La matanza de ocho personas en una finca en las afueras de la capital de Valle del Cauca disparó las alarmas por la presencia de las bandas criminales en esta ciudad.
El tráfico de drogas interno es uno de los mayores generadores de violencia y capturas de menores de edad en Cali. Foto: archivo Semana.La ciudad de Cali lleva varias semanas bajo el fuego cruzado desde distintos flancos, originado por pugnas internas y por la confrontación entre las llamadas bandas criminales en varios sectores de la capital del Valle del Cauca, y la delincuencia común.
El hecho que disparó las alarmas ocurrió el pasado 2 de octubre en una lujosa finca del corregimiento La María, en el sur de Cali, donde fueron asesinados Julio César Paz Varela, alias ‘J1’, considerado el capo de las drogas sintéticas del país, y siete personas más cercanas a él. Según las autoridades, en ese lugar se dieron cita varios hombres para definir el futuro del narcotráfico en la región.
La hipótesis más fuerte que se manejó al inicio de la investigación apuntó a que ‘J1’, quien una semana atrás había salido de prisión, quiso independizarse de alias ‘Martín Bala’ y alias ‘Chicho’, antiguos jefes de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidos como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, capturados el año pasado.
La masacre, sumada a una seguidilla de asesinatos en diferentes puntos de la ciudad en los días siguientes, despertó el temor de los caleños por posibles vendettas mafiosas entre bandas criminales que afectan al ciudadano del común.
Las autoridades le salieron al paso a esos temores y explicaron que el múltiple homicidio obedeció a una disputa interna entre facciones de los ‘Urabeños’ y negaron que las bandas criminales, que surgieron en 2006 tras la desmovilización de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), tengan presencia permanente en la ciudad.
No obstante, la Defensoría del Pueblo y la Personería alertaron hace varios meses sobre la presencia de ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’, a quienes se les responsabiliza de estar cooptando pandillas para obtener control territorial en los barrios marginales de Cali con miras a manejar negocios ilegales como el microtráfico de drogas, la extorsión, el hurto y el sicariato, entre otros.
Un informe de riesgo emitido por la Defensoría el 4 de febrero de este año indicó que en más de 30 barrios de 11 comunas del oriente y en la zona de laderade Cali, se encuentran bajo las pretensiones de control de bandas criminales.
“En especial situación de riesgo se encuentran los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios y comunas descritos, quienes enfrentan graves condiciones de vulnerabilidad que los exponen a las acciones y pretensiones de los grupos armados ilegales”, resaltó el informe.
La Defensoría precisó que muchos de los homicidios de 2013 están relacionados con la confrontación entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’: “esta disputa se ejecuta con grupos armados organizados locales que establecen alianzas o acuerdos con uno u otro grupo armado y ello determina también la dinámica de la confrontación”.
El personero de Cali, Andrés Santamaría, le dijo a VerdadAbierta.com que desde tiempo atrás han denunciado la presencia de las bandas criminales en la ciudad. “Cali se ha vuelto más visible por la masacre, pero en todo el país el conflicto se ha dinamizado y ha tenido una metamorfosis de lo rural a lo urbano”, explicó y agregó que “hay una transformación de grupos irregulares que han entrado a ejercer control territorial en los municipios. Cali no ha sido ajena, ese control territorial está marcado por el negocio de la droga, acompañado de otros delitos”.
Este funcionario dijo que, a diferencia de otras ciudades, en Cali hay un grado complejo de vinculación de jóvenes y menores de edad para conformar esas estructuras de control territorial en los barrios o comunas de la ciudad.
“Ese control se hace por medio de jóvenes que empiezan a ser reclutados por las bandas criminales y específicamente también con pandillas. A través de ellas ejercen ejercicio de movilidad y control. Es otro punto de la historia que Cali o la institucionalidad no acepta”, destacó Santamaría.
La capital de Valle del Cauca hace parte de las once ciudades en el país donde se aplicará en los próximos meses un plan de choque contra la criminalidad ordenado por el presidente Juan Manuel Santos. Se calcula que Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Villavicencio y Neiva concentran el 82 por ciento de la criminalidad en el país.
La información recopilada por la Personería a través de entrevistas con líderes de las pandillas, coincide con el informe de riesgo emitido por la Defensoría del Pueblo sobre la cooptación de los grupos locales por parte de las Bacrim: “las formas de cooptación van desde la financiación para la realización de crímenes por encargo, hasta la financiación de algunas pandillas para contener el avance del contrario en las comunas, ya sea brindando armamento, suministrando recursos económicos o combatientes”.
Jesús Darío González, director del Observatorio Social de la Arquidiócesis de Cali, que interviene en varios sitios vulnerables de la ciudad, sostuvo que la compleja situación de violencia se debe a tres factores. El primero de ellos es la llegada a la capital de Valle de Cauca de personas y grupos con la dinámica criminal de las antiguas facciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en las zonas rurales para ejercer control territorial y diversificar sus acciones ilegales.
