El próximo 10 de junio se vence el plazo para que las víctimas queden incluidas en el registro. Aunque varios problemas ya habían sido advertidos años atrás, están en riesgo de quedar por fuera los habitantes de las zonas rurales más apartados del país.
Para el 1 de mayo de 2015, se había reconocido que el conflicto ha dejado históricamente 7.392.679 víctimas. Foto: archivo Semana.
Desde el 10 de junio de 2011, cuando se sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se fijó un plazo de cuatro años para registrar a las personas que, antes de esa fecha, habían sufrido daños a causa del conflicto. A seis días de que se cumpla la fecha límite, todas las instituciones encargadas y los líderes de víctimas coinciden en que hay personas que se van a quedar por fuera, lo que implica no acceder a la indemnización a la que tienen derecho ni a los demás beneficios que ofrece la norma.
En abril pasado, la Procuraduría General de la Nación, con ayuda de los senadores Alexander López y Clara Rojas, presentó un proyecto de ley para ampliar el plazo dos años más. El proyecto ya pasó un primer debate en el Senado e iba a ser discutido en plenaria durante esta semana, pero se frenó cuando este organismo se declaró en paro legislativo. Los ponentes saben que ya no tienen tiempo de actuar antes de que se cumpla el plazo y por bien que les vaya podrían tener una respuesta en agosto de este año.
Las instituciones que componen el Ministerio Público – La Procuraduría, La Defensoría y las personerías – son las que deben recibir las declaraciones de las víctimas para que estas sean incluidas en el registro. Ahora estas agencias proponen que se amplíe el plazo argumentando que muchas víctimas aún no conocen sus derechos y porque transcurrió un lapso de tiempo considerable desde la expedición de la ley y la creación de un mecanismo para la recepción de las declaraciones que, según el mismo Ministerio Público, no funciona de manera óptima en todo el territorio nacional.
El proyecto de ley asegura que un alto porcentaje de víctimas podría quedar por fuera del registro porque el país no cuenta con la capacidad institucional, dado el poco presupuesto asignado. Este problema fue denunciado por los personeros de todo el país, quienes han recibido el 78% de las declaraciones, desde los primeros días de vigencia de esta ley. “Desde el comienzo hemos venido diciendo que en municipios de categoría 6, donde a veces se concentra gran cantidad de víctimas, los personeros necesitan cosas básicas como el recurso humanos, un espacio físico digno, donde al menos haya un computador y sillas para atender a las víctimas y eso no está pasando”, explicó Camilo Fonseca, Director de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper).
No hay claridad de cuántas son personas que quedarían fuera del registro. La Unidad de Víctimas asegura que se ha hecho un trabajo de difusión con ayuda de 400 emisoras comunitarias de todo el país, pero cree que por lo menos un 6% de la población víctima no hace parte del registro. Fenalper, por su parte, calcula que hay por los menos 38.802 declaraciones represadas en las personerías. Cifra que obtiene a partir de la proyección de los turnos que durante febrero y marzo fueron asignados en las personerías.
Vale aclarar que esta fecha solo aplica para quienes hayan sido víctimas de hechos violentos antes del 10 de junio de 2011, quienes hayan sufrido daños después de esa fecha tienen dos años de plazo después de la ocurrencia del hecho para hacer su declaración. Sin embargo, según muestran las cifras oficiales, el 70% de las personas incluidas en el registro fueron víctimas antes del 2011. Las cifras de registro lejos de disminuir han aumentado en los últimos meses: el año pasado se recibieron cerca de 30 mil declaraciones mensuales y en abril y mayo de 2015 la cifra ascendió a 40 mil.
Cerca de cumplirse la fecha se han hecho los últimos esfuerzos institucionales. Desde enero, la Defensoría del Pueblo inició un plan de acción para hacer jornadas masivas de recepción de declaraciones en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y gran parte de la Costa Caribe. Sin embargo, “hay barreras geográficas que nos han impedido llegar a muchos lugares, por ejemplo a municipios ribereños del litoral pacífico. Somos conscientes de que hay gente que allí se puede quedar por fuera”, indicó Juan Manuel Osorio, defensor Delegado para la Orientación y Asesoría de las Víctimas del Conflicto Armado Interno de la Defensoría del Pueblo.
Con ayuda de la cooperación Internacional, la Personería de Buenaventura y los líderes de víctimas planearon una jornada masiva el 2 y 3 de junio en la que esperaban recibir por lo menos 900 declaraciones, pero la iniciativa se vio truncada por el atentado de las Farc que dejó sin fluido eléctrico al puerto.
