En este poblado del municipio de Medio San Juan, Chocó, sus habitantes se empeñaron en buscar ayuda estatal para legalizar la actividad minera y lo que recibieron a cambio fue la destrucción de su maquinaria por parte de la Policía Nacional. En cenizas quedó su única fuente de ingresos. Hoy los abriga la desesperanza.
El 26 de junio del año pasado quemaron el ‘dragón’ de San Miguel. A primera vista, nada llamativo. Quemar ‘dragones’ por parte de la Policía Nacional se ha convertido en la nueva normalidad en Chocó. Los ‘dragones’ son grandes maquinas flotantes de minería aluvial que chupan los lechos de ríos en busca de oro. Su notoriedad es comprensible. Al succionar la arena del subsuelo, estas flotas mineras causan la sedimentación y la desviación de los ríos, simultáneamente intoxicándolos por el vertimiento del mercurio que se usa en el proceso de separar el oro.
No obstante, el ‘dragón’ de San Miguel era un tipo de anomalía. La mitad del dinero necesario para su construcción salió de los bolsillos de la misma comunidad. Los sanmigueleños construyeron su propio monstruo de metal, similar a cualquier otro ‘dragón’ chocoano. Aun así, desde que nació, lo han considerado poco peligroso; por el contrario, lo consideraban amigable, pues les generó trabajo, infraestructura y esperanza en un contexto de marginalidad social.
San Miguel es un caserío de tradición minera que cuenta con cerca de 1.300 habitantes, en su gran mayoría afrodescendientes. Está ubicado en el municipio de Medio San Juan, justamente en la cuenca del río San Juan. Navegar este afluente desde Istmina, para llegar al caserío, revela un pasado de explotación depredadora: lo primero que se observa es el esqueleto de un ‘dragón’ de Chocó Pacífico, la empresa estadounidense que durante el siglo XX arrancaba a chupetazos el oro a las comunidades afro de estas cuencas. Más abajo se ven las playas de sedimentación dejadas por mineros brasileros, quienes explotaron este afluente a comienzos de este siglo.
Las aguas de Medio San Juan nunca han sido sujetas de gobernanza igualitaria. Eso encarna perfectamente San Miguel, donde varios grupos armados ilegales se han disputado el control territorial desde los años noventa. Aunque tal conflictividad desde su inicio generó un desplazamiento a gotas, no fue sino hasta el 21 de julio de 2004 cuando ocurrió el desalojo masivo que todavía marca la memoria colectiva de la comunidad.
Aquel día, los sanmigueleños decidieron huir a pueblos vecinos por rumores de un posible enfrentamiento entre unidades de la guerrilla de las Farc y comandos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Afortunadamente, el enfrentamiento nunca tuvo lugar, pero al regresar a sus casas días después los habitantes encontraron su pueblo saqueado por los paramilitares.
Aún hoy, la soberanía del Estado sigue estando impugnada en la zona. Así lo demostró la polémica reunión que el Frente de Guerra Occidental del Eln realizó en San Miguel en diciembre del año pasado, llevada a cabo sin el aval de autoridades estatales, y a la que asistieron representantes de diversas comunidades y organizaciones sociales.
Cabe resaltar que los dolores de cabeza de esta comunidad no han surgido por una supuesta ausencia institucional. En los años posteriores al desplazamiento y en ausencia de un mercado para sus cultivos de pancoger, sus pobladores empezaron a dedicarse a la siembra de hoja de coca para uso ilícito. El dinero se multiplicaba, y también la ilegalidad. Pero esa economía ilícita se acabó dramáticamente cuando la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional fumigó los cultivos en 2012.
Aulirio*, líder comunitario de San Miguel, recuerda bien el episodio doloroso: “No sólo fumigaron los cultivos ilícitos. Fumigaron todo. Cuando llegué a las fincas, vi que el pancoger y las fuentes hídricas quedaban deteriorados. A consecuencia de eso hubo mucho desplazamiento. Incluso se murió una persona. Se piensa que fue por las fumigaciones, aunque no se pudo mostrar”.
En busca de legalidad
El trauma que generó la siembra de hoja de hoja de coca formó la base para la búsqueda de la legalidad a través de la actividad minera. Con la ayuda de dos inversionistas foráneos, los sanmigueleños armaron un ‘dragón’ y el 27 de julio de 2015 inscribieron su empresa, Dragados Asociados San Miguel, en la Cámara del Comercio de Quibdó.
“No hubo compensación del gobierno por la fumigación”, comenta Aulirio. “Mucha gente se había desplazado para otras comunidades en busca de oportunidades laborales. Los que quedaron, en medio de su desespero, miraban la minería como una alternativa para subsistir. Y se jugaban el todo por el todo. ¡Todo su capital a la suerte!”.
