Nuevas evidencias de las relaciones entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, quedaron al descubierto luego de la condena a dos exparamilitares del Bloque Norte.
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| Cada vez hay mas evidencias de las relaciones entre Auc y hombres del Batallón La Popa |
Investigaciones sobre los homicidios perpetrados contra dos pobladores del municipio de Valledupar, en el Cesar, arrojaron evidencia que podría involucrar al Batallón La Popa del Ejército, con sede en esa ciudad, con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en la comisión de ejecuciones extrajudiciales a través de las cuales las tropas oficiales mostraban aparentes resultados en su combate con las guerrillas del Eln.
Se trata de los asesinatos de Álvaro Cesar Olivera Granados y José Miguel Palacio Torres, ocurridos el 12 de abril de 2002 en zona rural del corregimiento Patillal, de la capital cesarense, quienes inicialmente fueron presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” por el Ejército ante el Instituto Nacional de Medicina Legal regional Valledupar, pero investigaciones posteriores revelaron que se trató de dos ejecuciones extrajudiciales perpetradas por paramilitares, quienes facilitaron los cuerpos a tropas del Batallón La Popa para que fueran reportados como insurgentes.
Los detalles de este caso se conocieron luego de que Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’, y Oscar Eduardo Daza Correa, alias ‘Luna’, integrantes del Bloque Norte de las Auc fueran condenados a 19 años de cárcel por un juez de Valledupar tras aceptar cargos y acogerse a sentencia anticipada por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio en persona protegida y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego de defensa personal, y de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
La sentencia, fechada el 26 de julio de 2012 y proferida por el Juzgado Penal Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar, precisó que “los cuerpos de investigación de Policía Judicial llegaron a establecer que las víctimas no fallecieron en combate, sino que fueron sometidas y ultimadas por miembros de las Autodefensas del Bloque Norte del Cesar, y que posteriormente fueron llevadas a Medicina Legal y presentados como positivos en combate por miembros del Batallón La Popa”.
Una de las particularidades de esta decisión es que en uno de sus apartes hace alusión a una investigación militar sobre el caso la cual terminó en una resolución inhibitoria a favor de los uniformados que participaron en el montaje, al asumir que tanto José Miguel como Álvaro Cesar perdieron la vida en combates con miembros del Ejército Nacional, según el informe que se radicó en Medicina Legal. Allí se dice que ambos jóvenes murieron cuando tropas adscritas al Batallón La Popa se enfrentaron con un grupo de guerrilleros del Frente José Manuel Quiroz del Eln, en el sitio conocido como La Vega, del corregimiento Patillal, jurisdicción de Valledupar.
Los cadáveres, que estaban vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, fueron llevados a la sede de Medicina Legal por miembros del Ejército Nacional, quienes dejaron a disposición de los fiscales revólveres, chapuzas, pistolas, proyectiles percutidos, dos granadas de fragmentación, unas carpas, unos morrales y hamacas.
No obstante, la versión fue desestimada por la justicia ordinaria ante las dudas que generó un documento llamado Informe de análisis del comportamiento criminal, fechado el 30 de octubre de 2009, el cual descartó el enfrentamiento armado como causa de la muerte de los dos jóvenes luego de analizar de manera amplia las heridas presentes en los cadáveres.
Según ese informe “las trayectorias de las heridas sufridas por las víctimas indican que todas ellas fueron objeto de disparos en algún momento, encontrándose en posiciones no aptas para combatir, muchas de ellas inmóviles o seriamente lesionadas, lo que unido a la evidencia de ataduras en las muñecas de uno de los cuerpos, es consistente con un objetivo de aniquilación más que con el de reducción o control del enemigo, como se espera en el curso de un combate”.
Se los llevaron vivos
De acuerdo con familiares de José Miguel, el joven salió de su casa el 8 de abril de 2002 a eso de las 6 de la tarde a estudiar con unos compañeros y no regresó. Según su madre, Judith Margot Torres Simanca, el cuerpo sin vida y con señales de tortura fue hallado cuatro días después en Medicina Legal de Valledupar.
