En el Día Nacional de las Víctimas los reclamantes de tierras le piden a las instituciones del Estado mayor integración y celeridad para recuperar los predios que les fueron arrebatados con violencia.
Líderes reclamantes de tierras aseguran que llevan años recaudando papeles para probar que les fueron despojados de sus tierras. Le piden celeridad al gobierno en los procesos de restitución. Foto: VerdadAbierta.com
“Decidimos que ya no volvemos a más reuniones”, dice Daniel Pinilla*, un joven que lucha por la restitución de las 300 hectáreas que los paramilitares le arrebataron a su padre en el municipio de Paz de Ariporo, en Casanare. A las víctimas de este departamento parece que nadie los escucha pues han sido dos veces relegados de los procesos de reclamación. Por un lado, sus casos no llegaron a Justicia y Paz porque las Autodefensas Campesinas del Casanare no se desmovilizaron y por tanto, ningún exparamilitar reconoció los despojos; por otro, la fuerza pública no ha dado su aval de seguridad y sin este la Unidad de Tierras no entra a trabajar en la zona.
Pinilla insiste en que los casanareños están cansados de tanta reunión y de la frase reiterativa de los funcionarios a los que acuden: “Tienen que tener paciencia”. Esa es la que ellos consideran se agota desde hace casi quince años cuando fueron desplazados por Orlando Mesa Melo alias ‘Diego’, un paramilitar del Bloque Centauros que manejaba los dineros de este grupo en el norte del Casanare, quien con fusil en mano les entregó pocos millones por las mejores tierras alrededor del río Ariporo. Las víctimas aseguran que algunas de estas fincas siguen ocupadas por familiares del exparamilitar. (Lea: El despojo silencioso en el Casanare)
En Hato Corozal, el vecino municipio de Paz de Ariporo, la historia fue igual. Gabriel Alberto Abril dice que ya no sabe a qué institución enviar más derechos de petición para que lo escuchen y le devuelvan la hacienda de 700 hectáreas que los paramilitares le arrebataron en 2001. A su esposa primero le hicieron firmar una ‘carta-venta’, un papel informal con el que supuestamente les ‘vendió’ 300 vacas. Más tarde los paramilitares los buscaron en Villavicencio y les dieron el ultimátum para entregar la finca. “Tenemos todos los papeles que prueban ese despojo. Pero a uno le queda la sensación de que el gobierno sólo le interesa mostrar resultados, restituyendo muchas parcelas pero de poca extensión. Necesitamos que vengan al Casanare”, dice. (Lea: Despojo mediante carta-ventas forzadas)
Según el Registro Único de Víctimas(RUV) en los últimos 15 años el conflicto armado desplazó a 39.887 víctimas en este departamento, siendo 2001 y 2002, los años en que salieron más personas expulsadas de la región. En ese período hubo una guerra entre dos bandos paramilitares, el Bloque Centauros de las Auc y las Autodefensas Campesinas del Casanare de ‘Martín Llanos’. Las víctimas consideran que durante esa guerra y la posterior predominancia de los Centauros en la zona los paramilitares despojaron muchas tierras.
“Teníamos fe en que con que la Ley de Restitución, nos iban a dar prioridad. Preguntamos y nos dicen que el Ejército todavía no da un informe de que la región es segura”, señala Pinilla. Entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 los pobladores alcanzaron a ilusionarse porque a Yopal llegó el primer juez agrario. “Pensamos que por fin iba a comenzar el proceso. Pero en pocos meses ese juez pidió traslado para Cundinarmarca”, dice Abril.
