Esta población afectada por la confrontación armada tiene un mayor grado de vulnerabilidad. A pesar de estar incluidos en el enfoque diferencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, continúan al margen de la atención pública, pero ahora luchan porque sea reconocida su capacidad de ser productivos, líderes y orientadores en las comunidades afectadas por el conflicto.
Tras 16 años Blanca Nubia Díaz no descansa en busca de justicia por el caso de su hija Irina, y por eso cada día utiliza una prenda alusiva a ella. Foto: Federico Gutiérrez García.
“La verdad es que uno debe perder el miedo y seguir avanzando y seguir adelante porque si uno se pone con miedo nunca va a lograr conseguir nada”, dice Blanca Nubia Díaz, una mujer mayor de 70 años, perteneciente a la etnia Wayúu y quien desde el 2001 está luchando para que se esclarezca la verdad sobre la violación y asesinato de su hija Irina, de 15 años, a manos de paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el corregimiento Cuestecitas, de Riohacha, en La Guajira.
La última vez que Blanca Nubia vio a su hija, se dirigía a una zona aledaña de Maicao a vender mercancía fabricada por las comunidades indígenas para obtener recursos con el fin de conmemorar un año del asesinato de su padre a manos de paramilitares. Al poco tiempo se enteró, por medio de una amiga, que habían encontrado muertas a seis jóvenes, entre ellas una joven con rasgos indígenas de tez blanca, desde entonces supo que era Irina.
La historia de Blanca Nubia es una más de las casi 700 mil de personas mayores que han sido víctimas del conflicto armado, según un estimativo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Como a ella, les tocó afrontar la vejez en condiciones de desplazamiento forzado, amenazas y pobreza.
En Colombia, la población de personas mayores es de alta vulnerabilidad. Así lo constató un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia: el 47 por ciento de las personas mayores no superaría la línea de pobreza, pues solo un 25 por ciento de esta población cuenta con un acceso a pensión, y menos de la mitad devengan salarios superiores al mínimo.
Se calcula que son cinco millones las personas mayores de 60 años y, de acuerdo con estimaciones de la Misión Colombia Envejece, para el 2050 esta población aumentará a 14 millones, de los cuales tres millones tendrán más de 80 años. Lo anterior revela que a medida que la esperanza de vida -que ronda los 74 años en el país- va en aumento, las políticas para tratar efectivamente a esta población cobran aún más relevancia.
“La mayor aspiración de una persona es morir en una tranquilidad normal, pero llegar a una edad de 60 años en un país que todavía está en guerra y en una situación permanente de inseguridad es una situación sumamente difícil. Un campesino viejo en Colombia está en más condición de vulnerabilidad que un viejo en la ciudad”, afirma Héctor Tabares, coordinador de la Corporación Asuntos Mayores (Coasuma), institución que trata de visibilizar la vejez activa como factor que contribuya a la construcción de paz.
Esta situación de vulnerabilidad es también reforzada por el imaginario colectivo que hay en la sociedad colombiana sobre la vejez como una etapa de inutilidad, lo que para María Tila Uribe, periodista y experta en los temas sobre vejez, se enmarca en el modelo económico que nos rodea: “la filosofía del neoliberalismo, sistema en el cual vivimos, dice que lo que no sirve, sobra; entonces, si se piensa que por edad una persona no sirve, ¿en qué quedamos las personas mayores y las generaciones que vienen?”, se pregunta Uribe, en diálogo con este portal.
Un caso, cientos de ejemplos
La condición de vulnerabilidad de una persona de mayor víctima del conflicto armado en el campo es mayor que la de una persona en la ciudad, debido a la falta de recursos y al acceso a los mecanismos de reparación. Foto: archivo Semana. El caso de Blanca Nubia ejemplifica los obstáculos que debe afrontar una persona mayor víctima en el país. Tras el asesinato de su hija, pasaron tres largos meses para que pudiera encontrar su cuerpo, que permanecía enterrado como NN en el cementerio central de Riohacha. Luego de ello, decidida a esclarecer los hechos, acudió al juzgado, donde se enteró que se había perdido el expediente del caso.
Aun así, persistió en encontrar la verdad y con documentos en mano quiso buscar justicia, lo que le generó amenazas por parte del Bloque Norte de las Auc. Debido a ello, Blanca Nubia decidió viajar a Bogotá por seguridad y porque allí creía que iba a encontrar mejores posibilidades para esclarecer lo ocurrido. Sólo hasta el 2010 pudo recuperar el cadáver de su hija y enterrarlo de acuerdo con el ritual Wayúu.
