En medio de un contexto de violencia en todo el país, se reconoció la labor de quienes defienden a sus comunidades durante la novena edición del Premio Nacional a la Defensa de los derechos humanos en Colombia.

No fue una tarea fácil para los jurados. La convocatoria nacional dirigida a distintas organizaciones sociales, plataformas de derechos humanos, universidades del país y entidades internacionales, entre otras, para que nominaran experiencias individuales y colectivas en la defensa de los derechos humanos tuvo una amplia respuesta.

Luego de un proceso de valoración, las nominaciones se fueron decantando y ayer, en un acto realizado en el auditorio del Centro de Memoria Paz y Reconciliación, de Bogotá, que contó con invitados presenciales y virtuales, finalmente se conocieron los ganadores del Premio Nacional a la Defensa de los derechos humanos en Colombia.

Este reconocimiento, que llega a su novena edición y que es otorgado por Act Iglesia Sueca y Diakonia, se da en medio de un ambiente de violencia contra líderes, lideresas y autoridades étnicas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de sus comunidades y sus organizaciones. Basta mirar las cifras: entre enero y septiembre de este año fueron asesinados al menos 135, de acuerdo con los registros del Programa Somos Defensores, registro parcial que lamentablemente supera los 124 ocurridos en 2019.

Dos de los principales líderes del departamento de Chocó, Leyner Palacios y Marino Córdoba, recibieron los reconocimientos a Defensor del Año y Toda una Vida, respectivamente; mientras que la organización del Cauca Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del Plan de vida Proyecto Nasa, experiencia Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco, recibió el Premio en la categoría Nivel Proceso Social Comunitario. Y el reconocimiento en la categoría ONG Acompañante fue para la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP).

A continuación, presentamos los perfiles de cada uno de los ganadores.


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Las causas que defiende son tan grandes como los riesgos que padece. Tras vivir parte del infierno que se desató en Bojayá el 2 de mayo de 2002, cuando un artefacto explosivo no convencional lanzado por la guerrilla de las Farc impactó y destruyó la iglesia de ese municipio de Chocó, en donde se refugiaba buena parte de sus habitantes del combate que sostenían con paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, Leyner no ha dejado de trabajar por la paz y la reparación integral de su comunidad.

El haber perdido a 32 familiares en esos hechos que son conocidos como “la masacre de Bojayá”, que dejó un saldo de 98 víctimas mortales, sumado a las carencias que padece su pueblo a causa del olvido estatal en el que se encuentran las comunidades afrodescendientes en Colombia, han forjado su liderazgo que se reforzó con sus estudios en Derecho en la Universidad Tecnológica del Chocó.

Esas injusticias lo impulsaron a apostarle con fuerza y sin titubeos a la construcción de paz, a pesar de los enemigos que ha cosechado por ello. En agosto de 2014 integró la primera delegación de víctimas del conflicto armado que viajó a La Habana, Cuba, para dialogar con los negociadores del gobierno nacional y de la antigua guerrilla de las Farc. Lo hizo en representación de Bojayá y del pueblo afro.

Una vez finalizaron los diálogos en la isla del Caribe y se firmó el Acuerdo de Paz, junto a la Diócesis de Quibdó y al Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (COCOMACIA), capacitó a las comunidades asentadas en la región del Medio Atrato sobre lo pactado con la extinta guerrilla y promovió escenarios de reconciliación. Por esa labor, en parte, se entiende que a pesar de la masacre que padecieron 14 años atrás, el 97% de las personas que participaron en el plebiscito con el que se pretendió refrendar el Acuerdo de Paz, votaran a favor.

Como uno de los líderes del Comité de Víctimas de Bojayá, promovió el acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón que realizaron las Farc en diciembre de 2015 ante la comunidad y en el mismo lugar que enlutaron con el cilindro-bomba que cayó sobre el templo católico. Además, junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y COCOMACIA, apoyó procesos de reincorporación de excombatientes de esa guerrilla en el municipio de Bojayá.

Su apuesta por la paz no se ha limitado exclusivamente al proceso con las Farc y la reparación de las víctimas de su terruño. Desde agosto de 2017 impulsa el Acuerdo Humanitario ¡Ya! para el Chocó, promovido por diversas organizaciones de ese departamento del Pacífico, que busca ponerle fin a la violencia que padecen campesinos, afros e indígenas, por la guerra que libran la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en territorio chocoano, afectando a la población civil sin dubitaciones.

