530 oficinas estatales y particulares que manejan recursos públicos violaron el derecho al acceso a la información vía derecho de petición en casi 10.000 casos, entre 2017 y 2019, según información de la Defensoría del Pueblo. La Liga Contra el Silencio hizo un ranking de los infractores y analizó las implicaciones de esta conducta para el trabajo de la prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada. Con la emergencia por la COVID-19, ¿esta situación puede empeorar?