Los indígenas y las Farc están en desacuerdo en la forma cómo el gobierno nacional ha formulado esta propuesta, clave en la implementación del punto agrario del Acuerdo Final. Aseguran que el Ministerio de Agricultura no ha querido incorporar sus sugerencias y que está en riesgo el acceso a tierras a comunidades vulnerables.
La consulta previa, consagrada en el Convenio 169 de la OIT, es un derecho que tienen las comunidades étnicas de ser consultadas frente a decisiones que pueden afectarlos. Los indígenas de la Mesa de Concertación aseguran que el Gobierno no ha tenido en cuenta sus preocupaciones frente a la propuesta de Decreto Ley de Tierras. Foto archivo Semana.El Decreto Ley que busca ponerle “dientes” a la prometida Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz sigue en el centro de debate. Mientras el Ministerio de Agricultura asegura que las propuestas están basadas en “consensos”; las Farc y los indígenas advierten todo lo contrario: que el gobierno nacional no ha tenido en cuenta sus sugerencias y que la consulta previa, a la que tienen derecho las comunidades étnicas, se ha realizado a la ‘carrera’ y de forma incompleta.
Los cuestionamientos al Ministerio son realizados por los miembros de las Farc que hacen parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) y por los indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Nacional. La Csivi, integrada por tres miembros del gobierno nacional y tres del grupo insurgente, es la instancia que revisa todas las normas que requiere la implementación de los Acuerdos de Paz antes de ser presentados al Congreso de la República y la Mesa Permanente, creada desde 1996, es el espacio en el que los indígenas pactan con las agencias estatales aquellas decisiones que son susceptibles de afectarlos como pueblos nativos.
El fin de semana pasado tanto los miembros de las Farc del Csivi como los indígenas de la Mesa de Concertación emitieron dos comunicados reiterando sus preocupaciones. “Está en riesgo la oportunidadhistóricade lograr el cierre del ciclo de violencia cuyo origen ha estado en el problema irresuelto de la tenencia de la tierra”, advierte el tercer comunicado de la Csivi Farc-EP. Y en el boletín de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) se lee que “consideramos importante comunicar la difícil situación por la que está pasando el ejercicio de nuestro derecho a la consulta previa ante la evidencia de que el gobierno no está cumpliendo con lo que acordamos”. (Lea comunicado 1 y 2)
Para las comunidades campesinas y étnicas, el proyecto de Decreto Ley busca legalizar la acumulación de baldíos, algo a lo que se han opuesto, pues las tierras de la Nación son necesarias para lograr la Reforma Rural Integral. A las comunidades les preocupa, en ese sentido, que el gobierno nacional se haya concentrando más en formular una propuesta que blinda las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (Zidres) y no en concertar las garantías para facilitar el acceso a tierras a las comunidades vulnerables. (Lea: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral y Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural)
Hace dos semanas precisamente la Contraloría Delegada de Tierras hizo un llamado a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que verificara 33 casos posibles de acumulación de predios baldíos en varias regiones del país (Lea: Contraloría le recordó a la ANT en dónde y quiénes acumularon baldíos).
¿Qué es lo que ha sucedido?
El Gobierno está en mora de recuperar un millón 200 mil hectáreas de baldíos que les fueron usurpados. Estas, las tierras de la Nación, son el insumo para garantizar la reforma agraria, es decir, la entrega de predios a comunidades vulnerables. Foto archivo Semana.El pasado 19 de abril ni las comunidades campesinas ni las étnicas, a quienes de fondo interesa la Reforma Rural Integral, tenían idea de que el gobierno nacional ya tenía listo un borrador de proyecto Decreto Ley sobre Tierras para presentarlo a la Csivi y lograr su trámite extraordinario ante el Congreso. Para esa fecha, el Ministerio de Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras negaban ser los responsables del borrador de texto. Dos días después el Ministerio anunció una maratónica socialización y la Agencia informó ser la interlocura de eseproceso.
La socialización, realizada entre el 22 y el 26 de abril, fue en ciudades capitales como Cali, Medellín, Montería, Santa Marta, Villavicencio, Florencia y Bogotá, donde, a criterio de las comunidades, no están concentrados los campesinos, ni los indígenas y los afrodescendientes que reclaman tierras. Tras las críticas, los miembros de las Farc en la Csivi emitieron el 5 de mayo un comunicado, explicando que el gobierno nacional se comprometía a discutir el proyecto con las comunidades étnicas mediante el mecanismo de consulta previa y que la Csivi buscaría una propuesta común, incorporando los aportes de diferentes sectores.
Así, el 14 de mayo el equipo de las Farc en la Csivi anunció que la concertación iba por buen camino, una declaración que revirtió el pasado 21 de mayo al alertar que “ayer conocimos que el proyecto radicado [ante esa instancia] no sólo no corresponde a la versión elaborada conjuntamente por la Csivi, sino que introdujo cambios abiertamente contrarios a las disposiciones acordadas. La versión acordada reconocía como beneficiarios del acceso a tierras a campesinas y campesinos. La versión amañadamente radicada, amplía los beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos de uso. Adicionalmente, limita la participación comunitaria que se había previsto”, señalan las Farc. Cuando el Csivi indica “radicado” se refiere a la presentación del nuevo documento ante esta instancia.
