Aunque magistrados penales de la Corte Suprema de Justicia apoyan la Jurisdicción Especial de Paz, sugieren algunas precisiones y en varias de ellas coinciden con sectores políticos.
Por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia han pasado casos como los de José Obdulio Gaviria, múltiples gobernadores y el exministro Sabas Pretelt, entre otros. Foto: archivo Semana.Desde que se conoció el llamado Acuerdo Final pactado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, varios políticos consideraron importante que la Rama Judicial se pronunciara sobre el modelo de justicia transicional convenido en La Habana para juzgar y sancionar a todos aquellos que, de una u otra forma, estuvieron involucrados en el conflicto armado durante los últimos 52 años.
Uno de los primeros en hablar al respecto fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien, en agosto pasado, se declaró sorprendido por “el silencio guardado por los voceros de la Corte Suprema” y agregó que una de sus mayores preocupaciones fueron las “excesivas facultades” que tenía la justicia transicional, el hecho de que no tuviera un tiempo limitado para operar y que pudiera revisar las sentencias en firme.
Ahora, dos meses después de que se conociera el Acuerdo y mientras los negociadores discuten varios ajustes del texto a partir del resultado del Plebiscito por la Paz, los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le enviaron una carta al presidente Juan Manuel Santos con sus reparos penales frente a la Jurisdicción Especial de Paz.
En la misiva del pasado 24 de octubre aclaran que la envían “solamente animados en el propósito de contribuir a la superación de las diferencias que tienen polarizado al país y en riesgo el proceso de paz que se adelanta en La Habana (Cuba) con las Farc-Ep”.
Contrario a las propuestas del Centro Democrático de eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en vez de eso crear una sala especial en la Corte Suprema de Justicia y de los pronunciamientos del fiscal Néstor Humberto Martínez de que la justicia transicional debería manejarla la jurisdicción ordinaria, los magistrados de la Sala Penal apoyan el modelo transicional creado en La Habana.
Gustavo Enrique Malo es el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Foto: archivo Semana.“Respaldamos la Jurisdicción Especial para la Paz, en la concepción de una justicia especial y transitoria que forme parte de la Rama Jurisdiccional del Poder Público”, precisaron.
En lo que sí coinciden sus propuestas con la de aquellos que promovieron el No en el Plebiscito por la Paz es que todos los togados de esa jurisdicción transicional sean colombianos. Hasta ahora, el acuerdo prevé que, de los 48 magistrados de la JEP, diez sean de otros países y además, que de los 16 suplentes, cuatro sean extranjeros.
Otro de los debates es si la última instancia de los casos debe quedar en el modelo transicional o debe asumirla la justicia ordinaria. En este sentido, tal como está planteado en el Acuerdo, los magistrados de la Corte proponen “el Tribunal Especial para la Paz asuma y sea órgano de cierre en los asuntos asociados al conflicto propios de la justicia transicional”.
Sin embargo, ellos creen que en algunos casos esa última instancia le debe corresponder a la Sala de Casación Penal de la Corte, como cuando se deba revisar un caso donde ya hay cosa juzgada o los trámites de extradición que empezaron desde antes de la Jurisdicción Especial.
Otra de las propuestas de los magistrados es que la justicia transicional aplique las leyes colombianas, solicitud que también han planteado sectores como el Centro Democrático y el exprocurador Alejandro Ordóñez, ante la falta de precisión sobre el tema que está ausente en el acuerdo de paz con las Farc.
Finalmente, los nueve magistrados sugieren que la justicia transicional tenga un límite de cinco años y que puedan ser prorrogables por otros cinco. Y opinan que el comité de selección que elegirá a los 48 togados de la Jurisdicción Especial y a los 16 suplentes, escoja también el secretario ejecutivo de dicho mecanismo.
