En los últimos tres meses, en Chocó, los grupos armados han devuelto a cuatro jóvenes indígenas reclutados como combatientes. Por Pilar Lozano especial para Verdadabierta.com*
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| Foto: Semana |
No fue una decisión voluntaria lo que llevó a que los integrantes de las Farc y de los nuevos grupos paramilitares entregaran a cuatro jóvenes que hacían parte de sus filas, lo hicieron por presión de los cabildos que reclaman su derecho a no ser involucrados en el conflicto.
“El reclutamiento es un gran lío para las comunidades indígenas”, reconoce Luis Evelis Andrade Casama presidente de la Onic. No hay datos precisos, pero según este dirigente, la cifra “es bastante alta”. No deja su afirmación en el aire: “Los armados echan mano de lo que hay, no pueden ir a reclutar en la ciudad”. Y los pueblos indígenas habitan en las regiones donde es más aguda la guerra.
Los niños se convierten en ‘soldados’ a los 11, 12, años. Los mecanismos para convencerlos son muchos: enamoramiento, ofrecimiento de dinero, de una mejor vida. “Les ofrecen un camino sin retorno; terminan muertos y lejos de las comunidades”, agrega con dolor Andrade Casama. La norma interna de muchos cabildos prohíbe ir a la guerra. Por esto, cuando niños y adolescentes son recuperados, investigan el por qué decidieron empuñar un arma. Si infringieron la justicia propia los sancionan. Dos de los devueltos hace poco, están pagando su condena lejos de sus casas: realizan trabajo comunitario, reciben cursos de formación…
Esta es una de las facetas de un problema de mil caras: el reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos ilegales. Una infamia tan vieja como el conflicto en este país; pero no ha logrado conmover, generar una reacción fuerte ni de la sociedad ni del Estado.
Y es un delito ligado al abuso sexual y ligado también al desplazamiento. Muchas familias campesinas prefieren abandonar sus tierras a ver a sus hijos arrastrando un fusil.
Beatriz Linares asesora de derechos humanos y niñez de la Vicepresidencia de la República, asegura que pese a los esfuerzos del Estado- en 2007 se creó una comisión interinstitucional para prevenirlo- el problema persiste y ocurre en “el más absoluto de los anonimatos, y bajo la mirada silenciosa de familias , comunidades e instituciones”. Lo escribió en el informe “La huella de la niñez en la prensa colombiana”, de este año, de Pandi, agencia de periodismo aliada de la infancia.
“El reclutamiento de menores de edad se está incrementado. Indígenas y afrodescendientes siguen siendo los más golpeados”, afirma Pilar Rueda, encargada de los temas de infancia y mujer en la Defensoría del Pueblo.
Guerrilla y nuevos paramilitares vinculan a sus filas a niños y adolescentes. Estos últimos le echan mano a los desmovilizados; representan una ganancia: ya conocen el trabajo con las armas.
Naciones Unidas en su informe de 2009 sobre situación de los menores de edad en los conflictos armados, dice que, en ese año, fue una práctica “habitual, sistemática y extendida”. Y tiene a las Farc y el Eln en la lista de peores violadores de derechos de los niños en el mundo. Los incluyó, entre otras, por el reclutamiento.
El ejército no escapa de utilizar a los pequeños como informantes. Lo ha denunciado ya la Defensoría. Ocurrió recientemente con el secuestro de la hija del alcalde de Fortul Arauca. Los soldados visitaban las escuelas para preguntar a los estudiantes: “¿ustedes han visto a esa gente?” La Onu, además, critica los programas cívico militares en los que se uniforma a los niños; esto, en una país donde el conflictoestá vivo, es ponerlos en riesgo.
Un sólo niño con un fúsil al hombro, dispuesto a matar y a que lo maten, sería motivo de alarma. Distintos investigaciones han hablado de ocho, once mil menores de 18 años en armas en Colombia. Pero no hay cifras ciertas. Las familias, a veces por miedo o porque no lo consideran un hecho ‘grave’, no lo reportan. “El reclutamiento es una estrategia de los que hacen la guerra. Es un muro de contención; obligan a las familias a no hablar, así logran ejercer control sobre la comunidad”, denuncia Andrade Casama.
Lo que si avalan los estudios es que un alto porcentaje de los combatientes han ingresado a la guerra siendo menores de edad. Gabino, el hoy comandante del Eln vistió el camuflado a los 14 años.