La larga espera
Si en Casanare la queja de los reclamantes de tierras es porque el Estado no ha virado los esfuerzos de restitución a esta región; en el sur del Cesar es por la actuación de instituciones como el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el cuestionamiento a la Corte Constitucional y la espera de un fallo de los Tribunales de Restitución. En el municipio de La Gloria, 500 familias que fueron desplazadas en 1996 por alias ‘Juancho Prada’ reclaman los baldíos de la antigua hacienda Bellacruz que hoy están cultivados con palma. En febrero de 2015 el Incoder emitió una resolución que dejó sin piso el avance administrativo que habían logrado los campesinos en el reconocimiento de esos baldíos. (Lea: Incoder dilata recuperación de baldíos en La Bellacruz)
“Consideramos que el Estado no tiene instituciones fuertes y tampoco una política que le ayude a resolver los problemas de los campesinos”, dice Fredy Antonio Rodríguez Corrales, representante de la Asociación Colombiana Horizonte (Asocol), que representa a varias de las familias desplazadas de La Bellacruz. Ante la reciente decisión del Incoder, los reclamantes confiaban en las decisiones de la Corte Constitucional. “Imagínese qué hubiera pasado si no se destapa el escándalo de la Corte. Pues uno de los tres magistrados que tenía conocimiento de nuestro proceso era Jorge Pretelt”, advirte Rodríguez. (Lea aquí el Auto 363 de 2014)
En San Alberto, también en el sur del Cesar, las familias reclamantes de las parcelaciones Siete de Agosto, Los Cedros, La Carolina y Tokio no entienden por qué el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena se demora en emitir las primeras sentencias. Una vez entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución, los campesinos denunciaron ante la Unidad de Tierras que habían sido desplazados por los paramilitares a cargo de ‘Juancho Prada’ y que los predios que abandonaron después de las masacres fueron revocados por el antiguo Incora y entregados a otras personas. (Lea: La tensión que ronda la restitución de tierras en San Alberto, Cesar)
“Los casos de Los Cedros y La Carolina ya fueron conocidos por los jueces de Valledupar. Nos llamaron a declarar. Como hay opositores al proceso de restitución los procesos fueron enviados al Tribunal de Cartagena”, dice un líder de estas parcelaciones, quien prefirió reservar su identidad por razones de seguridad. Según el reclamante, una comitiva de campesinos viajó hasta la ciudad amurallada para preguntarles a los magistrados por sus procesos. “Nos reconocieron que el proceso iba lento pero que iban a acelerar, dándole prioridad a los casos donde hubiera madres cabeza de hogar. Eso nos lo dijeron hace cuatro meses”, señala el líder.
Como las tierras son explotadas por empresarios o particulares, las familias de La Bellacruz y de las parcelaciones de San Alberto viven todavía en situación de desplazamiento. Algunos en pueblos cercanos repagando arriendos y otros en casa de familiares. “En el Día de las Víctimas queremos decirle al gobierno y a la justicia que nos escuchen y respondan cuándo volveremos a nuestras tierras y tendremos estabilidad económica. Los campesinos seguimos siendo pobres”, indica Fredy Rodríguez, de Asocol.
En Lomitas, una vereda del municipio de Santander de Quilichao, las reclamaciones de la comunidad están relacionadas con la posibilidad de acceder a tierras y sobre todo, de que los apoyen con un proyecto productivo. En el año 2000 los paramilitares del Bloque Calima de las Auc instalaron una base y terminaron desplazando a gran parte de los pobladores. La mayoría no tenía títulos de propiedad y por miedo, otros vendieron a bajos precios. (Lea: Lomitas, Cauca, quiere salir del abismo)
“La Unidad de Tierras ya documentó los casos y el Juzgado de Tierras de Popayán ya emitió varios fallos. Pero estos cobijan a una minoría de la población”, dice Édgar Quintero, un campesino de Lomitas, quien explica que por lo menos 2 mil campesinos de la vereda esperan que el gobierno les titule una porción de tierra. “Estamos dispuestos a realizar un proyecto asociativo. Acá las tierras fueron despojadas por la violencia pero también concentradas por la caña de azúcar. En una finca donde antes trabajaban veinte personas; ahora lo hacen sólo dos. A uno le da tristeza ver que los muchachos quieren cultivar el campo pero no tienen dónde”, afirma Quintero.