Producto de ese activismo, participó en la Mesa de Paz que se instaló en febrero de 2017 en Quito, Ecuador, con el fin de iniciar las negociones del fallido proceso de paz entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del Eln. Su presencia fue clave para que el cese al fuego bilateral y temporal que acordaron las dos partes tuviera un capítulo especial para el departamento de Chocó, que incluyó requisitos adicionales y el seguimiento de un comité liderado por dirigentes afrodescendientes e indígenas.

También ha ejercido la defensa de los derechos humanos y el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario desde la Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacifico (CIVP), de la cual es su Secretario Jurídico, desde donde hace permanentes denuncias sobre las afectaciones de grupos armados al pueblo chocoano, exige el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las Farc y destaca fallas en su implementación.

Esas valerosas acciones le han generado sendos enemigos, amenazas y desplazamientos forzados. Las llamadas telefónica exigiéndole que “deje de molestar con ese cuento de la paz” se han vuelto recurrentes; también las órdenes de exilio tras denunciar acciones de los grupos armados ilegales, como sucedió el 3 de enero del presente año, cuando un hombre que se identificó como integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia lo amenazara de muerte a él y a su familia, luego de que la CIVP denunciara la ocupación de cuatro comunidades en el río Bojayá por parte de cerca de 300 hombres que, al parecer, pertenecían a ese grupo de origen paramilitar.

Desde esa Comisión también trabaja por la construcción de memoria histórica desde la perspectiva de las víctimas, el esclarecimiento de los crímenes ocurridos en el conflicto armado y la determinación de responsabilidades intelectuales y materiales. Por esa razón, se relaciona con las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que se acordó en el Acuerdo de Paz con las Farc.

Su activismo no se limita a Bojayá o Chocó. También está vinculado con la Coordinación Regional del Pacífico (Pacipaz), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch) y COCOMACIA. Por ello, su labor beneficia a comunidades afros e indígenas de 49 municipios de la costa Pacífica, pertenecientes a 24 organizaciones étnico-territoriales.

Sus denuncias y activismo también le han costado señalamientos de miembros de la Fuerza Pública. Cuenta con un esquema de seguridad provisto por la Unidad Nacional de Protección, que consta de cinco escoltas que se turnan durante el día, un carro convencional y otro blindado.

El pasado mes de marzo, uno de sus escoltas fue asesinado en la ciudad de Cali, razón por la cual intentó desplazarse junto con su familia hacia Bogotá, pero no fue posible debido a las restricciones de movilidad que instauró el gobierno nacional para evitar la propagación del Covid-19.

A pesar de las limitaciones, adaptó su trabajo a las nuevas realidades para visibilizar los impactos de la pandemia en la región del Pacifico. Actualmente lidera una campaña para contribuir a la atención de las comunidades por falta de alimentos y condiciones sanitarias en Chocó. El pasado 29 de septiembre fue seleccionado como comisionado de la Comisión de la Verdad, en reemplazo de Ángela Salazar, quien falleció el 7 de agosto.


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Es un sobreviviente que lucha sin descanso por los derechos del pueblo afrocolombiano y por la construcción de paz. El 20 de diciembre de 1996 esquivó a la muerte, pues paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), incursionaron en el municipio de Riosucio, Chocó, y figuraba en su listado de personas a asesinar.

Marino fue alertado y logró escapar internándose en la selva chocoana durante más de un mes. Cruzó ríos y montañas para llegar a Quibdó y en febrero de 1997 se desplazó a Bogotá. En la capital de la República fundó la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), haciendo visible la tragedia humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado y apoyando a las familias que buscaban refugio en Bogotá.

Esa fue una de las épocas más duras para el pueblo chocoano durante el conflicto armado, pues las ACCU forjaron una alianza con miembros del Ejército Nacional y cometieron toda clase de abusos contra la población civil. Ese contubernio quedó expuesto en la sentencia al general (r) Rito Alejo del Río por el asesinato y descuartizamiento de un campesino, a mano de paramilitares, durante la Operación Génesis, que adelantaron tropas de la Brigada XVII entre el 24 y el 27 de febrero de 1997. El juez que dictó sentencia concluyó que el oficial fue el jefe de una “fuerza mixta”, que incluía a militares y paramilitares.

Producto de su labor por las víctimas del conflicto armado y por las reivindicaciones del pueblo afro, entre 1997 y 2001 sufrió tres atentados estando en Bogotá. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares, las amenazas no cesaron. En una ocasión fue detenido arbitrariamente por la Policía Nacional y se temió que fuera a ser víctima de desaparición forzada, pero fue dejado en libertad por la presión de sus colegas.

Su situación fue conocida por miembros del Congreso Negro de los Estados Unidos y por gestión de John Conyer, legislador afroamericano, la embajada de ese país le otorgó una visa y después le fue concedido asilo político. Dos años después, su familia pudo asentarse en tierras norteamericanas, donde Marino permaneció doce años exiliado.

