Jefes y mandos medios de grupos paramilitares afectaron a las a las mujeres a lo largo y ancho del país, sin discriminar si eran menores o mayores de edad. Fue tanto una estrategia de guerra como una muestra de poder que dejó heridas profundas en ellas, muchas de las cuales aún no se recuperan.
El cuerpo de las mujeres es un botín de guerra en los conflictos armados y deja marcas imborrables por el grado de violencia que se ejerce sobre ellas. Así ha quedado demostrado por décadas en diversas regiones del mundo donde han chocado ejércitos regulares e irregulares. Y Colombia, con más de 53 años de confrontación, no es la excepción.
En su afán de conquistar territorios, someter a las comunidades, ejercer presión sobre las poblaciones, atacar a sus adversarios y satisfacer sus deseos, incluso con mujeres de sus propias tropas, tanto guerrilleros como paramilitares y agentes del Estado recurrieron a la violencia sexual.
El drama no es anecdótico y así lo concluyó el entonces magistrado Rubén Darío Pinilla, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en una de sus sentencias: “[…] la violencia y abuso sexual del que son víctimas las mujeres especialmente, pero no únicamente, y en las distintas formas y modalidades que ésta puede asumir, es un fenómeno endémico en Colombia y en particular en el conflicto armado”.
El tema ha cobrado actualidad por cuenta del presidente de la República, Iván Duque, quien en su alocución del pasado 10 de marzo, anunció que presentaría ante el Congreso una reforma constitucional al Acto Legislativo 01 de 2017 que le dio vida al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el cual propondría, entre otros cambios, que los delitos de violencia sexual a menores de edad sean juzgados por la justicia ordinaria. (Leer más en: Objeciones a ley estatutaria, ¿el ‘caballo de Troya’ para reformar la JEP?)
Su idea, y la de aquellos que apoyan esa iniciativa, es que los exjefes de la antigua guerrilla de las Farc, convertida en partido político gracias a los acuerdos firmados el 24 de noviembre de 2016 con el Estado colombiano representado por el presidente Juan Manuel Santos (2010-2014), paguen por esos crímenes por fuera del sistema de justicia transicional, donde se someterían a penas superiores a los 30 años y sin ninguna clase de beneficios.
La medida propuesta es asimétrica si se compara con los beneficios contenidos en la Ley 975 de 2005, conocida como de Justicia y Paz, y que recibieron excomandantes, mandos medios e integrantes rasos de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una estructura paramilitar que combatió a las Farc durante varios años con el apoyo de sectores políticos, económicos, militares y policiales.
Decenas de exparamilitares, postulados, procesados y juzgados en los tribunales que creó la Ley de Justicia y Paz pagaron, en promedio, ocho años de cárcel, tal como fue convenido en los acuerdos que permitieron la desmovilización colectiva, entre los años 2003 y 2006, de las estructuras que pertenecieron a las Auc, y que fueron pactados con el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Su comparecencia ante los tribunales de Justicia y Paz, donde rindieron extensas versiones de sus actividades en razón del conflicto armado, permitió abrir una senda vedada para un amplio sector de los colombianos que estuvo de espaldas a los atroces crímenes que perpetraron los comandos paramilitares en buena parte del país, tanto en sectores urbanos como rurales. Una de esas sendas fue la de la violencia sexual, cuyas víctimas estuvieron silenciada por muchos años ante la intimidación de quienes la ejercieron y sus cómplices en las esferas estatales. (Leer más en: ¿Qué nos dejan 10 años de justicia y paz? y La otra Colombia salvaje)
Una de las sentencias de Justicia y Paz más completas sobre el tema fue proferida el 30 de enero de 2017 por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. Se trata del fallo contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra, William Mosquera Mosquera, Games Lozano Badillo, Carlos Mario Montoya Pamplona y Luis Omar Marín Londoño, exintegrantes del Bloque Pacífico, con ponencia del magistrado Rubén Darío Pinilla.
El togado le dedicó decenas de páginas al análisis de este brutal comportamiento en la guerra y presentando cifras de la Unidad de Víctimas para el periodo 1990-2010, concluyó que “el aumento de los casos de violencia sexual asociados al conflicto armado se produce en el período de expansión y consolidación de los grupos paramilitares en todo el territorio nacional”, que corresponde al periodo 1997-2002.