Y la suerte les sonrió. La mina pegó. No sólo se les devolvió a los 80 socios comunitarios su inversión inicial con excedente, también revivió la economía local. El ‘dragón’ generó empleo directo para cocineros y mecánicos, y creó efectos multiplicadores, como relata con orgullo Jorge*, uno de los fundadores de la empresa: “El que tiene plátano lo vende acá; el que tiene la yuca la vende acá; quien tiene limón, pollo, todo lo consumimos de la misma población”.
La mina también llenó los huecos de infraestructura que el Estado ha sido incapaz de atender. Con los ingresos generados por la actividad extractiva, la comunidad arregló el parque comunitario, hizo un segundo a la vez y construyó varios puentes, pavimentó algunas calles, construyó una plaza de mercado y un aula en la escuela. De hecho, toda esta ingeniosidad comunitaria es una continuación de éxitos anteriores: el centro de velación, el colegio y la sala comunitaria han sido todos financiados por el mismo pueblo.
Los mineros de Dragados Asociados San Miguel son conscientes de los efectos ambientales de la minería, pero también ven en ella una posibilidad para seguir adelante, remodelar sus casas y mandar a sus hijos a la universidad. Destacan que su ‘dragón’ nunca ha trabajado en el río sino en la vega, que esta vega se ha reforestado y recuperado después de haber estado trabajada y que, en vez de usar mercurio, clasifican el oro con la baba de árboles nativos, método que se solía aplicar en la minería tradicional.
Pero como saben muchos mineros chocoanos, el camino hacia la legalidad extractiva está lleno de obstáculos. Todos los intentos de Dragados Asociados San Miguel de sacar un título minero han fallado y la siembra de árboles, el aparejamiento del terreno y la contratación de seguridad social no se han traducido en una recompensa de legalidad. Y así, suspendidos en la ilegalidad, los sanmigueleños fueron el blanco de una intervención estatal drástica: la destrucción con explosivos de su entable minero por parte de unidades de la Policía Nacional.
Silenciaron el rugido del ‘dragón’
“Cuando pasó lo que pasó a nosotros, personalmente las lágrimas me salían”, recuerda emotivamente Mauricio*, administrador de la mina. “Fue algo muy luchado. Cuando uno tiene un sueño y lo consigue, y viene otro y lo destruye, sin darte la oportunidad mínima, es terrorismo que te cojan la máquina así. Que te lo decomisen, que te den una multa de sanción, pero que no te cojan y te exploten así. ¡Bum!”.
Aquel 26 de junio del año pasado, el operativo estatal cogió a los sanmigueleños por sorpresa. El día anterior, tuvieron la visita de algunos militares, quienes les aseguraron que los operativos contra la minería ilegal no llegarían a su pueblo y los felicitaron por su trabajo bien hecho, describiéndolo como “la mejor forma de minería” que habían visto en Chocó. No obstante, el operativo sí tuvo lugar. Al día siguiente unidades de la Policía Nacional instalaron varias cargas explosivas y volaron el ‘dragón’.
Luego del hecho, comenzaron a proliferar historias especulativas intentando explicar por qué destruyeron su fuente de ingresos. Se cree que los militares cambiaron de opinión debido a los hostigamientos que sufrieron a manos de guerrilleros del Eln después de salir del pueblo. “Hay comentarios que decían que no iban a quemarla, al mirar cómo era nuestra organización y que la máquina era del pueblo”, relata un hombre joven. “Pero con la ocasión del hostigamiento, ellos cambiaron de parecer y presumieron que la draga era de la guerrilla que venía a cuidar sus bienes”.
La destrucción del ‘dragón’ y la imposibilidad de formalización reflejan la ciudadanía a medias que los sanmigueleños han padecido desde siempre. Para ellos, el interés del gobierno nacional no se localiza en su pueblo, sino en cualquier otro lado, en la economía global, que se siente muy lejos de las cuencas del río San Juan.
“Sólo porque tratamos de sobrevivir, el gobierno nos ataca así”, señala Jorge. “¡El Estado llega con nada! No nos da nada. ¿Qué es lo que está pretendiendo? No dejarnos trabajar para meter a los multinacionales. Si fallamos en algo, que nos digan cómo trabajar, pero no destruir lo que hemos construido con tanto esfuerzo y así dejar a 80 familias sin comer”.
* Los nombres son ficticios a solicitud de las fuentes
** El autor es antropólogo, estudiante de doctorado de la Vrije Universiteit, en Amsterdam, Holanda
