La Unidad de Restitución de Tierras radicó tres demandas para proteger a los pueblos Kogui, en La Guajira, e Inga y Siona, en Putumayo. Ahora esperan que un juez blinde sus tierras de la explotación maderera y petrolera.
Jueces especializados en restitución de tierras de Valledupar y de Mocoa tendrán la tarea de estudiar las reclamaciones de tres comunidades indígenas, cuyos territorios fueron afectados por diversos actores armados, así como por la explotación maderera y petrolera. Se trata de la comunidad de Tugeka, que hace parte del pueblo Kogui, en el departamento de La Guajira; del Resguardo San Miguel de La Castellana, del pueblo Inga; y el Resguardo Gonzaya, del pueblo Zio Bain o Siona, en el Putumayo.
Desde 2009 la Corte Constitucional advirtió que los Kogui, Inga y Siona están en riesgo de desaparecer por los efectos de la guerra, sin que hasta ahora haya avances. Aunque el alto tribunal ordenó al gobierno nacional ejecutar los planes de salvaguarda para protegerlos, en diez años las comunidades han señalado que la vulneración a sus territorios continúa.
Desde que la Unidad de Restitución anunció en diciembre pasado que los jueces especializados aceptaron estudiar sus solicitudes de restitución, los indígenas esperan que las sentencias garanticen su permanencia en el territorio y, sobre todo, pongan “freno” a la tala de árboles y al desarrollo de proyectos mineros. Para el caso Inga y Siona, los resguardos reclaman la falta de consulta previa, un derecho al que tienen las comunidades étnicas según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A la fecha, jueces de restitución de tierras han fallado siete sentencias a favor de comunidades indígenas y negras, que suman 125 mil hectáreas de las 195 mil restituidas desde el año 2012 en todo el país. Si hay una nueva sentencia en beneficio de los nativos sobre estos tres casos, la justicia transicional protegería otras 5.832 hectáreas.
Tugeka quiere recuperar el Kazouki
La comunidad de Tugeka, que hace parte del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, está integrada por 85 familias que reclaman 843 hectáreas en el municipio de Dibulla. Hace parte del pueblo Kággaba, conocido como Kogui, que se extiende por los departamentos del Cesar y el Magdalena, con 9 mil indígenas según el censo del Dane del año 2005. (Lea informe del Ministerio de Cultura)
Como uno de los cuatro pueblos que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, los Kogui consideran esta región como un lugar sagrado, al que compararan con el cuerpo humano: mientras los cerros y montañas son seres míticos que dan origen a la vida, las fuentes hídricas son la “sangre”, que mantiene vivo el cuerpo. Pese a ello, ha sido centro del conflicto armado desde los años setenta, cuando irrumpieron colonos para sembrar marihuana de forma masiva, generando lo que se llamó ‘la bonanza marimbera’.
En los años noventa, el ‘negocio’ viró hacia el cultivo de coca y producción de cocaína, una práctica denunciada por los Koguis como una “violación a la madre tierra” e irrespeto a su planta sagrada jañú [coca], de uso exclusivo para ceremonias y prácticas de la medicina tradicional.
En la propuesta de protección presentada por el pueblo Kogui en 2011, que exige cumplimiento del Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, los indígenas señalan las afectaciones de la guerra que desataron las Farc y los paramilitares al mando de Hernán Giraldo, alias ‘El Patrón’. (Lea propuesta de protección de los Kággaba)
Tras el periodo de recrudecimiento de la violencia, que confinó y desplazó al pueblo Kogui, vino la explotación de sus recursos naturales. Así lo reconoció el Juzgado Tercero Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar que, el 14 de marzo de 2016, profirió medidas de protección para la comunidad de Tugeka. Según el resumen realizado por el Juez, el conflicto territorial se derivó de un desenglobe del predio Campana de La Vega, en el corregimiento Río Ancho, de Dibulla.
El liquidado Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) dividió este predio en dos: en la parcelación Campanas de La Vega, para titularla a 34 familias campesinas; y el lote Campanas de la Vega 2, para ampliar el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco. “Desde que se efectó la titulación colectiva a campesinos se han presentado dificultades en el ejercicio pleno de los derechos territoriales para el ejercicio pleno de la posesión y usos tradicionales de los indígenas”, se lee en la decisión de medidas de protección.