Durante ese tiempo no dejó de trabajar por el bienestar del pueblo afrocolombiano y por su país. Entabló fuertes lazos con importantes organizaciones de derechos humanos, inmigrantes y sindicalistas y con funcionarios norteamericanos.

Por medio de esa incidencia, ha logrado que mejore la respuesta del gobierno colombiano a las necesidades de afros e indígenas. Por ejemplo, en 2007, el Congreso de los Estados Unidos aprobó una serie de condicionamientos en materia de derechos humanos para la entrega de ayuda militar a Colombia, poniendo especial énfasis en la protección a los derechos colectivos a la tierra de las comunidades afrocolombianas e indígenas.

En 2012 le puso fin a su destierro y retornó para dirigir AFRODES, que actualmente agrupa a más de 120 organizaciones de desplazados afrocolombianos a nivel nacional. También es el Coordinador Internacional del Consejo Nacional de Paz (CONPA), que aboga para que las comunidades negras sean tenidas en cuenta en el proceso de paz: primero en su fase de negociación y ahora en su implementación.

En parte, por el trabajo que realizó en CONPA y por el apoyo de sus contactos en Estados Unidos, fue posible que el Acuerdo de Paz cuente con un Capítulo Étnico, que protege los derechos de los pueblos originarios y que les permitió participar en la elaboración de las políticas para el posconflicto. Desde que iniciaron los diálogos de paz en noviembre de 2012, las comunidades afros e indígenas solicitaron participar en las negociaciones adelantadas en Cuba, pero sólo fueron escuchadas en junio de 2016, cuando ya se habían acordado cinco de los seis puntos que contiene el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El 4 de febrero de 2016, fue uno de los dos afrocolombianos invitados por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al acto de conmemoración del Plan Colombia y al lanzamiento del Nuevo Plan Paz Colombia. Durante ese evento, Marino tuvo la oportunidad de hablar con el presidente Juan Manuel Santos y le expresó su preocupación por la no inclusión de los grupos étnicos en el Acuerdo de Paz, que estaba punto de definirse. Después de ese diálogo, la Mesa de Negociaciones de La Habana aceptó la perspectiva étnica y una delegación de afros e indígenas viajó a la isla del Caribe para plantear sus propuestas e inquietudes.

Ocho meses después, en la víspera de la firma del Acuerdo de Paz, Marino volvió a recibir amenazas de muerte y uno de sus hijos fue asesinado en Riosucio, Chocó. Las amenazas de muerte siguen llegando a día de hoy.

Antes de convertirse en defensor de los desplazados y de conseguir importantes aliados para el pueblo afrocolombiano en el exterior, Marino lideró la titulación colectiva de sus tierras ancestrales en Riosucio. Ocurrió en diciembre de 1996, una semana antes de tener que huir para preservar su vida, época en la que dirigía a la Asociación Campesina del Bajo Atrato (OCABA). Junto con otras organizaciones de afrocolombianos a nivel nacional, lograron que los constituyentes indígenas, porque no fue seleccionado ni uno afrocolombiano para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, se les reconociera sus derechos como pueblo étnico, los cuales quedaron plasmados en el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991.


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Los Kiwe Thegnas son milenarios y su lucha histórica ha variado en diferentes momentos: desde la resistencia que libraron los Caciques en contra de la conquista española al reconocimiento de un territorio, que se logró en el año de 1701 con el reconocimiento de la Corona Española al Cacique Manuel de Quilo y Cicus, con los títulos coloniales territoriales a los pueblos de Toribio, Tacueyó y San Francisco, que luego fueron reglamentados con la ley 89 de 1890 en tiempos de la República.

De esos sucesos históricos surgieron el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribio, Tacueyó y San Francisco, en los que se consolidó la visión y acción de la Guardia como se conoce hoy externamente, por cuanto para los Nasa siempre ha existido.

Los Kiwe Thegnas son un mecanismo de control social que permite minimizar los efectos del conflicto social, político, económico y cultural de los resguardos indígenas del Cauca. Pese a que tienen amplio reconocimiento internacional, aún son excluidos por el Estado colombiano, que aún reconoce su función de cuidadores de los territorios ancestrales

En el año 2001, como un reconocimiento para continuar defendiendo la vida y, en conjunto, los derechos humanos individuales, colectivos y de la madre tierra, la Guardia Indígena comenzó a ser parte de los planes de vida comunitarios del pueblo Nasa, como una expresión de dignidad, de autocuidado y de pertenencia colectiva.

