La impunidad, el lado ‘oscuro’ de la inteligencia estatal y la incapacidad de otorgar medidas satisfactorias de protección, conforman la triada que tiene contra las cuerdas a los defensores de derechos humanos. A pesar de las alertas, entre 2009 y 2016 fueron asesinados 458.
Las agresiones contra los defensores de derechos humanos han aumentado constantemente en los últimos años a pesar de informes de organizaciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo. Foto: archivo Semana.
El paso del tiempo ha puesto de presente que conforme avanzaban las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en Cuba, en el territorio nacional las agresiones, especialmente las amenazas y los asesinatos contra líderes sociales, aumentaban. Y ahora, tras diez meses de implementación del Acuerdo de Paz, esa tendencia al alza persiste.
Tras haber publicado su investigación semestral sobre agresiones a activistas sociales, en la que documentó 80 asesinatos durante ese periodo, el programa no gubernamental Somos Defensores publica este martes una trilogía de informes, bautizada Stop Wars -haciendo una analogía con el nombre de la famosa saga del cineasta George Lucas (Star Wars)-, para poner de presente tres causas que alimentan la guerra que sufren los defensores de derechos humanos en Colombia.
Para Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, pese a que el país está haciendo tránsito a una sociedad en posconflicto, existe “un triángulo de causas crónicas y estructurales de violencia contra los defensores, por eso la trilogía se llama así y está clasificada en los episodios de la impunidad, la inteligencia y la protección, haciendo un llamado para que paren la guerra”.
En medio de ese contexto, Guevara plantea que los tres informes pretenden mandar un único mensaje: “Si nos vamos a pensar el país de otra manera, si vamos a meternos en el posconflicto y los defensores siguen siendo víctimas todavía de los efectos de la guerra, aquí tienen que haber transformaciones de fondo. Por eso hacemos estos tres análisis”.
Episodio I: La impunidad contraataca
El primer informe analiza los avances de las investigaciones judiciales de los 458 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre 2009 y 2016. Ese periodo no fue elegido por capricho, corresponde al año en el que fue instalado el Proceso de Nacional de Garantías, el cual reúne a representantes del gobierno de nacional, de entidades del Estado y de las organizaciones de derechos humanos que, con la mediación de la comunidad internacional, buscan garantizar la protección de los activistas.
Al respecto, el informe señala que “muy a pesar de los buenos oficios de la comunidad internacional y la decidida participación de los defensores en esta mesa, los resultados han sido pobres y dicha mesa se ha tornado burocrática y falta de avances reales en la búsqueda de dichas garantías”. Y no obstante contar con ese espacio de prevención, en promedio, cinco defensores de derechos humanos fueron asesinados cada mes desde su instalación.
Lo más desconcertante de esa situación tiene que ver con los pocos resultados para esclarecer los hechos e impartir justicia. Tras solicitarle información a la Fiscalía General de la Nación de las etapas procesales de los casos, Somos Defensores estableció que 397, equivalentes al 87 por ciento, se encuentran impunes, pues a pesar del paso del tiempo, la mayoría siguen en indagación, unos cuantos están archivados y de otros no se tiene información.
Sobre los casos en etapa de indagación, equivalentes al 63 por ciento, el documento cuestiona la lentitud que puede conducirlos al limbo judicial: “¿Qué tipo de pruebas encontraría un investigador en una escena del crimen luego de 2, 4, 6 y hasta 8 años después del homicidio? Con el agravante de que muchos de estos homicidios ocurren en zonas rurales y en caminos, lo que incrementa las posibilidades de no poder documentar el caso con el pasar del tiempo”.
De los casos registrados, tan sólo 28 tienen sentencia en firme, lo cual representa una “cifra aún irrisoria con respecto al nivel de crímenes cometidos en los últimos ocho años”. En cuanto a estos resultados, señala que de “los casos en los que se pudo conocer las sentencias (2 casos con terminación anticipada y 4 con condena), corresponden a homicidios donde la acción investigativa de la Fiscalía no tuvo mayor esfuerzo ya que en todos los casos, los indiciados (en concordancia con la información entregada por la Fiscalía) aceptaron los cargos y/o existía información explícita acerca de la autoría de estos crímenes, lo que hizo que las condenas se dieran con mayor rapidez”.