“Prácticas asociadas al histórico control paramilitar empiezan a expresarse en la ciudad, en búsqueda de fuentes de recursos como el microtráfico y otros como la extorsión y el robo de celulares”, precisó González.
El segundo factor es el aumento de consumo de drogas ilícitas, tanto de nuevas, como las sintéticas, y de las tradicionales, como la marihuana y el bazuco.
Y el tercer factor que destaca González es la grave situación social que está originando el inusitado aumento de la población a causa de las personas que llegan a la ciudad desplazadas por la guerra. Según el Observatorio, en los últimos años han arribado más de cien mil personas y de acuerdo con la Personería, diariamente arriban 37 personas de la región Pacífico.
“El Estado local no tiene la forma de atenderlos y tiene debilidades para prestarles servicios básicos, seguridad e inclusión. Hay victimización y revictimización de los desplazados”, aclaró González.
Y es allí, en donde tanto bandas locales como grupos asociados al control que ejercieron las autodefensas en el pasado hacen su aparición. “Si no llega la otra mano del Estado, llegan los grupos ilegales a suplirlo. El control territorial se vuelve convergencia de población disponible (vulnerable) y posible suplantación del Estado”, dijo el director del Observatorio.
Por último, González concluyó que “no es claro identificar uno o dos grupos con control territorial, hay grupos dispersos asociados al microtráfico y otros delitos. Creo que hay ligereza en señalar y ponerle etiquetas a fenómenos dispersos”.
La versión de las autoridades
Por mandato legal, la Policía es la institución encargada de enfrentar a las Bacrim. El general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, le explicó a VerdadAbierta.com que conocen del intento de las bandas criminales de ingresar, no solamente a Cali, sino a todo Valle del Cauca y al Eje Cafetero, pero que no tienen los argumentos para afirmar que hay presencia de ellas en las comunas.
Para este oficial, ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’ no están ejerciendo control territorial por medio de bandas locales. A su juicio, las contratan de manera temporal para cometer algunos delitos.
“No es que los pongan a trabajar permanente bajo su servicio, más bien son unos trabajos muy puntuales. Es una contratación que se hace temporal, más no permanente. Existe conocimiento sobre eso, de algunos tratos, pero que tengan el dominio sobre ellas, no”, indicó el general Penilla, y destacó que “le trabajan al mejor postor”.
La versión de la Policía difiere de las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la Personería. En su opinión, los enlaces no son con simples pandillas sino con bandas más fuertes: “Los contactos son con organizaciones muy locales, que tienen el dominio en lo local, que son muy reacias a permitir el ingreso de gente de otras regiones del país; pero han llegado a la conclusión de que pueden tener un vínculo a través de una contratación con esas estructuras locales a nivel de la región, no solo en Cali”. Como ejemplo, una fuente de inteligencia cita el caso del atentado al exministro del Interior Fernando Londoño, contratado al Parche de Zuley.
El general Penilla considera que estas bandas no ejercen presencia o control territorial en Cali por una razón de economía y ahorro de esfuerzos. “Ante el desgaste de tratar de ingresar de una manera violenta, es mucho más fácil para ellos llegar a acuerdos con cabecillas de algunas estructuras y hacer ese tipo de convenios”, precisó el Comandante de la Policía.
Investigadores de la Policía también han identificado que algunas pandillas o bandas se presentan como facciones de ‘Urabeños’ o de ‘Rastrojos’, sin que tengan relación alguna. En esos casos, las Bacrim les han pedido que aporten recursos para poder usar su nombre.
La secretaria de Gobierno de Cali, Laura Lugo, desconoce que en la ciudad exista una pugna entre unas bandas y otras o que estén cooptando grupos armados locales para su accionar delictivo. Por el contrario, resaltó los buenos resultados en materia de seguridad que se registraron en la capital de Valle del Cauca durante el primer semestre de este año, periodo en el que se registra una reducción mensual de asesinatos. Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2013 se cometieron 1.089 asesinatos, mientras que en 2014 ocurrieron 802.
Y los menores de edad, en el medio…
Los menores de edad de los barrios más pobres de Cali están en la mira de los violentos para usarlos en sus negocios criminales. Foto de la Personería de Cali tomada del archivo de la revista Semana.Aunque las versiones de las instituciones caleñas varían sobre el nivel de injerencia de las bandas criminales en la ciudad, coinciden en que, en mayor o menor medida, por medio de grupos delincuenciales locales, están generando violencia. Y lo peor es que los mayores afectados por esas alianzas son menores de edad.
La Policía ha identificado que en ocho comunas del oriente de Cali hay 107 pandillas. Los cálculos de la Defensoría del Pueblo establecen que esos grupos lo integran de 15 a 20 jóvenes, entre los que se encuentran menores de edad. Los barrios en donde operan se caracterizan por la pobreza, el desempleo y la deserción escolar, por lo que están expuestos a las ofertas de estructuras más fuertes, que les ofrecen dinero y armas.