Abordando lo vivido por las comunidades afro de Chocó, el magistrado ponente de esta sentencia expuso que esa misma dinámica nacional se replicó en ese departamento bajo la presencia y control del Bloque Pacífico, que operó desde marzo de 1996, cuando ingresó el primer grupo a Quibdó, hasta el 23 de agosto de 2005, cuando se desmovilizó. El caso tiene un agravante, que se infringió dolor a las mujeres no sólo por esa condición, sino por ser afros.
Pero más allá de la constatación de la comisión de este atroz crimen a través de las cifras, lo que permitió la aplicación de la Ley de Justicia y Paz fue la apertura de las víctimas a contar sus casos con todo el dolor que les implicó recordar.
Si bien la sentencia contra los exparamilitares del Bloque Pacífico es una de las más detalladas en cuanto a destacar el crimen de violencia sexual en razón del conflicto armado, muchas más decisiones judiciales de Justicia y Paz han abordado el tema y descrito las atrocidades cometidas por aquellos que tomaron el cuerpo de las mujeres como botín de guerra.
VerdadAbierta.com revisó varios fallos en busca de esos dolorosos relatos a través de los cuales se conoció la cara más perversa del paramilitarismo en el país, por cuyos delitos, integrados a otros más, solo pagaron, en promedio, ocho años de cárcel, tal como se estableció en las normas que regularon su desmovilización y regreso a la legalidad. (Leer más en: Los pecados de la guerra paramilitar contra las mujeres)
Hablan mujeres de Chocó
Los siguientes relatos están consignados en la sentencia proferida contra los exintegrantes del Bloque Pacífico, ya reseñada en apartes anteriores, y los señalamientos de las mujeres implican a varios de ellos. En total, se investigaron 31 casos relacionados con violencia sexual. Los testimonios fueron dados bajo reserva. (Leer más en: Los abusos sexuales de los ‘paras’ contra las mujeres en el sur de Chocó)
“D.M.M. fue víctima de asedio desde que tenía 10 años y los paramilitares llegaron al corregimiento Aguacatico del municipio de Medio Baudó e ‘inicio alias el Vaquero a molestarme a decirme que le parara bolas, a enviarme razones’ y como no accedió a su hostigamiento, ‘me cogió a la fuerza y me violó’”.
“E.M.M.U. relata que ‘llegaron 2 hombres… dijeron que iban de parte de su jefe y que él quería que me presentara en su casa, me toco irme… me llevaron a un cuarto donde estaba alias don Mario vestido con una pantaloneta y sin camisa… se me presentó como el jefe de la zona y que necesitaba de mis servicios, que estuviera con él, a lo que yo me rehusé y este se puso como bravo, me cerró la puerta y me dijo que tenía que estar con él’”.
“Y R.I.M.M. describió como llegó ‘un muchacho y me dijo que fuera donde el comandante y yo le dije que no iba a ir por que no tenía nada que hablar con él.. a la media hora llegó con otro muchacho… me dijeron que el jefe había mandado por mí, yo le dije que no y cada uno me cogió del brazo y me llevaron, cuando llegamos allá, el comandante me dijo que yo me las tiraba de muy creída, que de que me las aplicaba, que nunca una mujer lo había despreciado’ y la violó”.
“M.H.M.R. narró que ese día llegaron unos 200 paramilitares que reunieron a todps los pobladores y llamaron a algunos con nombre propio y los retuvieron, ‘luego el comandante Nilson Machado Rentería, alias Capaceño, me dijo que teníamos que hablar aparte y me dijo que me tenía que acostar con él para que no le pasara nada a mi esposo y me cogió a abrazarme y tratar de tirarme al piso y yo como pude me solté’”.
“M.Y.T.S. tenía 13 años cuando fue violada y narró su experiencia así: ‘era de noche más o menos como a las diez… cuando sentí fue que por detrás alguien me tapo la boca… me decía que no gritara que si gritaba me mataba, fue brusco, yo llevaba un vestidito que mi mamá me había comprado y cogió y me lo rompió todo… me golpeaba en la cara con la mano… que yo era una perra que dejara la bulla porque yo lo había provocado a él’”.
Torturas en el Bajo Cauca antioqueño
En la sentencia contra el excomandante paramilitar Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, del Bloque Mineros, fechada el 2 de febrero de 2015 y proferida también por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, con ponencia de la magistrada Consuelo Rincón, se incluyen testimonios de victimarios que detallan la manera cómo esta estructura de las Auc, que operó en el Bajo Cauca antiqueño, apeló a la violencia sexual, en ocasiones en medio de masacres como la de El Aro, en Ituango. (Leer más en: Los crímenes sexuales del Bloque Mineros en Ituango)
“Luis Adrián Palacio Londoño, alias ‘Diomedes’, comentó que ‘La orden era no violar a ninguna mujer, que una vez un hombre, alias ‘Maider’, se encontró con una pelada de 16 o 17 años, le quitó la moto, la violó, le quitó la moto y la descuartizó, nosotros matamos a Maider a principios de 2003. Por medio de la familia que lo denunció nos dimos cuenta que había sido Maider’. Asimismo, dice que pudo haberse sucedido más casos, pero no tenía control sobre los patrulleros”.
