La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio del Interior y a un conjunto de entidades estatales para que protejan de manera efectiva a las comunidades de cuatro municipios de Cesar y tres de Norte de Santander, vulnerables a la acción de estos grupos armados ilegales. Al parecer, se rompió “pacto” entre ambos.
La Defensoría del Pueblo advierte que las comunidades campesinas en varias veredas de Curumaní, Pelaya, Pailitas y Chimichagua están en riesgo, por la presencia de hombres armados del Frente Limoto del Ejército de Liberación Popular (Epl). Foto archivo Semana.Mientras la atención de buena parte del país se centra en los ataques de las Fuerzas Militares a campamentos de la guerrilla del Eln en el departamento de Chocó, que causó graves heridas a una insurgente indígena de 16 años, comunidades rurales de varios municipios de Cesar y Norte de Santander temen que la agudización de la confrontación armada por cuenta de la presencia de grupos guerrilleros llegue a sus territorios y genere una grave crisis humanitaria.
El miedo y la incertidumbre de las comunidades campesinas e indígenas fueron recogidos por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en dos alertas tempranas de inminencia que acaba de emitir y a través de las cuales solicitó proteger a esos pobladores, expuestos a las acciones de las disidencias del Epl y de la guerrilla de Eln, que está siendo cuestionada duramente por los ataques que, al parecer, perpetraron sus unidades urbanas en los departamentos del Atlántico y Bolívar, razón por la cual el gobierno nacional suspendió los diálogos de paz en Quito, Ecuador, y ordenó a las Fuerzas Militares atacar todos sus campamentos. (Lea: Conversaciones con el Eln: se agudiza la crisis)
Las alertas del SAT hacen referencia a varias veredas de los municipios de Pelaya, Pailitas, Chimichagua y Curumaní, en Cesar; así como de Teorama, Convención y El Carmen, en Norte de Santander, que incluye al pueblo indígena Barí. La primera se refiere a la presencia del antiguo Epl en una zona “no histórica”, como está ocurriendo en el centro del departamento del Cesar; mientras la segunda, a una posible ruptura del “pacto territorial” que estos grupos tenían en la zona fronteriza con Venezuela.
Ambas alertas están asociadas a dos regiones que los grupos armados se han disputado históricamente: los cuatro de Cesar tienen jurisdicción en la Serranía del Perijá; mientras los tres de Norte de Santander en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. Los informes de la Defensoría documentan cómo estas zonas han sido un botín para los grupos ilegales en su puja por controlar los cultivos de hoja de coca para uso ilícito, así como los demás eslabones de producción, comercialización y exportación del clorhidrato de cocaína, su principal fuente de financiación.
Los datos del Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), revelan precisamente que el número de hectáreas cultivadas en esta región aumentó osteniblemente durante los últimos ocho años. En la subregión del Catatumbo, que incorpora datos de Cesar y Norte de Santander, las hectáreas cultivadas pasaron de 2.886 en 2008 a 24.587 hectáreas en 2016 (Lea página 41 del informe). “La subregión de Catatumbo ha mostrado uno de los incrementos más fuertes del país”, afirma el estudio.
Para varios líderes y autoridades locales, a quienes se reserva su identidad por razones de seguridad, la preocupación está en que eventuales enfrentamientos entre el Epl y el Eln, así como la acción de la fuerza pública, los exponga a nuevos desplazamientos, a la estigmatización de sus comunidades, al reclutamiento de sus hijos y que, bajo el argumento de falta de condiciones de seguridad, el gobierno nacional no concrete allí las promesas del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las Farc, convertido en movimiento político sin armas.
¿Qué ha sucedido?
Estos pasacalles, cartillas y CD aparecieron en veredas y zonas urbanas del centro del Cesar entre el 15 y el 17 de diciembre de 2017. Fotos suministradas.En Cesar, el temor data desde septiembre del año pasado, cuando 20 hombres con insignias del Frente Libardo Mora Toro del Epl rondaron por Chimichagua. Pocos días después, cartillas con consignas del grupo armado ilegal aparecieron en las calles de Curumaní, y en diciembre, en plenas festividades, el grupo instaló pasacalles y repartió discos compactos en varias veredas de Chimichagua, Pailitas, Pelaya y Curumaní, celebrando sus 50 años de fundación y anunciado un nuevo frente, el Eliseo Torres Villalba.
Para habitantes y autoridades locales, la presencia del Epl resulta ser una “sorpresa” cuando en el centro y sur de Cesar, según datos de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, ha hecho presencia el Eln con los frentes Camilo Torres y José Manuel Martínez Quiroz y hasta hace menos de un año, las Farc, con los frentes 33 y 41. Por su parte, las disidencias del Epl, conformada por varios miembros que desertaron días antes de la desmovilización de esa guerrilla en 1991, habían tenido presencia principalmente en Norte de Santander.
Aunque la Fuerza Pública ha anunciado la reducción de esas disidencias tras la muerte, en 2015, de Víctor Ramón Navarro, alias ‘Megateo’, durante un bombardeo aéreo, y la captura en 2016 de Guillermo León Aguirre, alias ‘David León’, la alerta de inminencia advierte que el Epl aprovechó los contextos de las negociaciones de paz con las Farc y el cese al fuego bilateral y temporal el Eln para expandirse territorialmente.
“La presencia de este grupo armado ilegal en la región podría obedecer al interés que tiene el Epl de garantizar un ‘entorno seguro’ para los territorios donde confluyen los corredores de movilidad que unen al sur de Bolívar y el Magdalena Medio con el Catatumbo y con el centro del Cesar, y de esta manera posibilitar el flujo sin muchos contratiempos de los insumos y productos de las economías de guerra asociadas al narcotráfico”, señala el SAT.
En Norte de Santander, campesinos e indígenas ya advertían esta disputa del Eln y el Epl. Desde noviembre del año pasado, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibarí informó sobre la irrupción de estos grupos ilegales en territorio ancestral de la comunidad Saphadana, en el municipio de Convención. En menos de un mes, el Ejército desplegó operativos en Convención y en Teorama tras reportes de “represalias” entre miembros de los frentes Juan Fernando Porras, Camilo Torres Restrepo y Carlos Armado Cacua, del Eln, y el Frente Fronteras, del Epl.
Hace apenas 10 días, los indígenas Barí reportaron el ataque contra dos de sus miembros que viven en la comunidad Bokshi, en Venezuela, y que se movilizaban en una canoa por el Río de Oro, muy cerca de la vereda Caño Azul, en Convención. “La población civil se encuentra gravemente expuesta”, reitera la Defensoría.
Las comunidades no sólo expresan preocupación por la “disputa” desatada entre ambos grupos ilegales, sino además por la activación de cuatro nuevos batallones de Operaciones Terrestres, un batallón de Fuerzas Especiales Urbanas y un comando Operativo Energético para el Catatumbo. Su temor radica en quedar otra vez en medio del “fuego cruzado”, como ha ocurrido durante las últimas tres décadas en esta zona.
Por tales razones, el SAT de la Defensoría les recomendó a las gobernaciones de Cesar y Norte de Santander, a las alcadías de los municipios afectados, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Unidad Nacional de Víctimas y a la Fuerza Pública realizar acciones que garanticen la protección de campesinos e indígenas en dos regiones donde la paz sigue en entredicho.
