La aceptación de Salvatore Mancuso en la JEP abrió nuevas posibilidades para conocer la red criminal que rodeaba a los grupos paramilitares y su relación con la Fuerza Pública entre 1989 y 2004. Lo anterior deja dudas sobre su comparecencia en los tribunales de Justicia y Paz y genera interrogantes sobre su “rol de bisagra”, con el que ingresó al sistema de justicia transicional que creó el Acuerdo de Paz con las Farc.
Luego de un intento fallido de ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2018 como civil vinculado al conflicto armado, Salvatore Mancuso Gómez, quien llegara a ser el tercero al mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sólo detrás de los fallecidos hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, fue aceptado por ese tribunal que se creó para que las víctimas de las Farc y de agentes estatales por fin obtengan justicia.
El pasado 17 de noviembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le dio luz verde a su segunda solicitud, apelando a una figura sin precedentes en la jurisprudencia y los juicios contra exintegrantes de grupos paramilitares: lo consideró “bisagra” entre los grupos armados ilegales en los que militó y la Fuerza Pública. Para los magistrados que aceptaron su comparecencia, además de tener mando dentro de la federación armada en la que se convirtieron las Auc, Mancuso también fungió como sujeto incorporado a las fuerzas de seguridad del Estado entre 1989 y 2004.
La audiencia de aceptación fue presidida por la magistrada Heydi Baldosea, presidenta de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, quien estuvo acompañada del magistrado Pedro Díaz y la magistrada María del Pilar Valencia. Mancuso asistió vía videoconferencia desde un centro de reclusión en Georgia, Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2008 y condenado posteriormente por narcotráfico.
Mancuso llega a la JEP con tres grandes sentencias judiciales a cuestas: una de la justicia estadounidense por cargamentos de drogas relacionados con las Auc que ingresaron a ese país, y dos emitidas por los magistrados de Justicia y Paz, la jurisdicción transicional que se creó para juzgar a los paramilitares que se desmovilizaron entre 2003 y 2006, quienes lo condenaron a más de 40 años de prisión y le concedieron una pena alternativa de ocho años, porque contribuyó al esclarecimiento de cientos de crímenes que cometieron hombres bajo su mando en el Caribe y en Norte de Santander.
Por esa razón, el país y la Justicia ya conocen ampliamente de su paso por la guerra, de sus crímenes, de sus alianzas, del poder político que amasó y de la captura de rentas del Estado, entre otros hechos que confesó de viva voz en sus versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz. Esas declaraciones fueron ratificadas y ampliadas por él en numerosas ocasiones durante los juicios a los que acudió y cuyas sentencias están en firme.
Ahora que la JEP lo aceptó como compareciente y que declarará ante nuevos magistrados y víctimas del conflicto armado, posiblemente en vivo y en directo por canales digitales, las expectativas que hay sobre esas audiencias son muy grandes. ¿Mancuso se guardó secretos que no confesó ante Justicia y Paz? ¿Aportará pruebas que soporten sus acusaciones? ¿Continuará declarando lo que ya confesó años atrás? ¿Qué medidas tomará la JEP para garantizar el esclarecimiento de crímenes de la Fuerza Pública relacionados con grupos paramilitares?
A la espera de la verdad
“Víctimas y organizaciones de derechos humanos expresamos que se había extraditado la verdad”, dice la abogada Jomary Ortegón, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), sobre la extradición de Salvatore Mancuso a Estados Unidos, ocurrida el 13 de mayo de 2008. En marzo de 2020 cumplió su condena en el exterior, pero aún su situación de libertad no está definida y sigue en prisión. (Leer más en: Salvatore Mancuso aun debe responder por 75 mil crímenes)
Para este nuevo momento, con la aceptación de Mancuso en la JEP, Ortegón cuenta que las víctimas que representa el CAJAR tienen la expectativa de que este “pueda hacer aportes sobre lugares de inhumación de víctimas de desaparición forzada, que pueda brindar información sobre los beneficiarios del despojo (de tierras) y, tal como lo señaló la JEP, de la relación entre paramilitarismo y Fuerza Pública, de manera que pueda aportar al impulso de macrocasos abiertos”.
