A medida que en La Habana discutían este punto de la agenda, los negociadores mostraron algunos resultados para generar confianza. Ahora se conocen los detalles de lo pactado y las preguntas no son pocas.
“Ahora que se conoce tan detalladamente el sufrimiento de las víctimas, llegar a un acuerdo es una cuestión de humanidad que ya no tiene vuelta de hoja”, advirtió José Antequera a VerdadAbierta.com desde finales del año pasado. Él es una de las 60 víctimas que viajó a La Habana a explicarles al Gobierno y a las Farc lo que ha padecido luego de que mataran a su papá, un dirigente de la Unión Patriótica.
Su relato, su propuesta y las de las demás víctimas sirvieron de insumo para la redacción del acuerdo que se conoció por completo este martes y que pretende cumplir con la premisa central de: las víctimas tienen que ser el corazón de las conversaciones. Por lo menos en el papel, los cinco puntos del acuerdo hablan de satisfacer sus derechos con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
“Es algo que se lucha y se gana. El papel que han obtenido las víctimas, en los Diálogos de La Habana, en la jurisprudencia y en la sociedad no ha sido otorgado por la gracia y divina providencia de los dirigentes en Colombia. Ha sido una cuestión luchada por años, sustentada en una cantidad de sangre que han puesto los movimientos sociales y las personas que han luchado por estos derechos”, afirmó Camilo Umaña, hijo del también asesinado Eduardo Umaña.
Además de poner a las víctimas en el centro, como no había ocurrido en los procesos de paz anteriores en Colombia ni con otras guerrillas ni con los paramilitares, este punto significa mucho más para las partes negociadoras.
Iván Márquez, jefe de la delegación de las Farc, expresó en su discurso que la participación de víctimas ayuda a corregir “la asimetría de los órganos del Estado”; mientras que Humberto de la Calle, a la cabeza del equipo del Gobierno, dijo que este acuerdo “pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme”.
Uno de los primeros resultados palpables de la negociación en este punto fue la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. El Gobierno y las Farc delegaron a 14 académicos la labor de responder cuándo y por qué comenzó el conflicto armado. A principios de 2015 el informe ya estaba listo.
Luego, ejecutaron dos propuestas para generar confianza frente al proceso. La primera fue el plan piloto de descontaminación por minas antipersonales en Briceño, Antioquia y la otra fue la identificación y entrega inmediata de desaparecidos.
Además, las delegaciones dividieron el acuerdo de víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición; y aparte, el compromiso con los derechos humanos.
Todo lo que tiene que ver con el Sistema Integral se empezó a conocer desde junio de este año, como la comisión de la verdad o la Jurisdicción Especial de Paz. Estas son las características de cada uno de esos puntos y algunos de los retos del histórico acuerdo:
1) Comisión de la Verdad
Nombre oficial: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.
Pactada el 4 de junio de 2015
La comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, sin importar si el responsable es el Estado, guerrillas, paramilitares o civiles. Empezará cuando se firme el acuerdo. Nadie está obligado a hablar allí pues todo es cuestión de voluntad y nada de lo que se conozca en la Comisión podrá ser utilizado por la Justicia.
Uno de los grandes interrogantes por resolver es quiénes conformarán esta comisión. En el acuerdo se establece que elegirán un comité para que designe a los integrantes de la comisión de la verdad. Lo que no se sabía y se conoció este martes es que dicho comité tiene que ser elegido antes de que se firme todo el proceso de paz. Es decir, antes de marzo de 2016 si se cumplen los tiempos que las delegaciones prometieron.
Otros puntos nuevos que no estaban antes en el acuerdo parcial de este punto específico y que ahora sí agregaron es que la Comisión de la Verdad puede pedirle información a la justicia ordinaria; además tiene mandatos para esclarecer y promover el reconocimiento del fenómeno del paramilitarismo, del desplazamiento,del despojo de tierras y de la relación del conflicto con los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico. La Comisión debe presentar el informe final en un acto público y el Museo Nacional de la Memoria deberá acoger esas conclusiones.
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El informe de más de 800 páginas elaborado por la Comisión Histórica del Conflicto será un insumo para la Comisión de la Verdad, especialmente en el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto.
Esta Comisión no influye en la Jurisdicción Especial de Paz y tampoco le colabora.
2) Unidad para buscar los desaparecidos
Nombre oficial: Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Contexto del Conflicto Armado.
Pactada el 17 de octubre de 2015.
Cuando Yaneth Bautista fue a La Habana les propuso al Gobierno y a las Farc que reformaran el método para buscar a los desaparecidos. Ella es hermana de la desaparecida Nydia Érika Bautista y directora de una fundación con este mismo nombre. El general Luis Mendieta, quien estuvo en poder de las Farc durante más de 11 años, le exigió a la guerrilla que precisara dónde están los cuerpos de los militares que mataron o que murieron en cautiverio. Hoy, ambas propuestas están cobijadas en el punto de víctimas.
El Gobierno y las Farc decidieron crear una unidad especial para buscar a los desaparecidos, que será transitoria, extrajudicial y con “fuerte participación de las víctimas”, como dice el acuerdo. Su propósito es dirigir, coordinar y contribuir con todo lo que se necesite para buscar e identificar a los desaparecidos del conflicto. Además, tanto el Gobierno como las Farc se comprometieron a dar la información que tengan.