Asimismo, el informe aclara que en los 22 casos que se encuentran en etapa de ejecución de penas no fue posible acceder a la sentencia ni a información para realizar un análisis más profundo.
El desconcierto en las investigaciones también aflora en la determinación de los presuntos responsables de los crímenes, pues en 306 casos se desconoce quién es, y el resto de casos están bajo la sospecha de haber sido cometidos por grupos paramilitares (95), las Farc (30), agentes de la Fuerza Pública (21) y el Eln (6).
Además, también cuestiona la falta de análisis de la Fiscalía para determinar posibles patrones y modus operandi, con los que se puedan prevenir más asesinatos. Al analizar los 458 casos, la investigación arrojó que “los defensores de derechos humanos son asesinados con mayor frecuencia en las mañanas y en las noches; en zonas rurales, dentro de sus casas, alrededor de ellas o cuando se transportan. Igualmente hay una presencia marcada a que se afecte a terceros en el acto. Y, por último, el asesinato de estos activistas se ejecuta en la mayoría de casos con armas de fuego”. Además, concluye que se puede “inferir preliminarmente que los defensores son seguidos en sus rutinas para determinar niveles de vulnerabilidad antes de empezar sus actividades laborales o después”.
Líderes sociales asesinados entre 2009 y 2016. Fuente: Somos Defensores.
Episodio II: El lado oscuro de la fuerza
El segundo informe está dedicado a las labores de inteligencia del Estado. Abarca sus comienzos, sus diferentes marcos normativos, su evolución y cómo, basados en la doctrina del enemigo interno, se dejó de usar exclusivamente contra los grupos subversivos, para poner también en la mira a opositores y activistas políticos, con sus consecuentes riesgos.
Sobre ese último punto, que es uno de los núcleos del documento, plantea que “el hecho de que la comprensión del enemigo interno desde la perspectiva del Estado haya desbordado el ámbito de lo subversivo, y haya asociado las labores de oposición política y de defensa de los derechos humanos como parte de enemigo interno, tiene graves consecuencias que deben ser valoradas y transformadas a favor del respeto a los valores y reglas democráticas de un Estado Social de Derecho y de unos protocolos vigentes en el derecho internacional que comprometen y vinculan al Estado colombiano a garantizar el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos para los ciudadanos sin distinción política, de raza o de género”.
Además, concluye que, durante el conflicto armado, las labores de inteligencia jugaron un rol ambivalente: “Por un lado fueron una talanquera con el hecho de impedir y limitar la construcción de una sociedad más plural, democrática y civil en Colombia, pero que precisamente fue ese rol lo que permitió estabilizar y dar continuidad al régimen político existente”, por consiguiente, agregaque han “entorpecido el robustecimiento de la democracia y la participación política de muchos sectores”.
En ese sentido, cuestiona por qué “sectores críticos, de oposición y alternativos no han alcanzado niveles óptimos de representatividad en el poder político, y sin dudas el ejercicio de estigmatización, persecución y de vigilancia constante ha limitado, aislado y restringido la posibilidad de abrir canales de participación, expresión y democracia, en otras palabras, Colombia nunca ha sido un país garante de Derechos Humanos”.
Por esa razón, plantea que, en adelante, cuando se perfila un escenario de posconflicto, las agencias de inteligencia deben cambiar esa perspectiva de lucha contra el enemigo interno o el terrorista: “Si no se transforma el entorno político, doctrinal e institucional de los organismos de inteligencia en Colombia, estas labores seguirán representando un riesgo para los defensores de derechos humanos en Colombia”.
De ese modo también hace énfasis en la necesidad desclasificar los informes y la información personal que se encuentren en las bases de datos de los diferentes organismos de inteligencia estatal. Lo anterior, debido a que un “importante volumen de información ha sido obtenida por estas agencias de una manera ilegal e indebida, sin contar con la respectiva orden judicial. Entonces se debe reclamar desde una dimensión jurídica y política la devolución a los ciudadanos de esta información, esto en aras de consolidar mecanismos de verdad, transparencia, justicia y recuperación de la confianza”.
Episodio III: La amenaza fantasma
Foto: archivo Semana.
