El vocero de la Coccam ve cada vez más lejana la posibilidad de que, bajo la administración del presidente Iván Duque, se reúnan los requisitos para dar vía libre a la aspersión aérea, pero alerta sobre la lenta implementación del PNIS que redunda en el crecimiento de cultivos de coca.
Los campesinos que siguen esperando la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), creado tras la firma del Acuerdo de Paz, tomaron vocería en las movilizaciones del Paro Nacional, que inició el pasado 28 de abril, para exigirle al gobierno nacional que se cumpla. Sólo en los Llanos Orientales, más de tres mil campesinos estuvieron desde mayo en la capital del Meta y se regresaron a sus hogares entre los pasados días del 19, 20 y 21 de julio tras lograr varias mesas de diálogo con diferentes instituciones del Estado.
En los últimos días se ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los puntos más críticos en el tema de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito: fumigar con glifosato. El 26 de junio pasado el senador Antonio Sandino radicó nuevamente, junto a 45 senadores, un proyecto de ley que busca “prohibir el uso del glifosato o cualquiera de sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y priorizar y preservar el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano de todos en todos los territorios del país”.
Es un segundo intento. Siete días antes de que iniciaran las movilizaciones nacionales, la Comisión Quinta del Senado archivó este proyecto, situación que caldeó los ánimos en regiones como Putumayo, Nariño, Cauca y Catatumbo, donde, históricamente, se ha concentrado el mayor número de cultivos y desde donde levantan la voz en protesta en contra de la intención del gobierno nacional de volver a las aspersiones aéreas con glifosato.
“El tema del glifosato va provocar una movilización, ya no urbana, porque sabemos que no es del interés de la gente de la ciudad, pero sí va desencadenar una movilización mucho más rural”, afirma Arnobis Zapata, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam).
La Coccam y el Colectivo de Abogados José Albear Restrepo (Cajar) enviaron un escrito a la Corte Constitucional a comienzos de este año buscando que los magistrados verificaran el cumplimiento de la Sentencia T-236/17, que condiciona el uso del glifosato en la lucha contra las drogas. Al día de hoy, la Corte no les ha respondido el oficio.
El pasado 14 de julio, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) modificó el Plan de Manejo Ambiental del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato, solicitado por la Policía Nacional en agosto de 2019. Tras meses de estudio, un equipo de expertos en diferentes disciplinas ambientales acordó “más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado”, pero el concepto fue enfático en no reanudar las aspersiones.
Zapata ha observado un cambio en el discurso del gobierno nacional. Según él, en este momento está exaltando los logros de erradicación y sustitución voluntaria: “Lo que ellos están mostrando ahorita es que la disminución de cultivos obedece al programa nacional de sustitución, cosa que no logró este gobierno, sino el gobierno anterior”.
Sin embargo, las cifras en ese sentido son contradictorias: de un lado, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), registró en 2020 una área sembrada de 143 mil hectáreas, un 7% menos que en 2019, cuando se observaron 154 mil hectáreas; de otro, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) registró, para ese mismo año, un récord de 245 mil hectáreas.
Detrás de esas estadísticas están las comunidades campesinas, indígenas y afro vulnerables a grupos armados ilegales y estructuras del narcotráfico. En el campo, siguen buscando sus propios mecanismos de seguridad y muchas veces “tienen que hacer de alguna manera alianza con los grupos, no en términos de delinquir, indica Zapata, sino en términos de hablar y decir: ‘Bueno miren, ustedes sigan con sus acciones, no se metan con nosotros y nosotros no los denunciamos a ustedes’. Como para poder sobrevivir o acogerse a las reglas de los grupos armados allí en el territorio”.
En entrevista con VerdadAbierta.com, Zapata, sobre quien pesa, desde enero pasado, una medida de detención domiciliaria por el delito de porte de armas y se declaró inocente, hizo un balance sobre la implementación del PNIS y el diagnóstico nacional ante la posibilidad de la reanudación de la fumigación aérea con glifosato.
Una visión crítica
VerdadAbierta.com (VA): ¿Qué evaluación hace de la implementación del PNIS?
Arnobis Zapata (AZ): La implementación del PNIS está en implementación tortuga, por así decirlo. Desde finales del 2019, no ha habido avances sustanciales en ninguna parte del país. Digamos que han estado concretando algunas cosas que se habían quedado, lo que ya estaban en caja, por así llamarlo, pero no ha habido ningún desarrollo, o sea, todo 2020 fue casi muerto para el tema de la implementación del PNIS.