Tras el pronunciamiento de las Farc, la Mesa de Concertación indígena anunció que detenía el proceso de consulta previa mientras no se estableciera un espacio de diálogo directo, entre ellos, el gobierno y la Csivi que clarificara lo que está ocurriendo. El 22 de mayo la Opiac relató que desde 3 de febrero las organizaciones indígenas acordaron con el Gobierno una ruta para ejercer la consulta previa frente a las reformas constitucionales que requiere la implementación del Acuerdo de Paz, “pero el primer incumplimiento del Gobierno es que no ha radicado todos los proyectos normativos en la Mesa Permanente de Concertación”.
Sobre el proyecto Decreto Ley de Tierras agregan: “[el Gobierno] presentó textos que benefician a grandes propietarios, lo que indica que nos está utilizando para expedir normas que van en contra de la construcción de la paz pactada en las negociaciones de La Habana”.
Lo crítico, los baldíos
Foto: archivo Semana.Desde que fue conocido el primer borrador, las comunidades campesinas y étnicas advirtieron que la propuesta desconocía el mandato constitucional de los baldíos, al indicar que personas que ya tenían propiedad y un patrimonio neto superior a los 500 salarios mínimos podían acceder a tierras de la Nación. Para las comunidades esto no tiene asidero cuando parceleros, indígenas y afros, carentes de tierras, llevan años pidiéndole al Estado un título o el reconocimiento de sus territorios colectivos (Lea: El lío de organizar los baldíos en Colombia).
De la reciente propuesta (ver nueva propuesta), las comunidades cuestionan el artículo 6 sobre la inclusión en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso) a los “sujetos de formalización a título oneroso”, explicando que son personas con patrimonio superior a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, “o que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o superiores a una UAF (Unidad Agrícola Familiar)”.
Igualmente se cuestionan el artículo 30 y el 33. El primero propone el aprovechamiento de bienes sin transferencia de dominio y que puede ser aplicado precisamente para grandes propietarios que acumularon UAF “para la asignación de estos derechos de uso se priorizarán los esquemas asociativos. Adicionalmente se atenderá a las características y la productividad del territorio, el fortalecimiento de procesos organizativos y asociativos, de economía campesina solidaria y la generación de mecanismos de colaboración para la gestión de la tierra”, indica el proyecto.
Al respecto, las comunidades señalan que el modelo asociativo es lo propuesto precisamente por las cuestionadas Zidres, una figura sobre la que áun cursan tres demandas de inconstitucionalidad. Para las comunidades, la insistencia con este artículo es una fórmula para legalizar la acumulación de UAF, prohibida precisamente por la Ley Agraria (Lea: Las situaciones imperfectas de la Ley Zidres)
Por su parte, el artículo 33 elimina que el derecho de uso se otorgará por un plazo de cinco años prorrogables, para reemplazarlo por un término que será definido por la Agencia Nacional de Tierras “teniendo en cuenta el ciclo del proyecto”, lo que significa posibilidades de conceder el uso a largo plazo para los cultivos de tardío rendimiento como los forestales y la palma.
Sobre lo anterior, la Mesa de Concertación anunció su rechazo “a cualquier pretensión de incluir en esta norma beneficios a grandes propietarios a través del otorgamiento de derechos uso” sobre las tierras. Sin embargo, en la página 7 de la nueva propuesta el Gobierno reitera que el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 establece que la Agencia Nacional de Tierras “podrá constituir reservas sobre tierras baldías, o que llegaren a tener ese carácter, para establecer en ellas un régimen especial de ocupación, aprovechamiento y adjudicación, reglamentado por el Gobierno nacional”.
Otro aspecto es la eliminación de las normas que garantizaban la “transparencia y eficacia” en “el diseño, implementación y mantenimiento del plan de ordenamiento social de la propiedad”, a través de jornadas en las que intervendrían “actores territoriales tales como comités, organizaciones comunitarias, juntas de acción comunal, instancias de participación de las Zonas de Reserva Campesina de ser el caso, organizaciones gremiales veredales” ubicadas en el municipio objeto del plan” (artículo 43)
Mientras las Farc afirman que lo que la nueva propuesta “traiciona el Acuerdo de Paz” y los indígenas sostienen que detienen el proceso de consulta previa mientras el Gobierno no les dé explicaciones; el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, indica que la consulta previa terminará el jueves 25 de mayo, que la redacción del proyecto final sigue en construcción y que este le “servirá a todos los sectores”.
Las modificaciones incluidas en la nueva versión estaban previstas para tramitar mediante un proyecto de ley en el fast track. Su inclusión apresurada en el texto del proyecto de decreto ley, parece ser consecuencia del reciente fallo de la Corte Constitucional, que cambió las ‘reglas del juego’, al permitir que los congresistas puedan hacer modificaciones, sin el aval de la Casa de Nariño, a los proyectos de ley que presente el gobierno nacional para implementar el Acuerdo de Paz. (Lea comunicado de la Corte)
