Si bien los informes de la Defensoría del Pueblo y de Indepaz reflejan amplias diferencias sobre la presencia de estos grupos armados en el país, coinciden en la amenaza que representa su accionar violento que está provocando una grave crisis humanitaria en diversas regiones.
Este tipo de panfletos han sido distribuidos en la zona del Pacífico colombiano. Foto: DPLas denominadas bandas criminales, estructuras surgidas luego del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), se han convertido en una amenaza tan seria para la ciudadanía, tanto rural como urbana, que su accionar violento tiene sumida en completa zozobra a comunidades de por lo menos 28 departamentos del país.
Así lo acaban de advertir tanto la Defensoría del Pueblo como la organización no gubernamental Indepaz, cuyos recientes informes coinciden en afirmar que, contrario al discurso oficial que señala un debilitamiento de estas estructuras en el territorio nacional, pobladores de más 200 municipios del país se encuentran en máximo riesgode vulneración de sus derechos humanos debido a la cruenta confrontación armada por el control de rentas ilegales, ya sea entre integrantes de una misma organización, distintas facciones o, más preocupante aún, de éstas con bloques o frentes de las guerrillas de las Farc o el Eln.
De acuerdo con ambas instituciones, la grave situación se puede constatar con mayor claridad en los departamentos del suroccidente del país. Indepaz, por ejemplo, consignó en su IX Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en el país, que en el año 2013 se registró actividad de estas organizaciones criminales en 90 municipios de esta región colombiana: 34 localidades del Valle del Cauca, 27 en Chocó y 29 en Nariño.
Por su parte, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió el pasado mes de octubre el Informe de Riesgo N. 030-14, a través del cual les solicita a autoridades civiles, militares y de policía, proteger la vida y la integridad de los más de 15 mil habitantes del municipio de Barbacoas, Nariño.
En esa población, el pasado 25 de octubre, Mabel Cabezas, madre de seis hijos, todos menores de edad, fue asesinada delante de sus pequeños; dos días después, un joven de 18 años fue abaleado. Los hechos fueron atribuidos a miembros de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, conocidos también como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’.
Para los analistas del SAT, la presencia de los “gaitanistas” en sectores aledaños a los ríos Patía, Magüí y Telembí, lugares donde también se registra una fuerte presencia de las guerrillas de las Farc y el Eln, dan lugar a considerar que existe una alta probabilidad de que se presenten amenazas de muerte, agresiones físicas, torturas, homicidios, extorsiones, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, agresiones sexuales contra las mujeres y confinamiento de comunidades, entre otros.
Las estadísticas de la Gobernación de Nariño recogidas por la entidad estatal muestran también que durante 2013 se documentaron ocho homicidios en Barbacoas, mientras que en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 9 de octubre del presente año la cifra prácticamente se triplicó, al presentarse 24 asesinatos, cifra que podría aumentar en lo que queda del año si los ‘gaitanistas’ continúan con sus planes de expansión y consolidación no solo en este poblado a orillas del pacífico nariñense, sino en todo el suroccidente colombiano.
Precisamente, semanas atrás VerdadAbierta.com publicó un conjunto de artículos en los que retrató la situación que se vive actualmente en la ciudad de Cali y en la región del Baudó, departamento del Chocó, escenarios de una guerra silenciosa pero mortal que tiene como principal protagonista a los “gaitanistas”. (Ver: Cali, bajo fuegos cruzados y La mala hora del Baudó)
Mientras en la capital vallecaucana se habla con insistencia de una pugna interna; en el Baudó chocoano se logró documentar cómo la confrontación armada entre “gaitanistas” y el Frente Cimarrón del Eln ha generado una profunda crisis humanitaria que aqueja, con fuerza, a comunidades afro e indígenas.
Tal como lo reseñó la Defensoría en un reciente informe: “en el departamento del Chocó, en el primer semestre de 2014, solo por desplazamientos masivos resultaron afectadas 3.311 personas, principalmente indígenas Emberá, por cuenta de las hostilidades sostenidas entre la guerrilla del Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en el Alto Baudó, mientras que otras 1.900 familias quedaron confinadas desde que iniciaron estas confrontaciones. Asimismo, se tiene conocimiento del confinamiento de 1.648 pobladores del resguardo Emberá del río Purricha, en el municipio de Bajo Baudó”.