Una de las mayores dificultades de este punto es que ni siquiera se tiene una cifra exacta de cuántos desaparecidos a causa del conflicto hay en Colombia. Entonces, ¿cómo buscarlos sin saber cuántos y quiénes son? Además, esta Unidad no trabajaría en un escenario de paz completo sino en medio de la presencia de otros actores armados como el Eln y los grupos que surgieron después de la desmovilización de los paramilitares.
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El mismo día que los negociadores crearon esta unidad, le delegaron al CICR y a Medicina Legal buscar, ubicar, identificar y entregar algunos desaparecidos de manera inmediata para empezar a generar confianza. En ese marco, este jueves 17 de diciembre se entregarán los restos óseos de 31 personas pero como resultado de un proceso que empezó en Justicia y Paz desde 2009 y por la insistencia de organizaciones civiles como el Colectivo Orlando Fals Borda. Además, antes de febrero la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas debe hacer unas recomendaciones para buscar e identificar.
3) Modelo de justicia transicional
Nombre oficial: Jurisdicción Especial para la Paz
Pactado el 23 de septiembre de 2015
Después de la discusión de casi tres meses sobre si este tema estaba cerrado o no, por fin se conocieron los 75 puntos que lo componen. La Jurisdicción tendrá tres salas, una Unidad de Investigación y Acusación y el Tribunal de Paz. Todo el proceso es para sancionar de diferentes maneras a los responsables, especialmente a los de violaciones a los derechos humanos y de graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Entre más verdad diga el investigado y más rápido lo haga, le va mucho mejor con el tipo de sanción que le ponen. Ninguna instancia judicial podrá tumbar las sentencias de esta Jurisdicción.
Allí no se investigará a expresidentes pero sí a los responsables de los más graves delitos, sean guerrilleros, militares o civiles, incluidos los financiadores del paramilitarismo. Puede revisar en algunos casos las sanciones que la justicia ya ha impuesto. Además, dice un no rotundo a la extradición, a menos que la persona hubiera cometido el hecho por el que lo piden en otro país, después de la firma del acuerdo de paz.
Para quienes cometieron delitos políticos como rebelión, sedición o asonado, y otros conexos, habrá una amnistía lo “más amplia posible”. Allí también se incluirán a quienes hoy están siendo investigados o están condenados por eso. La dificultad es delimitar qué es un delito político y sus conexos y qué no. Por ejemplo, llevar armas es delito conexo al político porque se necesitan pistolas y fusiles para hacer la guerra. Lo que no está claro es si traficar droga con el propósito de financiarse en el conflicto también es conexo y si los grupos armados acudieron al narcotráfico con ese fin. El Congreso tendrá que delimitar esto con la Ley de Amnistías.
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Además, los negociadores crearán otro mecanismos judicial distinto dedicado exclusivamente a la investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, que hasta ahora se vislumbran como uno de los mayores obstáculos del llamado ‘postconflicto’.
4) Medidas de reparación integral
Pactado el 15 de diciembre de 2015
A diferencia de los tres puntos anteriores, no se conocía nada de medidas para reparar pero el factor común prevalece: las víctimas están en el centro y este mecanismo aplica para quienes violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y para los participantes indirectos del conflicto que tuvieron responsabilidades.
Este punto incluye gestos simbólicos como actos públicos para reconocer las responsabilidades y pedir perdón.
De todos los puntos del acuerdo de víctimas, quizá este sea el que más conexión tiene con lo alcanzado hasta ahora en todo el proceso de paz. Por ejemplo, la reparación colectiva de movimientos sociales y políticos, y la reubicación de los desplazados y exiliados van de la mano con el primer punto sobre reforma rural y el segundo sobre participación política. Además, le apuntan al que ha sido uno de los puntos más flacos de la Ley de Víctimas pues en el papel prometen ampliar el apoyo psicosocial.
Luego, frente a las reparaciones materiales, prometen darle más músculo al Fondo de Reparación de Víctimas, que actualmente es de donde sale el dinero para las personas que padecieron directamente el conflicto. Se habla de “ampliar sus fuentes de financiación” pero no sugiere cómo ni dónde se podría buscar más plata. Lo que sí aclara es que el Estado tendrá que asumir el costo cuando el victimario no tenga cómo pagarle a la víctima.
Por su parte, las Farc se comprometieron a contribuir limpiando los territorios de minas antipersonales, trabajando en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, ayudando a buscar a los desaparecidos, en programas de reparación de daño ambiental, entre otros. Y en cuanto al dinero, se comprometen a la reparación material de las víctimas pero “sobre la base de los hechos que identifique la Jurisdicción Especial de Paz”.
Este punto de la reparación material es el menos desarrollado de todos y el punto de víctimas aclara que se deja para discutirlo completamente en el acuerdo final.
5) Garantías de no repetición
Pactado el 15 de diciembre de 2015
Si se conoce la verdad, se reconocen los derechos de las víctimas, se promueve la convivencia sobre la base de los reconocimientos de responsabilidades y se reparan los daños causados, entonces se estará más lejos de que la violencia vuelva a ocurrir. Sobre esos pilares se basa el acuerdo sobre el quinto y último punto de víctimas.
Es por eso que el Gobierno y las Farc entienden las garantías de no repetición como una suma de la Comisión de la Verdad, de la unidad para buscar a los desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz y las reparaciones. A esto, los negociadores sumas lo que se acuerde en uno de los dos puntos de la agenda que faltan por discutirse, que está relacionado con el fin del conflicto.
Lo único que establecen el Gobierno y las Farc desde ya es que un exterminio político como el de la Unión Patriótica no se puede repetir jamás y que es necesario que la sociedad reconozca qué pasó en el conflicto y lo rechace de manera tajante.
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