Si bien desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc indició en la reducción del reclutamiento forzado en un 298 por ciento, el Centro de Estudios Regionales generó una alerta por un repunte de casos en el sur de ese departamento. La precaria documentación por parte de entidades estatales es una de las principales falencias para enfrentar ese flagelo.
El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes (NNA) es una de las prácticas más crueles del conflicto armado colombiano y parece no tener fin. Se pensaba que la firma del fin del conflicto entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc pondría un muro de contención a este fenómeno, pero la realidad muestra lo contrario.
Así por lo menos se desprende del informe Dinámicas emergentes de riesgo para niñas, niños y adolescentes en el sur del Tolima: Los nuevos escenarios del reclutamiento forzado, el uso y la utilización de menores, del Centro de Estudios Regionales (CERE), que estableció que este departamento del centro del país, con más de 700 víctimas reclutadas, es uno de los más golpeados en el país.
El CERE se enfocó en el sur del Tolima y dividió su estudio en tres momentos: el reclutamiento forzado durante el conflicto armado (1990-2015); reclutamiento, uso y utilización posterior a la firma del Acuerdo de Paz (2016-2020); y reclutamiento durante la pandemia del Covid-19, cuyas restricciones comenzaron en marzo de 2020.
Este departamento ha estado azotado por el conflicto armado desde hace más de cinco décadas debido a su estratégica posición geográfica. Es por ello que diversos grupos armados han intentado tener control sobre buena parte de su territorio, específicamente del sur por cuanto, según el CERE, “es una subregión clave por constituir una franja estratégica en la conexión entre el litoral colombiano en el océano Pacífico, y las fronteras binacionales con Venezuela y Brasil”.
De ese modo, se constituye en uno de los epicentros de desplazamiento y reclutamiento forzado en Colombia. De los 47 municipios que conforman el departamento, los más afectados son Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. Los cuatro tienen en común que son principalmente rurales y con fuertes conexiones con los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca.
La investigación señala que el reclutamiento forzado, uso y utilización NNA se da por dos vías principales: coacción, en la cual utilizan la intimidación o la fuerza para que formen parte de los grupos armados; y por persuasión, en la cual no hay utilización de la fuerza. La importancia de tratar estos temas, según Andrés Tafur, director del CERE, es debido a que “no hay apertura (en el departamento) para la indagación, el monitoreo y la toma de decisiones sobre estos asuntos”.
Información insuficiente
La base de datos El conflicto en cifras, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), documentó más de 6 mil casos de reclutamiento forzado en Colombia entre 1990 y 2020. De ellas, 374 son del departamento de Tolima. Y de la región del sur reporta los siguientes casos: 81 en Planadas, 46 en Chaparral y 36 en Rioblanco.
Lo anterior implica un gran subregistro de documentación, pues el informe del CERE reseña a más de 700 víctimas durante el mismo periodo de tiempo. Una diferencia superior al doble de casos, respecto a los registros de la institución estatal que es una de las principales fuentes de consulta y memoria sobre el conflicto armado.
La realidad es que las cifras de CNMH se quedan cortas para entender las dinámicas del reclutamiento forzado, debido a que, como advierte Tafur, “de todos los casos, sólo tenemos información de la mitad. Sólo de la mitad podemos decir que conocemos datos como quién es el responsable”. Con esta poca información han determinado que 30 víctimas fueron reclutadas por persuasión y 23 por coacción.
Durante la primera etapa objeto de estudio por el CERE (1990-2015), la configuración del reclutamiento se daba por las vías de coacción y persuasión. Además, los casos registrados muestran un recrudecimiento durante la implementación de la Política de Seguridad Democrática, ejecutada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Como se indica en el informe: “El periodo de tiempo con mayor número de víctimas se dio entre el año 2002 y el año 2006, con 200 víctimas”.