En los primeros cuatro meses de 2021 los funcionarios no aparecían para decir absolutamente nada. Han hecho algunos escenarios del Consejo Asesor Territorial de la manera, pues, como ellos lo hacen, que es simplemente convocar a la gente como para que la gente escuche lo que tienen que decir y ya. O sea, sin participación real de la gente.
En materia de implementación el PNIS todavía está en la etapa del tema de la seguridad alimentaria. O sea, el millón 800 que le entregaron a las familias, que eso es lo que están cerrando. Todavía no hay ni un proyecto productivo instalado, ni ejecutado, en ninguna parte del país. Eso sí lo podemos asegurar. El gobierno nacional no tiene los recursos para implementar los proyectos productivos. Hay ahorita mismo una destinación de recursos que no llega al 50 por ciento que valen los proyectos productivos de las familias que estaban ahí.
Lo único que hay, en algunas partes, es lo que han estado trabajando los técnicos desde sus casas, que es montar planes de inversión para esos proyectos productivos sin contar con la opinión del beneficiario.
VA: ¿En cuáles regiones han identificado que los funcionarios no aparecen y no se han activado los proyectos?
AZ: Por ejemplo, en el sur de Córdoba no tenemos razón de los funcionarios del PNIS desde el 2020, obviamente por la pandemia estuvieron perdidos. Luego de la pandemia hicieron el Consejo Asesor Territorial en Córdoba, que creo que fue entre octubre y noviembre. De resto, no hemos sabido nada de funcionarios del PNIS.
En Antioquia pasaba lo mismo. Nos cuentan también que, por ejemplo, en el Catatumbo estaban perdidos. En Caquetá, por ejemplo, perdidos. O sea, no se sabe… Me imagino que tenían trabajo desde casa. Hay un silencio completo frente al tema de implementación del PNIS. Donde hemos logrado hablar con ellos, lo que nos dicen es que no hay recursos y que les han dicho que ‘paren hasta ahí porque no hay recursos para implementar los proyectos productivos’.
En los últimos meses, han hecho reuniones departamentales, pero todavía no han llegado a los territorios. Lo otro que hicieron fue presentar el nuevo operador del programa, que nadie lo conoce ni sabemos de dónde lo sacaron: la Organización de Estados Iberoamericanos. La gente no está conforme con eso porque precisamente eso no lo consultaron.
Sobre los proyectos lo último que salieron a decir los voceros del PNIS es que cada departamento les puso una plata para iniciar con los proyectos productivos. Lo que nos dicen es que no hay la totalidad de los recursos y los campesinos no van a permitir que les den los proyectos a cuentagotas porque así se van a demorar implementando tres, cuatro años, como se demoraron con la asistencia alimentaria.
VA: ¿Qué es lo que está fallando en el PNIS?
AZ: Yo no creo que el PNIS esté mal estructurado. Tal y como estaba su ruta metodológica, su ruta de implementación, hacía que la gente pudiese al final quedarse con una entrada económica, de pronto mínima, pero con un proyecto productivo que le garantizara al menos subsistir un tiempo mientras que la Reforma Rural Integral entraba y todo este tipo de cosas que nos esperanzaron y nos dijeron que iban a llegar.
Yo creo que los errores en el PNIS han sido más de voluntad política que de otra cosa. O sea, el gobierno nacional no priorizó la implementación del programa de sustitución, sino otras alternativas.
VA: ¿Y qué busca con ese cambio de prioridades?
AZ: El hecho que un programa de sustitución como el PNIS saque del cultivo de la hoja de coca a 99 mil familias, eso iba a ser, efectivamente, un golpe de opinión muy grande y lo que ha trabajado este gobierno es que el PNIS no cumpla sus objetivos para luego salir a decir que el Programa Nacional Integral de Sustitución, que salió del Acuerdo de Paz, no sirvió para nada.
Creo que a lo que está jugando el gobierno es hacer fracasar el PNIS, dejándolo sin presupuesto, sin funcionarios, sin ruta y sin rumbo. Y están dejando que la gente se canse del Programa.
Entonces este gobierno lo que ha hecho es retrasar todas estas metas, quitarle la ilusión a la gente de salir del cultivo de la hoja de coca y obligarlos, de esa manera, a que la gente vuelva al cultivo de la hoja de coca y después decir que los campesinos inclumpieron y que es culpa de los campesinos y que el plan de restitución no sirvió para nada.
Este gobierno de Duque lo que está buscando es que el PNIS fracase para ellos poder tener argumentos para decir que la erradicación aérea y que la fumigación con glifosato es lo que funciona. Eso se ha evidenciado cuando han dejado desfinanciado el programa, nadie habla de PNIS en los territorios, ahora están hablando de un tema de Hecho la medida, que es una estrategia diferente, dejaron de coordinar las asambleas comunitarias con la gente, dejaron de involucrar a las comunidades en el desarrollo del PNIS.