Esta estructura organizativa milenaria es un referente alternativo para construir y desarrollar ejercicios de protección y autoprotección, teniendo en cuenta los contextos culturales y sociales de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Con su trabajo, fomenta la construcción de nuevos liderazgos a partir de procesos educativos formales y comunitarios con niños y jóvenes, y con los cuales garantiza un sólido relevo generacional.

La Guardia contribuye también a proteger el patrimonio cultural e inmaterial de la Nación y a la construcción de la paz y la convivencia, como ejemplo de resistencia y exigencia de derechos para otros sectores sociales marginados. Además, ayuda a la consolidación del ejercicio del gobierno propio y al seguimiento y monitoreo de las situaciones de vulneración de los derechos humanos.

El Plan de Vida Nasa de los cabildos de Toribio, Tacueyó y San Francisco nace a raíz de diversos conflictos que generaron desunión de los cabildos y comunitariamente vieron la necesidad de protegerse. La pérdida de la lengua Nasayuwe y el analfabetismo estaban llevando a la desaparición de prácticas y valores culturales ancestrales, asuntos que se agravaron con la proliferación de problemas de salud y vivienda, militarización de los resguardos, despojo de tierras y falta de oportunidades de formación y emprendimiento para jóvenes y mujeres.

Mantenerse en el territorio, como Guardia Indígena, todos los días expuesto a los actores armados, trae sus riesgos. Sus integrantes han sido blanco de amenazas, asesinatos y campañas de desprestigio adelantadas por grupos criminales que persisten en afectar los resguardos con cultivos de uso ilícito y laboratorios para su procesamiento. Su intención es generar desorden social, poco respeto a la autonomía de las comunidades y desaparecer, literalmente, a la Guardia, a sus autoridades y a la organización indígena.

Pero la valentía de la Guardia no lo ha permitido, pagando un alto costo, incluso por culpa de funcionarios del gobierno nacional y la Fuerza Pública, que los ha estigmatizado, junto a sus comunidades y organizaciones, señalándolos ser colaboradores de grupos ilegales y vulnerando toda garantía de principio constitucional para el ejercicio de auto protección sociocultural.

Masacre como la de la gobernadora Cristina Bautista, junto a otros cuatro comuneros más, ocurrida el 29 de octubre de 2019, representa los efectos de una lucha histórica atravesada por la realidad de la muerte como forma de contrarrestar un movimiento social que trabaja por proteger la vida de las comunidades.

El 2019 fue uno de los más sangrientos para la Guardia: durante el año fueron asesinados 10 indígenas. “En todos los casos -explican- la muerte de los guardias y de la autoridad ancestral son causados por delincuencia común que se denomina como disidencias de las Farc y que hoy están al servicio del narcotráfico en nuestro territorio”.

El temor en las comunidades es latente. Los jóvenes de la Guardia por momentos se han visto limitados a cumplir su labor, sin embargo, llevan como bandera el territorio, luego la comunidad y la familia, pero todas interdependientes de la vida, como primera expresión de derecho y dignidad.

La Guardia, junto con el Cric y la Asociación de Cabildos Indígenas han acudido con denuncias a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la OEA, para que le brinden protección a la vida. Realizaron la movilización «Por la defensa de la vida y el territorio» en abril del 2019. En agosto del mismo año llevaron a cabo la Audiencia Pública ante el Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación y Procuraduría. Y en noviembre presentaron sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Como respuesta ante estas denuncias y los constantes pronunciamientos alertando sobre la crisis en el Cauca, el gobierno nacional militarizó el territorio con dos mil miembros de la Fuerza Pública, agudizando aún más el problema de confrontación, sumando un actor armado más a la situación de conflicto. La queja es que no llegó con inversión social para mejorar las condiciones de vida de los indígenas.

Si bien se han incrementado las medidas de protección individuales y colectivas, las persecuciones contra la Guardia Indígena no se han detenido, razón por la cual la ONU ha hecho varios llamados de atención al gobierno colombiano para que tome medidas efectivas en esta situación. Por su parte, la Defensoría del Pueblo también ha alertado sobre la situación de vulnerabilidad de la Guardia. Pese a ello, la vida de Kiwe Thegnas sigue corriendo peligro.


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El CSPP es la primera organización no gubernamental constituida para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su fundación se remonta a 1973 y fue posible gracias al entonces ya famoso escritor Gabriel García Márquez, quien donó el dinero que ganó con un premio internacional para este fin.