“Llegar a Bogotá, una ciudad donde la alimentación es distinta, donde la discriminación existe, donde lo critican y lo humillan a uno… eso es duro, pero afronté todo eso, a pesar de ese cambio tan fuerte. Pasé hambre… porque pasé hambre, no lo niego, a veces tomábamos aguapanela con pan, a veces almorzábamos arroz, y comíamos arroz con mayonesa”, asegura Blanca Nubia.
Estos obstáculos son similares a los que han padecido las casi 700 mil personas mayores víctimas que, como lo indica Marlon Acuña, integrante del equipo de Enfoque Diferencial de personas mayores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), les cuesta acceder a los mecanismos de reparación, en parte por su edad y porque requieren de estrategias en clave diferencial para garantizar su atención integral.
“Dentro del grupo de sectores vulnerables las personas mayores son las que más invisibilizadas han estado, y eso en el marco del conflicto cobra una particularidad muy importante de resaltar”, explica Acuña. “Y han estado invisibilizadas por muchas razones: quizás por las pocas oportunidades de articularse con los programas políticos o sistemas para la denuncia pues no son asequibles por sus condiciones particulares de marginalidad; porque tampoco cuentan con los recursos suficientes; y porque la mayoría están en territorios rurales, por lo que no pueden acceder de la manera más efectiva y adecuada a esa ayuda que se les presta”.
La importancia reparadora hacía este tipo de víctimas va más allá de atender la vulnerabilidad en la que se encuentran, pues las personas mayores son receptoras valiosas de la memoria y su experiencia puede ayudar a construir la cronología del conflicto armado. Si se tiene en cuenta que la memoria es la que desnuda al violento, esta población es un recurso enriquecedor para las políticas de no repetición.
La población mayor es una de las más vulnerables del país, pues casi la mitad no superan la línea de pobreza, y el 70% no tiene independencia económica. Foto: León Darío Peláez Semana. Por esta razón en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), se habla de un enfoque diferencial que incluye a las personas mayores; es una población que tiene unas características especiales y por ese motivo “deberán adoptarse criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de cada uno de estos grupos poblacionales”, señala el artículo 13, pero aún no se logra una atención eficiente.
Además, durante las negociaciones de paz en La Habana, si bien hubo una interlocución con varias delegaciones de víctimas de todo tipo, no hubo una representación exclusiva de las personas mayores, lo que deja en vilo su papel en la implementación de lo acordado con las Farc. (Leer más en: Víctimas en La Habana: los que fueron y los que faltaron)
Pese a las dificultades, Tabares destaca que de esta población también han surgido líderes de procesos sociales: “tienen (los adultos mayores) una capacidad de resiliencia muy grande, esa es otra de las grandes cualidades. Una persona joven cuando tiene que abandonar la región y la situación es más grande, la desesperanza pareciera como que el futuro se le cerrara, en cambio un mayor que ha tenido muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida, y casi que a nivel personal, sabe afrontar mejor las situaciones adversas”.
Blanca Nubia es ejemplo de ello. A pesar de que la violencia insiste en tocar sus puertas -en el 2014 su otra hija fue violada y desplazada forzosamente a la ciudad de Bogotá- no ha descansado por esclarecer la muerte de Irina y se ha convertido en una lideresa. Ella Hace parte de la Asociación de Mujeres Indígenas, Negras, Campesinas, de Colombia (Anmucic) y del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Asimismo, trabaja constantemente con la iniciativa del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de Bogotá, que busca acompañar y visibilizar a las víctimas del conflicto armado a través de un programa denominado El Costurero de la Memoria.
“Ver a los jóvenes es como ver a mi hija. Yo me quedo a veces en las universidades mirando a ver si están comiendo, y dirán ‘esa señora tendrá hambre’, pero no, es verlos cómo se aprietan, cómo se miran, ay mi hija… ese es el reflejo de mi hija, verlos ahí tirados en el suelo, viéndolos comer, viéndolos hablar, darse palmadas, yo me quedo como una boba mirándolos, pero es asimilando todo lo que vi cuando vi a mi hija”, acentúa Blanca Nubia.
