó ileso. Foto suministrada.Alfonso Barón Sánchez caminaba hacia su casa cuando dos motociclistas le cerraron el paso. Un parrillero se bajó y le disparó. “Todo ocurrió en fracción de segundos. Salí a correr para proteger mi vida”, dice. Los disparos alertaron a la comunidad del barrio La Popa, en Valledupar, Cesar, impidiendo que los sicarios terminaran su cometido. “Pensé que me mataban. Recuerdo cuando me apuntó con el arma a la cabeza”, agrega.
Barón Sánchez es líder del Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) e integrante del Congreso de Pueblos, un movimiento social de izquierda nacido en 2010 que tiene como lema Propuesta de país para la vida digna. Barón cuenta que en la mañana del jueves 9 de febrero había participado de la segunda sesión de la Mesa Departamental de Derechos Humanos y Territorios, que esta vez se reunió en la vereda El Hatillo, corregimiento La Loma, del municipio de El Paso (Lea: El Congreso de los Pueblos: ¿un movimiento bajo sospecha?).
El pasado7 de enero Aldemar Parra García, integrante de esta comunidad y presidente de la Asociación Apícola de Cesar, fue asesinado. Los campesinos del Hatillo han sido desplazados por la actividad de empresas mineras asentadas en la región y esperan un reasentamiento que debió estar concluido en 2012 (Lea: Alerta, comunidad de El Hatillo, en Cesar, está en riesgo).
Barón relata que en la reunión de la Mesa Departamental participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (OEA) así como diversos líderes de organizacionales sociales que están al tanto de acompañar a comunidades como El Hatillo. “Estuvimos revisando cómo vamos a realizar acompañamiento al proceso de esta comunidad”, apuntó.
Según Barón, la última vez que el Sindicato recibió amenazas fue hace cuatro años, “las situación ya estaba tranquila”, por lo que el atentado de anoche encendió de nuevo las alertas. Sinaltrainal cuenta con 70 integrantes en Cesar, “apoyando los procesos sindicales, participando en la mesa temática de derechos humanos y haciendo verificación a lo acordado en el proceso de paz entre del Gobierno y las Farc”, apunta.
En un comunicado emitido por Sinaltrainal y el Equipo Jurídico Pueblos (EJP), las organizaciones sociales advierten que este no ha sido el único hecho violento contra integrantes de su movimiento. El 13 de enero de 2017, una vez terminada otra reunión de la Mesa Departamental de Derechos Humanos, Orlando Salcedo Restrepo recibió una llamada amenazante en la que lo tildadon de “guerrillero”: “qué hacías hoy en la reuniónen la OEA… cuántos guerrilleros había en esa reunión”, le replicaron.
Al reciente atentado y las amenazas denunciadas se suma el asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Entre Ríos, en el muncipio de El Copey, Edilberto Cantillo, ocurrido el sábado 4 de febrero (Lea: Otro asesinato de un líder en Cesar, ¿qué sucede?)
El 8 de febrero de 2017 el Sindicato de Defensores y Defensoras de Daerechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) envió una carta a Carlos Negret Mosquera, Defensor Nacional del Pueblo, expresando su preocupación sobre la negación que ha hecho el gobierno central, principalmente la Fiscalía y los ministerios del Interior y de Defensa, sobre la existencia del paramilitarismo.
En la carta, Sindhep cuestiona que estos funcionarios aseguren que el paramilitarismo desapareció, toda vez que su existencia la caracterizan sus acciones antisubversivas y conexión con agentes del Estado, y que reconocerlo sería darles un reconocimiento político a las bandas criminales. Los Defensores controvierten tal explicación, argumentando que el paramilitarismo “no es un fenómeno estático y rígido”, que siempre se ha caracterizado por “mutar” para atender a la conservación del poder económico, político y social ligado a las élites. (Lea la carta aquí).
“Las Auc no eran propiamente un grupo de autodefensas, se dedicaban al tráfico de drogas, la regulación de la delincuencia común, el contrabando, la exacción de recursos públicos […] actuaban como ‘ejércitos privados’ al servicio de sectores directamente vinculados al acaparamiento y acumulación de tierras los cuales en la práctica dado su poder económico ostentaban tal poder político, que a la postre terminaban siendo los representantes de la institucionalidad”, afirma la carta.
Los defensores han documentado en terreno y publicado en diversas alertas tempranas que el paramilitarismo persiste en el sur de Bolívar, el norte del Cauca, en Bahía Solano, Nuquí y Juradó, en el Pacífico chocoano; en Tumaco, Buenaventura, el Bajo Cauca antioqueño, el sur del Meta y el sur de Córdoba, y que su avance coincide con las zonas donde este momento se están retirando las Farc.
Para estos funcionarios, los constantes ataques contra líderes sociales reflejan el incumplimiento del tercer punto del Acuerdo de Paz, que establece los compromisos del gobierno nacional para esclarecer, prevenir y combatir el fenómeno paramiliar, como base para un proceso efectivo de participación política. “El paramilitarismo es una de las principales amenazas a la consecución de la paz”, concluyen los agremiados de Sindhep.