“Luis Adrián Palacios Londoño, alias ‘Diomedes’, […] dijo que siempre utilizaban, como forma de tortura, los cables eléctricos puestos en los dedos o en las manos de las víctimas, los que en una oportunidad le fueron puestos a una mujer en los senos, víctima a la cual le habían llamado la atención dos veces acusándola de ‘escandalosa’ y a modo de castigo, a la tercera vez, la llevaron a una finca donde la sometieron durante horas a los cables, hasta que murió”.
“Las mujeres de la región en la cual se asentaba el Bloque Mineros, también eran obligadas a realizar bailes y desnudos forzados; al respecto una declarante del municipio de Tarazá, informó que en las fincas de los comandantes ‘Cuco’, ‘Puma’, ‘Navarrete’ y ‘Picapiedra’, a las jóvenes las sometían a prácticas tales como hacerlas correr desnudas por el predio, para luego ser perseguidas por los hombres y sostener relaciones sexuales con ellas, hacer striptease, a tocamientos libidinosos, consumo de drogas y licor”.
“Al día siguiente cuando mi mamá […] se desplazaba donde una amiga […] que vivía ahí mismo en el pueblo, fue retenida por esta gente armada. Se la llevaron a una casa donde ellos mismos estaban, se la llevaron caminando. Yo me encontraba en la casa cural recogiendo una ropa y desde ahí alcance a mirar lo que le pasaba a mi mamá. Después de esto me fui para mi casa y me di cuenta que mi mamá no había llegado. En horas de la noche llegó un sujeto paramilitar conocido con el alias de ‘Cobra’, él manifestó que iba por orden de ‘Junior’, me sacó de la casa, yo estaba en pijama, porque yo estaba acostada durmiendo, mi familia se dieron (sic) cuenta cuando me sacaron, pero no pudieron hacer nada por temor, este sujeto me llevó hasta el parque. Eso era ya como tarde en la noche. De este ‘Cobra’, lo único que me acuerdo es que era un tipo alto como acuerpado, estaba uniformado, no recuerdo si estaba armado, no recuerdo mayores datos de él por el tiempo que ha pasado. En este desplazamiento cuando llegó al parque, miro a mi mamá que se encontraba al frente de una casa sentada, habían paramilitares al lado de ella, de ahí me llevaron para otra parte con otros paramilitares, no supe cuál sería el sitio, no me dijeron para que lo hacían o que me iba a pasar. Cuando llegue al sitio los hombres me tiraron al piso y me violaron”.
“[…] violaron un poco de mujeres, violaron dos hijas de la abuela, le echaron en la piel un polvo blanco que sacaron de unas caletas para ver si quemaba. Sacaron una crema de una caja, untaban una aguja y con eso le chuzaban en las uñas a la muchacha, a la mamá y al hermanito. Me fui para La Granja, casi pierdo a mi hija porque estaba embarazada, me violaron estando embarazada”.
Ocurrió en Urabá
El tema también fue abordado con detalle en la sentencia contra Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, y ocho hombres bajo su mando, todos ellos del Bloque Elmer Cárdenas (Bec), con operaciones en el Urabá antioqueño, norte de Chocó y sur de Córdoba, así como en Boyacá. El fallo fue proferido el 17 de mayo de 2018 con ponencia del magistrado Juan Guillermo Cárdenas, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. (Leer más en: Los pecados de guerra del Bloque Élmer Cárdenas)
“V.R.C refirió que ‘gracias a Dios no fui violada como sí pasó con muchas mujeres de la región, sino que la mayoría se fueron a Panamá, no mataron mujeres, sino que las cogían a plena luz del día, no me acuerdo bien de sus nombres’”.
“M.E.R.R. relató que en esa época violaron a muchas muchachas, ellos iban entrando y las que le gustaba, así tuvieran marido se las llevaban, las violaban y las soltaban, no las mataban … muchas se fueron a otros sitios”.