La Unidad de Víctimas ha aclarado que se estudiarán los casos en los que motivos de fuerza mayor hayan impedido que las víctimas entregarán la declaración. Con este argumento, hasta ahora solo se ha extendido el plazo por dos años más para las víctimas que viven fuera del país, pues hasta hace muy poco en algunos consulados se habilitaron las herramientas para que las personas pudieran declarar.
VerdadAbierta.com habló con personeros y líderes de las mesas municipales de víctimas que algunos de los municipios más afectados por la violencia. En estos cuatro puntos se resumen los problemas que una y otra vez han denunciado a nivel nacional y que podrían dejar por fuera del registro a algunas víctimas.
Los lugares donde nadie llegó
El 10 de junio de 2015 se cumplen cuatro años desde que se expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Foto: archivo Semana.
Todos coinciden en que el mayor índice de sub-registro se presenta en las regiones más apartadas, allí donde los violentos se impusieron por años, pero el Estado no ha podido llegar o nunca llegó. Hace dos semanas en la inspección de Puerto Torres, municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá, llegó por primera vez la Unidad de Víctimas. En este caserío, que en entre el 2000 y el 2005 fue la base paramilitar del frente sur Andaquíes de las Auc, viven 25 familias que retornaron sin ayuda del Estado. “Los días están contados para que se acabe el plazo y por más que hemos pedido, acá no se ha hecho una jornada masiva para que las víctimas se inscriban”, les recriminó una de los pobladores a los funcionarios de la Unidad.
Algo similar pasó en Rosario, municipio en el norte de Nariño, acostado por la violencia de las Farc, el Eln y reductos de la desmovilización del Bloque Libertadores Surde las Auc. De los 11 mil habitantes, más de 4 mil ya hacen parte del registro de víctimas, pero los líderes de la zona están seguros de que en los poblados más alejados las víctimas se pueden quedar afuera del registro. “Acá todavía sigue el conflicto y a la gente le da miedo llegar hasta el casco urbano a denunciar. Por eso hemos pedido a la Unidad de Víctimas y a la Defensoría del Pueblo que nos acompañen a los corregimiento del Rincón, La Sierra y Esmeralda, pero no fue posible”, contó una líder de la mesa de víctimas cuyo nombre no se revela por razones de seguridad.
En Tibú, Norte de Santander, les preocupan las víctimas que viven en la zona rural de La Gabarra. Hace dos semanas hicieron una jornada de tres días que no fueron suficientes para atender a las más de 200 personas que llegaron. En Carepa, Urabá antioqueño, el personero, ayudado por la cooperación internacional, ha ido a todos los corregimientos que ha podido. “Hemos llegado a lugares donde nos ha tocado caminar hasta por tres horas, pero en la parte alta, en los límites con Córdoba, es muy complicado por la geografía y los problemas de orden público. Vamos hasta El Cerro que es a donde se puede llegar en carro y hacemos convocatoria, pero no todo el mundo se entera”, aseguró el personero Carlos Mario Palacios.
En Buenaventura, las dificultades están en la zona rural a la que solo se puede acceder por vía fluvial o marítima. “Hemos hecho jornadas de descentralizadas hacia el río Naya, pero hay comunidades donde sale tan caro llegar, que es incluso más barato llegar hasta Bogotá”, dijo Mauricio Aguirre, personero delegado de derechos humanos de la ciudad portuaria.
El trabajo con las uñas de las personerías
El 78% de las declaraciones se han recibido en las personerías porque es la única entidad que está presente en todos los municipios del país. Para los 988 municipios de sexta categoría, el presupuesto anual de esta entidad es de 96 millones de pesos al año, incluido el sueldo del personero, y los gastos de funcionamiento (arriendo, servicios y gastos de envío de los registros de las víctimas). Los personeros también deben convocar a las organizaciones de víctimas para formar las mesas de participación y ejercer la secretaría técnica, lo que se suma a las más de 20 funciones que ya tenían asignadas.
En los municipios más pobres los únicos funcionarios de la entidad son el personero y su secretaría, el problema es que en muchos de estos pueblos de sexta categoría se encuentran la mayoría de las víctimas. En junio de 2013,Fenalper hizo un diagnóstico con una muestra de 56 sedes en todo el país, y encontró que en la mayoría de los casos la cantidad de víctimas desbordó la capacidad institucional y en ocasiones las personerías tardaban hasta tres meses en recibir las declaraciones de las víctimas.
