Campesinos beneficiados con fallos de los jueces de tierras dicen que no reclamarán; ganaderos de la localidad que figuran como ocupantes están “lanza en ristre” contra la Unidad de Restitución de Tierras y anuncian fuerte ofensiva jurídica. La entidad denuncia presiones indebidas: panorama de la aplicación de la Ley de Tierras en este municipio del Urabá antioqueño.
Ganaderos del municipio que hoy figuran como poseedores opositores en procesos de restitución dicen que adelantarán una intensa campaña jurídica para impedir la devolución de los predios. Foto: Ricardo Cruz.
En Necoclí, pueblo antioqueño del Urabá antioqueño de playas blancas bañadas por las aguas del Mar Caribe, la política de restitución de tierras tiene hoy enfrentados a antiguos vecinos y compadres, a ganaderos de la región y humildes campesinos, y a los pudientes y acaudalados con la Unidad de Restitución de Tierras.
La razón: recientes decisiones judiciales proferidas por los jueces de tierras han levantado una polvareda de rabias, temores y preocupaciones tanto entre aquellos que salieron favorecidos con los fallos, a quienes les asiste el derecho de recuperar tierras que la justicia dictaminó que fueron usurpadas ilegalmente, pero que, por razones aún no muy claras, no lo harán; como entre quienes hoy figuran como ocupantes y que deberán hacer entrega de los predios, así en abierto desafío manifiesten públicamente que no lo harán.
Donde los ánimos están más crispados es en las veredas Moncholo, Vale Pavas, Vale Adentro, Bobal Carito y Sevilla. Estos parajes son el epicentro de una historia que encierra destierros, violencias, corrupción administrativa, inequidades e injusticias que parecen no detenerse y donde ni Estado ni ilegales parecen quedar eximidos de sus responsabilidades.
Las tensiones comenzaron en mayo de 2013. El 17 de ese mes, la Unidad de Restitución de Tierras, territorial Antioquia, expidió la Resolución 221 mediante la cual admitió estudiar y microfocalizar el caso de 20 parceleros de las veredas Moncholo y Vale Adentro, quienes alegaban haber sido presionados por funcionarios corruptos del Estado para que vendieran sus tierras a finales de los años 90.
Sus relatos hacían referencia a La Cotorrita y Sevilla, dos extensas fincas que sumaban poco más de 1.800 hectáreas. Los predios fueron adquiridos en los años 70 por la familia Roldán Molina. Pero las extorsiones y la violencia protagonizada por la guerrilla del Epl durante los años 80 llevaron a que los Roldán, promediando el año 1984, le ofertara los bienes al Incora (hoy Incoder), que los adquirió para reforma agraria.
Así, la Cotorrita y Sevilla fueron divididas en22 y 37 parcelas respectivamente, con una extensión promedio de 30 hectáreas cada una de ellas, las cuales fueron adjudicadas por el Incora entre los años 1989 y 1994. En total, fueron 79 los campesinos que recibieron tierras mediante el sistema denominado “de amortización gradual acumulativa”; es decir, cada parcelero suscribió un crédito con la entidad estatal por el valor de la adjudicación, que debía pagarse mensualmente durante 15 años luego de un periodo inicial de gracia de tres años.
La medida buscaba que labriegos como Eliodoro Benítez, que llegó a Necoclí huyéndole a la violencia guerrillera de su natal Riosucio, Chocó, tuvieran aunque fuera un pedazo de tierra. La idea era que personas como Manuel Tapias o Gilberto Mercado pudieran ganarse la vida dignamente con el trabajo del campo. Pero no ocurrió así. La interminable guerra que han protagonizado guerrillas, paramilitares y narcotraficantes en el Urabá antioqueño truncó los sueños de los parceleros y creó las condiciones para la apropiación de tierras por parte de hacendados que hoy alegan que actuaron de buena fe.
Disidencia perversa
Por cuenta de los procesos de restitución de tierras, una tensa calma se respira en Necoclí, uno de los municipios del Urabá con más solicitudes de restitución ante la URT. Foto: Ricardo Cruz.
