El Estado fue condenado a reparar a las víctimas de la masacre de El Aro y La Granja por las que se condenó a Salvatore Mancuso. Cómo afecta el fallo de la Corte Interamericana a algunos de los protagonistas de esas páginas de dolor que vivió Antioquia entre el 96 y el 97.
 Miles de personas se despazaron después de varias masacres en Ituango. Foto Semana- Jesús Abad Colorado. |
Los muertos fueron 19. El 11 de junio de 1996, los paramilitares torturaron y asesinaron a cinco de ellos en La Granja. Y luego, el 22 de octubre del año siguiente, a los otros 14 en El Aro. Aunque hasta entonces ningún colombiano ubicaba en el mapa a estos corregimientos del municipio de Ituango, Antioquia, el caso tuvo repercusiones internacionales porque nadie pagó un día de cárcel a pesar de que todos sabían que la autoría fue de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá (AUCC).
Esta fue la razón fundamental para que dos ONG denunciaran el múltiple crimen ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo se resolvió el pasado 1 de julio aunque el fallo apenas trascendió este viernes: el Estado deberá responder por las dos masacres, ya que hubo actos de omisión, aquiescencia (tolerancia) y colaboración de la Fuerza Pública con los paramilitares.
Los protagonistas de esa historia, que ocurrió hace ya 10 años, también lo son hoy: Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia de esa época, hoy es Presidente de la República; el general Carlos Alberto Ospina, comandante de la Cuarta Brigada con sede en el departamento, hoy es comandante general de las Fuerzas Militares; y Salvatore Mancuso, comandante de las AUC, hoy es vocero de su organización ya desmovilizada.
Aunque el fallo es reciente y las interpretaciones de analistas son diversas, ya se comienzan a hacer las proyecciones de cómo hará el Estado para que, en un año repare a las víctimas, no sólo a los familiares de los muertos, sino también a 712 desplazados y 17 arrieros obligados a arriar ganado varios días. Este hecho es trascendental ya que es la primera vez que un organismo internacional falla sobre desplazamiento, esclavitud y servidumbre.
“Es la primera vez que la Corte Interamericana se pronuncia sobre desplazamiento forzado y eso es muy importante. Además, aunque el fallo no cobija a los familiares de Jesús María Valle, quien advirtió en múltiples oportunidades la ocurrencia inminente de estas masacres y que fue asesinado en 1998, finalmente le da la razón”, resalta Carlos Rodríguez, directivo de la Comisión de Juristas.
“El sufrimiento, los daños, los perjuicios y las pérdidas a causa de las masacres deben ser pagados”, dice el Tribunal. La indemnización económica deberá ser entregada al Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos ya la Comisión Colombiana de Juristas, las ONG que denunciaron el caso y que deberán administrar el dinero. El resto (como el reconocimiento público de la responsabilidad y placas conmemorativas) correrá por cuenta de diferentes organismos del Estado.
SEMANA.COM hace un recuento de los protagonistas de esta historias y explica qué tienen que ver hoy con el fallo de la Corte.
Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia 94- 97, actual Presidente de la República
En noviembre del 96 y en calidad de gobernador, recibió una carta de Jesús María Valle, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, quien le advertía que en El Aro se avecinaba una masacre.
“Alguna vez Uribe dijo que Valle era enemigo de las fuerzas armadas, luego de que el Ejército lo acusara de calumnia por haber denunciado nexos de los militares con las autodefensas”, dice María Victoria Fallón, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.
El fallo de la Corte Interamericana no afecta a Uribe personalmente ni en calidad de Presidente de la República, pero como jefe de gobierno es el responsable directo de que la sentencia se cumpla en su totalidad. Las autoridades competentes deberán reanudar las investigaciones para que todos los responsables directos sean castigados, y eso es lo que el Presidente debe hacer cumplir.
El viernes mismo, la Casa de Nariño emitió un comunicado en el que afirmó que acata el fallo de la Corte Interamericana.
General Carlos Alberto Ospina, comandante de la Cuarta Brigada en Antioquia, actual comandante de las Fuerzas Militares
El fallo de la Corte fue claro con los militares que estaban asentados en Ituango cuando sucedieron los hechos: “está comprobado que agentes estatales tenían pleno conocimiento de las actividades de terror realizadas por estos grupos paramilitares. Efectivamente, la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en la total indefensión de éstos. Dicha colaboración entre paramilitares y agentes del Estado resultó en la muerte violenta de diecinuevepobladores de La Granja y El Aro”, dice la sentencia.
En este caso, al general Ospina le cabe la responsabilidad política de lo hechos ya que, por ejemplo, el Batallón Girardot, comandado por un oficial que debía responderle al jefe de la Brigada, cometió un delito por omisión y acción.
“En el presente caso ha quedado demostrado la participación y aquiescencia de miembros del Ejército colombiano en la incursión paramilitar en El Aro y en la determinación de un toque de queda con el fin de facilitar la apropiación del ganado. Así mismo, se ha comprobado que agentes del Estado recibieron ganado sustraído de manos de los arrieros”, señala la Corte.
Salvatore Mancuso, comandante de las AUC, hoy desmovilizado
Este caso ha sido el más polémico. Mancuso es el actual vocero de los comandantes paramilitares desmovilizados y podría ser cobijado con los beneficios de la Ley de Justicia y Paz que le otorgan una pena alternativa de máximo ocho años de cárcel (por la masacre del Aro Mancuso fue condenado a 40 años). Sin embargo, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que “son inaceptables las disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.
Sobre el caso, el ex magistrado José Gregorio Hernández cree que la poca claridad del fallo de la Corte Constitucional sobre Justicia y Paz puede ser un boquete a malentendidos. “La Corte Interamericana reitera que ninguna ley ni disposición de derecho internopuede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Por eso la obligación del Estado es investigar y sancionar a los responsables, evitar la impunidad y garantizar que estos hechos no volverán a repetirse”, agrega.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, a diferencia de Hernández, cree que se pueden matar dos pájaros de un tiro: “hay un fallo de un organismo internacional que está exigiendo que se haga justicia, que se establezca la verdad y que se logre la reparación adecuada. Y yo creo que la ley de Justicia y Paz también busca esas tres cosas”.
Jesús María Valle, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Antioquia
Este abogado antioqueño y líder cívico dedicado a la defensa de los derechos humanos denunció en 1996 y 1997 violaciones a los derechos humanos cometidas por paramilitares con colaboración de miembros del Ejército en el municipio de Ituango.
Entre marzo del 95 y junio del 96 circuló una acusación en el sentido de que el Ejército había preparado una lista con un centenar de civiles (incluyendo el nombre de Valle) que le entregó a la comisión de ejecuciones selectivas de las AUC. El 27 de febrero de 1998 dos hombres asesinaron a Valle en su oficina.
Por este caso, la Fiscalía abrió investigación contra nueve personas (entre ellas el desaparecido jefe paramilitar, Carlos Castaño), pero incluso los autores materiales del crimen fueron absueltos por los hechos. Nadie pagó por su crimen.