En cuanto a Álvaro Cesar, su compañera sentimental, Janeth Coplas, le explicó a los investigadores que él se encontraba en su casa en la noche del 9 de abril cuando un hombre a quien se le conocía como alias ‘Diamante’ integrante de las Autodefensas del Bloque Norte del Cesar, llegó al lugar y se lo llevó a medio vestir en un taxi en el que viajaban otras personas. De él se supo también cuatro días después cuando su suegro lo identificó en Medicina Legal.
La familia de Álvaro Cesar admitió que el joven había estado meses atrás en un campamento del Bloque Norte de las Auc en el corregimiento La Mesa, de Valledupar, pero un amigo lo hizo desistir de seguir en ese grupo armado ilegal y varios días después decidió regresar a su casa y continuar en la legalidad, decisión que posteriormente le costó la vida.
Por referencias de dos exparamilitares que hicieron parte del Bloque Norte, las familias de José Miguel y Álvaro Cesar se enteraron de sus últimas horas de vida. Ambos fueron amarrados a la defensa de un vehículo, desnudos, y todo el tiempo les echaron agua. Luego fueron asesinados.
Además, uno de estos exparamilitares le mandó decir desde la cárcel de Barranquilla a la compañera sentimental de Álvaro José cómo tenía que hacerle preguntas a dos postulados de las Auc durante una versión libre antes fiscales de la Unidad de Justicia y Paz para tener claridad sobre lo ocurrido, pues estuvieron involucrados en el doble crimen. Se trataba de Leonardo Sánchez, alias ‘El Paisa’, y Oscar Daza, alias ‘Luna’.
Hablan los ‘Paras’
Tanto alias ‘El Paisa’ como alias ‘Luna’ integraron una unidad del Bloque Norte que hizo presencia por varios años en el corregimiento La Mesa, de Valledupar. Ambos detallaron ante Justicia y Paz, y ante jueces especializados, lo ocurrido con los dos jóvenes.
Alias ‘Luna’ detalló como una vez llegaron los dos muchachos a sus manos, los llevó a una especie de celda en unos corrales a la espera de las órdenes de su mando superior, que resultó ser alias ‘El Paisa’ y quien dio la orden de asesinarlos. Los acribillaron con fusiles AK-47 y munición 5.56. A pesar de la confesión, ambos negaron que los hubieran torturado, pese a las evidencias y rasgos que confirman lo contrario.
Una vez asesinados, alias ‘Luna’ admitió que realizó disparos al aire con fin de que las vainillas quedaran regadas y simularan un enfrentamiento; además, les colocaron las armas y granadas a los cadáveres para facilitarles la escena a los miembros del Ejército, quienes estaban a diez minutos del sitio, y hacerlos pasar por insurgentes.
Por su parte, alias ‘El Paisa’ indicó que por orden de su superior en la organización, el exmilitar David Hernández Rojas, conocido con el alias de ‘39’, tenía que vestir a las víctimas con camuflados y colocarles material de intendencia y armas cortas. Según este exparamilitar, su mando superior había acordado con tropas del Batallón La Popa reportar estos homicidios como “guerrilleros dados de baja en combate”.
La Popa, en la mira
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por VerdadAbierta.com, no es la primera vez que tropas del Batallón La Popa se ven involucradas en este tipo de acuerdos con paramilitares del Bloque Norte. Al respecto, hicieron referencia a un oficial que comandó esa guarnición militar en Valledupar. Se trata del coronel Hernán Mejía Gutiérrez, contra quien pesan varias investigaciones penales.
“Es un tema muy complicado”, reconoció la fuente consultada, quien solicitó la reserva de la identidad pues, a su juicio, algunos exparamilitares del Bloque Norte que operaron en el Cesar y conocen detalles de las relaciones entre las Auc y ese batallón tienen miedo de hablar al respecto.
Uno de los asuntos más complejos que enfrentan las autoridades judiciales es el asesinato de por lo menos 53 indígenas de la etnia Kankuama durante el primer semestre del 2003 en varias zonas del Cesar. El caso ha sido llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Coronel Mejía fue relevado de su cargo por el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos tras valorar las denuncias de un exsuboficial que fue escolta del oficial. Éste afirmó que el oficial cometió varios asesinatos en un afán por mostrar resultados como comandante en el Cesar y se había aliado con el Bloque Norte de las Auc. Toda esta información es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que deberá establecer si las Auc y miembros del Batallón La Popa de Valledupar se aliaron para delinquir.