Paradójicamente fue en aquella época donde los vientos de la paz soplaron con fuerza en el país cuando más se complicaron las cosas para los parceleros de Necoclí. Para el año 1991 no había colombiano que no mirara con esperanza al futuro: las guerrillas del Epl y el M-19 acababan de entregar sus armas al Estado y se habían convertido en una potente opción política; Pablo Escobar, el más temido narcotraficante, se encontraba recluido en una cárcel en Envigado, y Fidel Castaño había desarticulado sus ‘mochacabezas’.
Pero en el norte del Urabá antioqueño, justo para esos años, la realidad era otra. Para un reducto de guerrilleros del Epl, liderados por Francisco Caraballo, la paz del Estado no fue una opción y decidieron permanecer en armas. Necoclí terminó convertido en la retaguardia de una cuadrilla de esta disidencia, recordada por haber sido comandada por hombres de la región como ‘Sarley, ‘Gonzalo’, ‘Giovanni’ o ‘Boca de Tula’.
En muy poco tiempo, la “disidencia caraballista” terminó convertida en el terror de los parceleros. “Eso fue horrible. Llegaban esos guerrilleros y uno tenía que darles de lo que fuera uno tuviera. Una gallina, un cerdo, un ternero, comida, plata, lo que fuera”, recuerda Eliodoro, quien salió favorecido con la adjudicación de un baldío en Sevilla por parte del Incora mediante resolución 1311 del 30 de junio de 1994.
Muchos de los parceleros aceptaron cabezas de ganado del Fondo Ganadero de Antioquia, en una práctica común en tierras ganaderas: el campesino pone la tierra, el Fondo pone el ganado y todos ganan por partes iguales. “Pero fue peor porque entonces ya comenzó fue el robo de ganado y la vacuna por cada cabeza de ganado y si uno no pagaba, pues imagínese”, relata el campesino.
Para 1994 la situación en las recién adjudicadas parcelas ya era insostenible. Luego llegaron los paramilitares provenientes de San Pedro de Urabá y la violencia se agudizó. Tal como lo documento la Unidad de Restitución de Tierras, entre 1991 y 1995 se registraron sendos asesinatos, como los de Otálvaro Vanegas, Manuel Correa, Euclides Flórez, Edilberto Flórez; y las desapariciones forzadas de Gregorio Madrid y Miguel Ángel Madrid. El exilio forzado se convirtió en la mejor opción para parceleros como Gilberto Mercado, Manuel Tapias o Eliodoro, quienes abandonaron la regiónen 1996.
Según declaró Manuel Tapias ante el Juez Primero del Circuito Especializado de Tierras de Apartadó, “para 1998 ya todos los parceleros se había ido. No quedó nadie”. Las huestes paramilitares terminaron absorbiendo a la “disidencia caraballista” y su arremetida contra todo lo que oliera a guerrilla fue implacable. A punta de crímenes atroces, los hombres de Carlos Castaño terminaron pacificando Necoclí.
Fue ese aparente clima de tranquilidad el que motivó el retorno de los desplazados parceleros para finales de 1998. Al regresar, todos encontraron campos fértiles convertidos en potreros, casas derruidas por la violencia y un anuncio de cobro jurídico que muchos no esperaban.
Las presiones de Clímaco
Necoclí, a las orillas del mar Caribe, ha sido azotado por múltiples violencias: primero fueron las guerrillas de las Farc y del Epl, luego el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc. Foto: Ricardo Cruz.
“¿Qué si vendí presionado? Claro que sí, a mí me presionó Clímaco”, cuenta Eliodoro. En su declaración hace referencia a Clímaco Chamorro, un antiguo funcionario del Incora designado para el Urabá antioqueño cuyo nombre se repite en decenas de historias de despojo de tierras, contadas por campesinos ante la Unidad de Restitución de Tierras con sede en Apartadó.
Ya en 2012, un grupo de labriegos de la vereda Paquemás, de Turbo, había denunciado ante un magistrado con función de control de garantías de Justicia y Paz cómo Chamorro, actuando en representación del Incora, revocó fraudulentamente adjudicaciones de baldíos hechas por la entidad a finales de los años 80 para readjudicarlas nuevamente a ganaderos y comerciantes del Urabá antioqueño. Varios de ellos figuran en un listado entregado por el exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, como supuestos financiadores y aportantes voluntarios a la causa paramilitar.
