El departamento registró un dramático aumento en las hectáreas sembradas con hoja de coca, particularmente en los municipios que integran la región del Nudo de Paramillo. Paradójicamente, aquí también se lleva a cabo un piloto de sustitución voluntaria que ya comienza a dar sus frutos y a transformar la realidad de un territorio.
Foto: Ricardo Cruz.
De acuerdo con el más reciente informe sobre la presencia de cultivos ilícitos en el país, elaborado por la Oficina en Colombia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la región conocida como Nudo de Paramillo, ubicada en los límites de los departamentos de Antioquia y Córdoba, donde además se encuentra el Parque Nacional Natural Paramillo, está inundanda de hoja de coca. (Ver informe SIMCI 2016)
Tras analizar los datos consignados en el Informe, donde se advierte un incremento del 52 por ciento en las hectáreas sembradas con hoja de coca en todo el país, al pasar de 96 mil ha en 2015 a un total de 146 mil ha detectadas en 2016, se observan también preocupantes aumentos en las áreas de cultivos ilícitos en los municipios antioqueños y cordobeses que conforman esta región.
Así, por ejemplo, Antioquia registró un exorbitante incremento del 269 por ciento en el número de hectáreas sembradas con hoja de coca, al pasar de 2.402 monitoreadas en 2015 a un total de 8.855 al finalizar 2016. Lo anterior se explica por el auge que nuevamente está experimentando la hoja de coca en municipios del Norte y Bajo Cauca antioqueño como Tarazá, Cáceres y Valdivia. Allí se concentra el 63 por ciento de los sembradíos del departamento. A esto se suma que localidades como Ituango, Caucasia, Chigorodó (Urabá) y Anorí (Nordeste), también registraron incrementos en la presencia de cultivos ilícitos.
Con relación a Córdoba, el informe reseña que este departamento pasó de contar con 1.363 hectáreas de cultivos ilícitos en 2015 a 2.668 en 2016. Este aumento se concentró principalmente en los centros poblados de Juan José, en Puerto Libertador; Frasquillo, en Tierralta; y Tierradentro, en Montelíbano, todos ellos territorios limítrofes con el Bajo Cauca, el Norte y el Urabá antioqueño. El Parque Nacional Natural Paramillo también registró incrementos en las hectáreas sembradas con hoja de coca, pues pasó de 772 en 2015 a 1.301 en 2016, siendo el tercer parque con mayor presencia de cultivos ilícitos luego de La Macarena (2.386) y Nukak (1765).
La preocupación no es solo por el aumento de los sembradíos de hoja de coca. Estas localidades registran actualmente una intensa actividad criminal por parte de grupos armados herederos del paramilitarismo. Informes de Riesgo elaborados por el Sistema de Alerta Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, como el No. 037-16 de Inminencia del 23 de noviembre de 2016 y el No. 007-16 del 8 de marzo de 2016, permiten establecer que las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas Clan del Golfo, ya consolidaron su poder ilegal en el Urabá antioqueño y ahora buscan cruzar las serranías de Ayapel y Abibe, que nacen justamente en el Nudo de Paramillo, para expandir su dominio territorial al Occidente, Norte y Bajo Cauca antioqueño así como al sur de Córdoba.
Tensión en el Paramillo por avance gaitanista
Con ello consolidarían un importante corredor para el tráfico de drogas que se extendería desde las costas de Turbo, Necoclí, Arboletes y San Juan de Urabá, en el Urabá antioqueño, hasta las riberas del río Cauca en Cáceres y Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Todo ello motivado, además, por la salida de la guerrilla de las Farc de la región. En efecto, durante décadas este grupo insurgente convirtió el Nudo de Paramillo en uno de sus bastiones inexpugnables. Allí, los frentes 58, 18, 36 y 54 de las Farc mantuvieron un férreo control del territorio, la población y la economía local que, en su mayoría, giró en torno a la hoja y la pasta de coca.
Era este grupo guerrillero el que compraba la pasta de coca a los campesinos, regulaba el ingreso de compradores de pasta a las regiones cocaleras y cobraba tributo a los narcos que procesaran o transportaran clorhidrato de cocaína en sus territorios. Pero, sin las Farc en el escenario, muchos analistas se preguntan qué cambios experimentará esta actividad económica ilegal y si dichas transformaciones serán traumáticas y violentas.
Briceño, ante el reto de construir paz sin cultivos ilícitos
En el centro de todo este debate se ubican las iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos suscritas en el marco del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que ya comienzan a ser observadas con lupa, pues su efectividad o fracaso determinará en buena medida el rumbo de la política antidrogas en el país y la implementación del Punto Cuarto del Acuerdo de Paz.
Briceño ya comenzó a arrancar sus matas
Foto: Ricardo Cruz.