VA: ¿Y cuál puede ser el impacto de esos cambios?
AZ: El tiempo que el gobierno ha dejado para implementar el PNIS pues ha ido perjudicando el objetivo del programa y lo perjudicó desde la ejecución del PNIS desde el año presupuestal, entonces lo que hicieron fue desbaratar la ruta de implementación del PNIS y hacer una ruta que ellos llaman de componentes. Una ruta para implementar componente por componente y eso no era lo que estaba presupuestado.
Lo que estaba presupuestado era que el PNIS se tenía que ejecutar digamos que de manera consecuente. O sea, mientras se apoyaba con el auxilio económico, con el sistema de asistencia alimentaria, inmediatamente en ese año se iban haciendo los proyectos productivos para que cuando eso se acabara los campesinos tuvieran de dónde coger y no le tuvieran que estar pidiendo más plata al gobierno.
Y este gobierno lo que hizo fue decir: ‘no, primero pagamos la asistencia alimentaria. A lo que paguemos la asistencia alimentaria, entonces empezamos con la seguridad alimentaria; cuando terminemos con la seguridad alimentaria, implementamos el proyecto de 19 millones de pesos’.
Y eso lo que hace es que el campesino se gastó, se comió la seguridad alimentaria, que eran los 12 millones de pesos al año; se comió el millón 800 de la seguridad alimentaria, que bueno, ya te imaginarás para qué puede servir un proyecto de millón 800, y llevan un año esperando el de 19 millones de pesos.
El presidente Santos combinaba erradicación forzosa y sustitución voluntaria, pero se respetaba donde se estaba haciendo sustitución. Es una estrategia válida y uno podía decir “Bueno, por ahí se puede”, pero este gobierno siempre es erradicación forzosa, erradicación forzosa.
VA: ¿Cree que se debe rescatar el PNIS o es necesario formular algo diferente?
AZ: La gente no le cree al Gobierno, pero le cree al Programa. Incluso, la gente sigue en los territorios diciendo ‘necesitamos el PNIS’, solo que para estar seguros de que no les van a ‘faltonear’, lo que está diciendo es: ‘Necesitamos el PNIS, pero primero necesitamos la Reforma Rural Integral’, ‘Si aquí no meten carretera, si aquí no meten esto y lo otro, no nos sirve”. Eso es lo que está diciendo la gente ahorita, pero ‘claro que el PNIS se tiene que retomar’.
La gente no ha dicho: “El PNIS no sirve”. Lo que dice es que tiene que ir acompañada de la Reforma Rural Integral y tienen toda la razón. Eso fue un error político, incluso por los afanes del gobierno Santos y las Farc, de mostrar resultados que se pusieron a implementar el punto cuatro como una estrategia de entrar al territorio.
¿Ahora quiénes estamos pagando eso? Los líderes que promovimos el Programa porque ahorita quedamos con una popularidad muy jodida dentro de los cultivadores de coca que por ahí todavía nos creen, que todavía nos quieren y todo, pero sí nos dicen: “No, ustedes nos engañaron” o “No, ni siquiera nos han cumplido” o algunos nos dicen: “Aquí no nos digan que le reclamemos al gobierno, nosotros les tenemos que reclamar a ustedes porque nosotros les creímos fue a ustedes” Y ya nosotros ya nos quedamos sin interlocución con este gobierno, entonces ¿cómo le responde uno a esa gente?
¿Aspersión a la vista?
VA: Ahora que vuelve a estar sobre la mesa la controversia sobre el glifosato, ¿qué análisis hace al respecto?
AZ: Ha cambiado un poco el discurso del gobierno. Nosotros creemos que este gobierno no va a alcanzar a reactivar la fumigación con glifosato. En regiones como Guaviare y Caquetá se dieron reclamos por el PNIS y el glifosato dentro del paro. Hace poco se retiraron porque están desgastados y esperando qué otra decisión toma el gobierno para volver a salir.
El tema del glifosato va a ocasionar una movilización, ya no más urbana, porque sabemos que ese no es el interés de la gente de la ciudad, pero sí va a desencadenar una movilización rural mucho más fuerte. Incluso, en la comisión política de Coccam se está hablando de esperar noticias del gobierno para salir.