En Necoclí, Chamorro también dejó a su paso un efecto devastador. Pasados los tres años de gracia inicial y con escasas posibilidades productivas, los parceleros comenzaron a acumular deudas. El funcionario del Incora comenzó a fustigar a los adjudicatarios para que vendieran, tal como se lo contó Manuel Tapias al Juez Primero del Circuito Especializado de Tierras de Apartadó: “ya los funcionarios del Incora de la época decían que si uno no pagaba pues ellos recogían las tierras, que ellos ponían abogados. Entonces yo dije: ‘para que pongan abogado y estos me están diciendo que vendan, pues vendí’”.
Manuel, por ejemplo, vendió su parcela por 29 millones de pesos a Luciano Serna, quien fue contralor municipal de Apartadó entre 1997-1999 y falleció en 2012. Lo mismo hizo Gilberto Mercado, quien vendió por valor similar a Daniel Avendaño quien a su vez negoció con dos compradores más. Eliodoro negoció por 18 millones de pesos con Jorge Mario Ocampo, un reconocido comerciante del municipio que decidió incursionar en la ganadería.
Así, según funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras en Urabá, para principios del año 2000 se registró en Necoclí una oleada de ventas masivas de parcelas adjudicadas por reforma agraria que, a primera vista, las cubríaun manto de ilegalidad. “Vimos un número elevado de solicitudes concentrado en una zona en particular que ameritaba ser estudiado. Además, cuando estudiamos las tradiciones de los predios, vimos muchas irregularidades”, explica César Acosta, coordinador de esta dependencia con sede en Apartadó.
En mayo de 2013 y mediante resolución 221, la entidad admitió los primeros 20 casos de parceleros de las veredas Moncholo y Vale Adentro. Estos fueron presentados ante los jueces de restitución de tierras durante el segundo semestre del mismo año. Finalizando el 2014 comenzaron a conocerse los primeros fallos. Y nadie ha quedado contento: ni los parceleros reclamantes, señalados por las clases pudientes del municipio de ser unos “aprovechados oportunistas” y por ello temen reclamar lo que la ley ya les concedió; ni mucho menos los compradores que hoy ocupan los predios, quienes ven la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras como un exabrupto jurídico al que están dispuestos a desafiar.
“Dura la ley, pero es la ley”
Ganaderos que dicen ser afectados por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, avanzan en la creación de una organización denominada Víctimas de la Ley de Víctimas. Foto: Ricardo Cruz.
Según el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Tierras de Apartadó, el negocio celebrado entre Manuel Tapias y Luciano Serna fue a todas luces irregular, típico de un acto de despojo toda vez que este se dio por presiones indebidas de funcionarios del Incora, violando el Artículo 19 de la Ley 387 de 1997.
El artículo en cuestión señala que la entidad debía proteger los predios adjudicados a campesinos y abandonados por la violencia y, en virtud de lo anterior, favorecer a aquellos que quisieran regresar a sus parcelas con líneas especiales de crédito, refinanciaciones o cualquier otro procedimiento especial que garantizara su retorno y permanencia en el territorio en condiciones dignas.
“Lo anterior significa que cualquier negocio que se haya celebrado en este contexto, así hubiera estado revestido de legalidad, no lo es, porque se desconoció este articulado y porque se recurrió a presiones indebidas por parte de funcionarios del Estado”, explica Acosta.
Así lo dejó explícito la sentencia en sus apartes: “el comportamiento de quien fuera coordinador del Incora en Necoclí estuvo abiertamente fuera de toda regla, contrario a derecho, no solo por ser totalmente desligado de su labor sino porque con su conducta ejerció presión probada sobre el señor Manuel tapias”. La decisión obligó a los actuales ocupantes a entregarla sin que se les reconozca derecho de compensación alguno.