Posteriormente, tras la firma del Acuerdo de Paz, la cantidad de víctimas de ese crimen de guerra disminuyó de manera significativa. Sin embargo, la reconfiguración del conflicto armado producto de la desmovilización de las Farc, trajo consigo transformaciones en las prácticas de reclutamiento y uso de menores de edad por parte de grupos armados ilegales.
El informe señala que las disidencias de las Farc, autodenominadas Frente Ismael Ruíz, Columna Móvil Dagoberto Ramos y Frente Comandante Alfonso Cano, son las responsables de los recientes casos de reclutamiento forzado en el sur de Tolima. Además, denuncia que “en lo que va corrido de 2021, se han presentado cuatro casos de reclutamiento en el municipio de Chaparral, todos asociados a la presencia de disidencias de la guerrilla desmovilizada de las FARC en el corregimiento de La Marina”.
Como si fuera poco ese ‘habitual’ perpetrador, los niños y adolescentes tolimenses también son explotados por redes de crimen organizado dedicadas al microtráfico de estupefacientes, minería ilegal y préstamos con interés de usura (conocidos como ‘gota a gota’).
“El microtráfico es la práctica que está más invisibilizada y naturalizada. Normalmente utilizan menores porque la legislación penal es más flexible con ellos ”, menciona Tafur. Esa reconfiguración y ‘diversificación’ ha hecho que los pequeños tolimenses continúen en riesgo dentro de sus propios territorios.
Camilo Mahecha, sociólogo y consultor para temas de prevención de reclutamiento, derechos humanos y construcción de paz, explica que “hay una reflexión alrededor del territorio en la comunidad que también abraza esas preocupaciones de los niños. Hay una vivencia del territorio, desde la perspectiva de los niños, y tienen una mirada bien particular sobre cuáles son sus escenarios de protección”. Por ello, es fundamental reforzar la educación y la prevención en estos espacios.
De acuerdo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, los distintos grupos armados ilegales han intensificado el reclutamiento de menores de edad para fines ilícitos en diversas regiones del país, destacándose el corredor del Pacífico (Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño); Catatumbo, en Norte de Santander; y el Bajo Cauca antioqueño. Una de las características de ese reclutamiento, destacan en esta agencia multilateral, es que involucra a jóvenes que no han tenido contacto con la guerra.
“Una cosa que nosotros hemos percibido a través de la presencia bastante extendida que tenemos en los territorios, es que los grupos ilegales, incluyendo las disidencias, están reclutando, sobre todo, gente nueva”, dice Raúl Rosende, Jefe de Verificación de la Misión de Verificación de la ONU. Y reitera: “La gente que están reclutando forzadamente, en la mayoría de los casos es gente nueva, jóvenes, menores, pero no personas que estuvieron involucradas con las Farc-Ep durante la guerra. Ahí no hay estadísticas definidas, pero es una cosa que vemos a través de nuestra fuerte presencia de campo”.
Para contrarrestar ese fenómeno, se lanzó el 1 de agosto de 2020 el programa Súmate Por Mí, impulsado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Despacho de la Primera Dama de la Nación, y al cual se articulan varias entidades estatales, apoyadas por agencias de cooperación internacional, que pretende prevenir el reclutamiento de NNA en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena y Meta.
De acuerdo con CERE, este programa también se está ejecutando en los municipios tolimenses de Chaparral, Planadas y Rioblanco, a través de la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (ASOPEP).
Esta es una estrategia de prevención y protección que cuenta con un enfoque interinstitucional, pues integra diversas entidades estatales locales, regionales y nacionales, con el fin de adelantar jornadas de concientización y trabajo comunitario. Además, cuenta con un componente psicosocial al entender que este tipo de experiencias puede tener repercusiones en la salud mental.
Para la aplicación del programa en cada región es necesario conocer las condiciones y los problemas de cada una de ellas. En el caso de la subregión del sur de Tolima, la investigación realizada por el CERE señala que la vulnerabilidad socioeconómica es el primer factor de riesgo. Otra de las razones que ha tenido una tendencia de crecimiento es el consumo de sustancias psicoactivas por parte de menores de edad.
