El Tribunal Superior de Bogotá tumbó la absolución de primera instancia de un juzgado y condenó al general (r) Jaime Humberto Uscátegui a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán (1997) en la que fueron asesinadas 49 personas por paramilitares.
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El general Uscátegui fue absuelto en primera instancia. Foto Semana – Regreso a Mapiripán – El camino despejado hacia Mapiripán
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El Tribunal anuló la decisión tomada por un Juzgado Especializado de la capital a finales de 2007 que absolvió al general Jaime Uscátegui y lo encontró culpable por los delitos de homicidio agravado, secuestro y falsedad, por la masacre de Mapiripán en el Meta. De acuerdo con el Tribunal, el general deberá pagar 40 años de cárcel como coautor por no impedir el crimen cometido por un grupo de paramilitares que envió Carlos Castaño desde Urabá con la complicidad de miembros de la Fuerza Pública.
Este es uno de los fallos más duros que ha proferido la justicia colombiana contra un general del Ejército por no evitar una masacre como la cometida por los paramilitares en Mapiripán.
El Tribunal consideró que, si bien el general no tenía jurisdicción sobre el batallón más cercano a la población, pudo haber hecho más por proteger a la población civil. Aseguró que, aunque no tuvo jurisdicción sobre el Batallón París (unidad militar que facilitó la incursión paramilitar), ya que ésta operaba bajo el mando de la Brigada Móvil No. 2, sus “obligaciones constitucionales” le exigían actuar frente a los problemas de orden público que se estaban presentando en Mapiripán y de los cuales tuvo conocimiento previo.
“No teniendo asidero lógico y jurídico que como Comandante de la VII Brigada y como Comandante del Batallón París fueran inferiores al mandado constitucional, a sabiendas que desde julio 15 de 1997 la desamparada comunidad que aportó sus víctimas se hallaba a merced de las AUC y así permaneció hasta el día 20 de ese mes, si que se produjera el menor asomo de esa autoridad militar, quien pudiendo hacerlo, impidiera los nefastos resultados que se registran”.
En ese mismo sentido, el Tribunal anota que además de no atender al llamado constitucional, el general consideró “confusa” y “superficial” la información que obtuvo durante esos días del juez Novoa Cortés sobre lo que estaba sucediendo en Mapiripán. A juicio del Tribunal, el informe que se elaboró en esos días sobre Mapiripán (con la información aportada por Novoa), es claro y explícito, y “es veraz en la casi totalidad de hechos relevante de la toma y actuación paramilitar de la inerme población”, por lo que no se explica la pasividad del general para actuar en ese momento.
“El Brigadier Jaime Humberto Uscátegui como comandante de la VII Brigada, el 14 de julio de 1997 imparte ordenes de carácter operacional al Comandante del Batallón París, supuestamente para proteger a la población de Mapiripán… un día después, el 15 de julio, ante una fuente de peligro real y grave como fue la presencia de las AUC, carecía de esa autoridad y mando que le permitiera intervenir”.
En el caso del coronel Orozco, el Tribunal apoyó las acusaciones de la Fiscalía al argumentar que el militar sí tuvo conocimiento de la presencia de los paramilitares en Mapiripán a través de varias autoridades locales (entre ellas el juez Cortés Novoa), y que aún así, y premeditadamente, decidió para el día que comenzó la masacre, enviar tropas a Calamar (Guaviare), ubicado a varias horas de Mapiripán.
Según el Tribunal, Orozco contaba en ese momento con los “medios” y la “autonomía” para enviar a sus tropas a Mapiripán en cualquiera de los cinco días en los que se perpetró la masacre. Sin embargo, eso nunca pasó. “(Orozco) hizo parte de esa maquinación que arbitraria y dolosamente dejó desprotegida a la población de Mapiripán”.
En su fallo, el Tribunal concluyó que: “esa codelincuencia mancomunada la conformaron los integrantes de las AUC y varios miembros del Ejército Nacional con típica distribución de tareas pero con unidad de designio y voluntad hacia los funestos resultados que se registran, y es a este espectro que se aviene el comportamiento asumido por los acusados Hernán Orozco y Jaime Humberto Uscátegui según las probanzas examinadas y confrontadas en el presente fallo, las cuales evidencian la ejecución de actos material necesarios y unívocos a la ejecución de la acción criminal y desde esta óptica deviene concluir que los hechos no se dieron simplemente con la contemplación y permisibilidad del estamento militar involucrado, sino la intervención material y eficaz de la autoridad que ostentaban…”.
