Un juzgado especializado de Bogotá procesó al oficial, quien fuera considerado en su momento un militar digno de ejemplo por sus resultados en la lucha contra la insurgencia en el departamento del Cesar.
Luego de tres años de juicio, que además estuvo rodeado de una serie de hechos inusuales como la muerte de dos testigos y denuncias de la Fiscalía de obstrucción de la justicia por parte de los acusados, el Juzgado Sexto Especializado de Bogotá condenó al excomandante del Batallón La Popa de Valledupar, coronel Hernán Mejía, a 19 años de cárcel y seis meses de prisión, tras hallarlo culpable de los delitos de concierto para delinquir, conformación de grupos armados ilegales y homicidio en persona protegida.
Por estos mismos hechos, este despacho también dictó fallo condenatorio en contra del teniente coronel José Pastor Ruiz Mahecha; el sargento primero Aureliano Quejada Quejada; y el suboficial retirado Efraín Andrade Perea. La decisión absolvió al teniente Nelson Javier Mora, tras considerar que no había pruebas que lo vincularan con estas acciones.
En su providencia, el Juez encontró ajustados a la verdad los testimonios de testigos, entre ellos los aportados por varios desmovilizados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), quienes lo señalaron de haber celebrado alianzas con miembros de esta estructura paramilitar, entre ellos su máximo comandante Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’.
Dichos pactos estaban encaminados a combatir conjuntamente a las guerrillas de las Farc y Eln en el departamento de César, donde los paramilitares sirvieron de guía a los uniformados, sostenían constantes comunicaciones telefónicas y reuniones en la guarnición militar con los altos militares hoy condenados. Uno de los principales testigos fue John Jairo Hernández Sánchez, alias ‘Daniel Centella’, quien fuera chofer del exjefe ‘para’ David Hernández Tojas, alias ‘39’, quien señalara durante la etapa de juicio que el coronel Mejía “sostenía una relación de amistad con (alias) ‘39’”.
En esa ocasión, alias ‘Centella’ declaró que en una ocasión llevó a alias ‘Jorge 40’ a una cita con el coronel Mejía en la finca El Prado, en la vía que conduce de Valledupar al corregimiento La Mesa Azucar Buena, y una vez allí, “‘40’ se subió junto con sus escoltas en el carro de (coronel) Mejía con destino desconocido”.
Pero los pactos celebrados entre el alto oficial y el paramilitarismo fueron más allá. Según se pudo probar a lo largo del proceso, los hombres de alias ‘Jorge 40’ entregaron en más de una oportunidad a las tropas del Coronel Mejía campesinos, integrantes de la guerrilla y hasta miembros de las Auc acusados de indisciplina, para que estos fueran ejecutados extrajudicialmente y presentados como “guerrilleros dados de baja en combate”.
“Se trataba de acuerdos de cooperación con esa organización armada ilegal, según la cual mientras los militares no combatían con los paramilitares y los proveían de armas, municiones y material de intendencia, estos a cambio recibían personas de grupos guerrilleros y paramilitares castigados para que fueran ejecutados extrajudicialmente y luego presentarlos como positivos, en lo que se ha denominado en nuestra historia reciente como ‘falsos positivos’”, menciona la sentencia en unos de sus apartes.
Para el Juez Sexto Especializado de Bogotá es claro que “con este actuar se vio distorsionada la función pública militar mediante el fomento de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) específicamente del Frente ‘Mártires del Cacique Upar’ del Bloque Norte. Pues, si su función era combatirlas como fuente de riesgo contra el orden constitucional los acusados como miembros activos de la Fuerza Pública optaron, por el contrario, fomentarlas, potencializarlas y promoverlas mediante las alianzas realizadas, lo cual desnaturalizó y desesintitucionalizó a esa organización en cabeza de los acusados”.
El coronel Mejía, considerado en su momento como un militar tropero, estrella y digno de ejemplo por su lucha contra la guerrilla en el Cesar, fue uno de los 27 miembros de las Fuerzas Militares destituidos en 2007 por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), en momentos en que se desató un escándalo nacional e internacional por la proliferación de ejecuciones extrajudiciales (mal llamadas “falsos positivos”), cuyo patrón fue presentar como “guerrilleros dados de baja en combate” a campesinos inocentes con el propósito de mostrar resultados operacionales y obtener beneficios personales y militares.
Tormenta del coronel Mejía
Precisamente una de esas operaciones militares donde se pudo comprobar que el hoy condenado coronel Mejía presentó como guerrilleros dados de baja en combate a paramilitares indisciplinados e indeseados fue la llamada Operación Tormenta, llevada a cabo en octubre de 2002 en zona rural del César.
El reporte entregado por la autoridad castrense fue que ese día, promediando las 5:30 de la madrugada, tropas del Batallón La Popa se enfrentaron con integrantes del Eln en zona rural de la vereda Bosconia, en momentos en que los insurgentes realizaban un retén ilegal. En dicho operativo fueron dados de baja 18 subversivos.
Pero lo que realmente ocurrió fue que alias ‘39’, tratando de hacer una purga interna tras enterarse de varios casos de indisciplina, llevó hasta la zona de los hechos a un grupo de ‘paras’ con el pretexto de hacer un robo de ganado. Luego de entregarles brazaletes del Eln para darle mayor credibilidad al operativo y dejarlos “abandonados a su suerte”, llegaron la tropas, que prácticamente los acribillaron, aprovechándose de las relaciones de cooperación que sostenían unos y otros.
Otros de los casos de ejecuciones extrajudiciales donde el Juez probó la relación macabra entre el coronel Mejía y los paramilitares del Bloque Norte de las Auc fue la Operación Coraza, que reportó tres guerrilleros muertos por tropas del Ejército en operativos militares. Se trató de la muerte de Ronald José Blanquicet, Cristian Alberto Bustamante y Rafael Ignacio Puerta, quienes fueron asesinados el 9 de septiembre de 2004 en zona rural de Valledupar.
Según los reportes del Ejército, ese día en la madrugada salieron a patrullar la zona de Puente Callao y se encontraron con un grupo de civiles que no obedeció la orden de “alto”, a lo que se dio inicio a un tiroteo que dejó los tres civiles muertos, quienes fueron presentados como supuestos miembros de las autodefensas, hecho que extrañamente confirmó después el Bloque Norte de las Auc en un documento con membrete de esta organización armada irregular y en el que incluyó los nombres de las víctimas.
Alias ‘Daniel Centella’ confirmó luego ante fiscales de Justicia y Paz que los jóvenes sí hacían parte de las Auc, pero que estos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron entregados al sargento del Batallón para que los presentara como muertos en combate.