Estamos esperando qué pasa a raíz del pronunciamiento que dio la ANLA sobre la licencia ambiental, dado que dijo que tenía que cumplir una serie de requisitos más y eso obedece a que el gobierno tiene que volver a retomar el planteamiento. Eso retrasa al gobierno frente a todas las acciones, por eso creemos que no van a poder retomar efectivamente.
VA: ¿En su momento, el Decreto 380, que establece los pasos para iniciar la aspersión con glifosato, fue socializado con ustedes en algún sentido?
AZ: No, eso no se socializó con nosotros ni con ningún gremio del país. Lo que yo creo que ellos están intentando con todo este tema es pasar por encima de los otros poderes y utilizar algunas herramientas que ellos tienen.
VA: ¿Qué acciones han adelantado sobre la intención de reanudar las aspersiones?
AZ: Enviamos un escrito a la Corte Constitucional a inicios de año para que la Corte dijera de una vez qué había cumplido el gobierno y qué no, para que los magistrados volvieran a retomar el asunto de cara al decreto que condicionó la reanudación de las aspersiones aéreas con glifosato, pero la Corte no nos ha respondido. Entonces estamos esperando también que nos respondan. Ahora, junto al Cajar, estamos adelantando una solicitud más contundente ante la Corte.
VA: ¿Ustedes, desde la Coccam, han evidenciado afectaciones a la salud en las regiones donde se ha realizado aspersión con glifosato?
AZ: Nos ha tocado ver, por ejemplo, la muerte de un campesino del sur de Córdoba en el año 2011, nunca entendimos eso. Eso apareció en los medios, de cuando un vecino murió por intoxicación por glifosato después de que una avioneta fumigara. También están las rasquiñas, las ‘brotaduras’ en la piel, después de una fumigación; las afecciones respiratorias; y los abortos.
Se le ha puesto denuncias a la Defensoría del Pueblo, se han puesto miles de denuncias frente a las afectaciones que produce el glifosato. Hay suficiente ilustración frente a las enfermedades que producen, denunciados por los mismos campesinos que nunca se han tomado en cuenta o que han quedado ahí.
Tensión con grupos armados
VA: ¿Qué ha generado la presencia de la Fuerza Pública en las zonas cocaleras?
AZ: El Ejército no es garantía de seguridad en el territorio y donde más se ve presencia del Ejército en los territorios, como haciendo acciones, es cuando entran a erradicar cultivos de hoja de coca. De resto, digamos que se mantienen en las bases o en los pueblos.
Así haya 40 soldados en un corregimiento, el que sigue mandando ahí es el comandante de los ‘gaitanistas’ (en el caso del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño). Y es a quién la comunidad le tiene que rendir cuentas y se mantienen pendientes de quién habla con el Ejército y quién no; quién se reúne con ellos, quién no se reúne con ellos; y luego que ellos se van o salen del territorio pues las afectaciones son en contra de la comunidad. Eso genera una agudización de los conflictos dentro de los territorios.
Por ejemplo, la confrontación que hay en el Catatumbo. Allá, la presencia de la Fuerza Pública tampoco ha generado un cambio en materia de seguridad. Lo que ha hecho es incrementar la conflictividad. Hay gente a la que le ha tocado desplazarse por acciones del Ejército. ¿Por qué? Cuando llega considera a los campesinos como enemigos, como aliados de los grupos armados, y dirige sus acciones contra ellos y no contra los que tienen las armas.
VA: Si se llega a asperjar, ¿teme que los grupos armados ilegales terminen presionando a los campesinos para que cultiven en otros lados o serán los campesinos los que tomen la iniciativa de deforestar y cultivar en otros lados?
AZ: Nosotros vemos dos cosas con el tema de obligar. Lo que pasa es que la gente se ve obligada por muchas cosas. O sea, el tema no es la obligación del arma de: ‘usted cultiva coca o cultiva coca’, eso no sucede y eso toca dejarlo claro. Las obligaciones aquí por las cuales el campesino cultiva coca en otra parte es porque no genera ingresos para su familia y los grupos armados les garantizan o les dan una solución.
Por ejemplo, a mí me quitan, me erradican o me fumigan dos hectáreas de coca que es lo único que yo tengo para generar ingreso. Yo me quedo en la región porque no tengo a dónde irme y cultivando yuca, maíz, plátano que no me da sino escasamente para la comida. Los grupos armados que están en la región me dicen: ‘Oye, pero aquí se puede sembrar coca, ¿por qué no siembras otra vez?’ Cosa que se lo dicen así, como un consejo, pero aquí a nadie se le pone un arma.