Montería fue el piloto de las primeras restituciones en las antiguas haciendas que los hermanos Carlos y Vicente Castaño, jefes paramilitares, despojaron a sus iniciales dueños para entregárselas a nuevas familias que luego también despojaron (Lea: Los Castaño donaron tierra usurpada y luego usurparon la tierra donada). La Unidad de Tierras documentó las reclamaciones sobre la antigua hacienda Santa Paula, fraccionada en varias fincas, y presentó las demandas que fueron falladas por jueces en favor de los campesinos. (Lea: Los retoños en la Santa Paula, Córdoba)
Hace un año, en abril de 2014, el gobierno anunció que una gran parte de las familias reclamantes lograron retornar y el Banco Agrario se comprometió a que en junio de ese año estarían las primeras 23 viviendas construidas. Un año después, según las familias, ninguna de las casas está terminada y les prometieron que la inauguración será durante la primera semana de abril de 2015. “Aquí ya restituyeron a 140 familias. Retornamos pero no hay dónde vivir. El asunto es que las instituciones no están cumpliendo con las órdenes que estipularon los jueces en las sentencias”, dice Mario Cuitiva Mestra, líder de las reclamaciones en Santa Paula.
Según los campesinos, algunas familias improvisaron cambuches para permanecer en su parcela a la espera de la vivienda. “Nos restituyeron el bien pero no se han implementado ni las casas, ni la seguridad ni servicios públicos como el acceso a agua. Cuando les preguntamos a las instituciones por el cumplimiento de los fallos, nos dicen que los programas se ejecutan cuando la gente viva en los predios. Pero dígame, ¿cómo hace la gente si todavía no tiene la casa?”, explica Cuitiva.
En el Magdalena Medio, los campesinos de El Garzal y Las Pavas, en el sur de Bolívar, y de El Guayabo, en Puerto Wilches, reclaman tierras que el mismo Estado determinó que debían ser extinguidos o que eran baldíos de la Nación. Pero al igual que en el caso del sur del Cesar, el Incoder no ha tomado de forma reciente decisiones en favor de estas comunidades, que a su vez se enfrentan judicialmente a opositores que se declararon víctimas ante el proceso de restitución. (Lea: “Quieren expulsar a los campesinos del Magdalena Medio”: víctimas)
Así es que reclamantes de tierras en diferentes regiones del país coinciden en que falta una verdadera voluntad de las instituciones del Estado y de la justicia para cumplir con las promesas de la Ley de Víctimas. “Cuando a uno le quitan la tierra, le quitan todo. Le quitan los sueños”, concluye Gabriel Alberto Abril, quien lleva años recaudando papeles y repitiendo la historia de cómo lo despojaron.
“Este es un desafío institucional”: Unidad de Restitución de Tierras
Otras las exigencias de las víctimas de abandono y despojo es que las instituciones cumplan con las órdenes impartidas por los jueces relacionadas con el acceso a la vivienda, garantías de seguridad, acceso a la educación y salud. Foto: archivo.
El martes 7 de abril de 2015 la Unidad de Tierras publicó el balance de la política de restitución bajo el título La restitución de tierras en Colombia: del sueño a la realidad. El documento no señala en ningún aparte las cifras nacionales sobre solicitudes de reclamantes, número demandas ni fallos sino que se concentró en contar cómo funciona la restitución y cómo este proceso se implementa en 17 departamentos, donde la Unidad tiene presencia con 23 oficinas. (Lea el informe completo aquí)
Frente a las críticas de lentitud en los procesos, la Unidad argumenta que se han enfrentado a un “desafío institucional” dada la desactualización de la información catastral, la informalidad en la tenencia de la tierra, el abandono del sector rural, las deficiencias en la actualización de bases de datos y la persistencia del conflicto en varias regiones del país. “En ese contexto identificar con certeza el predio solicitado dista tremendamente de una simple consulta en una base datos y se convierte en una labor titánica, cuasi arqueológica, en que se hace necesaria la reconstrucción del pasado geográfico en las zonas para la implementación de la política”, indica el documento.
Durante la presentación del informe fue el presidente Juan Manuel Santos quien señaló las cifras sobre restitución. Según el mandatario, en los tres años de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras la Unidad ha presentado 7.800 reclamaciones ante los jueces agrarios, quienes a su vez han fallado sobre 2 mil casos. Estas decisiones les han devuelto 100 mil hectáreas a víctimas del conflicto armado. Santos aseguró que a la fecha hay 70 mil solicitudes de restitución, de las cuales 26 mil ya tramita la Unidad.
*Nombre cambiado por razones de seguridad
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