Y los números respaldan esa afirmación. Según cifras recopiladas por el Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de Cali, que lleva los registros de homicidios por mes y por barrio, en 2013 fueron asesinados 245 menores de edad, y entre enero y septiembre de este año, 142 perdieron la vida de manera violenta.
Para el Personero de Cali los adolescentes se vinculan a la criminalidad porque les ofrecen dinero y es posible que muchas de esas muertes estén relacionadas por la presencia de las bandas criminales. “Mucha conformación de esas pandillas necesita inyección económica, uno ve pandillas con cierto tipo de armas y pasan de ser una expresión de rebeldía juvenil delincuencial, a ser un ejercicio de incidencia territorial relevante”, agregó.
Además de víctimas, los menores de edad también son victimarios. De acuerdo con los registros de la Policía de Infancia y Adolescencia, en 2013 ocurrieron 2.263 casos de infracciones por parte de menores de edad; 2.543 fueron conducidos a estaciones de los distritos de Policía; y 865 más fueron arrestados entre enero y el 20 de julio de 2014.
De los detenidos en 2013, 1.011 tenían 17 años de edad, 766 tenían 16 añosy 524 tenían 15 años. Entre los motivos de las capturas, 594 correspondieron a tráfico y porte de estupefacientes, 579 a tráfico y porte de armas, 495 a hurto calificado y 427 a hurto simple. Del total, sólo 58, equivalentes al 2,2 por ciento, fueron por homicidio.
Estas cifras parecen respaldar los llamados de atención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, que en diferentes ocasiones han alertado que las bandas criminales están cooptando pandillas para que se disputen a sangre y fuego las esquinas de sus barrios para entablar un control territorial que les permita controlar el narcomenudeo y demás actividades delincuenciales.
A las capturas se suma la falta de cupos en los centros de resocialización destinados para los menores de edad que son detenidos por infringir la ley. Según un informe de la Personería, en Cali hay cuatro sitios que cuentan con 713 cupos para adolescentes infractores, pero a julio de 2014, excedían la capacidad en 37.
Al respecto, el general Penilla explicó que a raíz de la falta de cupos, en los pasillos de las Unidades de Infancia y Adolescencia se encuentran retenidos alrededor de 18 jóvenes.
Esta deplorable situación también se presenta con los adultos. Según el oficial, desde hace más de tres meses 170 personas tienen boletas de encarcelación, pero no están recluidos en centros penitenciarios por el hacinamiento que presentan. Ante esta situación, están detenidos en estaciones de Policía bajo la custodia de agentes, sacrificando la vigilancia en las calles.
¿Hay salida?
Las diferentes entidades consultadas por VerdadAbierta.com coincidieron en señalar que no basta la acción punitiva y que es necesario que el Estado en conjunto asuma el compromiso con las familias menos favorecidas para que sus hijos no engrosen la espiral de violencia que vive la capital de Valle del Cauca desde hace décadas y que en las últimas semanas parece haberse recrudecido.
Al respecto, la Secretaria de Gobierno explicó que en las comunas 13, 14, 15, 18 y 20, la Alcaldía está desarrollando una estrategia integral con proyectos productivos, educación y deporte, para evitar que los jóvenes entren a la criminalidad y destacó la estrategia de la administración municipal que ha recuperado alrededor de 600 parques públicos invirtiendo más de 15 mil millones de pesos en iluminación LED.
“Los parques antes estaban tomados por delincuentes y expendedores de vicio, ahora hay niños, jóvenes y ancianos haciendo deporte”, indicó la funcionaria.
Por su parte, el general Penilla resaltó el trabajo de inteligencia de la Policía que ha permitido desarticular 49 bandas delincuenciales, junto con el trabajo de otras instituciones relacionadas con la seguridad y la justicia, que permitieron reducir en 287 los homicidios entre enero y julio de este año, comprados con los de 2013. No obstante, aseguró que es necesario implementar estrategias efectivas para que los niños no abandonen el sistema educativo y no se conviertan en potenciales “dolores de cabeza” cuando sean adolescentes.
La Personería ha identificado que muchos de los menores de edad que están involucrados en la criminalidad en Cali no tienen oportunidades, viven en la pobreza y sus padres han sido víctimas del conflicto armado, a lo que se suma la incapacidad del Estado para reincorporarlas a un adecuado modelo de vida.
“La violencia no solamente es la entrada de bandas sino también la posibilidad que ellas tienen de utilizar sectores muy vulnerables porque el Estado no ha logrado darles otras alternativas, y las bandas criminales han llegado antes que el Estado. Hay un abandono social”, concluyó el Personero.
De acuerdo con las cifras y los llamados de atención de la Defensoría del Pueblo y de la Personería, parece que los niños y los adolescentes del oriente y de la ladera de Cali, viven más cerca de las ‘franquicias’ de las bandas criminales que de ‘La Sucursal del Cielo’.