Sin embargo, la abogada cree que para que sea efectiva la comparecencia del exjefe paramilitar en la JEP, es determinante la elección de la nueva Fiscalía General de la Nación. “Tal como estableció la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en su Informe Final, la Fiscalía, en diferentes momentos, ha tenido un rol connivente con el paramilitarismo; en otros, su omisión ha concluido en el favorecimiento de la impunidad”, asegura. La Corte Suprema de Justicia elegirá a principios del próximo año quién reemplazará al fiscal Francisco Barbosa, de una terna de tres juristas que postuló el presidente Gustavo Petro.
La entrada de Mancuso a la JEP permitirá que comparezca en los casos 03, sobre ‘falsos positivos’; el 04, sobre situación territorial en Urabá; el 06, sobre victimización de la Unión Patriótica; y el 08, sobre crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública en asocio con grupos paramilitares.
No obstante, este sometimiento genera dudas para otras organizaciones. Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), dice que “lo cuestionable en este contexto es que, de encontrarse que hayan elementos nuevos en la información que ha aportado Mancuso, quiere decir que él no contribuyó de manera clara y exhaustiva en Justicia y Paz; es decir, que defraudó a la justicia transicional, el mecanismo que se diseñó por el Estado colombiano para que se sometieran grupos paramilitares”.
Arboleda recalca que como desmovilizado y postulado a Justicia y Paz, Mancuso debió entregar toda la información a los fiscales y magistrados de esa jurisdicción, pero con su entrada a la JEP es complejo determinar si ahora entregará la verdad.
“Yo tampoco quiero llegar al escenario de la postura de tacharlo, para no llegar al mismo lugar del uribismo, que dice que este señor miente. Pero sí deja un sinsabor de la justicia transicional el hecho de tolerar que haya defraudado o no haya entregado toda la verdad en Justicia y Paz”, precisa.
Para este jurista, es necesario analizar las declaraciones de antaño de Mancuso y las actuales, para establecer si son diferentes o iguales. “La JEP, con estas posibilidades, de la información que entregue Mancuso, puede ser determinante para abrir otras investigaciones en otros escenarios, incluso en la justicia internacional”, plantea.
Para las víctimas y organizaciones de derechos humanos, la verdad y la justicia frente al conflicto armado colombiano, han sido esquivas. Gracias a su perseverancia y a la labor de arrojados funcionarios de la Rama Judicial, han encontrado obtenido algunas respuestas, pero el camino sigue lleno de interrogantes y sanciones contra los responsables de toda clase de crímenes.
Por ello, para Sergio Arboleda es importante hacerle veeduría rigurosa a la comparecencia de Mancuso ante la JEP y las decisiones que tome respecto a la información aportada por el exjefe paramilitar.
“Hemos madurado a partir de la experiencia que hemos tenido en este tipo de procesos de justicia transicional. En esta ocasión será necesaria la solicitud constante de que no se repita la impunidad como mecanismo para impedir que esos casos sean tramitados. Ese papel que juega la sociedad civil como sujeto activo dentro de la veeduría y seguimiento, puede hacer que estas investigaciones rindan frutos y no se queden en la impunidad como en años anteriores”, propone.
Así llegó Mancuso a la JEP
Para definir el ingreso de Salvatore Mancuso a la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas analizó y contrastó judicialmente que hubiera hecho aportes presentes, efectivos y suficientes a la verdad plena. El análisis de la magistratura contempló el nivel de involucramiento que tuvo el extraditado jefe paramilitar y el poder de rango que ostentó en la estructura ilegal en la que militó para influir en operaciones de la Fuerza Pública, con la condición de máximo responsable en patrones de macrocriminalidad.