Si bien los informes de inteligencia han contribuido a que se cultive un ambiente de estigmatización contra los activistas sociales, existen otros documentos oficiales que buscan su protección, pero han sido desatendidos. Ejemplo de lo anterior es la documentación producida por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo: entre 2009 y 2016 fueron asesinados 116 de defensores de derechos humanos en 41 municipios que contaban con advertencias previas de esa agencia del Ministerio Público. (Ver mapa)
Similar al episodio anterior, en éste se hace un recorrido histórico de las diferentes decisiones que tomaron los gobiernos de turno para garantizar la protección de los líderes sociales. Sin embargo, la investigación encuentra que, a pesar de las buenas intenciones, esas medidas que son un “abanico de leyes y decretos, que debería constituir una garantía en el ámbito de los derechos al movimiento social y popular, no ha pasado de ser más que una formalidad jurídica que generó expectativas en su momento pero que al día de hoy se mantiene en estado de confusión y de exagerado reglamentismo arrojando saldos negativos en materia de protección colectiva e individual”.
El documento establece que el actual modelo de protección, en cabeza de la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la que dedica un apartado en el que recuenta escándalos de corrupción y cuestiona sus procedimientos, tiene seis barreras que “dificultan la articulación de estrategias de prevención y protección entre el gobierno nacional y los mandatarios locales y departamentales”.
La primera está relacionada con la centralización de la política de protección y su falta de enfoque territorial: “Las decisiones son tomadas en Bogotá y con funcionarios del orden nacional sobre la base que estos servidores públicos tienen amplia experiencia en el campo de los derechos humanos y el análisis socio-político, estas decisiones demanda la participación de las organizaciones regionales quienes sí conocen la situación que les afecta”. Por ello, exhorta al gobierno nacional para descentralizar y apostar por el enfoque territorial, porque “el que la UNP tenga oficinas regionales no es indicativo para decir que la política de protección esta descentralizada, lo descentralizado es el servicio”.
Las otras están relacionadas con que las matrices de riesgo de la UNP no alcanzan a medir el peligro existente en las comunidades y zonas históricamente abandonadas por el Estado; que la protección se brinda desde una óptica individual y no colectiva pese a que los líderes representan procesos comunitarios y organizativos; con la falta de articulación entre las entidades del Estado y las organizaciones sociales; con la ausencia de impulso a planes de protección para comunidades y organizaciones en los territorios; y en últimas, que el modelo de protección es reactivo y no preventivo.
El último punto articula a varios de los anteriores: “la protección está concebida bajo una lógica coyuntural, este modelo reactivo no contribuye al fortalecimiento del tejido social, por el contrario, lo niega, porque su modelo está basado en la individualidad, en el caso a caso, el éxito de esas prácticas depende a menudo de la colaboración y coordinación eficaces entre los diferentes actores”.
El informe plantea que se debe tener en cuenta un esquema de protección alternativo, basado en la prevención y la colectividad. Por ello, les dedica un capítulo a las iniciativas de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC); la comunidad de Mogotes, Santander; la Guardia Indígena a nivel nacional; la de la comunidad campesina del sur de Cesar, entre otras.
Al respecto, señala que experiencias comunitarias son “una invitación para que la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección, como las demás autoridades nacionales y regionales que están articuladas a las rutas de Protección Estatal, se acerquen a este tipo de vivencias que de suyo serán muy valiosas para la construcción de un intercambio de saberes y apuestas”.
Estos informes se publican en medio de una ola de violencia contra los defensores de derechos humanos. Al respecto, asevera que “la complejidad de la realidad colombiana muestra que los ataques no son atribuibles a una causa exclusiva, sino que se trata, más bien, de la confluencia de múltiples factores, cuya comprensión es indispensable para generar una respuesta adecuada en términos de prevención y protección. El carácter multidimensional de las amenazas, requiere de una respuesta igualmente compleja que no solo aborde los aspectos evidentes de la problemática, como son los ataques, las intimidaciones o el acoso contra los activistas. Es necesario remover los obstáculos que restringen el espacio de acción de la sociedad civil, por ejemplo, actuando para desmontar los imaginarios sociales y culturales adversos a la defensa de los derechos humanos”.