Precisamente, muy cerca del Nudo de Paramillo, en el municipio antioqueño de Briceño, se desarrolla el “esfuerzo conjunto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos”, una de las experiencias piloto en el país para desincentivar la siembra de hoja de coca gracias a una intervención integral por parte de los gobiernos nacional, regional y local; la participación activa de las comunidades campesinas y el acompañamiento permanente de delegados del gobierno nacional y las Farc.
Este plan piloto fue anunciado en un concurrido acto público que tuvo lugar el 16 de julio de 2016 en la escuela del corregimiento Pueblo Nuevo. Allí estuvieron presentes Rafael Pardo, ministro para el Postconflicto; y Félix Antonio Muñoz, conocido como ‘Pastor Alape’, delegado plenipotenciario de la guerrilla de las Farc, quienes presentaron la iniciativa como una “medida de construcción de confianza de carácter humanitario”.
“El Esfuerzo conjunto” planteó una hoja de ruta para sustituir voluntariamente los cultivos ilícitos en 11 de las 35 veredas del municipio. El rol protagónico de todo el proceso lo tienen las comunidades campesinas cocaleras, quienes, a la fecha, han realizado un intenso ciclo de reuniones y asambleas cívicas para concertar proyectos productivos, sociales y de infraestructura para sus territorios como paso fundamental para iniciar la sustitución. Todo ello con el acompañamiento permanente de voceros del gobierno nacional y las Farc.
Los encuentros también permitieron elaborar un diagnóstico más preciso sobre el grado de dependencia económica de los labriegos al cultivo ilícito. En Briceño, donde la hoja de coca está presente en 30 de sus 35 veredas y el 90 por ciento de la frágil economía local gira en torno a esta mata, se pudo determinar que un campesino obtiene recursos mensuales superiores a los 900 mil pesos, ya sea productor o raspachín, y que solo en las veredas priorizadas existen unas 450 hectáreas con la hoja.
Aunque este procedimiento ha sido fuertemente criticado por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al calificarlo de ‘picaresco’, funcionarios locales y labriegos del municipio consultados por VerdadAbierta.com defienden el proceso y destacan los avances que ya comienza a arrojar el “Esfuerzo conjunto”.
Según Jader Sucerquia, coordinador de la Oficina de Paz del municipio de Briceño, “aunque inicialmente el plan era solo para las once veredas priorizadas, al final las otras 24 decidieron sumarse a la iniciativa, lo que muestra la confianza de la comunidad en este proceso”. De acuerdo con el funcionario, “serán 1.138 familias beneficiadas quienes recibirán por espacio de un año dos millones de pesos. De ese número ya se tienen verificadas e inscritas unas 808 y ya se les realizó pagos a 643 familias productoras el pasado 13 de junio”.
El coordinador de la Oficina de Paz explicó que “aún queda pendiente el tema de los recolectores –raspachines-. Ellos recibirán un auxilio de un millón de pesos mensuales durante un año y ayudarán no solo a arrancar las matas de coca sino a sembrar los proyectos productivos. Estamos afinando la figura mediante la cual se les vinculará a este proceso y se les pagará. Lo cierto es que para finales de este año esperamos que más de la mitad de los cultivos ilícitos ya sean historia en el municipio”.
En veredas como El Pescado, los labriegos ya comenzaron a arrancar las matas de coca. Dayron Lopera, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda, señala que allí serán por lo menos 80 las familias impactadas con la iniciativa. “La gente está cansada del conflicto, de todo lo que trae detrás esos cultivos. Y como a la gente ya le comenzó a llegar la plata entonces ya comenzaron a arrancar los ‘palos’ de coca. Lo que todavía no llegan son los proyectos productivos. Tampoco hay entrega de títulos de tierra, cómo habían dicho que iba a pasar. Pero a pesar de eso, la gente está animada y está creyendo en el gobierno”.
Buena parte de la credibilidad que hoy goza el gobierno nacional radica en la entrega obras de infraestructura que se habían convertido en demandas históricas de los briceñitas. Una de ellas era el puente sobre la quebrada El Pescado, que mejorará la conectividad del corregimiento Pueblo Nuevo con la cabecera municipal. La obra tuvo un valor de 4.600 millones de pesos. A esto se suma la entrega de una nueva escuela en la vereda El Orejón, donde se desarrolló un desminado humanitario recientemente.
Sin embargo, no todo son buenas noticias. Desde las localidades vecinas de Ituango y Valdivia llegan informaciones que hablan de que los denominados ‘gaitanistas’ están presionando a las comunidades campesinas para que continúen con los cultivos ilícitos, que su presencia en el territorio es cada vez más notoria. De no atenderse esta situación por parte de las autoridades militares y de Policía, el Nudo de Paramillo terminará convertido en despensa cocalera y muy seguramente los esfuerzos de paz se echarán al traste.
