Mientras el gobierno propone la creación de Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), el Incoder no ha logrado recuperar baldíos de la Nación obtenidos de forma fraudulenta o bajo presión, como en el caso de Víctor Carranza.
Rey Ariel Borbón Ardila es el gerente del Incoder, la institución que tiene a cargo la recuperación de baldíos. El caso de El Porvenir, en Puerto Gaitán, donde 25 mil hectáreas fueron apropiadas por la familia de Víctor Carranza de forma irregular sigue pendiente. Fotomontaje de VerdadAbierta.com: la foto de Borbón fue tomada de la web del Incoder y la del lote del archivo de Semana.
El Porvenir sigue siendo un nombre contradictorio para las 70 familias campesinas que llevan cinco décadas viviendo en estas tierras de Puerto Gaitán y que no han logrado que el gobierno se las titule. Aunque en julio de 2014 la Subgerencia de Tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) determinó que las 25 mil hectáreas que reclaman fueron acaparadas por Víctor Carranza, el Incoder no las ha recuperado.
Este es el tercer caso más grande de acumulación de baldíos después de los de la multinacional Cargill y Riopaila S.A. Las tierras del Porvenir originariamente eran del Estado y debieron ser tituladas a familias pobres, pero los terrenos siguen siendo explotados por la Ganadería Agualinda, que tiene como representantes a María Blanca Carranza de Carranza y Yesid Carranza Córdoba, la esposa y un hijo del fallecido esmeraldero. VerdadAbierta.com documentó que estas tierras fueron acumuladas por Carranza con complicidad del antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora), logrando títulos por medio de presuntos testaferros y luego con la violencia perpetrada por los ‘Carranceros’, los paramilitares que tuvieron asiento en la región (Lea: El oscuro pasado del Porvenir).
Aunque en el papel la orden del Incoder es que las tierras vuelvan a la Nación para titulárselas a los colonos originarios, los campesinos lidian con la empresa Agualinda que impide desde hace dos años que la vereda cuente con conexión eléctrica, y que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) vacune las vacas de los campesinos que pastan en las sabanas comunales. La Corporación Yira Castro, que acompaña la reclamación de los campesinos, señala que la comunidad aún no ha recibido noticia de cuándo comenzará el proceso de recuperación.
Según el Incoder, la institución no ha comenzado a recuperar estos baldíos porque está informando del proceso a las 32 personas que aparecen en las escrituras como propietarias. VerdadAbierta.com documentó que cinco de ellas son Cristóbal Ramos Sacristán, Daniel Gómez Cañón, Hugo Armando Bustos, Jaime Rojas García y Pedro Libardo Ortegón Ortegón, uno de ellos empresario de las esmeraldas y otro miembro de la Compañía Ganadera del Meta, que en 2007 englobaron El Porvenir en cinco predios.
En marzo de 2013 todos, excepto Ortegón, aceptaron ante la Superintendencia de Notariado y Registro que acumularon tierras de origen baldío y que les podían revocar los títulos. Según registros de prensa, Ortegón fue piloto del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha alias ‘El Mexicano’ y en julio de 2013 fue asesinado por un joven de 16 años en el centro de Bogotá. Las otras 27 personas que aparecen en los títulos de El Porvenir fueron adjudicadas en 1992 por el Incora y según los campesinos, no vivieron un solo día allí. La mayoría tiene cédulas expedidas en Bogotá y Boyacá.
Cifras y promesas 
Víctor Carranza, fallecido zar de las esmeraldas. El caso de El Porvenir, de 25 mil hectáreas, es el tercer caso del país con mayor extensión de tierras de origen baldío acumuladas de forma irregular. Le anteceden Cargill, con 66 mil hectáreas y Riopaila, con 35 mil. Foto: archivo Semana.