“La víctima M.P.B. contó que aparte de su caso de violencia sexual ‘escuché de otras conocidas que tenían el mismo perfil, en cuanto a las características que a alias Serrucho le gustaban (todas las mujeres eramos trozitas (sic) y parecidas en cuanto a que le gustaban quietas de su casa es decir al mando de sus padres), no me acuerdo del nombre de estas chicas’”.
“M.P.B., en entrevista rendida ante funcionarios de policía judicial el veintisiete (27) de febrero de 2014, al pregustársele sobre las relaciones afectivas entre miembros del GAOML con mujeres de la población civil, dio cuenta que ‘también se dio con menores de edad, aquí lo que hacían era comprar la mamá de la menor, si era muy pobre le llevaban mercado’”.
“El hermano de la víctima A.C.C., al preguntársele si conocía el motivo por el cual miembros de la agrupación ilegal violaron a su consanguínea, contestó ‘por hacerle la maldad’”.
C.P.M.U. narró que ‘cuando terminó de violarme, yo le dije desgraciado porque me hiciste eso y me dijo es que usted me gusta mucho, yo tenía doce años de edad’”.
“[La hermana] de una víctima de violencia sexual y homicidio, sobre las motivaciones del hecho criminal perpetrado por hombres del BEC refirió que ‘una vez el mismo Andrés Chimurro me dijo ‘su hermanita es muy creidita y algún día ella me las tiene que pagar‘, yo le dije que porqué, que cual era ese delito y me respondió que’ por que se mantiene en la calle y que en la calle no hacían nada de cosas buenas’, yo pienso que ellas le paraban bolas a otros pero a ellos no y por eso las mataron’”.
“K.J.R.G., reclutada a los 15 años confesó que ‘durante el reclutamiento no me gustaba porque los comandantes especialmente Cheja, nos ponía a hacer más trabajo, nos dañaba las cosas y me decía que fuera la mujer de él o sea que tuviéramos relaciones sexuales y a mí me tocaba acceder para que no me maltratara, yo si me sentía que me estaba violando aunque no utilizaba para tener sexo, yo accedía por miedo, para que no me dañara las cositas personales que tenía allá, o para que no me pusiera más trabajo, estuve varias veces con él’”.
“M.C.G.H. contó que se le privó de la libertad durante catorce días, interregno en el que fue accedida carnalmente por un miembro del grupo criminal. Aseguró que desde el momento en que fue abordada violentamente por los forajidos se le tildó de pertenecer a la subversión. Narró la víctima que en el trayecto ‘me decían esta maldita guerrillera, e insultaban feo… me tuvieron encerrada en un alambre de púa, era como una cárcel con alambre de púa, estaba ahí sola, se acercó ‘platina‘ y conversó conmigo, me dijo que si yo era guerrillera, yo le dije que no, que no sabía que estaba haciendo allá, entonces me dijo que le habían dicho que yo era guerrillera, que un muchacho le había dicho… me dijo eso y yo les dije que no… durante esos catorce días me golpearon una vez, fue ‘Fredy‘, me dio un puñetazo en el brazo, también me violaron, fue a los ocho días que me trasladaron para el barrio el chino, a una escuelita de ahí…me entraron para el salón, me tenían suelta, en la noche fue que entró Carlos, le decía así, me violó, estaban mirando tres compañeros de él, no sé sus nombres… nadie intervino para evitar que me violara”.
En el Magdalena Medio
Con ponencia del magistrado Eduardo Castellanos, de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, fechada el 16 de diciembre de 2014, se dictó sentencia contra Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, y una veintena de sus hombres, quienes hicieron parte de las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (Acpb), con operaciones en zonas del Magdalena Medio antioqueño y santandereano. En el fallo también abordó con detalle lo ocurrido a las mujeres de diversas regiones donde operó esta estructura paramilitar. (Leer máas en: Mujeres violentadas en el Magdalena Medio se atrevieron a hablar)
[F.M.A.O] laboraba como trabajadora sexual en la Vereda Campo Seco del municipio de Cimitarra, Santander. En marzo de 2003, tuvo un inconveniente con una compañera de trabajo que era menor de edad, por lo que en horas de la noche llegaron al sitio varios miembros de las ACPB vestidos de civil, quienes se las llevaron y las condujeron hacia el cementerio, sitio donde fueron amarradas a un árbol y despojadas de sus prendas, luego les lanzaron agua fría. Luego, fueron accedidas sexualmente sin protección alguna, al tiempo que las golpearon en sus rostros por negarse a realizar algunas prácticas sexuales. Después del hecho, las víctimas fueron amenazadas para que no denunciaran lo acaecido a Arnubio Triana Mahecha, alias ‘Botalón’, comandante de la zona. La señora […]fue contagiada con una enfermedad de transmisión sexual (sífilis)”.
