Un estudio realizado por Foro Colombia, en asocio con la agencia de cooperación alemana GTZ, revela que en 18 municipios los actores armados -paramilitares, guerrilla, las bandas criminales y narcotraficantes- han infiltrado la política, corrompido las administraciones municipales y están destruyendo el modelo de descentralización en el país.
Para los investigadores los grupos armados han logrado una reconfiguración del Estado, tratando de modificar el régimen político e influir en reglas de juego y políticas públicas, con miras a obtener beneficios para su propio provecho. También han logrado amedrentar una parte de la sociedad que terminó aceptando el modelo autoritario impuesto por los grupos ilegales.
Esta es una de las principales conclusiones que arroja un estudio realizado por Foro Colombia en 18 municipios de Colombia. Los grupos armados no sólo infiltraron la política sino que también sus tentáculos está corrompiendo los entes territoriales.
“Usando las armas y a través de diversas estrategias buscan imponer intereses en la toma de decisiones públicas municipales”, señala Felipe Velásquez quien lideró el equipo investigador. El estudio revela que ha habido un control municipal más allá del electoral, “por un interés económico capturan las rentas y el territorio para beneficiarse económicamente de las administraciones públicas”, agrega Velásquez.
La investigación encontró que los grupos armados han abandonado cualquier planteamiento ideológico en el control de los territorios y han orientado sus estrategia a los “negocios”. En el caso de la guerrilla les permite financiar la guerra, en el de los narcos acceder a protección y en el de los paramilitares la imposición de un régimen casi feudal.
La investigación determinó que el principal objetivo de los grupos armados ilegales al hacer pactos con las autoridades municipales es tener una garantía de seguridad y movilidad dentro de los territorios, de impunidad.
Para este estudio se escogieron 18 municipios de 13 departamentos, y se analizó su comportamiento político, electoral y en algunos ejemplos la orientación de sus planes de inversión en el período 2000 al 2007. Los municipios seleccionados para este estudio fueron Soledad, Atlántico; Bello, San Carlos y Necoclín en Antioquia; Dosquebradas, Risaralda; Magangué, Bolívar; La Dorada, Caldas; Zarzal, Valle del Cauca; El Tambo, Cabrera, Suárez y Sotará en el Cauca; Ocaña, Salazar de las Palmas y Tibú en Norte de Santander; Puerto López, Meta; Ovejas, Sucre y Salento en el Quindío.
Lo más inquietante de esta investigación, es que once de estos municipios, de los que se cree tienen o han tenido influencia o infiltración de grupos armados ilegales como paramilitares, guerrilla, bandas emergentes o narcotraficantes, están por debajo de los promedios nacionales de prestación de servicios públicos (salud, educación, agua potable y saneamiento básico), o no alcanzan coberturas satisfactorias.
En 2007, 13 de los 18 municipios estudiados tenían más del 90 por ciento de su población en niveles 1 y 2 del Sisben.
El control de los grupos armados, en especial el predominio de los paramilitares, ha hecho que cambie el mapa político en varios de los municipios que fueron investigados como fueron los casos de Dosquebradas, Sotará, Puerto López, Necoclí, Magangué, Salento, Soledad, Tibú, Bello, Cabrera, Ocaña y Ovejas. Coincidencialmente estos municipios son del control de partidos de la coalición uribista como Cambio Radical, La U, Alas Equipo Colombia y Colombia Democrática, así como movimientos locales.
Después de entrar a sangre y fuego en varias de estas poblaciones, la estrategia paramilitar fue: eliminar la oposición política, hacer alianzas con políticos locales para así cooptar el poder, financiar campañas y apoyar a candidatos de corporaciones y cargos únicos.
Esto les permitió incidir en el manejo del gasto público y orientar la inversión pública hacia sus intereses.
Entre tanto, en municipios como Cabrera, El Tambo, San Carlos y Sotará, la guerrilla influenció o colocó candidatos de partidos de izquierda. Sin embargo, según el estudio, su relación con la política local cambió. Se orientó más a sabotear y hostigar a los políticos locales como se demostró en las poblaciones de Ovejas, Tibú, Salento y Salazar de las Palmas.
