La directora de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía denunció que se ha intentado obstaculizar la labor de la justicia en el caso de la investigación contra el excomandante del batallón La Popa en Valledupar.
Desde hace dos años, el coronel Hernán Mejía Gutiérrez es investigado por presuntos nexos con paramilitares del Bloque Norte cuando entre el 2002 y el 2004 se desempeñaba como comandante del Batallón La Popa, en Valledupar. Y desde hace más de un año, su caso se ha visto empañado por la muerte de al menos dos testigos en su contra, la retractación por amenazas de algunos de ellos y la obstrucción a la justicia, este último episodio puesto en conocimiento al fiscal general Mario Iguarán por parte de la coordinadora de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Sandra Castro.
La investigación no ha sido fácil. Para empezar, los testigos Fredys Oñate y José Trinidad Pacheco, quienes tenían información sobre el supuesto vínculo que tenía ‘Jorge 40’ con los hombres que comandaba el coronel Mejía, fueron asesinados. Oñate apareció muerto a comienzos del año pasado en Valledupar, luego de que un investigador lo ubicara y le pidiera declarar ante las autoridades lo que sabía del tema. Y Pacheco murió en Atánquez (Cesar), luego de haber rendido indagatoria.
En este último caso hay elementos que generan suspicacia: Pacheco murió luego de haber dicho en versión oficial, extrañamente, que Oñate, Randys Julio Torres y Hugues Romero (otros testigos contra Mejía) eran integrantes de las Farc.
Precisamente la semana pasada, en la sede de la Fiscalía en Barranquilla, se presentó otro testigo contra el coronel Hernán Mejía. Se trata del desmovilizado Guillermo Augusto de Hoyos, quien denunció haber recibido cinco mensajes de texto a su celular que lo amenazaban de muerte a él y a su familia si declaraba en una audiencia que tenía en Barranquilla, el pasado 2 de octubre, sobre el caso del coronel.
Aunque De Hoyos asistió a la audiencia, no dijo ni una palabra contra el oficial del Ejército, ya que dijo desconfiar de la Fiscalía porque no le había brindado la seguridad que necesitaba. Semana.com conoció que este ex paramilitar ha ingresado en al menos dos oportunidades al Programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero por decisión propia se ha salido ya que, al parecer, no tolera el aislamiento al que debe someterse. Hoy ya cuenta con protección especial del Estado en donde vive actualmente.
Por otro lado, se sabe que De Hoyos le dijo a un investigador que había sido contactado por el coronel Mejía y uno de sus abogados para que denunciara a Octaviano Casas Sánchez, Luz Gladys Cuartas y Guillermo Jiménez, tres investigadores de la Fiscalía, quienes supuestamente lo habían obligado y comprado para que testificara en contra del oficial.
De Hoyos estuvobajo las órdenes de alias ‘Jimmy’, comandante del Frente Mártires del Valle de Upar, asesinado a principios de 2008. Según Guillermo De Hoyos alias ‘Jimmy’ había manifestado interés en entregarse a las autoridades y confesar lo que sabía.
Obstrucción a la justicia
Además de esta aparente persecución a testigos, existe la denuncia de la coordinadora de la unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, Sandra Castro, quien habla de obstrucción a la justicia por parte del coronel Hernán Mejía, quien se presenta a las audiencias con uniforme militar.
Una carta enviada al fiscal general Mario Iguarán y al procurador Edgardo Maya revelada este lunes por la emisora La W, Castro dice que el oficial Mejía ha acusado a los investigadores de la Fiscalía de elaborar un montaje en su contra, poniéndolos en riesgo y demostrando así una clara obstaculización a la justicia “que puede conducir a una decisión de exoneración de responsabilidad,pero no porque esté acreditada la inocencia del procesado, sino por la falta de pruebas generada por el temor de los testigos en afirmar sus imputaciones y de los investigadores de ahondar en la búsqueda de la verdad”.
En efecto, un funcionario de la Fiscalía está investigado disciplinariamente luego de una queja interpuesta por la defensa del coronel Mejía ya que, supuestamente, no atendió las denuncias de amenazas contra el testigo José Trinidad Pacheco, asesinado el 16 de julio de 2007. Este funcionario ha realizado entrevistas a desmovilizados libres y presos para conocer si desean colaborar o no en el caso del coronel Hernán Mejía, lo que para la defensa del paramilitar es indebido ya que, según Mejía y sus abogados, el funcionario ha ofrecido millonarias prebendas y beneficios.
El coronel Hernán Mejía, quien se encuentra detenido en la sede de la PM-13 en el occidente de Bogotá, también asiste con uniforme militar a los contrainterrogatorios, hecho que según la fiscal Castro “intimida a los testigos”. Y agrega: “los hechos aquí denunciados son de inusitada gravedad y comprometen el éxito de la investigación, considerando que si bien el procesado goza de la presunción de inocencia y tiene derechos al debido proceso y a la defensa, deben éstos ponderarse con los que tienen las víctimas”.
El caso de nexos entre paras y militares en La Popa, donde también están investigados otros dos coroneles, un teniente, dos sargentos y un cabo, podría resolverse en unos dos meses. La Fiscalía dice estar tranquila. Unos seis testigos de estos hechos ilegales han hablado o hablarán en el proceso y la fortaleza de la investigación está en la prueba técnica que comprobaría, entre otros hechos, que militares de este batallón mostraron falsos positivos a comienzos de la década del 2.000.
Publicado en Semana.com 06/10/2008