Aunque fue creada con el objetivo de fomentar el respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad, procesadas por delitos políticos y judicializadas por participar en la protesta social, con el paso de los años, sus labores se fueron diversificando y consolidando otras líneas de acción relacionadas con la defensa de los derechos humanos en sus seis seccionales en el país -Antioquia, Atlántico, Cundinamarca (Bogotá), Santander, Tolima y Valle del Cauca- y con dos equipos de apoyo en Arauca y Cauca.

En su etapa más reciente, y en concordancia con el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, el CSPP incorporó a sus labores el litigio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); la presentación de informes ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV); y la representación de víctimas ante la justicia transicional.

Además, trabaja en la atención a líderes sociales; garantías e implementación del Acuerdo de Paz; litigio por la causa de derechos sexuales y reproductivos de mujeres privadas de libertad, detenciones extrajudiciales, por motivos políticos y desapariciones forzadas; realiza actividades de fortalecimiento organizativo de comunidades y organizaciones sociales y de capacitación en derechos humanos; y asiste a personas privadas de la libertad en 52 de las 138 cárceles que hay en el país.

Recientemente ha sido de las principales organizaciones defensoras de derechos humanos en dar seguimiento cercano a la compleja situación humanitaria en las cárceles ante la expansión del COVID-19, así como a los abusos de fuerza cometidos durante las protestas sociales del Paro Nacional de noviembre del año pasado, llevando la representación jurídica de la familia de Dylan Cruz, joven de 18 años asesinado en medio de las manifestaciones por el uso excesivo de fuerza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.

Como resultado de sus labores, el CSPP ha conseguido importantes logros a favor de la vigencia de estos derechos, tanto a nivel de casos individuales como de procesos y casos de alto impacto. Se destacan, en se sentido, la aceptación ante la JEP de la presencia de víctimas en las audiencias sobre sobre casos que las afectan (en un principio, solo se contó con los victimarios y su defensa, y las víctimas eran representados por sus abogados quienes no tenían derecho a intervenir); y la vinculación ante esa instancia transicional de varios militares de alto rango para responder por su presunta responsabilidad en varios casos de ejecuciones extrajudiciales.

En articulación con otras organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron cinco informes a los diferentes mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -JEP, CEV y UBPD – con los cuales se busca contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, particularmente de las víctimas de crímenes de Estado, que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Su riguroso trabajo en el ámbito de la defensa de los derechos humanos durante más de cuatro décadas le ha significado ser objeto de constantes campañas de estigmatización, señalamientos, amenazas, seguimientos, detenciones arbitrarias, judicializaciones, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos contra sus integrantes.

Desde su creación ha sufrido de siete homicidios y una desaparición forzada entre las que se cuentan los casos de Alirio de Jesús Pedraza, Ricardo Villa Salcedo, Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto Gómez, entre otros. Además, se registran dos casos de tortura que incluye agresión sexual a dos integrantes de la Seccional de Valle del Cauca en 1990 por parte de miembros del Ejército Nacional.

Una mirada reciente a la situación de seguridad de quienes hacen parte del CSPP arroja varios hechos en sus distintas sedes regionales, entre ellas las de Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca, durante el 2019 y comienzos de 2020 a raíz de su protagonismo en las protestas sociales. Amenazas, robo de información, perfilaciones por parte de Inteligencia Militar e intento de allanamiento a la residencia son algunas de las agresiones con las que han tenido que lidiar sin que se haya tenido una efectiva respuesta de las autoridades en la investigación y judicialización de los responsables.

El más reciente ataque está relacionado con la investigación judicial del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno y fraude procesal que le significó, en un hecho de precedentes en la historia reciente del país detención.

En un intento de obstaculizar la acción de la justicia, Uribe Vélez con sus abogados y portavoces emprendieron una campaña de señalamientos públicos contra el CSPP por su rol en la consecución de recursos económicos para la protección del recluso Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y testigo clave en el proceso contra el político antioqueño.

El presidente de la CSPP, Franklin Castañeda, está incluido en la valoración del riesgo que le pidió la JEP a su Unidad de Investigación y Análisis para establecer el nivel de vulnerabilidad de las personas defensoras de derechos humanos que participan como abogados en el caso de ‘falsos positivos’.

Al abordar la situación, Franklin Castañeda asegura que “actualmente lo que vivimos es un fenómeno en el cual los defensores de derechos humanos que trabajan en áreas de la paz, en áreas de los derechos de las víctimas, en áreas de la judicialización de los crímenes de Estado, en áreas de la restitución de las tierras, están ampliamente violentados, y estamos desarrollando nuestra labor en condiciones de seguridad bastante precarias”.

Por su alto nivel de riesgo, el CSPP tiene medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 1999 y algunos de sus miembros tienen medidas del Programa de Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).