En el estudio se encontraron dos casos particulares:
En Magangué, Bolívar, se evidenció el modelo familiar que impuso Enilce López, ‘la Gata’, quien durante la administración como Alcalde de uno de sus hijos con apoyo del paramilitarismo desplazó a los políticos tradicionales y manejó la alcaldía asignando contratos y puestos a familiares y amigos. López, conocida empresaria del chance en la Costa Caribe, actualmente es procesada por homicidio y aformación de grupos paramilitares. López también intentó permear la política a escala departamental y nacional, financiando campañas.
Otro de los casos estudiados fue el modelo de Puerto López en el Meta. Allí, según el informe, Víctor Carranza ha establecido un sistema feudal en el que no existe oposición política, y él escoge a su antojo a los alcaldes y concejales, además de decidir el rumbo de la administración pública.
En Bello, Antioquia, las bandas y pandillas del narcotráfico se encargan del soporte electoral que les permite tener incidencia en el municipio. Mientras que en La Dorada, Caldas, los narcos han llegado al punto de crear un movimiento político para incidir y tener sus propios candidatos en las elecciones municipales.
Las consecuencias
La instauración de este modelo de cooptación del Estado en estos municipios tiene como consecuencia la supresión de la democracia. Con la oposición disminuida o eliminada, se presentan personalismos y en algunos casos candidatos únicos.
Incluso algunos líderes de izquierda han intentado mimetizarse en los movimientos políticos aceptados por los grupos armados para poder acceder al poder.
En las campañas se evidencia la falta de programas, la escasa participación, clientelismo, inequidad, delitos electorales y vínculos de los candidatos con políticos regionales o nacionales cuestionados.
El estudio también encontró que en los últimos años la visibilización de los grupos armados o narcotraficantes ha menguado, como consecuencia de los escándalos de la para y farcpolítica. Sin embargo, estos escándalos no han impedido que los grupos ilegales sigan interviniendo en la política local, solo que lo hacen de manera menos evidente.
La intervención de los grupos armados ha derivado en el monopolio del poder municipal por una sola fuerza política y al control de la economía por unas pocas manos.
En algunos casos, el 80 por ciento de la contratación pública se hizo por contratación directa y se destinó a ciertas áreas en las que tenían intereses los actores armados. “Es sospechoso cómo en algunos municipios se orientaron las inversiones hacia zonas de influencia de narcos y paramilitares”, señala Velásquez.
De alguna manera esto ha provocado que la participación ciudadana en las administraciones sea mas bien nula. De los 18 municipios 13 tienen consejos de planeación y de estos tan solo cinco funcionan. Lo que le permite a las grupos locales direccionar las inversiones hacia las áreas de interés de los grupos armados.
Según el estudio, el gran daño que genera este modelo es que muchos de estos municipios están retrocediendo en áreas como salud, educación y agua y saneamiento básico, a pesar de que están recibiendo recursos de transferencias o regalías. La mayoría de los habitantes de estas poblaciones no están recibiendo de manera efectiva estos servicios, y en casos como el de Bello la cobertura educativa ha disminuido.
La investigación demuestra que como consecuencia del accionar de los grupos armados y su injerencia en la política se han violado los derechos a la vida, a la libertad, a la autodeterminación y al fuero íntimo de los pobladores de los municipios mencionados. También se les ha vulnerado los derechos políticos como la libertad de asociación y participación política.
Los investigadores encontraron que, frente a este panorama sombrío, la población prefiere guardar silencio por miedo. En el peor de los casos la gente termina por aceptar las reglas políticas de los paras, guerrilla o narcotraficantes bajo una pretendida percepción de seguridad y empleo, lo que produce un afianzamiento de los actores armados en estos territorios.
En lo político los grupos ilegales están imponiendo un modelo que acaba con la descentralización y que genera corrupción. Es un modelo político que, aunque brinda protección es autoritario y restringe las libertades.