El caso del Porvenir hace parte de las más de 200 mil hectáreas que sólo en la región de la Altillanura el Incoder debe recuperar. Un informe de la Contraloría (leer aquí) advirtió en 2012 sobre 14 casos de acumulación de tierras baldías en Meta, Casanare y Vichada a manos de particulares y empresas nacionales y multinacionales. Para ello, las empresas crearon varias Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), utilizaron fiducias y se asesoran con bufetes de abogados para acumular los predios. Estos casos suman 215 mil hectáreas que el gobierno puede redistribuir entre familias pobres, pero después de dos años la única decisión en papel ha sido la del Porvenir (ver mapa 1).
Haga clic en la imagen para ver el mapa de las tierras acumuladas en la Altillanura
VerdadAbierta.com preguntó al Incoder sobre si habían comenzado a recuperar los baldíos de los casos señalados por la Contraloría pero no recibió respuesta. Milena Gómez Pineda, directora Técnica de Procesos Agrarios, respondió mediante un cuestionario que no podía afirmarse que el Incoder tuviera un año “en blanco” porque la institución trabaja sobre procesos agrarios “con la misma intensidad de vigencias anteriores”.
Según la funcionaria, en 2014 el Incoder tramita 2 mil procesos agrarios en el país que corresponden a un millón de hectáreas. De este total, mil procesos son clarificaciones de propiedad (por ejemplo linderos); 400 son deslindes de tierras de la nación; casi 300 casos más son extinciones de dominio y mil 100 son recuperaciones de baldíos (ver tabla 1). En relación con los baldíos, aclara que la mitad de estos procesos, 500, se concentran en Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín.
La razón de ponerle lupa a estos municipios, señala el Incoder, es que desde julio de 2013 desarrollan un proyecto piloto de recuperación de tierras de la nación junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la Superintendencia de Notariado y Registro y el apoyo de la cooperación internacional. De esos 500 procesos de recuperación de baldíos que suman 525 mil hectáreas, el Incoder sostiene que 307 de ellos, que corresponden a 378 mil hectáreas, están activos, es decir, ya existe una orden para comenzar el estudio o ya hicieron el trabajo de campo.
Sin embargo, a 31 días de terminarse el año el instituto afirma que la meta de 2014 es concluir la etapa probatoria sobre 300 de esos procesos para tomar una decisión final durante el primer semestre de 2015. Pero los mismos datos advierten que estos procesos datan de 2013 (ver tabla 2) y en el caso de El Porvenir, del que el Incoder tomó una decisión en julio pasado, el proceso va en notificar a quienes aparecen en las escrituras.
Sobre los otros 200 procesos que están pendientes, el Incoder indica que en Caquetá no pudieron avanzar por razones de seguridad y en otras regiones están a la espera de realizar las visitas de campo o los tuvieron que archivar los expedientes porque no eran de su competencia (Leer respuestas 1, 2 y 3 del Incoder).
En 2013, el Incoder había presentado ante la justicia ordinaria nueve demandas contra personas y empresas que acumularon baldíos en Antioquia, Magdalena y Norte de Santander (ver mapa 2). Sin embargo, a la fecha ningún caso ha prosperado: cinco de las demandas fueron rechazadas por los jueces quienes señalaron que el instituto no aportó los documentos auténticos o el caso no era de su competencia territorial; las otras cuatro tienen como novedad que el juzgado reconoce la representación del Incoder mediante sus abogados (Leer respuesta 4 del Incoder).
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El plan del Incoder es recuperar un millón de hectáreas que particulares y empresarios le arrebataron a la Nación. Pero a la fecha, en caso de cumplirse la meta que promete el instituto al finalizar este año, las cuentas sólo llegan a las 300 mil hectáreas. La pregunta es si el gobierno resolverá primero estos procesos antes de lograr que el Congreso apruebe las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidre). Esta propuesta ha sido cuestionada porque las Zidre pueden incorporar baldíos, justo los terrenos que siguen enredados en decisiones administrativas y judiciales (Lea: Proyecto de ley sobre baldíos, más preguntas que respuestas).
Nota de la redacción: Si no puede acceder a los mapas, por favor actualice su navegador web o haga clic en los sieguientes enlaces: mapa 1 y mapa 2.
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