“En junio de 2003, horas del mediodía, [L.D.V.S] se trasladaba a pie hacia la Finca El Quitasol, Vereda Tambo Redondo, municipio de El Carmen de Chucuri, Santander, donde residía con su núcleo familiar, cuando fue abordada por un sujeto desconocido vestido con uniforme del ejército, botas pantaneras de caucho color negro, con el rostro cubierto, el cual la agredió sexualmente, situación que le generó un trauma psicológico que la llevó a terminar su relación sentimental con el padre de sus hijos, hechos que nunca denunció por temor a la integridad de sus dos pequeños hijos”.
“En el año 2000, [N.Q.G] de 15 años de edad y habitante de la calle en el municipio de Puerto Boyacá, fue retenida por integrantes de las ACPB y trasladada hacia el sitio conocido como “Transmisores”. Allí, los paramilitares la maltrataron, le introdujeron agujas en los dedos de las manos, la golpearon con una correa, le propinaron descargas eléctricas en una silla acondicionada para ello, al tiempo que le realizaron tocamientos en su cuerpo. Igual, fue obligada a realizar oficios varios como barrer, sembrar pasto y fumigar. Finalmente, el paramilitar alias ‘Leonel’ la abandonó en un caño”.
El 9 de junio de 2005, la menor de nueve años, [A.T.A.V], fue desaparecida por integrantes de las ACPB cuando iba del colegio a su vivienda, ubicada en la zona rural en el municipio de Zapatoca (Santander). La niña fue vista por última vez, a las cuatro de la tarde, en el parque del municipio. Al día siguiente, aproximadamente a las 8:30 horas, en la Vereda Santa Rosa, Finca Buenos Aires, fue hallado su cadáver a unos 300 metros de su vivienda, en una zona boscosa, el cual presentaba signos visibles de agresión sexual. El paramilitar Luis Eduardo Sandoval delató a Hernando Rodríguez Zarate, alias ‘Volunto’, comandante del Frente Ramón Danilo de las ACPB, como responsable de los crímenes, y precisó que, el móvil fue por venganza contra Farid Arzuaga, padre de la menor, quien para la época de los hechos se encontraba privado de la libertad por rebelión, y a quien se le señalaba de ser informante de la guerrilla y responsable de la muerte de unos paramilitares de las ACPB”.
Cifras dramáticas
“La violencia sexual es quizás la violencia más olvidada y silenciada entre los repertorios de violencia empleados por los actores armados”, concluyó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su investigación La guerra inscrita en el cuerpo: Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, divulgado a finales de 2017. (Leer más en: La barbarie de la violencia sexual como arma de guerra)
“Ningún actor armado admite con franqueza haber violado, acosado o prostituido forzadamente a una víctima. Es mucho más fácil confesar el despojo, el desplazamiento forzado e incluso el asesinato, pero sobre la violencia sexual impera un profundo sentido moral que la convierte en un crimen horrendo, que denota, no la inhumanidad de las víctimas, sino la de los victimarios”, se consigna en el informe final.
Al abordar las cifras, estima que del universo de víctimas que tuvo en cuenta 13.810 eran mujeres, 1.235 hombres y de 31 no se tenía información. Al respecto, precisa que, si bien esas cifras pueden ser indicativas de las magnitudes de la violencia sexual, “el aún importante subregistro, la invisibilización de algunas modalidades de violencia sexual, y el porcentaje en el que se desconoce el perpetrador, hace que no sean concluyentes”.
Sobre la autoría, el CNMH indica que los paramilitares son presuntos responsables de 4.837 casos, las guerrillas de 4.722, los grupos armados posdemovilización de 950 y los agentes del Estado de 206. Añade que se desconoce la autoría de 3.973 casos; y que la violación es usada por todos los grupos armados ilegales y legales, mientras que la esclavitud sexual es particularmente usada por grupos paramilitares y guerrillas.
Una de las precisiones más significativas de esta investigación es que la violencia sexual es empleada con una función comunicativa para decir quién manda en el territorio: “El cuerpo ha servido para descifrar entre líneas eso que los actores armados quieren comunicarse unos a otros, a los pobladores y a sus víctimas. En el cuerpo se lee la firma característica de cada uno de los actores armados. Esos cuerpos se debaten entre la borradura y el trauma, porque guardar dichos significados es una experiencia terriblemente dolorosa”.