Un arma de doble filo
La llegada de la pandemia del Covid-19 y la necesidad de confinar a las familias en sus casas para reducir la velocidad de transmisión del nuevo coronavirus, dejaron en evidencia la falta de conectividad digital en el departamento de Tolima. De acuerdo con cálculos realizados a partir de datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y del DANE, la conectividad del departamento a través de Internet fijo rondaría el 15,1%.
Si bien la Gobernación de Tolima anunció en mayo pasado que que la gran apuesta de la actual administración departamental sería mejorar la conectividad en las zonas rurales para darle continuidad de la educación de niños y adolescentes durante la contingencia de salud pública generada por el Covid-19, la realidad es que poco se ha logrado, lo que sin duda impacta en la vida de los NNA.
Las dificultades de acceso a Internet dificultó se tradujeron, según Tafur, en mayores riesgos para los menores de edad, pues algunos vieron una salida laboral al hacer parte de estructuras criminales: “Las Farc no pagaban. Esta gente, lo que sabemos, es que ofrece un millón de pesos mensuales. Entonces, si tú estás en Maracaibo, en un corregimiento trabajando con tu papá, haciendo el diario y supuestamente estudiando virtual, pero sin señal, ¿cuál es la alternativa que hay para los jóvenes en esa zona rural?”, se pregunta Tafur.
A ello se suma que la conectividad requiere de una enseñanza responsable de las TIC puesto que, a través de ella, se pueden generar nuevos espacios de riesgo y convertirse en un arma de doble filo.
Así lo explica Mahecha: “Tenemos la contradicción de que son unas herramientas que no estamos preparados para utilizar. Entonces en los niños termina en la página de juego o en la página de películas eróticas, y en las niñas, pues termina en el digamos como en la capa más superficial del Internet, como es TikTok”.
El paso a seguir
La falta de claridad de los casos de reclutamiento forzado, la poca visibilización y el ocultamiento de la realidad por parte de las instituciones ha hecho que ese crimen sea un secreto a voces en el sur de Tolima.
“Hay un desinterés por las autoridades civiles del departamento. No hay iniciativas de coordinación interinstitucional y la academia no tiene ningún espacio”, indica el informe al respecto, que plantea doce recomendaciones para las instituciones correspondientes.
Están categorizadas en: territorialización de la política pública, focalización en función del riesgo, identificación de la reconfiguración de la problemática y una instancia de participación comunitaria en la que haya espacio para los NNA.
Dentro de estas, se puede destacar la necesidad educar a la población desde la prevención con un enfoque de Derechos Humanos; la agrupación comunitaria, con fortalecimiento de Juntas de Acción Comunal; la construcción de una agenda que sea independiente al gobierno de turno, por lo que tenga una vigencia mayor a cuatro años. También, reforzar el acompañamiento psicosocial con enfoque territorial y promover la educación y el trabajo comunitario mediante actividades de liderazgo por parte de los NNA.
La necesidad de emitir una alerta en el sur de Tolima acerca del reclutamiento forzado se debe a que “la gente piensa que aquí no pasa nada y es una idea muy dañina”, menciona Tafur acerca de la importancia de investigar este flagelo.
Además Mahecha, resalta la importancia de la atención psicosocial: “El acompañamiento psicosocial permite abrir el diálogo sincero con las familias que hacen parte del proyecto. Entienden de una manera más profunda, más allá del discurso de derechos, más allá de la prevención y de la historia de violencia que, quizás, muchas veces a ellos les puede sonar trillado”.
Los menores en el Tolima están bajo el acecho de grupos armados ilegales y del crimen organizado, mientras las instituciones estatales fallan en su obligación de velar por la plena satisfacción de sus derechos, los cuales cuentan con un amparo especial por el Derecho Internacional Humanitario.