El resto del país
Para esta agencia del Ministerio Público, la magnitud del problema es tal que recientemente envío sendas cartas al comandante del Ejército Nacional, mayor General Jaime Alfonso Lasprilla; al director de la Policía Nacional, mayor General Rodolfo Palomino; al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, advirtiéndoles de la situación que en gran parte del país.
La Defensoría tiene registros de presencia o actividad de las llamadas bandas criminales en 168 municipios de 28 departamentos del país. En el trasfondo de su accionar violento se encuentra la disputa por el control de rentas derivadas de actividades económicas ilícitas, principalmente del narcotráfico, seguido por la minería ilegal, el contrabando, la extorsión y el microtráfico.
Esta entidad destacó que de acuerdo a los diagnósticos elaborados por el SAT, las bandas criminales “han incursionado con preocupante vigor en temas como la explotación sexual infantil y la trata de personas”.
Al respecto, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, aseveró que regiones como toda la zona Pacífica, el Cauca, el Valle y Antioquia, “se ha incrementado la explotación sexual de los menores”.
Los grupos que vienen generando temor y zozobra entre la población son ‘Los Rastrojos’, ‘Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, ‘Los Paisas’, ‘Las Águilas Negras, ‘La Oficina de Envigado’, ‘El Bloque Meta’, ‘Bloque Libertadores del Vichada’ y ‘La Empresa’, grupo ilegal que surgió en el municipio de Buenaventura, Valle del Cauca, a finales del año 2012.
Las alertas de la Defensoría del Pueblo llaman la atención, además de las afectaciones a la movilidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pobladores, sobre ciertos modus operandi identificados en algunas de estas estructuras criminales que recuerdan los peores años del dominio paramilitar.
“En las zonas rurales de los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, Vichada y Guaviare estos grupos ilegales realizan patrullajes y acciones violentas portando uniformes y armamento de corto y largo alcance y en las áreas urbanas actúan en pequeños grupos, vestidos de civil y se movilizan en motos o camionetas sin identificar”, señaló la agencia estatal en una de las misivas enviadas al Alto Mando militar.
¿Qué dice Indepaz?
Lo documentado por la Defensoría no dista mucho de lo consignado por esta organización no gubernamental en su último informe. Si bien registró presencia o actividad de estas estructuras criminales en 409 municipios de 30 departamentos, coincide con la agencia estatal en cuanto a los principales grupos señalados como los máximos responsables de perturbar el orden y la seguridad en los territorios: ‘Urabeños’, ‘Rastrojos’ y ‘Águilas Negras’.
“Al hacer un balance de los departamentos con mayor impacto de estos grupos, hay una consolidación en Antioquia, Córdoba, Chocó, Cesar, Sucre, Nariño y Valle. Además, la alerta está dirigida hacia el Eje Cafetero, Chocó y Norte del Valle, en donde se está llevando a cabo el enfrentamiento entre ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’”, reseñó Indepaz.
En su análisis, hizo referencia al famoso “reparto de territorio” que se dio entre estas dos estructuras criminales, lo que dio origen a una dinámica de cooptación de pequeñas redes criminales, bien por la vía violenta, bien por la vía del padrinazgo: “Así, ‘Urabeños’ reforzaron la capacidad de incidencia de ‘Renacer’ en Chocó y los ‘Machos’ en Valle del Cauca. Mientras que ‘Rastrojos’ hacen lo propio con ‘La Cordillera’ en el Eje Cafetero y la ‘Empresa’ en el Valle”.
El informe llama la atención sobre las posibles contradicciones en el “victorioso discurso oficial” que viene anunciando el fin de las llamadas ‘bacrim’. Así, mientras el entonces comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, señalaba en 2013 que estos grupos contaban, a lo sumo, con 2.500 integrantes, en octubre pasado el propio presidente Juan Manuel Santos declaró que estas estructuras tenían por lo menos 3.500 integrantes.
Más allá de estos desfases, incluso si el número de municipios afectados es mayor o menor, lo cierto es que las bandas criminales constituyen una amenaza real para miles de comunidades a lo largo y ancho del territorio, para quienes el debate político y académico de si son extensión del paramilitarismo o nueva expresión criminal poco o nada les dice. Lo único que piden es que cese este nuevo ciclo de violencia y puedan disfrutar de un día de paz.