Se abre una esperanza en la JEP
Actualmente la Corporación Jurídica Yira Castro es la apoderada del caso del asesinato de Irina, que se encuentra todavía en fase de investigación en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía en Bogotá, después de que la Corte Constitucional, a través de los autos 092 de 2008 y 009 de 2017, ordenara el traslado del caso de la joven, junto a otros 634, al ente investigador. Sin embargo, el proceso no avanza. Los cuerpos de las otras cinco víctimas que acompañaban a Irina nunca aparecieron porque, según Blanca Nubia, sus madres y familiares no reclamaron ante los entes judiciales por miedo a las represalias que podrían sufrir.
Con la implementación de lo acordado en La Habana, particularmente con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que está en proceso de constitución y es motivo de intensos debates en el Congreso de la República para su aprobación, se abre una puerta para el esclarecimiento de cientos de casos de violencia como el de Irina. (Leer más en: El abecé de la Jurisdicción Especial para la Paz)
No obstante, Blanca Nubia se muestra escéptica ante esta situación pues ella asegura que la verdad del caso de su hija se encuentra en manos del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez, conocido popularmente como ‘Kiko’ Gómez, recientemente condenado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir por hechos ocurridos en el municipio de Barrancas.
“Él tiene que saber sobre el caso de mi hija porque cuando eso él era el alcalde de Barrancas y los que mataron a mi hija eran paramilitares que eran comandados por él. Ellos nunca dicen la verdad, ellos no quieren aportar a la justicia, porque eso no les conviene, estar diciendo las cosas. De pronto dirán de algunos, pero no de todos, yo no creo. En Colombia no hay verdad, no hay justicia, ni reparación con garantías de no repetición, no las hay, solamente impunidad”, enfatiza Blanca Nubia.
Quieren sobresalir
Gran parte de la población mayor víctima del conflicto armado ha demostrado gran capacidad para superar el dolor, e inclusive devenir en líderes y lideresas de procesos sociales, como Blanca Nubia quien participa activamente en el Costurero de la Memoria, y es parte de Movice, y Anmucic. Foto: Carlos Julio Martínez Semana.Si bien hasta el momento no ha sido escuchada la voz de los adultos mayores como víctimas del conflicto armado en desarrollo de los acuerdos con las Farc, se han organizado diferentes iniciativas, como la de Voces Mayores, promovida por el CNMH, con el fin de generar una mayor interlocución para entender a cabalidad las necesidades de esta población.
De esta iniciativa salió la proclama “¡Los adultos mayores decimos basta ya!”, que impulsa, según Acuña, “un ejercicio de análisis de todas las cosas que podrían servir para la atención integral de derechos de las personas mayores, la pensión universal vitalicia, las condiciones socioeconómicas en nuestros territorios, en clave de paz sobre todo”.
Algunas de las propuestas de esta proclama van desde la creación de un Instituto Colombiano de Personas Mayores hasta la conformación de “embajadores” de la memoria histórica en cada región del país. “Creemos que ya es tiempo de reconocer que las personas mayores tenemos la capacidad de ser productivas, de ser líderes y orientadoras en las comunidades afectadas por el conflicto”, reza la proclama. (Ver Proclama).
De igual manera son varios sectores sociales los que aseguran que aún queda un espacio para que la voz de la tercera edad sea escuchada como víctimas del conflicto armado. “Si en los diálogos de La Habana no hubo una representación de personas mayores, no es tarde, está el diálogo con el Eln, para que completemos lo que quedó haciendo falta”, dice Uribe.
El 1 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores y durante este mes se realizan diversas actividades para destacarlas. Por este motivo, el CNMH, en asocio con la corporación Coasuma, lanzaron el libro “Ojalá nos alcance la vida”, que recoge 15 relatos y 8 radio-historias de personas mayores víctimas del conflicto armado, entre las cuales se encuentra lo ocurrido a Blanca Nubia. (Descargar libro digital)
El proceso de escritura duró alrededor de dos años, aglutina diferentes historias de vida y es un mecanismo importante para darle voz a esta población tan vulnerada por la guerra. El texto contó con la colaboración de varios periodistas, entre ellos el maestro Javier Darío Restrepo, y de investigadoras y pedagogas como María Tila Uribe.
“Más allá de los hechos victimizantes, se reconocen las resistencias, es darles a las personas mayores un rol protagónico: ellas le han puesto la cara al conflicto, lo han afrontado, no se quedaron en el lugar de la víctima y también ejercieron algunas acciones contra el conflicto”, asegura Acuña.