Según el Tribunal, quedó demostrado el vínculo entre los militares y el grupo de Castaño que permaneció en la zona durante cinco días sin que ningún militar adelantara acciones contra ellos.
El Caso
La Fiscalía vinculó y acusó
formalmente al general Uscátegui el 10 de marzo de 2003 como autores
por omisión del delito de homicidio agravado, secuestro agravado y
falsedad ideológica en documento público. El coronel Orozco también
fue acusado ese mismo día del delito de falsedad ideológica en
documento público.
Miguel Enrique Vergara alias ‘Cepillo’
también fue vinculado al proceso como uno de los miembros de las AUC
que perpetró la masacre.
Después de más de 4 años, el Juzgado
Noveno Especializado de Bogotá absolvió a Uscátegui de todos los
cargos relacionados con la masacre. La sentencia concluía: “es
muy difícil tener una aproximación a la certeza de que la Brigada
VII tuviera el mando operacional sobre el Batallón Joaquín París
y consecuentemente con ello, éste era el responsable de Mapiripán,
afirmar que dicha Brigada comportaba jurisdicción en tal municipio y
por ende su Comandante, es decir, Uscátegui Ramírez”.
Sin embargo, la Fiscalía apeló la
absolución de Uscátegui considerando que “como Comandante de la
VVII Brigada era superior operacional del Batallón Joaquín París y
por ende tenía competencia para intervenir en los hechos de
Mapiripán”.
“Se destaca que durante los cinco
días en que las AUC permanecieron y sembraron el terror en sus
habitantes quienes estuvieron en completo abandono por parte de las
autoridades del Estado, razón por la cual la Fiscalía General de la
Nación… dedujo acusar al entonces Brigadier General del Ejército
Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, quien se desempeñaba como
comandante de la VII Brigada con sede en Villavicencio y a Hernán
Orozco quien para la época era el comandante del Batallón de
Infantería Joaquín Paris radicado en San José del Guaviare”.
Finalmente, con la decisión emitida
por el Tribunal, se hace efectiva una nueva orden de captura contra
Uscátegui para que cumpla su pena.
La masacre
En julio de 1997 dos aviones partieron desde Urabá cargados de paramilitares. Aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare, donde está instalada una base antinarcóticos de la Policía. Luego se desplazaron a Mapiripán, Meta, por río y carretera. Con su llegada se inició una masacre que duró varios días y sobre la cual el propio Carlos Castaño admitió que habían sido asesinadas 49 personas. La mayoría fueron arrojadas al río, pues apenas se hallaron 5 cadáveres. Las autoridades civiles, entre ellas el juez, alertaron a los militares sobre lo que ocurría en ese remoto poblado. Pero no encontraron respuesta. Así, los paramilitares pudieron recorrer la zona a su antojo, sin ningún tipo de impedimento.
Esta matanza será inolvidable porque con ella se inició la expansión de las AUC que hasta entonces estaban en Urabá y Córdoba. Además, porque las atrocidades cometidas por los paramilitares contaron con la complacencia y la complicidad de varios miembros de la fuerza pública, la mayoría de ellos, ya condenados. Otros, ni siquiera han sido vinculados a la investigación.
Doce años después, entre el 18 y el 20 de julio de 2009, más de 300 personas conformaron una Caravana por la Memoria y la Vida, que acompañó a algunos de los sobrevivientes de la masacre y de otras matanzas de la zona a Mapiripán. Fue un homenaje, un acto de solidaridad y una manera de ayudarle a las víctimas a enfrentar lo que pasó y de hacer justicia para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a la nación por este hecho.
El general Uscátegui había sido condenado por la Justicia Penal Militar en el 2001 por prevaricato por omisión en el mismo caso. En 2007, el juez que llevaba el caso no encontró méritos que demostraran su responsabilidad directa en la masacre. Solo lo halló culpable de falsificar un documento que advertía la alerta por la presencia paramilitar en la zona.
Con información de: La FM.