En su estudio de contexto, que es el insumo para formular la demanda de restitución, la Unidad de Restitución de Tierras documentó que persiste la extracción ilegal e indiscriminada de recursos maderables, una actividad que “se intensificó después de la desmovilización” de las Autodefensas Unidades de Colombia (Auc) en la región. La comunidad había solicitado a los organismos de control su intervención sin lograr que se tomaran acciones eficaces para evitar esas actividades ilícitas.
Para los Kogui, los recursos maderables extraídos corresponden principalmente a los Kazouki, los árboles grandes que consideran sagrados y son claves para la salud de las fuentes hídricas. Por ello, en las medidas de protección, el Juez solicitó a las autoridades ambientales locales y nacionales sancionar dicha explotación ilegal, así como coordinarse con el Resguardo para la recuperación del área deforestada. En esa misma decisión, solicitó la intervención del Ministerio de Defensa y las autoridades locales para combatir a las bandas criminales, señaladas de afectar el territorio indígena con explotación ilegal de minerales. (Leer medida cautelar)
Mientras el Juzgado Especializado de Valledupar estudia la reciente demanda que busca recuperar el territorio de los Kogui; la Unidad Nacional de Víctimas tendrá que concertar con el Resguardo el Plan Colectivo de Reparación, prometido desde noviembre de 2017, cuando la institución hizo pública la decisión de formular las acciones para reparar de forma integral a este pueblo indígena. (Lea comunicado)
En Putumayo preocupa el ‘oro negro’
El pueblo Zio Bain o Siona espera que la sentencia de restitución proteja el territorio de Buenavista de futuros proyectos de explotación y explotación mineral. En Puerto Asís tuvieron que insistir en el respeto por el derecho a la consulta previa. Foto tomada página Unidad de Restitución de Tierras.
Las otras dos comunidades que lograron que su demanda de restitución sea estudiada por un Juez de Mocoa son el Resguardo San Miguel de La Castellana, en el municipio de Villagarzón, y el Resguardo Gonzaya, en Puerto Asís. Aunque pertenecen a distintos pueblos indígenas tienen una preocupación en común: la exploración y explotación de petróleo en su territorio ancestral.
La Comunidad San Miguel de La Castellana está integrada por 109 familias y reclama la protección de 489 hectáreas. Hace parte de las cinco comunidades indígenas que habitan en Villagarzón y pertenecen al pueblo Inga, que en noviembre pasado logró la primera sentencia de restitución para la comunidad Selvas del Putumayo, en Orito. (Lea: Con sentencia se espera restablecer vida de comunidad Inga en Putumayo)
Desde 2008, San Miguel ha reclamado reconocimiento del Estado, advirtiendo que el Ministerio del Interior emitió ese año un concepto que negó la existencia de grupos indígenas en la zona proyectada para el Área de Explotación Costayaco. Según denunciaron los indígenas, una empresa de capital canadiense instaló una plataforma para la exploración de hidrocarburos a 500 metros de San Miguel, lo que generó que los Ingas se movilizaran a Bogotá en octubre de 2014, exigiendo que los consultaran antes de intervenir su territorio.
Tras la presión de la comunidad y un informe de la Defensoría del Pueblo, que insistió en el derecho de la consulta previa, los Ingas lograron que la Dirección de Consulta Previa emitiera una Resolución en septiembre de 2016. En ésta, el Ministerio del Interior exigió aplicar la consulta en los Resguardos San Miguel de la Castellana y Wasipungo, después de que la compañía extranjera reconoció que estas comunidades “pueden verse afectadas por los impactos ambientales del proyecto”. (Lea Resolución del Ministerio)
La misma situación afronta el Resguardo Gonzaya, conocido también como Buenavista y que hace parte del pueblo Zio Bain o Siona. En su Plan de Salvaguarda, los Siona señalan que tanto el conflicto armado como la explotación petrolera han afectado su territorio, que suma 4.500 hectáreas y esperan ampliar en 11 mil hectáreas más (lea el Plan de Salvaguarda Siona). Medios de comunicación locales han documentado la preocupación de los Siona por la exploración y explotación de hidrocarburos del Campo Platanillo, realizada por una compañía de capital británico. (Lea nota local)
Bajo el argumento de que las demandas son reservadas mientras se desarrolla el juicio, la Unidad de Restitución no ha hecho público si estas incorporan las preocupaciones de las comunidades indígenas sobre la exploración y explotación de sus territorios. De momento, los Kogui, Ingas y Siona esperan que los jueces estudien con lupa sus casos y les garantice su supervivencia, amenazada hace décadas.