Durante la primera sesión de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de mayo, Mancuso debió demostrar que fue punto de conexión entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad del Estado, y que le fueron delegadas funciones propias de esas instituciones. Asimismo, la Sala de Definición, bajo lo ordenado por la Sección de Apelación de la JEP, debió establecer los estándares de verdad para determinar la calidad de los aportes hechos por el extraditado jefe paramilitar y definir qué era novedoso y qué no.
Este análisis y contraste de los aportes de verdad hechos por el otrora jefe de los bloques Norte y Catatumbo de las Auc, también debía permitir “avanzar en una mejor comprensión del fenómeno paramilitar durante el conflicto armado colombiano”, según señaló la magistrada Baldosea.
La magistrada María del Pilar Valencia, por su parte, presentó esos análisis realizados durante los dos primeros días de audiencia. “Se hizo evidente que el rol de bisagra desempeñado por él permitió que la Fuerza Pública incrementara sus resultados”, dijo, y agregó que los aportes de Mancuso fueron presentes, efectivos, novedosos y suficientes “para soportar la cantidad de operaciones conjuntas desarrolladas (con paramilitares) y la manera como el paramilitarismo cooptó la misionalidad de la fuerza pública”.
El magistrado Pedro Díaz presentó la contrastación de lo dicho por Mancuso durante el tercer y cuarto día de Audiencia Única de Verdad. La contrastación reveló que amplió el umbral de verdad con relación a señalamientos sobre la parapolítica. “Mancuso evidenció que detrás de la violencia desplegada por el contubernio entre el paramilitarismo y la fuerza pública (en Córdoba contra sindicalistas y profesores) se encontraban importantes actores económicos y políticos de la región”, expuso el magistrado Díaz.
Y como quedó claro en la audiencia de noviembre, Mancuso mencionó a más de 300 personas que, “según él, estarían involucradas en los hechos que relató, ya sea por acción, por omisión o por algún tipo de relacionamiento de las conductas”.
La JEP sólo tiene competencia de investigar a miembros de la Fuerza Pública, otros agentes del estado no integrantes de la Fuerza Pública o terceros civiles que hayan sido aceptados por la Jurisdicción. No obstante, puede compulsar copias a las autoridades judiciales o disciplinarias correspondientes para que investiguen y emitan las sanciones a las que haya lugar, contra quienes fueron mencionados por el exjefe paramilitar como supuestos cómplices.
Algunos apartes de sus declaraciones privadas se conocieron a través de medios de comunicación. Entre los salpicados se encuentran el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, quien fue señalado de tener conocimiento de las masacres de El Aro y La Granja, en el municipio antioqueño de Ituango y de estar relacionado con el asesinato del abogado Jesús María Valle; además, mencionó a 16 generales y 18 coroneles del Ejército Nacional, al expresidente Andrés Pastrana, al fallecido senador Horacio Serpa, al ganadero José Félix Lafaurie, entre otros que, según Mancuso, tuvieron relación con el paramilitarismo.
Por otro lado, la inclusión de Mancuso en la JEP despierta interrogantes sobre su libertad y la competencia de las diferentes jurisdicciones que lo procesan. La JEP podría otorgarle libertad condicional, como hace con todos sus comparecientes, pero el exjefe paramilitar debe cumplir la sentencia que le impuso la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Cundinamarca y ésta podría ordenar su detención.
En 2014, los togados de Justicia y Paz emitieron dos condenadas contra Mancuso por un total de 1.500 crímenes, que comprenden incursiones paramilitares, masacres, homicidios de varias índoles, soborno, narcotráfico, uso indebido de insignias militares, entre otros.
Ante tal precedente, la Sala de Resolución de Situaciones de la JEP explicó que al exjefe paramilitar se le van a mantener sus garantías de libertad, pero únicamente por los hechos que fueron cometidos como incorporado a la Fuerza Pública. La JEP no tiene injerencia en las decisiones que se tomen en el marco de los delitos cometidos en su condición de paramilitar, pues es competencia del Tribunal de Justicia y Paz.