En Arauca, donde hay escuelas de adoctrinamiento de las Farc a las que asisten niños y jóvenes, Cauca donde se da el reclutamiento forzado, Chocó y Nariño, figuran entre los departamentos donde más se presenta este delito. En Arauca, cuenta la defensora de infancia, no es extraño que los jóvenes digan:” Me voy a prestar servicio militar a la guerrilla”. Es una lógica que se vive en sociedades altamente militarizadas; “lo militar es atractivo, impone respeto”. La guerra, en muchos sitios, se interioriza, los niños terminan idealizando a los armados.
¿Cómo prevenirlo? Para el líder de la Onic apoyando a la juventud, dándoles garantía de educación. “Los jóvenes hoy tienen nuevas necesidades; ellos piden y esperan respuestas; nos las tienen. Sólo les hablan de controles”.
Se sabe- lo dicen los estudios- que detrás del 80% de los niños y jóvenes que termina involucrados en la guerra, está la violencia, la explotación de que son víctimas en sus familias, la falta de escuelas, de servicios en los municipios… Muchos apuntan entonces a que la solución está en poner remedio a estas viejas injusticias.
Para Pilar Rueda la política oficial de prevención ha servido para generar conciencia pero no ha logrado aterrizar en lo concreto, no ha logrado impactar. Comparte la idea de ofrecer alternativas valiosas a niños y jóvenes y fortalecer sus círculos de protección: familia, escuela. Pero liga su efectividad a una solución política del conflicto armado. De lo contrario lo ve inútil. “La guerra necesita combatientes”, dice tajante.
En materia legal hay muchos vacíos: no se identifica, ni se investiga, ni se persigue al reclutador. Los actores armados no están dispuestos a reconocer que lo hicieron. El único jefe paramilitar acusado hasta el momento por este delito es Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. En este momento un juez de Justicia y Paz lo señala por haber enrolado en el Bloque Elmer Cárdenas a 309 menores de edad. De estos, 198 se desmovilizaron siendo ya mayores.
El resto, menores de 18 años, fueron enviados a sus casas con un millón de pesos en el bolsillo. En una de las audiencias alias ‘El Alemán’ aseguró que lo hizo así, no para evadir la justicia, sino porque no creía en el programa del ICBF que acoge a los menores de edad que salen de la guerra.
La Defensoría del Pueblo, varías instituciones y expertos en el tema han pedido en las audiencias reparación integral para las víctimas. “Perdieron una etapa primordial en su vida como es la infancia”, reclaman. Piden, además de la indemnización económica y la inclusión prioritaria en programas de empleo urbano y rural, una reparación simbólica que les permita resarcir sus nombres. Si se acepta este planteamiento, el ex jefe paramilitar deberá pedir perdón públicamente en Urabá: el reclutamiento desarticuló familias, comunidades.
Es un mal cruel y generalizado del ‘después’ de esta aberrante práctica. Los pequeños combatientes indígenas, por ejemplo, no pueden volver a sus familias luego de ser ‘rescatados’ o después de volarse de las filas ilegales. La familia queda en riesgo, puede ser castigada con la muerte de uno de sus miembros, con la obligación de desplazarse… Una comunidad planteó ante las Farc tamaña injusticia: “Nos vinculan a la guerra y luego las familias debe pagar”, fue el reclamo. “Esta guerra tiene un costo”, fue la cínica respuesta.
Linares, tal vez una de las personas que en el país conoce más del tema, agrega un agravante en el tema legal: la incoherencia de textos jurídicos. Unos protegen a los menores de 15 años, otros a menores de 18. “El mundo etéreo de las normas versus el mundo real de los sujetos”, lo llama. Colombia, como lo contempla la Convención de los Derechos del Niño, considera a los menores de 18 años reclutados como víctimas y en el código penal se castiga con prisión de ocho a 15 años. La Corte Penal Internacional lo define como crimen de guerra cuando los involucrados tienen menos de 15 años.
Alias ‘El Alemán’ lo ha usado de excusa. Ha repetido que no reclutó menores de 15; hay evidencias que contradicen su afirmación. Y se ha escudado en otro hecho: asegura que niños y adolescentes llegaron al Bloque Elmer Cárdenas de manera voluntaria. Esta supuesta voluntad que registran muchos estudios está en tela de juicio: ¿se fueron voluntariamente o existe una realidad que los expulsó y los mandó a empuñar un arma?
Una sentencia de la Corte Constitucional dice que esta supuesta voluntad no hace al reclutamiento de menores de edad menos punible. Los niños y jóvenes se van a la guerra, lo resume Beatriz Linares, por la “incompetencia de de la sociedad y del Estado para competirle a los grupos armados y sus ofertas”.
Una vergüenza.
* En colaboración con Reporteros por Colombia.