De acuerdo con el estudio, La mitad de las sedes no cuentan con sala de espera y los espacios son tan reducidos que las declaraciones no son entregadas en confidencialidad, como lo plantea la ley. 50 de las personerías encuestadas no contaban con un psicólogo o terapeuta que acompañe a las víctimas a prestar una declaración.
Las personerías prendieron las alarmas porque temían no poder cumplir con esa labor, pero su voz no fue escuchada por el gobierno. Los funcionarios no dudan en asegurar que no ser por las organizaciones de la cooperación internacional no se habría logrado ni la mitad de los registros. “La concepción de Estado en Colombia es extremadamente centralista. Entregaron recursos a la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía, pero nada de eso llegó hasta las personerías que continuaron con el mismo presupuesto de siempre”, aseguró Camilo Fonseca de Fenalper.
“Un día en la Personería de Tibú pueden llegar hasta 150 personas y solo estamos yo y mi secretaria. Yo intento atender primero a las que vienen desde el sector rural, pero es físicamente imposible cumplir con loque nos pide ley. Estamos seguros que se va a quedar gente por fuera”, dijo a VerdadAbierta.com Richard Claro, personero de este municipio. De acuerdo con cifras de la Personería, 16 mil de los 40 mil habitantes de Tibú han sido reconocidas como víctimas.
“Cuando entrego 100 turnos para declarar aparecen 500 personas”, cuenta Carlos Mario Palacios, personero de Carepa, uno de los municipios más golpeados por la violencia en el Urabá antioqueño. El funcionario agrega que su única empleada es su secretaria, por lo que solo pueden recibir 11 solicitudes por día. Aunque la Unidad de Víctimas le instaló un computador para realizar las inscripciones en línea, para agilizar el proceso, aún no ha recibido la capacitación necesaria para usar el software.
Todo el trabajo debe parar cuando se trata de desplazamientos recientes, situación que se presenta con frecuencia en Carepa. Se da prioridad a estos casos para que reciban la ayuda de emergencia.
Las alcaldías locales se supone que deben dar las condiciones necesarias para que las personerías saquen adelante los compromisos de la ley de víctimas. Como denuncian los líderes de víctimas de las mesas municipales este apoyo más que una obligación ha dependido de la voluntad del mandatario y para los municipios en ley de quiebra ha sido imposible. “A los alcaldes no les gusta que uno les hable de víctimas, los políticos piensan más en el cemento y las obras que se ven”, señaló el personero.
Delitos sexuales, Fuerza Pública y reclutamiento forzado
El 70% de los hechos victimizantes registrados hasta la fecha ocurrieron antes de 2011. De estos, el desplazamiento representa un 86%. Foto: archivo Semana.
No todas las víctimas se atreven a denunciar y en algunas regiones no se han hecho jornadas de sensibilización. “Se reconoce que no todos los hechos tienen la misma necesidad de declaración: para los temas de violencia sexual o reclutamiento forzado existe aún un gran interés de declaración por parte de las víctimas, por lo que se ha trabajado en reconstruir la confianza entre comunidades y Estado para que así pueda darse”, dice un comunicado de la Unidad de Víctimas.
“Hay regiones donde la gente no siente confianza. Tiene que haber todo un trabajo previo con las víctimas de violencia de género para hacer efectivos sus derechos que no puede solucionarse en cuestión de días”, aseguró Juan Manuel Osorio, de la Defensoría del Pueblo. Ocurre algo similar con los menores de edad que salen de los grupos armados, pero tienen miedo de rendir declaración.
La Procuraduría también se refiere a los miembros de la Fuerza Pública, pues aunque no tienen derecho a una indemnización, si son reconocidos como víctimas y pueden acceder a los demás beneficios de la ley. El problema es que esto solo quedó claro a finales de 2014 y, según el Ministerio Público, hasta ahora muy pocos saben que tienen derecho a ser reconocidos por esta ley.
Las reparaciones colectivas
Son más de 300 las comunidades o sujetos colectivos que ya fueron reconocidos por la Unidad de Víctimas. Entre ellos organizaciones de mujeres, periodistas amenazados, integrantes de sindicatos o movimientos políticos, más de 130 comunidades campesinas y 155 más comunidades afros e indígenas.
Sin embargo, el Ministerio Público en su proyecto de ley argumenta que solo hasta 2014 la Unidad de Víctimas puso a disposición un mecanismo para que estos sujetos colectivos se pudieran registrar como víctimas. Por ello, considera que en ese caso no se cumplen los cuatro años de plazo que estipula la ley.
