El allanamiento del parqueadero de Padilla inició una serie de asesinatos y hechos oscuros en la justicia paisa, que aún están sin aclarar en su totalidad.
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| Las autoridades aún investigan la presunta infiltración de paramilitares a la Fiscalía de Medellín. Foto: Archivo Semana. |
En Medellín parece no tener final la cadena de crímenes para silenciar la verdad sobre el narcoparmilitarismo. La persecución a personas de la rama judicial la inició Pablo Escobar Gaviria, en 1986, con el asesinato de Gustavo Zuluaga Serna, el magistrado que lo enjuició por primera vez.
Luego, en 1989 Escobar mandó matar a María Elena Díaz Pérez, la jueza sin rostro que demostró sus nexos con la guerra sucia, y al magistrado Héctor Jiménez. Igual suerte corrió, en 1992, Myriam Rocío Vélez, la fiscal que confirmó la vinculación del capo con el asesinato del director de El Espectador, Guillermo Cano.
Sin embargo, el desmantelamiento del Cartel de Medellín lejos de significar el final del delito lo llevó a mutar hacia una alianza entre nuevos jefes mafiosos, organizados primero bajo la estructura de ‘Los Pepes’, y luego en la denominada ‘Oficina de Envigado’ y las elites locales, funcionarios públicos, políticos y miembros de la Fuerza Pública. Esta alianza hizo posible la impunidad del más cruento proceso de pacificación de la ciudad paisa a través de la banda de sicarios “La Terraza”.
A través de intimidación, desplazamiento forzado y órdenes de ejecución se acalló a los miembros de la rama judicial que evidenciaron la gravedad de lo que sucedía a finales de la década de los 90. El 30 de abril de 1998 ocho funcionarios del CTI, a la cabeza del abogado Gregorio Oviedo, allanaron el parqueadero de Padilla, en el centro de Medellín, donde las autodefensas tenían su centro de operaciones financieras. En el operativo fue capturado Jacinto Alberto Soto Toro, alias ‘Lucas’, quien, a los siete meses, escapó de la cárcel de Bellavista usando una orden de libertad falsa.
A raíz de este hecho, fueron asesinados uno a uno la mayoría de los investigadores del CTI que participaron en el allanamiento. Lo más impactante era que los enemigos de los mismos funcionarios que hicieron este operativo estaban dentro de la misma Fiscalía. En varios de los crímenes estuvieron vinculados funcionarios corruptos del CTI.
A pesar de que la detención de Soto Toro sirvió para que un grupo de fiscales entrenados en finanzas allanara 43 empresas de fachada en Antioquia y 17 en Córdoba y identificara más des 40.000 transacciones comerciales y cientos de documentos con nombres de personas y empresas, la Fiscalía, extrañamente, se demoró eternidades para abrir investigación. (Ver nota)
Hoy en día ni siquiera saben dónde está el expediente de lo que sucedió entonces.
La prueba de que los nefastos nexos entre narcoparamilitares y funcionarios de la Fiscalía de Medellín se encuentra en la captura, en 2008, del ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, por presuntas acciones para favorecer a John Freddy Manco Torres, alias ‘El Indio’, uno de los miembros de la ‘Oficina de Envigado’.