El desalojo del predio se hizo efectivo el pasado 10 de febrero y, cómo se preveía, el acto terminó por caldear los ya exaltados ánimos. “Es decir, el gobierno nos van a despojar a nosotros. Que yo recuerde, no hubo violencia ni nada por el estilo en el negocio que hizo Manuel con mi papá. De hecho, hasta con la plata que mi papá le dio, ese señor compró un pedacito de tierra enseguida de nosotros”, dice José Serna, hijo y heredero de Luciano Serna, el comprador.
El caso de José ha despertado la solidaridad de hacendados y ganaderos que hoy figuran como ocupantes de parcelas reclamadas ante los jueces de tierras. “Este señor José, que tiene cuatro hijos menores de edad, no tiene para donde irse porque esta tierra que su papá compró es lo único que tiene. Es decir, la Unidad (de Restitución de Tierras) los dejará en la física calle”, enfatiza Alberto Ocampo, ganadero local que también le compró a un parcelero de La Cotorrita.
Ocampo no ahorra epítetos para criticar la actuación de la Unidad de Restitución de Tierras. Con voz recia y rostro encendido, repite con vehemencia que él y sus vecinos actuaron de buena fe: “Ellos nos ofrecieron las parcelas. Hicimos negocios transparentes. Varios de nosotros terminamos pagando sus deudas con el Incora. Incluso, les dimos trabajo y son vecinos nuestros. ¿De qué violencia hablan? ¿Cuál despojo?”.
Bajo estos argumentos, Ocampo y un grupo de ganaderos del norte de Urabá buscan agremiarse para defenderse de la ley de víctimas. “Nosotros nos consideramos víctimas de la Ley de Víctimas. No todo el compró tierras en Urabá es un ‘paraco’ o ‘traqueto”, dice Roberto Vanegas, uno de los voceros de esta iniciativa. Como para que no haya lugar a equívocos, los ganaderos subrayan que apelan al Estado de Derecho, que no son personas de “andanzas ilegales” y que rechazan el empleo de intimidaciones, presiones o amenazas contra sus vecinos, los parceleros.
¿Qué pasa entonces?
Actualmente, en la URT con sede en Apartadó, se tramitan más de 70 solicitudes de restitución de tierras de Necoclí. Foto: Ricardo Cruz.
En las próximas semanas, la Unidad de Restitución de Tierras, seccional Urabá, espera realizar nuevos desalojos en cumplimiento de recientes fallos proferidos por los jueces de tierra; decisiones que para los ganaderos son a todas luces sesgados y ya anunciaron demandas y acciones de hecho contra la agencia estatal.
Quizás ello ha llevado a personas como Gilberto Mercado, uno de quienes saldrá beneficiado con las providencias, a decir llanamente “yo ya no voy a reclamar nada. Ya estoy muy viejo y muy enfermo y no quiero nada”. De la misma manera piensa Pinto*, quien con mucha reticencia señala: “yo terminé metido en este cuento porque yo fui parcelero. Pero yo no estoy reclamando nada. No tengo tiempo de esas jodas”.
¿Qué puede explicar, entonces, que estas personas hayan manifestado su deseo de no reclamar sus parcelas si la justicia los favorecía, sin dar mayores explicaciones que un profundo y prolongado mutismo?
Para Acosta, la respuesta surge diáfana: “eso es una prueba más de que los parceleros están siendo presionados. Los ganaderos no cuentan, por ejemplo, cómo agredieron e insultaron a los campesinos cuando estos iniciaron los procesos. De cómo agredieron incluso a funcionarios de la Unidad cuando estábamos haciendo las mediciones topográficas. Si los campesinos estuvieron aquí, en estas oficinas, ¿por qué cambiarían de parecer repentinamente? Pues están presionados”.
Más allá de todo esto, los habitantes de Necoclí sienten que su pueblo se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Muchos recuerdan que por este tema de la restitución de tierras, un paisano de nombre Albeiro Valdés fue asesinado en 2010. Su crimen sigue impune. Quizás por ello, no son pocos los que en este rincón de Antioquia a orillas del Mar Caribe desconfían de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Le tocará al Estado demostrar que aunque dura y criticada, esta ley es el mejor camino para lograr la reconciliación.
* Se omite el nombre real por petición de la fuente