Lo que hace el grupo armado en estos casos es decir: ‘Mire, como yo sé que usted se quedó sin plata para sembrar, si quiere yo le hago un préstamo para que usted siembre’, por ejemplo; o ‘Mire, consiga la semilla con fulanito, fulanito le da la semilla’; o ‘Mire, consiga la semilla más barata’. Se generan unas condiciones para que la gente vuelva a sembrar coca.
Esto es lo que sucede, y el campesino, en términos de que se ve obligado a sembrar hoja de coca, es porque no tiene de dónde sustentar sus ingresos económicos, el grupo armado que está en la zona es lo único que ofrece. Incluso, a veces, los grupos armados llegan y dicen: ‘Bueno, aquí quien no siembre coca, se va”. Eso es lo más grande que hace un grupo armado en un territorio, digamos que eso ha sucedido.
Lo que sí ha sucedido una vez empiezan a fumigar es que los grupos armados sí han orientado a que la gente salga a movilizarse. Las organizaciones van a convocar a movilizaciones, van a obligar al que se quedó o van a decirle al que se quedó: ‘o salga a movilizar o no vuelve a la región’. Eso va a suceder.
Y pues ahí va a haber mucha gente movilizada, en contra de algo, pero va a haber mucha gente que se va a sentir obligada. Pero claro, la gente va a volver a sembrar coca.
VA: Todo eso es un círculo vicioso.
AZ: Al que le fumigaron va a sembrar en otra parte y esa parte puede ser en Parques (Naturales) o puede ser en la montaña y va a tener que tumbar todo porque ahí ya no va a servir o va a tener que coger la tierra que tenía para la cosecha y ponerse a sembrar, si es que se la dejan sin fumigar también. Va a intentar cultivar cerca al Parque para que haya alguna restricción y no le fumiguen.
Estas cosas van a suceder si a la gente no se le soluciona el tema del ingreso económico a través de proyectos productivos y a través del apoyo del Estado y del gobierno. Es por eso que el tema de la coca en Colombia no tiene acabadero, es un círculo vicioso. El gobierno arranca, fumiga y la gente tiene que volver a sembrar porque eso es lo que le genera ingresos.
Lo único que saca al cultivador de coca del cultivo es hacer una sustitución voluntaria donde el campesino quede con un proyecto productivo y que pueda tener algo. La legalización de tierra puede hacer que el campesino deje de cultivar hoja de coca porque si a un campesino le titulan donde siempre ha cultivado y se la titulan, téngalo por seguro que él no va a poner en riesgo esa tierra o el título de esa tierra, no lo va a hacer porque por eso luchó toda la vida y si ya se la dieron, pues ahí va a intentar hacer préstamos para regenerar su vida, va intentar otro tipo de cosas y va a buscar sembrar en otro lado. Pero aquí no va a sembrar.
VA: A propósito, ¿cuál es la situación de los cultivadores asociados a la Coccam, tienen cultivos de hoja de coca extensos o pequeños?
AZ: En la Coccam lo que decimos es que todo aquel campesino o campesina que cultiva hoja de coca para su sustento, y el sustento no quiere decir solamente comprar la comida, y que eso le garantice un mínimo vital o al menos vivir bien, con dignidad, comprar sus cositas, su casa, todo lo que tiene derecho una persona o al menos para vivir dignamente; pues es un pequeño cultivador.
No hay como un tope de cuántas hectáreas debe tener para pertenecer a Coccam. Si tiene 30 hectáreas y quiere pertenecer a Coccam, debe cumplir con unos objetivos y uno de ellos es buscar la sustitución voluntaria, se mete en un programa de sustitución teniendo 30 hectáreas sabiendo que va a perder todo en lo que ha trabajado y lo que va a recibir es poco, pues no hay ningún problema.
No contabilizamos cuántas hectáreas tiene la gente, representamos a los cocaleros que por situaciones económicas y de buscar su sustento, están cultivando hoja de coca. Lo que no aceptamos en la Coccam son aquellos empresarios de la coca, o sea, gente que se dedica a poner capital para sembrar hoja de coca, obviamente los tenemos identificados y tampoco son muchos. No son muchos, pero cultivan bastante porque ponen de a 10 personas a sembrar 40 hectáreas de coca y eso es un montón de coca.
VA: ¿Y esos cultivadores que ustedes representan tienen títulos de propiedad de la tierra?
AZ: La mayoría, o casi ninguno, no tiene títulos de tierras. Por eso el gobierno no ha podido expropiarle la tierra a ninguno porque los cultivadores de hoja de coca no viven en territorios donde haya títulos. El 90 por ciento de los cultivadores asociados a la Coccam no tiene títulos de tierra donde están cultivando porque son territorios baldíos o son Parques Naturales o resguardos indígenas.