“La categoría en que Mancuso ingresa a la Jurisdicción Especial para la Paz da otra posibilidad de competencia personal. La JEP como justicia transicional debe tener en cuenta que también existe Justicia y Paz, que conoció y sentenció a Mancuso como jefe paramilitar. En ese sentido, Justicia y Paz mantiene su competencia y resolverá la libertad de Mancuso”, explicó la magistrada Baldosea.
A lo anterior se suma una nueva orden de captura que expidió la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla el pasado lunes 4 de diciembre contra Mancuso por crímenes que cometieron integrantes del Bloque Héroes de los Montes de María entre 1997 y 2005, cuando tenía mando sobre esa tropa ilegal. Esa medida también cobija a 13 desmovilizados de las Auc que delinquieron en esa región ubicada entre los departamentos de Bolívar y Sucre.
Salvamento de voto
Este es un término jurídico que indica que uno de los magistrados de un tribunal no está de acuerdo con sus homólogos y plantea sus argumentos. En este caso, la magistrada María del Pilar Valencia hizo salvamento de voto y expresó su desacuerdo con que la JEP no haya asumido la total competencia sobre Mancuso.
La magistrada Valencia argumentó que la decisión de la mayoría “priva a la JEP de contar con beneficios tangibles y concretos de brindarle a la persona sometida, en especial en lo relacionado con la libertad, cuya llave queda absolutamente en Justicia y Paz, con lo cual se hace más difícil exigirle aportes a la verdad a Mancuso”. (Ver comunicado).
Y cuestionó que se mantenga la competencia de Justicia y Paz con respecto a Mancuso y no esté enteramente en la JEP. “Se fragmentan las posibilidades de investigación y judicialización de estructuras macrocriminales al más alto nivel, lo cual hace más difícil develar la red criminal”, dijo en la audiencia del 17 de noviembre.
Este punto también es criticado por el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, sobre todo al limitar el caso de Mancuso al nombrar la responsabilidad como “bisagra”, porque cree que esa fragmentación de la responsabilidad “genera un problema para determinar responsabilidades frente a la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos. Es como limitarse con el fruto más bajo del árbol, conformarse con lo menos”.
Además, Arboleda afirma que el tema del paramilitarismo tiene que abordarse de manera integral: “El paramilitarismo no era un proyecto de terceros, era un proyecto estatal. De esa manera tiene que analizarse porque, de lo contrario, podría ser un establecimiento de responsabilidades mínima o fraccionada y eso termina problematizando un poco cuál fue la participación de estos sujetos en el conflicto; incluso, cuál fue la verdadera intención de crear estos grupos paramilitares dentro del territorio colombiano”.
La comparecencia de Mancuso en la JEP abre un nuevo escenario para el esclarecimiento de la verdad.
Arboleda plantea que se debe asumir una postura crítica frente a este sometimiento. “Las organizaciones de derechos humanos vamos a estar atentas a esas diligencias de desarrollo de la investigación y versiones voluntarias, porque no puede ser que la Jurisdicción se convierta en un mecanismo para acceder a beneficios a la libertad sin que haya un aporte serio y honesto a la verdad”, indica.
Jomary Ortegón, presidenta del CAJAR, insiste en que el gran vacío de la verdad judicial en Colombia ha sido la falta de voluntad de la Fiscalía para investigar el entramado paramilitar y contribuir a su desmantelamiento.
Y pone como ejemplo el caso de la masacre de El Aro, “que fue declarada crimen de lesa humanidad, corresponde a las autoridades que investigan los hechos, sopesar las evidencias que se han recopilado históricamente e investigar la responsabilidad de las autoridades políticas y militares mencionadas en los diferentes testimonios y otras pruebas allegadas al proceso y que se han conocido públicamente”.
Por otro lado, Arboleda pide que las futuras audiencias de Mancuso sean públicas. “No estamos hablando de cualquier crimen, estamos hablando de crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, que debe conocer la sociedad colombiana y no puede quedarse en archivos reservados, como ha sido la recurrencia en nuestro país”.
